Con el mayor sigilo y en secreto, en plena noche y con un acuerdo previo con el gobierno de Bush, el gobierno de Uribe extradito a EE UU en el amanecer del martes 13 a los principales jefes paramilitares que estaban encarcelados. Es un operativo para silenciar las denuncias que los mismos estaban efectuando sobre los estrechos vínculos que con ellos mantienen la plana mayor del gobierno de Uribe, sus congresistas y gobernadores, sus fuerzas armadas y sus servicios de inteligencia, todo lo cual viene saliendo a luz en forma abrumadora.

Niko Schvarz*

Se ha llegado al extremo de que 32 legisladores (diputados y senadores), pertenecientes a la coalición de gobierno, están encarcelados por sus vínculos comprobados con los paramilitares, que otros 31 están siendo investigados por las mismas causas, que en la misma situación se encuentran gobernadores del uribismo y jefes de los servicios de Inteligencia del DAS y que además se ha comprobado que un conjunto de altos jefes militares realizó operaciones conjuntas con destacamentos de los paramilitares y perpetraron asesinatos de campesinos en varias localidades y se apropiaron de tierras en forma fraudulenta. Numerosos parlamentarios del uribismo le deben su cargo a los acuerdos con los paramilitares en sus zonas de influencia, al punto de que éstos se jactaban de tener su propia bancada. Incluso los jefes paramilitares encarcelados seguían realizando esas actividades múltiples desde la prisión, como lo reconoció Uribe en su presentación por TV para justificar la extradición, lo que como contrapartida revela que la ley de Justicia y Paz es una farsa de principio a fin.

Las revelaciones de los paramilitares sobre sus vínculos con el gobierno se iniciaron con las declaraciones efectuadas hace un año, en mayo de 2007, por Salvatore Mancuso, su capo mayor desde que hicieron desaparecer a Carlos Castaño, las cuales tuvieron amplísima repercusión e impactaron de lleno en las actividades de parlamentarios, gobernadores, jefes militares y de los servicios de Inteligencia. Este es justamente el primer nombre en la lista de los extraditados, que estaban en las prisiones de La Picota en Bogotá, La Modelo en Barranquilla y la de máxima seguridad (pero no tanta) en Itagüí. Le seguían jefes de estas bandas mafiosas y de narcotraficantes tan conocidos como Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Diego Bejarano (alias Don Berna), Francisco Zuloaga (alias Gordolindo), así como otros compinches, para un total de 14. En realidad este proceso había comenzado unos días atrás con la extradición de Carlos María Jiménez (alias El Macaco). De los 25 jefes "paracos" presuntamente desmovilizados, solamente 8 quedaron en Colombia. Un avión norteamericano de la DEA llevó a los 14 extraditados desde el aeropuerto de Catam en Bogotá hacia EEUU.

Es indudable que a los extraditados no les pasará absolutamente nada en ese país. Allí son maestros en el arte de proteger a los terroristas de tomo y lomo, valga el ejemplo de Luis Posada Carriles, que se pasea muy orondo por las calles de Miami. A lo sumo los juzgarán por producción y distribución de cocaína en Estados Unidos, en otros casos por narcotráfico y lavado de activos. Pero nada se investigará sobre sus crímenes en Colombia. Uribe aspira a que esto quede soterrado para siempre.

Es lo que dicen a una sola voz todos los sectores de oposición. "La oposición colombiana acusó al gobierno de Uribe de realizar la extradición para torpedear las investigaciones sobre los vínculos entre la ultraderecha paramilitar y políticos cercanos al oficialismo", dicen los cables, y agregan este concepto del ex aspirante presidencial del Partido Liberal Rafael Pardo: "El gobierno está enviando hacia EEUU a los mismos jefes paramilitares de ultraderecha que firmaron los acuerdos con los 'parapolíticos'". Merecen destacarse las declaraciones de Iván Cepeda, hijo del ex senador comunista Manuel Cepeda, asesinado por los "paracos": "La extradición apunta a dejar en la impunidad a los cómplices políticos, militares y empresarios que estuvieron detrás de estos crímenes, una parte de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia".

El caso más reciente es el del ex senador y ex presidente del Congreso Mario Uribe Escobar, primo del presidente y por el cual éste intercedió ante la Justicia, que intentó asilarse en la Embajada de Costa Rica, fracasó y hoy está encarcelado en La Picota de Bogotá por sus vínculos con los paramilitares. También el dirigente de Human Rights Watch José Miguel Vivanco declaró que la extradición beneficia a los políticos que tenían pactos con los paramilitares. Dicha ONG norteamericana publicó un extenso memorándum en el cual detalla la nómina de los crímenes cometidos por los paramilitares contra dirigentes sindicales colombianos.

Publicado en La República el 15 de mayo de 2008