La Habana, 21 may (PL) El gobierno de Cuba presentó nuevas pruebas sobre la complicidad de grupúsculos internos con el terrorista Santiago Alvarez Fernández Margriñat, radicado en Estados Unidos.

Mensajes de correo electrónico transmitidos desde la isla hacia Miami, y desde esa ciudad norteamericana a La Habana, revelaron la función de Alvarez como “pagador” de los agentes contrarrevolucionarios.

Esas comunicaciones y otras evidencias fueron reveladas ayer por un panel encabezado por el director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, doctor Manuel Hevia.

Magriñat guarda prisión por “obstrucción a la justicia”, luego de confesarse dueño de un alijo de armas que incluyó lanzagranadas, fusiles automáticos y miles de municiones.

Hevia hizo público un fragmento de una conversación de 22 minutos de duración, sostenida el pasado 18 de abril, entre la congresista de origen cubano Ileana Ross Lehtinen y miembros de un grupúsculo, a cuyos integrantes felicitó y alentó.

El profesor de mérito de la Universidad de La Habana doctor Julio Fernández Bulté, dijo que la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA)en La Habana “ha adoptado una actitud francamente agresiva, ofensiva, antijurídica”.

El reconocido jurista compareció en un programa especial de la televisión cubana en el cual se acusó a los representantes de Estados Unidos de violar las prerrogativas que amparan a su estatus.

El jefe de esa dependencia, Michael Parmly, sirvió de intermediario de terroristas radicados en esa nación, de los cuales recibió dineros destinados a personas que funcionan en la isla como "empleados políticos" a sueldo.

Varias notas intercambiadas entre Martha Beatriz Roque Cabello y cubanos-americanos residentes en la Florida implicaron al diplomático.

Fernández Bulté aclaró que la SINA no solamente ha violado las leyes nacionales, "también instrumentos jurídicos internacionales que son muy sensibles para el orden de la comunidad internacional”.

“El régimen jurídico y, por supuesto, el régimen político de las legaciones extranjeras en cualquier país del mundo está regulado por instrumentos legales incuestionables”, dijo el académico.

Al respecto citó la Convención de Viena de 1961, la de 1963 y la Convención sobre el Tratado de 1969.

“En todas estas disposiciones jurídicas internacionales -subrayó- se prescribe el deber de toda misión diplomática de respetar el principio del Derecho Internacional Público”.

“Entre esos principios está, primero que todo, el respeto a la soberanía, la integridad y la independencia política y económica de cada estado”, dijo y añadió:

“Estos señores actúan violentamente contra la decisión cubana de construir el socialismo, apoyan y financian el movimiento subrversivo; constituyen el canal oficial de los emolumentos regulares”.

El director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado calificó a Alvarez Magriñat de “terrorista disfrazado de benefactor” y a los contrarrevolucionarios internos como “instrumentos conscientes de esa mafia”.

El ex jefe de la SINA entre 1979 y 1982, Wayne Smith, afirmó la víspera en Washington que sería ilegal e insensato servir de correo de Santiago Alvarez, descubierto como dirctor de la llamada Fundación Rescate Jurídico.

El segundo programa de una serie cuya extensión no ha sido precisada, se inició con la difusión de sendas conversaciones telefónicas de Martha Beatriz Roque Cabello con Ana Paula Méndez y Ramón Abad Negrón, los dos últimos funcionarios de la SINA.

En el curso del debate televisivo se exhibieron recibos que confirmaron la recepción de dinero efectivo destinado a cabecillas de los autoproclamados disidentes y opositores.

Entre los que obtuvieron pagos figuraron Roque Cabello, Jorge Luis García (Antúnez), Laura Pollán Toledo –quien admitio haber recibido 2,400 dólares-, y Vladimiro Roca.

También se mostraron evidencias de envío de mensualidades a Esther Lidia Lima, Elsa Morejón, René Díaz Manzano, Félix Bonne y otras 18 integrantes del grupo autodenominado Damas de Blanco.

Roque Cabello, responsable de la distribución de los dineros durante un período, manifestó en un mensaje su rechazo a la entrega de “honorarios” a Bonne y Gómez Manzano, a quienes calificó de “descarados”.

La ex economista firmó algunos de los mensajes revelados como “tía McPato”.

El periodista Reinaldo Taladrid la emplazó a que diera detalles de los vínculos de los “luchadores por la democracia en Cuba” con grupos terroristas radicados en la Florida, como Alfa 66.

Lázaro Barredo, director del periódico Granma, denunció que los mercenarios internos fraguan e intentan una provocación.

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