Cerca de 900 personas fueron torturadas en los últimos cinco años en Colombia, de las cuales 502 fueron asesinadas, según reveló hoy un informe divulgado por varias organizaciones no gubernamentales (ONG).

De acuerdo con un estudio de la denominada Coalición Colombiana Contra la Tortura, conformada por nueve ONG, la responsabilidad por esos hechos recayó en el Estado en un 92,6 por ciento.

“Entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron víctimas de tortura por lo menos 899 personas, de las cuales 229 quedaron con vida, 502 fueron asesinadas y 168 fueron víctimas de tortura psicológica”, refiere el informe de 144 páginas, presentado un día antes de la sesión en Ginebra del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.

En dicha sesión, prevista para mañana, se espera que el Estado colombiano brinde información sobre la tortura en el país.

El estudio indica que del total de los casos de torturas reportados durante el citado lapso, el 92,6 por ciento fue responsabilidad del Estado y los mismos se mantienen en la impunidad.

A su vez, precisa que en los casos en los que se conoce la edad de la víctima (296), el 30,4 por ciento (90) fueron niñas y niños.

“En el 92,6 por ciento del total de los casos se compromete la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 50,6 por ciento (337 víctimas); y por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 42 por ciento (280 víctimas)”, detalla.

En tanto, en un 86,3 por ciento de los hechos registrados en los que se pudo determinar el sexo fueron hombres las víctimas, mientras que un 13,6 por ciento mujeres.

Asimismo, Jorge Gómez, representante de Reiniciar, una de las ONG que conforman la Coalición, aseguró a periodistas que la práctica de la tortura en Colombia es de carácter sistemático y generalizado porque se practica en todo el país.

Por su parte, Ana María Gómez, de la Comisión Colombiana de Juristas, otro de los grupos de la Coalición, señaló que entre julio de 1998 y junio de 2003, el período inmediatamente anterior al presente estudio, se reportaron mil 593 casos de tortura, es decir, 694 más.

No obstante, manifestó, estas reducciones de un período a otro coinciden con el aumento significativo de las torturas cometidas directamente por la fuerza pública.

En el período entre 1998 y 2003 se registraban 187 casos atribuibles directamente al Estado, mientras para 2003-2008 se reportaron 337 casos atribuibles a la fuerza pública, puntualizó.

Gómez explicó que los datos presentados en el actual informe fueron recopilados de 21 periódicos nacionales y regionales, dos revistas, el banco de datos del no gubernamental Centro de Investigaciones y Educación Popular y del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.