En una época en la que los dirigentes de las grandes corporaciones empresariales de los EEUU han demostrado ya su incurable proclividad a prender fuego a cualquier tierra seca, procediendo a su saqueo a través de instituciones bancarias, comerciales, inmobiliarias e hipotecarias, el público puede ahora experimentar ya el olor de un nuevo y pestilente incendio divisable en el horizonte.

Si la Norteamérica granempresarial se sale con la suya, todo, absolutamente todo, desde parquímetros, zoológicos y aeropuertos hasta carreteras y agua potable, va ser privatizado en lo que puede convertirse en el mayor proceso de ventas a precio de saldo de la historia del mundo industrializado. En otras palabras, mandemos un potente mensaje a nuestros hijos: la recompensa a la codicia, la incompetencia y la conducta criminal de las corporaciones empresariales será hacerse con lo que queda de los activos del país.

La venta a precios de saldo viene estimulada por una insuficiencia sin precedentes de los ingresos de los gobiernos estatales y locales. Según el CBPP (Centro para las Prioridades Presupuestarias y de Políticas Públicas, por sus siglas en inglés), “la peor recesión desde los años 30 ha provocado la más profunda caída en los ingresos fiscales de los estados, hasta alcanzar niveles récord (…) 48 estados se enfrentan o tienen que lidiar ya con esas insuficiencias presupuestarias para el año fiscal de 2010, con un agujero de 178 mil millones de dólares (…), un agujero presupuestario récord. Los hiatos del año fiscal 2011 –los que ya se han abierto y aquellos a los que se hace frente— suman un total de 80 mil millones de dólares, el 14% de los presupuestos de los 35 estados que han estimado el monto de esos hiatos. Esos totales crecerán probablemente, en la medida en que sigan deteriorándose los ingresos, y podrían terminar rebasando los 180 mil millones de dólares. (…) Esas cifras sugieren que, todo dicho y contado, los estados tendrán que vérselas con una insuficiencia presupuestaria de al menos 350 mil millones de dólares para 2010 y 2011.”.

Irónicamente, 350 mil millones es exactamente el monto con que el Gobierno federal obsequió a la banda de Wall Street que pagó millones de dólares en bonificaciones, alojó a su personal ejecutivo en hoteles de lujo o se pagó anuncios en los estadios deportivos.

He aquí un recorrido de lo que, a lo largo y ancho del país, está disponible para las garras de las corporaciones empresariales:

Aquí, en la hermosa región meridional de New Hampshire, se recomienda ya la privatización de la Granja del Condado de Cheshire, una institución de 143 años de antigüedad que posee algunos de los espacios abiertos y de los terrenos cultivables más apreciados del estado. Los niños urbanos pueden, libremente, sin tasas de ingreso, acariciar vacas o ver alzar el vuelo de águilas pescadoras o de cóndores.

En la periferia de la Bahía Verde, Wisconsin, las autoridades trataron de organizar una reunión a puerta cerrada para discutir la privatización del Departamento de Planificación del Condado de Brown. (¿No es una función clave del Departamento de Planificación la de controlar los intereses de las corporaciones empresariales? Eso recuerda al modelo del Tesoro norteamericano, también conocido como de asalto a las instancias reguladoras.)

En los Grandes Rápidos del Condado de Kentuky, unos comisionados están sopesando la recomendación del sheriff, Larry Stelma, de privatizar el servicio alimentario de la cárcel del condado.

De acuerdo con un estudio de la GAO (Oficina para el control del gobierno, por sus siglas en inglés) realizado a fines de octubre, en donde se argumentaba que sería despilfarrar el dinero del contribuyente, el Ejército se ha echado atrás (por ahora, al menos) de un plan para privatizar los servicios de mantenimiento de carpintería, fontanería y calzadas, así como otros trabajos ahora desempeñados por el personal de la academia militar en West Point.

En un artículo de Blaine Mogil publicado el pasado 3 de noviembre en The Pride  --el periódico estudiantil independiente de la Universidad del Estado de California en San Marcos, se resumía así la atmósfera que se palpa:

“Si parece desapoderada la idea de un profesor que os dijera “Buenos días y bienvenidos a la McUniversidad, ¿le puedo ya tomar el pedido?”, la silenciosa batalla que se libra en Sacramento no se abierto paso en vuestro espacio mental. Es hora de despertar del sopor político, y de sumarse a la batalla. No sólo se atacan vuestras oportunidades educativas, también están hostigadas las oportunidades educativas de un montón de amigos y familiares vuestros pertenecientes a las capas bajas del estrato socio-económico. Es una batalla para salvar de la privatización el sistema de la Universidad del Estado de California. (…)  Nosotros, todos nosotros, que hacemos esfuerzos financieros para acudir a esta gran institución, tenemos que ponernos al frente de esta ola y participar para prevenir la privatización. Porque si se pierde esta batalla, seremos víctimas de la primera limpia en cuanto el yate granempresarial atraque en nuestro puerto.”

De Océano a Océano, todo está a disposición de las garras granempresariales: las cárceles de Arizona; las bibliotecas del Condad de Nevada, California; el zoológico del Condado de Milwaukee; los servicios de poda de árboles de Detroit; el aeropuerto internacional Louis Amstrong en Nueva Orléans; un albergue juvenil en Cabo Mayo, Nueva Jersey; una planta de tratamiento de residuos en el Condado de Marin, California. Los parquímetros de Chicago ya han sido privatizados.

Si las duras lecciones que nos ha proporcionado y nos sigue proporcionando la confianza ciega que nuestro país tiene en la capacidad de las grandes corporaciones empresariales para hallar un equilibrio entre beneficio codicioso y  bien público no consiguen disuadir a nuestras autoridades de poner por obra esos grotescos y necios planes consistentes en dejar al albur de la motivación del beneficio empresarial programas públicos esenciales, tal vez el ejemplo reciente de Indiana sirva a modo de epifanía.

En 2006, el gobernador de Indiana, Mitch Daniels, privatizó los servicios de bienestar del estado, cerrando un contrato de 1.340 millones de dólares con IBM. Se confiaba a una compañía informática experta en gigabytes y chips de memoria, la gestión de las cartillas de comida y de Medicaid, así como los pagos asistenciales a los hambrientos y a los pobres. Se liquidó el anterior sistema de Indiana, consistente en encuentros cara a cara con trabajadores asistenciales, que vino a ser substituido por centros de llamadas telefónicas con respuestas autómatas. Luego de que llegaran a oídos de los legisladores incontables historias de incumplimientos de prescripciones básicas para salvar vidas, de gentes con ingresos inferiores a los 100 dólares que no recibían sus cartillas de comida en los plazos legalmente obligatorios, de centros automatizados que no atendían al teléfono o que perdían las llamadas o de extravíos de documentos, y tras una acción popular ante tribunales, finalmente, el gobernador Daniels tuvo que echar a IBM el mes pasado.

¿Pero qué pasa con la gente que, entretanto, murió o fue gravemente perjudicada por ese horrible sistema de autómatas telefónicos? ¿No debería el gobernador Daniels admitirlo avergonzadamente, como Alan Greenspan en su día: “me equivoqué”? Afortunadamente, al menos al gobernador los votantes podrán pedirle alguna cuenta.

Pam Martens trabajó en Wall Street durante 21 años; no tiene intereses, ni a corto ni a largo plazo, en ninguna de las empresas mencionadas en este artículo, salvo los que el Tesoro norteamericano le ha impuesto sin su consentimiento, como al resto de sus compatriotas norteamericanos, con sus planes de rescate. Escribe regularmente sobre cuestiones de interés público desde New Hampshire.

Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón

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