Después de que un campesino perdiera la vida en un tiroteo con la policía, que cumplían con una orden judicial para desalojar a unos 150 campesinos invasores, el gobierno paraguayo informó que ningún extranjero podrá comprar terrenos para la agricultura.

Tras la muerte de un campesino durante un choque con policías durante el desalojo de invasores de una finca de soja, propiedad de un colono brasileño, el gobierno paraguayo informó el lunes que ningún extranjero podrá comprar terreno para la agricultura.

El labriego Bienvenido Mereles, de 45 años, perdió la vida el viernes durante un tiroteo con policías que cumplían una orden judicial para desalojar a unos 150 campesinos que invadieron el establecimiento sojero del brasileño Oscar Farver, en el departamento Alto Paraná, a 500 kilómetros al este de la capital.

Un informe del Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert) dice el lunes que “prohibe la suscripción de trámites administrativos para la compra de tierras a sujetos no beneficiarios de la Reforma Agraria”.

La ley de Reforma Agraria, por su parte, excluye a extranjeros.

Indert aclaró que “las personas físicas extranjeras han dejado de ser beneficiarias del estatuto agrario” y puntualizó que, incluso, “carecen de valor la venta de tierras de beneficiarios de la reforma agraria a extranjeros” y las que se hayan realizado serán denunciadas ante la justicia ordinaria para su recuperación en favor del estado.

Con esta medida, los colonos brasileños, en su mayoría asentada en los norteños departamentos de San Pedro, Concepción y Kanindeyú, más Alto Paraná al este de Asunción, que adquirieron propiedades de ciudadanos paraguayos, eventualmente podrían perder sus posesiones.

Los colonos brasileños son los mayores productores de soja. Uno de ellos, Tranquilo Favero, dijo a los periodistas que “poseo 35.000 hectáreas de cultivos de soja, más unas 20.000 hectáreas de bosques naturales como reservas pero no tengo problemas con los campesinos con quienes trabajo bien”.

Otros agropecuarios de origen brasileño no se habían manifestado aún.

Indert, de esta forma, cumple una de las promesas de la campaña electoral del presidente Fernando Lugo, quien aseguró a las organizaciones de campesinos sin tierra propia que iniciaría un proceso “de recuperación de la soberanía paraguaya”.

En tanto, el empresario José Bogarín, presidente de la Cámara Exportadora de Granos, declaró el lunes a la radio Uno que “el ministro de Economía Dionisio Borda nos reunió en su casa para informarnos que el gobierno necesita urgente 150 millones de dólares para llevar adelante sus planes de asistencia”.

“De esa cifra, 50 millones desea destinar a la lucha contra la pobreza extrema. Entonces, busca sacar dinero de algún lado y está pensando en crear más impuestos”, relató.

Bogarín fue categórico: “rechazamos el posible impuesto a la exportación de soja. Antes, queremos que el gobierno reduzca su aparato estatal (burocracia) y combata frontalmente al contrabando”.