Esta amenaza del “populismo radical” se equipara, a juicio del alto militar, con las que generan en la región el narcotráfico y el terrorismo, porque son las tres  “peores plagas” que afrontan varios de los países latinoamericanos. Los senadores son conscientes que ellas se deben combatir con “decisión y firmeza”, hasta acabarlas.  

    Para el general Hill, el “populismo radical”, junto con el narcoterrorismo que se registra en Colombia, las redes de extremistas islámicos y las pandillas criminales en Centroamérica, constituyen “la preocupación más seria en materia de seguridad en la región”.  

    Precisamente, el 15 de enero de 2003 la organización Human Rigths Watch (HRW) en su informe anual correspondiente a 2002, señaló como causa principal del aumento del populismo a la “debilidad de las democracias” porque “está abriendo el camino a alternativas demagógicas o regímenes populistas” y sobre el subcontinente se cierne una grave amenaza que “pone en riesgo los derechos humanos”.  

    Durante su intervención en el Panel del Senado estadounidense, que fue convocado para evaluar las amenazas de seguridad en América Latina, Hill hizo notar que por primera vez se señala al “populismo” con un elevado nivel de preocupación, aunque anteriormente se habían identificado también como amenazas a los terroristas islámicos y a las pandillas de asesinos a quienes la “vida del ser humano parece importarles muy poco”.  

    “El populismo como tal no es una amenaza, pero se convierte en ella cuando es radicalizado por un líder que usa su posición y se apoya en un sector de la población para diezmar gradualmente los derechos de los ciudadanos. Esto degrada la democracia”, señaló Hill.  

    Para la organización HEW, la fragilidad democrática, advertida durante el año 2002, ha “servido también para que el electorado de la región, al parecer, haya perdido confianza en la capacidad de sus gobiernos para enfrentar los desafíos actuales”, por lo que los mensajes populistas de algunos políticos “calan profundamente dentro de las gentes”, aunque posteriormente se decepcionan al comprobar que son “programas y promesas mentirosas e irreales”.  

    Según Hill, en algunos países de América Latina, se usa “el sentimiento antiestadounidense para reforzar la posición de los líderes radicales que lo que buscan es distraer la atención del público en vista de que no pueden cumplir con sus promesas de gobierno”.  

    En el sur del continente americano existen, al menos, cuatro países que tienen gobiernos presididos por políticos “populistas”. Tales los casos de Argentina, con Néstor Kirchner; Brasil, con Luiz Inácio Da Silva (“Lula”); Ecuador, con Lucio Gutiérrez, y Venezuela, con Hugo Chávez.  

    A excepción de Chávez, un ex coronel de paracaidistas que intentó dar y fracasó, un golpe de estado al entonces presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, por otra parte uno de los políticos más corruptos de su país y de América Latina, y que lleva unos cinco años como mandatario, los otros tres asumieron el poder el año pasado.  

    Así, “Lula” da Silva llegó a la presidencia el primero de enero; Gutiérrez, otro ex militar golpista, el día 15 del mismo mes, y Kirchner, el 26 de mayo. Este último perteneció, hace más de 20 años, al ala de izquierda extremista del peronismo e integró el grupo terrorista de los “Montoneros”.  

    En su exposición ante el Senado estadounidense, el jefe del Comando Sur mencionó el caso de Venezuela y dijo que “la sociedad seguirá altamente polarizada mientras el gobierno de Chávez continúe por el sendero del autoritarismo”, por lo que agregó que “eso es algo que nos preocupa y nos mantendremos vigilantes”.  

    Precisamente, el pasado 30 de marzo, Estados Unidos y Venezuela se acusaron mutuamente, durante una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, de “irresponsable e intervencionista”.  

    El enfrentamiento lo inició el embajador venezolano Jorge Velero, al afirmar ante el Consejo Permanente del organismo que el “gobierno de Estados Unidos hacía un esfuerzo sistemático dirigido a desestabilizar el país y provocar la salida del presidente, Hugo Chávez”.  

    El gobierno venezolano sostiene que el apoyo que el privado organismo Nacional Endowrnent for Democracy (NED) brinda a la oposición de su país para insistir en el proceso de convocatoria de un referendo que revoque la continuación en el poder de Chávez es “ilegal y viola la ley venezolana”.  

    Aunque el NED es un organismo privado, recibe fondos del Congreso de Estados Unidos y su finalidad es la de “promover la democracia en el mundo”.  

    Para el representante de Estados Unidos en la OEA, John Maisto, la actitud y las acusaciones venezolanas no sólo “son irresponsables y engañosas sino por momentos vulgares Son acusaciones hechas para distraer la atención de este Consejo y de la opinión pública de lo que realmente es importante en Venezuela: la necesidad de resolver el impasse político de una manera constitucional, democrática, pacífica y electoral. Es un crudo esfuerzo para volver esto un asunto bilateral”.  

    No obstante, el pasado 7 de abril, el Departamento norteamericano de Estado reconoció que su gobierno “apoya la democracia” en Venezuela y por ello financia a los grupos opositores a Chávez, porque lo que se desea es que “haya una adecuada solución a la crisis política que este país afronta desde hace varios años”.  

    Estos cuatro países además del populismo radical de sus presidentes, afrontan serios problemas además de la pobreza, con la corrupción, un fenómeno que también está contribuyendo en América Latina al deterioro de la situación política y social. Como bien lo señaló en su informe la HRW, la región “tampoco ha hecho progresos significativos para luchar contra ella (la corrupción), a pesar de ser el mayor factor de erosión de la confianza pública en el gobierno”.  

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