En pocos campos como en la política exterior resulta más cierto el viejo proverbio de "dime con quién andas y te diré quién eres". Dicho de forma menos coloquial, las alianzas estratégicas de un gobierno no sólo son una muestra de su posición internacional sino también de su propia naturaleza política y las intenciones que alberga hacia sus vecinos. Por ello, el acercamiento del régimen bolivariano de Venezuela a países señalados por violar masivamente los derechos humanos, apoyar al terrorismo o sostener políticas exteriores agresivas tiene que ser visto con preocupación por los vecinos de Caracas. De hecho, una mirada a los socios internacionales del comandante Chávez arroja una lista de gobiernos condenados repetidas veces por la comunidad internacional cuyos primeros puestos están ocupados por Rusia, China, Irán y Cuba.

La imagen de Rusia todavía carga con el lastre de su desastroso historial de derechos humanos en Chechenia y su agresión sobre Georgia. Unos antecedentes que no han sido obstáculo para que Venezuela haya convertido al Kremlin en su principal proveedor de armamento. Ahí están los planes para la adquisición de 100 tanques T-72 y 300 vehículos blindados BMP-3, que pueden jugar un papel determinante durante una crisis en La Guajira. De igual gravedad resulta la compra de 200 misiles antiaéreos portátiles SA -16 Igla, un tipo de armamento por el que las Farc están dispuestas a pagar abrumadoras sumas con el propósito de dislocar las capacidades aéreas de las Fuerzas Militares colombianas. Lo cierto es que Bogotá no cuenta con la capacidad disuasiva que pueda contrarrestar la ventaja militar de Caracas. En consecuencia, Chávez cuenta con un cheque en blanco para tomar una posición agresiva contra Colombia sin preocuparse por una respuesta que en las presentes circunstancias resulta imposible.

Entre tanto, los acuerdos que se vienen adelantando con Moscú le han abierto la puerta del petróleo venezolano a empresas como Lukoil, famosas por sus escándalos de corrupción. De hecho, ejecutivos de estas compañías han sido acusados de manipular los precios del petróleo para su beneficio personal. Por su parte, la venezolana PDVSA ha estado involucrada en una larga lista de escándalos de los que no han quedado exentas sus filiales Citgo y Barivel. Con estos precedentes, el anuncio de que Lukoil y Pdvsa van a crear un consorcio para desarrollar proyectos petroleros conjuntos genera todo tipo suspicacias.

Al igual que los otros socios estratégicos del régimen venezolano, la República Popular China tiene un largo historial de acciones internacionales reprobables. Pekín se ha involucrado en redes ilegales para exportar tecnología militar prohibida a gobiernos radicales, como los de Siria o Libia. Al mismo tiempo, el gobierno chino no ha tenido mayores escrúpulos a la hora de apoyar a tiranos de todo pelaje para acceder a las materias primas que demanda su economía. Ahí está el respaldo ofrecido al gobierno islamista sudanés de Omar Hassan al-Bashir a cambio de otorgar amplias concesiones petroleras a la China National Petroleum Corporation (CNPC).

Venezuela ha visto a China como una socia clave en algunos proyectos estratégicos. En octubre del pasado año, la República Popular puso en órbita el primer satélite de comunicaciones venezolano bautizado como "Simón Bolívar I". Un ingenio espacial que ha sido presentado como una herramienta educativa; pero cumplirá funciones en el ámbito de las comunicaciones estratégicas. Pero por encima de todo, la gran apuesta del gobierno Chávez es convertir a China en el principal mercado de exportación del crudo venezolano con vistas a romper la dependencia de E.U. que, hasta el momento, continúa siendo su principal cliente. Con este objetivo, el régimen venezolano ha ampliado la participación de CNPC en la explotación de los yacimientos de la cuenca del Orinoco. En este contexto, el suministro de petróleo venezolano hacia China ha saltado de 39.000 a cerca de 170.000 barriles diarios en los últimos cuatro años. Esta expansión del negocio petrolero entre Caracas y Pekín promete acelerarse dado el deseo del presidente Chávez de avanzar hacia unas ventas de un millón de barriles.

En cualquier caso, la asociación estratégica más polémica desarrollada por el gobierno Chávez han sido sus vínculos con Irán. Lo cierto es que la República Islámica es un Estado paria mirado con desconfianza por la comunidad internacional. Razones no faltan. Irán ha sido condenado repetidas veces por su apoyo a grupos terroristas como el movimiento libanés Hezbollah. Al mismo tiempo, los ayatollahs han impulsado un programa nuclear ilegal que ha llevado a la ONU a imponer sanciones al régimen islámico, incluyendo una prohibición de exportar equipo militar.

Todo esto parece ser irrelevante para el gobierno Chávez. De hecho, ambos países han firmado un acuerdo de cooperación militar, que prevé la adquisición por Venezuela de una docena de aviones no tripulados iraníes. Además, la República Islámica ha iniciado la construcción de una fábrica de explosivos en Morón (Carabobo). Entre tanto, los ayatollahs están aprovechando sus lazos con el régimen bolivariano para burlar a la ONU. Dos años atrás, se descubrió que el consorcio iraní de exportación de armamento Moldex utilizó la empresa militar venezolana Cavim para tratar de vender 18.000 fusiles de asalto a Uruguay, como si se tratase de armas producidas por Caracas. Más recientemente, se ha revelado que los vuelos de la aerolínea venezolana Conviasa han servido para hacer llegar tecnología militar a Irán.

Apoyada en este entramado de alianzas internacionales, Venezuela trata de ganar influencia política en Colombia a través de una maraña de programas sociales que funcionan como instrumentos para intervenir en los asuntos internos del país. En el 2006, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena sirvieron de escenario para actividades de espionaje y proselitismo político coordinadas por agentes cubanos que se hacían pasar por miembros de la delegación venezolana. Un año más tarde, Colombia protestó por la presencia de un miembro de la inteligencia venezolana acreditado como agregado cultural de su embajada, que había desarrollado actividades de inteligencia contra la oposición venezolana y las Fuerzas Militares colombianas. Este incremento en la agresividad de las operaciones clandestinas venezolanas está asociado con los esfuerzos desplegados por los servicios de inteligencia cubanos para fortalecer a sus homólogos venezolanos. En consecuencia, la perspectiva de que rusos, chinos e iraníes abran líneas de cooperación con Caracas en materia de inteligencia no puede dejar de ser visto como una amenaza para la seguridad colombiana.

Hasta ahora, la cooperación de Venezuela con Rusia, China, Irán y Cuba en materia de seguridad e inteligencia ha pasado casi inadvertida para la mayoría de la opinión pública colombiana y buena parte de las cancillerías de la región. Sin embargo, la gravedad de las señales obliga a mirar más allá de la retórica del presidente Chávez y tomar conciencia de la enorme capacidad desestabilizadora del régimen bolivariano. Años atrás, al referirse a la amenaza representada por Estados renegados como Irán o Corea del Norte, el ex consejero de seguridad nacional del presidente Clinton, Anthony Lake, señaló que "nuestra política debe encarar la realidad de Estados recalcitrantes y fuera de la ley que no solo optan por estar fuera de la familia de naciones sino también asaltar sus valores básicos". Este es el reto que parece plantear el gobierno Chávez a la comunidad internacional y, en particular, a Colombia.

ROMÁN D. ORTIZ Y ANDRÉS F. SÁENZ*
Para EL TIEMPO
*Directores de Análisis y Desarrollo Institucional del Grupo Triarius, firma de consultoría de seguridad y defensa.

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