Las descargas sin autorización, en problemas

El debate en España sobre la regulación del intercambio de archivos en la Red genera posiciones encontradas entre las asociaciones de usuarios de Internet y las entidades defensoras de los derechos de autor

Gabriela Cañas
Diario El País

Parecía imposible poner puertas al campo y penalizar la copia en Internet, pero empieza a suceder: nuevas leyes y una sentencia dan respiro al negocio cultural

¿Por qué comprar un disco si se puede bajar gratis por Internet? ¿Para qué ir al cine, si ya hay copias gratuitas de Gran Torino que se pueden cargar en el iPod y ver la película cuando y donde uno quiera?

Esta mentalidad, automática entre los nativos de Internet, está causando preocupantes destrozos a la industria cultural.

Hasta la fecha, los intentos de la industria por perseguir y penalizar estas prácticas han dado pobres resultados. Ha ido perdiendo casi todos los pleitos contra las páginas web que ofrecen descargas gratuitas. Pero la tendencia en favor de los que claman contra la piratería parece estar cambiando.

Los acontecimientos, por orden cronológico, han sido los siguientes:

- El 1 de abril entra en vigor en Suecia la ley que persigue el intercambio ilegal de archivos y que permite la identificación del usuario que lo realiza para que indemnice a los creadores perjudicados.

- El 2 de abril, la Asamblea francesa aprueba la denominada Ley Antipiratería , que prevé incluso cortar la línea telefónica al usuario que persista en las descargas ilegales.

- El 7 de abril, es nombrada en España ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, una cineasta que ha realizado públicamente duras críticas a la permisividad existente en Internet.

- El 9 de abril, un juzgado de La Rioja, España, condena a un joven de 22 años propietario de una página de descargas ilegales a seis meses de cárcel y al pago de 4.900 euros por lucrarse a través de dicha página.

- Ese mismo día, la comisión mixta Asamblea-Senado tumba el proyecto francés de Ley de Piratería , pero lo hace por la ausencia de diputados y el presidente Nicolas Sarkozy promete volver a la carga.

Las comunidades organizadas de internautas están irritadas. En Suecia, el Partido Pirata ha pedido boicotear la medida y la ley ha provocado en las primeras horas una caída del tráfico de Internet. En Francia, cuentan con el apoyo de los partidos de izquierda y en España la Asociación de Internautas ha lanzado una ruidosa campaña contra González-Sinde al tiempo que exponen sus razones y argumentos en contra de sentencias y medidas que criminalicen a los internautas por descargarse archivos gratuitamente, algo que califican de perfectamente legal. ¿Lo es?

Víctor Domingo, el presidente de la Asociación de Internautas , lo afirma rotundamente. En España, alega, los ciudadanos pagan un canon digital (cantidades muy pequeñas en relación con el artículo adquirido) cada vez que compran un ordenador, un CD virgen, un reproductor de música o un móvil. Con el dinero recaudado por las entidades de gestión, como la Sociedad General de Autores, se compensa a los autores el dinero que dejan de percibir por el hecho de que ese mismo ciudadano se copie sus archivos en esos diferentes soportes. "Si ya has pagado el canon, ¿por qué pagar más?", se pregunta Domingo.

En la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que representa a las entidades de gestión y a la industria, se echan las manos a la cabeza ante las afirmaciones de Domingo. "Es una barbaridad. Ellos saben que el canon no tiene nada que ver con las descargas ilegales", señalan en esta recién creada plataforma que aún no tiene web.

La ministra González-Sinde lo explica: "El canon compensa a los autores por las copias privadas que realizan los particulares: es decir, aquéllas que se hacen a partir de un original adquirido legalmente, para uso doméstico y sin ánimo de lucro. Evidentemente, la reproducción masiva de contenidos protegidos que han sido adquiridos ilícitamente y muchas veces con ánimo de lucro queda fuera del concepto de copia privada".

¿Es reproducción masiva intercambiar un vídeo, una película o una canción con otro internauta? ¿Se puede considerar que es una copia para uso privado y sin ánimo de lucro?

David Bravo es un abogado de 31 años especializado en propiedad intelectual y derecho informático. Defiende la posición del condenado en La Rioja. Asegura que ha llegado a un acuerdo y no porque crea que es un delincuente, sino para evitar una demanda civil. También dice que el intercambio de archivos mediante P2P u otros canales no es ninguna trampa, sino un intercambio legal. Y añade: "El problema es que la industria es muy lenta. Tiene que darse cuenta de que esto es imparable y que su modelo de negocio debe cambiar". ¿Hacia dónde? Hacia modelos que están funcionando bien y ganan dinero, como Google o iTunes, declaran algunos.

Una manifestación en España a favor de las redes P2P frente a la sede del Partido Socialista Obrero EspañolFoto: Gentileza rinzewind / Flickr

Las campañas de los internautas españoles son vistosas y agradecidas. En ellas se habla de libertad, de gratuidad y de derechos cívicos. Como dicen en La Coalición, presentan un mundo idílico cuando la realidad es que detrás de ello hay un señor que graba una película en la sala de cine y la pone a disposición a veces ganando dinero con la publicidad que consigue para su web, como era el caso de La Rioja.

En el caso de la música, la cuestión es menos evidente. Es fácil que el origen sea totalmente legal. Una canción comprada online o a través de un CD es fácilmente copiable e intercambiable. "Lo que no tienen en cuenta los internautas es que las páginas de intercambio obligan a abrir la puerta de tu propia colección de archivos, lo que equivale a su difusión masiva y, también, a reducir la seguridad del ordenador", opina un directivo de La Coalición.

El político socialista Rafael Simancas clama contra la reclamación de la gratuidad total en favor de la cultura y el derecho a la educación. "¿Por qué no se propone también la gratuidad de la bebida y de la comida en las fiestas populares?", se preguntaba en un artículo reciente.

"No pedimos la gratuidad total. De hecho, los españoles pagamos la banda ancha más cara de Europa", dice Domingo. Banda ancha cara y poco extendida en comparación con otros países de nuestro entorno. Aunque el dato más actualizado que aporta el Ministerio de Industria es que ya disponen de ella el 44,6% de los hogares. Contactada Telefónica , no quiso entrar en el debate.

Pero volviendo a las descargas ilegales, ¿cómo frenar la sangría que cuesta tanto dinero en beneficio cesante a creadores, industria e incluso arcas estatales? La piratería es especialmente sangrante en España, campeón mundial en el asunto, pero en Industria aseguran que el Gobierno español no se está planteando ninguna regulación legal contra el P2P ni nada parecido. González-Sinde se decanta por un modelo aún vago que cumpla con los objetivos de "amplificar las oportunidades de los creadores y potenciar la red, ofreciendo a los ciudadanos una oferta de contenidos más accesible, más variada y segura".

Son multitud los analistas que sospechan que al internauta no le importa pagar los productos que consume si el pago es sencillo porque el producto siempre tendrá mayores garantías. Gonzo Suárez, creador de videojuegos, responsable del mayor éxito español en este terreno, Commandos, confirma por experiencia propia esta teoría. "En videojuegos apenas sufrimos piratería online. Utilizamos protocolos complicados y los usuarios prefieren bajarse programas con garantías", dice Suárez. "El jugador no quiere dejar de pagar, quiere accesibilidad".

La realidad es que pagar incluso por descargarse una canción, un archivo tan fácil de ser copiado o difundido ilegalmente, es un hábito en ascenso. La mala noticia es que tal aumento no es suficiente todavía como para compensar las pérdidas de los sectores afectados. Los internautas calculan que en el año 2008 se habría recaudado por el canon digital casi 226 millones de euros, cifra que no confirman oficialmente.

Ese mismo año, el álbum con más éxito en todo el mundo fue Viva la vida or death and all his friends, de Coldplay. Se vendieron 6,8 millones de unidades. De ellas, el 14% se compraron por Internet. Eso arroja casi un millón de descargas legales.

En Estados Unidos la venta de música ha superado los 1.000 millones de descargas anuales. En España, el año pasado se descargaron ya 32 millones de archivos de forma legal, lo que supuso duplicar las cifras del año precedente. El problema es que, como se decía más arriba, lo recaudado no compensa todavía ni de lejos las pérdidas que está sufriendo el mercado discográfico. Las cifras escalan a gran velocidad, pero parten de un suelo muy bajo, de modo que frente a los 225,2 millones de euros recaudados por venta de música en soportes físicos, a través de la Red sólo se vendió música por valor de casi 11 millones de euros.

Desde la asociación de productores de música de España, Promusicae, se destaca el alto índice de piratería de este país y, paralelamente, el lento desarrollo de las descargas legales. Mientras que en todo el mundo el mercado musical online supone ya un 20% del total, en España estamos todavía en el 11,5%.

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