Es sabido que en múltiples conflictos a lo largo y ancho del mundo se utilizan maniobras de lucha ajenas a todo concepto de moral. El caso de los niños-soldado es quizás el más conocido, pero hay otros igualmente atroces, si no más. 

En Irak ha sido detenida una mujer, Samira Jassam, a la que se acusa de reclutar mujeres para ejecutar ataques suicidas. Quizás esto no sea una novedad, pero lo terrible es el modo en que lograba que accedieran a ello. Organizaba su violación para dejarlas ya marcadas, mental y físicamente, de modo que más tarde le resultaba tremendamente sencillo lograr convencerlas de que la única alternativa honorable era dar su vida a través del martirio. Se aprovechaba de la vergüenza, humillación y miedo de estas mujeres que, siendo víctimas, de ser conocida la circunstancia de la violación y en atención a la ley islámica, serían declaradas adúlteras y condenadas a la lapidación. 

El peor enemigo al que se enfrentaban no era el de las tropas de la coalición, que han logrado mediante un exitoso cambio de estrategia comenzar a revertir la situación de violencia que sufría el país, sino a sus propias familias, más pendientes de mantener un vetusto e irracional sentido del honor que convierte a las víctimas en culpables que de apoyarlas y enfrentarse a los verdaderos instigadores del problema. 

Esta cultura del honor se está trasladando al mundo occidental. En las nuevas comunidades de inmigrantes comienzan a crearse guetos cerrados donde, aunque formalmente todos deban someterse a las leyes democráticas y garantes de las libertades individuales del estado que les acoge, el estado no cumple con esta obligación y permite la creación de verdaderas sociedades paralelas que no aceptan nuestros valores y que además los ven incompatibles con su religión. 

Mientras esto pasa, la bienpensante izquierda occidental se manifiesta por las calles y no pierde ocasión en difamar a estados que, como Israel, defienden su derecho a existir frente a aquellos que se lo niegan y que atacan repetidamente a su población civil. Les acusan de crímenes contra la humanidad, de atacar a civiles indefensos y destruir hospitales y escuelas, pero no se preocupan en descubrir la verdad. 

En el caso de la reciente operación “Plomo Sólido”, se ha acusado al ejército israelí de destruir una escuela de NU y haber causado así la muerte a más de 40 civiles. Pero resulta que hace escasos días el coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Maxwell Gaylord, rectificó y señaló que este edificio nunca fue atacado y los civiles fallecidos se encontraban, incomprensiblemente, en la calle. Apenas se menciona esto en alguna columna, mientras que todos los periódicos hicieron una primera plana de lo anterior. Casi lo mismo ocurre con el hecho de que Hamas intentara secuestrar ambulancias a punta de pistola para transportar a sus terroristas, que sus líderes se ocultaran en un bunker bajo el hospital de Shifa y que el uso de la población civil como escudo, con total falta de respeto hacia la vida humana, sea su seña de identidad más característica.

Con todo, a estos amantes de la paz lo que les parece bien es que el Centro Palestino para los Derechos Humanos haya presentado una querella contra siete ex responsables militares israelíes por un presunto delito contra la humanidad ante la Audiencia Nacional. Parecen querer obviar que el abogado que les representa es Gonzalo Boye, chileno que ya cumplió una larga condena en prisión por colaborar con ETA para el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Sin embargo, lo grave no es que hayan presentado dicha querella, sino que la misma haya sido admitida a trámite. Por el contrario, ni condenan ni reclaman la búsqueda y captura de la persona que el 30 de enero atacó una sinagoga en Barcelona e hirió a una persona.

¿Por qué no se querellan contra Hamas por sus múltiples crímenes? Abundan las razones para hacerlo. Sin ir más lejos, el martes 3 de febrero Hamas confiscó por la fuerza ayuda de la UNRWA –mantas y comida- destinada a 500 familias palestinas, crimen execrable al que apenas se le ha dado relevancia. El 29 de enero, una familia palestina que poseía una granja en la Franja de Gaza, narraba al Jerusalem Post como los terroristas de Hamas les habían utilizado como escudos humanos y la habían utilizado como centro de lanzamiento de cohetes y arsenal de armas, y como si se oponían a ello les disparaban a las piernas. 

Israel es un Estado que quiere la paz, pero no a cualquier precio. Una condición indispensable para una diálogo razonable es que sus interlocutores acepten su derecho a existir y renuncien al uso de la violencia. El apoyo de la población israelí a la operación en Gaza no fue ninguna celebración patriótica, sino el reflejo de una resignación ante lo inevitable, a sabiendas de que, hicieran lo que hicieran, serían criticados. Se olvida a menudo que el conflicto israelí va más allá de la mera crítica a la política que realiza un estado, que es muy legítimo realizar. El hecho es que se ataca el derecho a la existencia del mismo y de sus habitantes, circunstancia que no se da en ningún otro país del mundo. 

Como todo estado, Israel puede cometer errores y no hacerse entender correctamente en ocasiones. Lamentablemente, las operaciones militares en una región tan poblada hacen casi imposible no causar víctimas inocentes, pero no es cabal mantener que por ello debieran dejarse matar y sufrir una situación continua de temor a que caigan misiles Grad y Qassam sobre ellos. El pueblo palestino sufre, pero la causa de sus males está en su interior, representado por unos fanáticos nada preocupados por sus iguales que buscan la imposición de un régimen fundamentalista basado en el terror. Aquellos que jalean a Hamas deberían ser conscientes de que no apoyan a indefensos demócratas defensores de la libertad, sino a terroristas autoritarios. Occidente debe quitarse de la cabeza ese complejo de culpa que arrastra desde el fin del colonialismo, no es responsable de que otros tomen decisiones equivocadas.