Abolicionistas de Estados Unidos temen una ola de ejecuciones de condenados a muerte. El estado de Georgia ya acabó con la vida de uno de ellos, luego de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara que la inyección letal no viola la Constitución.

Por Adrianne Appel - IPS

Los verdugos del sudoccidental estado de Georgia mataron a William E. Lynd, de 53 años, el 6 de este mes, con la combinación de sustancias usual allí y en los restantes 34 estados donde se usa la inyección letal como método de ejecución.

El hecho puso fin a siete meses de moratoria de hecho en todo el país, durante los cuales la Corte consideraba demandas según las cuales el cóctel de drogas de la inyección letal violaba la prohibición constitucional de aplicar castigos "crueles e inusuales".

"El riesgo de dolor es inherente a todo tipo de método de ejecución, independiente de cuán humano sea", escribió el 16 de abril el presidente de la Corte, John Roberts, al divulgar el fallo relativo a la petición de dos condenados a muerte en el occidental estado de Kentucky.

Pero no coincidió con él el juez John Paul Stevens. Muchos aspectos de la aplicación de la pena de muerte la vuelven inconstitucional, señaló. Su postura sorprendió a la comunidad legal, pues se lo consideraba partidario de este castigo extremo.

Además, dijo confiar en que el caso de Kentucky estimulara el debate sobre la pena capital.

El juez Stevens hizo "una acusación contra la pena de muerte", dijo a IPS la investigadora Sarah Tofte, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.

El portavoz de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte, David Elliot, declaró a IPS que el castigo "estaba viciado antes del caso", y que, "tras el dictamen, se mantienen las imperfecciones".

El profesor de la Facultad de Derecho de Vermont Michael Mello sugirió a IPS que el juez Stevens, de 88 años, está más en sintonía con el cambio de opinión de la población estadounidense que los miembros de la Corte que aprobaron el fallo mayoritario.

"El resultado de la votación, de siete contra dos, me hace pensar acerca del contacto que el tribunal tiene con preocupaciones genuinas y fundamentales de la población y los políticos acerca de la pena de muerte", dijo Mello.

El "fracturado" fallo de la Corte Suprema abre la puerta a nuevas recusaciones acerca del uso de la inyección letal, según Tofte.

Treinta y seis de los 50 estados de Estados Unidos mantienen la pena capital entre los castigos posibles. Todos ellos, excepto el central estado de Nebraska, utilizan la inyección letal en las ejecuciones.

Tras la ejecución en Georgia, las autoridades de al menos nueve estados indicaron que reanudarían la práctica: Alabama, Arkansas, Illinois, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas y Virginia.

Varios de ellos, incluso, ya anunciaron nombres de condenados y fechas de ejecuciones.

Mississippi ejecutará Earl Wesley Berry el 21 de este mes. Virginia terminará con la vida de Kevin Green el 27 de este mes. Texas tiene previsto cuatro ejecuciones para junio y julio.

Trescientos sesenta condenados viven en los pabellones de la muerte de Texas, donde se concentró el año pasado más de 60 por ciento de las ejecuciones del país. Entre los que pueden morir se encuentra Jack Harry Smith, de 70 años, confinado a una silla de ruedas y hace más de 30 en el corredor de la muerte.

"Para los abogados de oficio de Texas, esto puede convertirse en una pesadilla", dijo a IPS el activista Steve Hall, director ejecutivo de la organización abolicionista Stand Down Texas.

El Centro de Información sobre Pena de Muerte prevé que la cantidad de ejecuciones se eleve a por lo menos 60 al cabo de 2008, respecto de las 42 de 2007.

En ese caso, Estados Unidos se mantendría, como hasta ahora, entre los cinco países con más ejecuciones por año.

Hay 3.263 presos en los pabellones de la muerte de este país, según el Centro.

Elliot informó que en California, Maryland, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma y Tennessee se procesan recusaciones judiciales que han bloqueado, de hecho, el trasiego de condenados hacia el patíbulo.

Las elecciones de noviembre pueden contribuir al avance del debate, sugirió.

"Serán las legislaturas de los estados los que decidan el futuro del asunto, no la Corte Suprema", indicó Elliot.

Un editorial del diario The New York Times señala el 7 de este mes que el país debe aceptar el pedido del juez Stevens de abrir un debate nacional al respecto.

"Las ejecuciones previstas se dan cuando muchos estadounidenses están, con razón, oponiéndose a la pena capital. Creemos que está mal que el Estado le quite la vida a una persona y más aún con un sistema profundamente viciado como el actual", concluye el editorial.