"Corrupción y torturas en cárceles cubanas".
Por el Dr. Darsi Ferrer Ramírez, preso de conciencia.

La Habana, Cuba. 12 de enero de 2010.

La comunidad internacional se horrorizó cuando se descubrió la aplicación de torturas en las cárceles de la base naval de Guantánamo y Abu Ghraib, hecho que concitó enérgicas condenas y el reclamo, aún vigente, al gobierno de los EEUU del cierre de Guantánamo. Sin embargo, prima la indiferencia en la opinión pública ante la bochornosa situación de las prisiones en Cuba, donde las condiciones de vida son deplorables y los presos sufren Torturas físicas y psicológicas de manera sistemática, bajo un régimen de trato cruel, inhumano y degradante.

Un botón de muestra de esa realidad es lo que sucede en la prisión Valle Grande, donde todas las compañías están superpobladas y muchos presos duermen en el suelo por falta de camas. Es tan marcado el hacinamiento que, para la media de 120 a 140 presos por compañías, el espacio vital per cápita resulta inferior al metro cuadrado, pues estas tienen una dimensión promedio de 35 metros de largo por 5 de ancho. Los reclusos conviven en literas de a tres camas. Las de arriba superan los dos metros del piso y, en no pocas ocasiones, las caídas desde esa altura provocan serios accidentes.

El calor dentro de las compañías es asfixiante, a consecuencia del que se desprende del metabolismo de tantas personas hacinadas, y por las altas temperaturas propias de la geografía tropical de la Isla. Los militares agravan dicha situación prohibiendo que los reclusos accedan a los bebederos de agua fría y el uso de cualquier tipo de equipos de ventilación o climatización. Empeora el cuadro el escaso suministro de agua, a penas de una hora dos o tres veces al día, y la insuficiente cantidad de pilas para su utilización, de dos a tres por compañía, además de uno o dos pedazos de mangueras que sirven como duchas. Esto hace que constituyan problemas sobreañadidos las necesidades de aseo y de lavar la ropa sucia. El baño sanitario no tiene inodoros y está habilitado con cuatro letrinas tipos turcos, desprovistos de privacidad y antihigiénicos.

Como todas las prisiones del país, Valle Grande es una unidad presupuestada, que el Estado le subsidia íntegramente todos los gastos de su funcionamiento. Se comenta en la prisión que el subsidio estatal alcanza la cifra de 12 millones de pesos al año. No obstante, la dinámica impuesta por los militares se basa en la extorsión de los reclusos y la explotación de su trabajo como mano de obra esclava.

Así lo evidencia que todas las actividades relacionadas con la alimentación diaria de la población penal, algo más de 2 mil reclusos, y los militares las realizan alrededor de 100 presos, entre el conjunto de cocineros, ayudantes, pantristas, fregadores, peladores de viandas y los que limpian los comedores, en turnos de 8 a 10 horas todos los días, y apenas diez de ellos reciben salario por esas faenas, que no llega a los 12 CUC al mes. Sucede parecido con los siete reclusos que laboran por 14 a 16 horas diarias en la panadería rústica de la prisión, donde el único que recibe remuneración económica es Pachi, el preso que hace la función de maestro panadero. Más de la mitad de los que trabajan en actividades de la agricultura, unos 30 reclusos, tampoco cobran sueldo alguno por su trabajo. La brigada de la construcción que cuenta con salarios para sus trabajadores es la que fabrica una comunidad en las afueras del penal destinada para los militares, de la que ya entregaron 18 casas terminadas el pasado diciembre. Los integrantes de la brigada que construye en el interior de la prisión no perciben ni un centavo. Decenas de presos ocupan empleos desempeñando actividades manuales y en trabajos de oficinas, la mayoría de ellos no es compensada por esos menesteres. Está el caso del recluso Carlos Herrera Blanco, quien trabajó en el departamento de contabilidad por unos meses y, como labora con profesionalismo, trató de introducir normas de fiscalización de las finanzas y le costó que lo cerraran en la compañía, bajo el pretexto de un posible intento de fuga.

Las autoridades carcelarias también aplican la modalidad de aprovecharse al máximo del deseo de los reclusos de salir unas horas del encierro en las compañías, y al privilegio de trabajar le condicionan que sobre los interesados recaiga la obligación de conseguir los recursos y herramientas necesarias por sus propios medios.

Ese es el caso de Chachi, el preso que primero tuvo que traer la turbina de su casa para poder trabajar como turbinero. La brigada de pintura que embellece la prisión se logró formar después de que el recluso Daniel Toledo Lasca aportara el compresor de aire para pintar con pistola de su propiedad, y junto a los presos Orlando García, el Papa y Junior compraran las tanquetas de pintura en la shopping. En el taller automotriz del departamento de logística, el recluso llamado Wendy es el dueño del motor y las mangueras con las que labora como fregador. El encargado de las áreas verdes del interior del penal, el recluso Braulio Ramírez Peña, compró una chapeadora mecánica y su familia lo provee de la gasolina que requiere para su funcionamiento. Uno de los presos que labora en el departamento audiovisual, Carlos Quintana Casteu, es el dueño de los equipos de sonido. Así mismo, los presos que trabajan como mecánicos, soldadores, electricistas, zapateros, informáticos, carpinteros, entre otras profesiones, son los que por gestiones y financiamientos privados consiguen los recursos imprescindibles para desarrollar sus faenas. Llegan al extremo los militares de planificar una visita familiar todos los meses, llamada del consejo, que se le otorgan a un promedio de quince presos por compañía, siempre que los beneficios asuman la responsabilidad de donarle a la prisión útiles electrodomésticos, como: interruptores, encendedores, lámparas, escobas, frazadas de piso, detergentes, lejías, etc.

Otra de las aberraciones que práctica el jefe de la prisión, teniente coronel Julio Perera Ferrer, consiste en violar deliberadamente el régimen establecido por la ley para los reclusos, de visita familiar de 2 horas cada 21 días y pabellón conyugal de 3 horas mensual, con uno de 12 horas trimestral. La fórmula que aplica es no beneficiar a los presos con los pabellones del régimen de 12 horas y solo autoriza la visita familiar una vez al mes. Su estrategia le permite subastar entre los reclusos que trabajan sin salarios, las capacidades sobrantes de visita y pabellones que obtienen de esa manera, lo que estimula la feroz competencia entre los presos y genera mayores rendimientos en el trabajo que realizan.

De vez en cuando se efectúan supervisiones a la prisión por parte de funcionarios de la dirección de Cárceles y Prisiones. El mecanismo que hay establecido para esos días es esconder, encerrándolos junto al resto de los presos en las compañías, a todos aquellos que trabajan sin percibir remuneración económica. Por regla general, los encomendados en inspeccionar no se interesan por lo que sucede en la prisión, sino que sus preocupaciones se enfocan en las prebendas y regalos que les obsequian los huésped durante sus visitas. Lo prueba el hecho de que en pocas ocasiones dedican tiempo para conversar con algún recluso, no entran en las compañías, ni se modifican las irregularidades habituales después de las inspecciones. Ese proceder perverso pone de manifiesto el generalizado desprecio que existe en el sistema penitenciario y gubernamental, por los convenios e instrumentos jurídicos internacionales y por la propia legislación vigente. La última visita a la prisión la realizó el ministro del interior Abelardo Colomé Ibarra, acompañado de una comitiva, el pasado 30 de diciembre. Su agenda incluyó la entrega de las nuevas casas construidas para los militares, además de disfrutar una suculenta comida al ritmo de un combo musical que amenizó la tarde y, como premio a la agradable estancia, al día siguiente envió de regalo un televisor de pantalla plana, que fue instalado en el oficial de guardia, para el entretenimiento de los militares.

La única actividad recreativa que disfrutan los presos es ver en la televisión los cuatro canales nacionales, no se les garantiza otra. La tenencia de radios, grabadoras o computadoras está prohibida. Tampoco se les facilita la práctica de deportes y lo que les permiten de sol es una hora al aire libre. Todo el otro tiempo permanecen encerrados en sus compañías. En la prisión hay un local habilitado como biblioteca, que cuenta con cientos de libros almacenados, y donde no se le brinda servicios de ningún tipo a los reclusos. Los militares el uso que le dan es tener la lista para mostrarla los días de inspecciones. Ni siquiera los presos tienen acceso a que se les distribuya la prensa nacional.

Aunque hay reclusos de muchas denominaciones religiosas, en la prisión está proscrita la libertad de cultos. Los militares no autorizan la entrada al penal de ningún líder religioso que desee brindar asistencia a sus feligreses. Tampoco existen locales preparados para que se reúnan los que profesan su fe religiosa y puedan celebrar cultos. De hecho, el pasado 16 de diciembre,  en víspera del día de San Lázaro, varios guardias se dieron a la tarea de personarse en cada una de las 18 compañías, y amenazaron con castigar en los calabozos a los presos que sorprendieran poniendo algún altar o exhibiendo estampas alegóricas para festejar el Santo.

Hace meses que las autoridades del penal decidieron implementar la medida de retirar el fluido eléctrico todos los días, en el horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Esta situación afecta a los reclusos debido a la escasa luz natural en el interior de las compañías, pero sobre todo perjudica los magnos servicios que se ofrecen en la institución, tales como la insuficiente atención estomatológica y la esterilización del instrumental médico y de enfermería con que se atiende a los enfermos. En cambio, es obligatorio dormir por las noches con las luces encendidas, lo que resulta bastante incómodo para el descanso nocturno de los reclusos.

El modo de vida diseñado para los presos conspira contra sus capacidades de sostenimiento de la salud, en ello influyen las condiciones infrahumanas de reclusión, así como los traumas psicológicos, vejámenes y daños corporales de los que son víctimas. En ese medio adverso, las frecuentes violaciones del derecho a la asistencia médica resulta una vergüenza, que en ocasiones responde a la implicación de actitudes criminales.

Todavía no encuentra consuelo la familia del joven recluso que amaneció ahorcado en la celda de castigo, el pasado 21 de septiembre, mientras el oficial Cristóbal no muestra ningún arrepentimiento y hace pocos días fue de los militares que se ganaron casa, seleccionados por sus ¨meritos¨ laborales. El joven era un enfermo psiquiátrico que pasó varios días en crisis exigiendo tratamiento médico, el mencionado oficial lo que decidió fue encerrarlo en una celda del penal y el enfermo terminó suicidándose con la sábana. La trágica historia de otro preso, Daniel San Miguel Rodríguez, comenzó el pasado 6 de junio, cuando tuvo un fuerte dolor abdominal que se hizo cada vez más irresistible, y se acompañó de vómitos sanguinolentos, fiebre elevada y un marcado deterioro del estado general. A mucha insistencia de los demás presos de su compañía, los guardias accedieron a llevarlo al puesto médico, donde le inyectaron calmantes. Dos días después lo sacaron en estado crítico de la prisión y murió al cabo de unas horas en el hospital Salvador Allende. Estos no son los únicos casos de muertes por responsabilidad directa de los militares o falta de atención médica adecuada, durante el 2008 perdieron la vida siete presos por ese tipo de circunstancias.

A ningún oficial o autoridad médica le preocupa recibir en la prisión a enajenados mentales condenados a privación de libertad de modo arbitrario, ya que las leyes vigentes en el país los exime de responsabilidad penal. Dichos enfermos son recluidos en las compañías en igualdad de condiciones con el resto de la población penal, y no les brindan tratamiento acorde a sus padecimientos. Esa es la situación que atraviesa Lucio Gálvez García, un preso de 58 años de edad, que se ve muy demacrado físicamente y destruido. El pasado 10 de diciembre un Tribunal lo sancionó a 9 años de prisión por robarse una cartera con 120 pesos cubanos (5 CUC). Se la pasa hablando solo de manera incoherente, caminando de un extremo a otro de la compañía o acostado en su cama, sin apenas bañarse ni alimentarse. Es poco creíble que resista uno o dos años de prisión. El recluso conocido como Barbita vive pidiendo cigarros a los demás, cuando le preguntan por qué lo metieron preso responde que está cumpliendo una misión secreta del Comandante. Resulta absurdo considerar que él pueda tener conciencia de sus actos. Para Lázaro Silvino Fábrega Sandoval lo peor de su reclusión consiste en lidiar con la nube negra que le comprime el cerebro y lo pone agresivo con frecuencia. Tampoco ellos son los únicos que cumplen condenas en la prisión, en vez de ser recluidos en instituciones médicas especializadas. Hasta ahora, ninguna de esas personas dispone de seguimiento regular por los psiquiatras, ni los presentan ante comisiones multidisciplinarias que emitan un diagnóstico sobre su estado mental.

Hay 14 reclusos con diagnóstico de VIH-SIDA en la prisión y otro grupo en espera del resultado de los análisis confirmatorios. Ninguno cuenta con las condiciones ni el tratamiento adecuado para contrarrestar los efectos de su enfermedad, que requieren de una dieta especial, cierta tranquilidad psicológica, del seguimiento por especialistas en consultas periódicas y la administración de retro virales cuando sean indicados. Tampoco las autoridades carcelarias adoptan medidas epidemiológicas que eviten la propagación del virus, varios casos se han infestado dentro del penal a consecuencia de practicar relaciones sexuales con otros presos sin protección y hubo uno que se auto inoculó sangre infestada. Hace un par de meses el Teniente coronel Julio ordenó que seis de esos enfermos con SIDA, algunos con tuberculosis y otras patologías asociadas, convivieran en la compañía # 12, sin importarle para nada el riesgo al que expuso a los demás reclusos sanos. También es frecuente cuando se descompensan de la salud, que los ingresen en el puesto médico junto a los demás enfermos del penal.

Los calabozos de castigo son los locales destinados para la reclusión de los presos que debutan con alguna enfermedad contagiosa. En el penal constantemente surgen brotes de enfermedades respiratorias, cuadros diarreicos, poli parasitismo y muchas otras patologías infecciosas. La alta incidencia de esas enfermedades se debe a la confluencia de diversos factores, como el hacinamiento; la escasa ventilación en las compañías y extrema humedad; pésima calidad del agua, frecuentemente contaminada con agentes patógenos; crítica situación higiénico-sanitaria, que provoca la proliferación de una alarmante cantidad de vectores, entre ellos, las ratas, moscas y mosquitos. Son muy pocas las medidas que se implementan para atenuar esas condiciones desfavorables a la salud de los presos.

Muchos reclusos presentan patologías carenciales, del tipo de las poli neuropatías, y otros padecimientos por enfermedades oportunistas que responden, en gran medida, a la mala alimentación que proporciona la cárcel. La comida se elabora sin el más mínimo apego a las normas higienicodietéticas, es insuficiente en cantidad y pésima en cálida. Durante el mes sólo ofertan un pedacito de pollo cada quince días, un huevo frito o hervido en dos ocasiones, y todo el otro tiempo el plato fuerte consiste en una ración de picadillo de soya en almuerzo y comida, el que generalmente es servido ácido y con fetidez, en pleno proceso de descomposición. Las especies y el aceite brillan por su ausencia.

Todas las estructuras del estamento militar están corrompidas por el manto de las ilegalidades. Pocos militares ejercitan sus profesiones con la finalidad de preservar las leyes y garantizar el aseguramiento de las personas privadas de libertad bajo su custodia. Mucho menos contribuyen en la reeducación de estas para su posterior reinserción en la sociedad.

El reglamento del sistema penitenciario es un disfraz que cubre las formalidades. En realidad lo que funciona en el orden interno son los mecanismos de corrupción impuestos por los militares. Parte de los beneficios que le corresponde a los presos por régimen tienen precios por debajo de la mesa. Hay reclusos que pagan 60 CUC porque los trasladen de las compañías para las barracas, que tienen menos rigor disciplinario. Algunos guardias cobran 20 CUC por conseguir pabellones conyugales de 12 horas. Las visitas familiares se resuelven a 10 CUC. Del mismo modo, varios tipos de empleos para los reclusos también tienen tarifas. En las compañías el contrabando de ron, los vinos que se fermentan escondidos y de pastillas psicotrópicas, casi siempre tiene involucrada la mano de los guardias. El trasiego de homosexuales, que los guardias los llevan por las noches a otras compañías para que pasen algunas horas con sus parejas, se paga a 6 cajas de cigarros criollos. Cuesta 2 cajas de cigarros salir a otra compañía a llamar por teléfono.

Otra de las tácticas ilegales que utilizan los militares es imponer un llamado consejo de disciplina por destacamento, que se conforma con los presos más guapos e inmorales del colectivo de reclusos. Ese grupo de abusadores autorizados complementa el manejo de las actividades sucias de los guardias, y les realizan su trabajo mediante el método de las ofensas y maltratos a los demás presos.

El oficial reeducador Luis Felipe Betancourt Cabrera, designo meses atrás como jefe de disciplina de la compañía # 13 al recluso Alexis Castillo, un presidiario que ha pasado más de 20 años en las cárceles. Ahora, está sancionado a otros 15 años de privación de libertad y debe otra causa, donde se le acusa de intento de asesinato. La decisión de elegirlo se debió a los sobornos que le regaló al militar, entre los que destaca un buen reloj de pulsera de marca Invicta, que exhibe en su muñeca. Ante nuevas ofertas más llamativas, hace unas semanas el reeducador eliminó a Alexis y puso en su lugar al recluso Alejandro González Benítez, este posee más recursos y ya le costeó la chapistería y pintura de su automóvil particular, además, le compró un celular y corre con los gastos de las tarjetas de llamadas que se expenden a 10 CUC. Como compensación por sus aportes monetarios, Luis Felipe lo ha sacado a la casa en días que el control no es tan férreo en la prisión, violando lo establecido en el Reglamento. Alejandro lleva un año esperando juicio acusado de varios delitos, en calidad de prisión preventiva, y ese régimen no contempla la salida a la casa dentro de los beneficios. El jefe de la prisión, Julio Perera Ferrer, le otorgó una visita familiar de estímulo al recluso Luis García, el herrero que le hizo varias rejas metálicas, usando materiales de la unidad. Después de terminadas las trasladó en uno de sus camiones de la logística, y llevó a cuatro presos (El Yimi, Luis el grande, Fefo y el menor) para que le realizaran el trabajo de montarlas en casa de su querida en Lawton y en su casa principal, en la zona Micro 10 de Alamar. Siempre el Teniente coronel tuvo la precaución de sacar a los cuatro reclusos de la prisión vestidos de civil.

El guardia conocido como Feria se caracteriza por dos cualidades, una la de pedir a determinados reclusos cigarros, comida y cualquier otra cosa que se le ocurra, lo otro es ofender a los presos en las compañías y, casi siempre, cierra sus diatribas con la misma frase despótica: ¨ustedes no son familia mía¨. El suboficial Leoncio Machado Gamboa es notable por sus maltratos a los presos y las constantes provocaciones, en busca de tomar represalias con los que le protesten. Pero su fama está más relacionada con su frecuente estado de embriaguez dentro de la prisión, y se comenta que se dedica a entrar parte del ron que se comercia clandestinamente. ¨Al próximo que coja fumando le voy a caer a galletazos¨, fue la amenaza que utilizó por estos días el teniente Luis Martínez Sánchez, cuando vio a un recluso con un cigarro en la formación durante el recuento. Este militar acostumbra a ultrajar la dignidad de los presos, como si fuera una actividad normal dentro del contenido de su trabajo. El guardia Orniel fue sorprendido por oficiales de la inteligencia (D.T.I) mientras se robaba parte de la comida sobrante en el comedor. Días después, se vanagloriaba delante de varios presos de que a ellos, los militares, nunca les sucede nada, y que, por supuesto, no habían tomado ninguna medida disciplinaria en su contra. Su expresión encierra una gran verdad, en la práctica los militares gozan de inmunidad para cometer delitos.

Hace meses se publicó en la Internet y en algunos periódicos como El Nuevo Herald, el artículo ¨Interioridades de la prisión Valle Grande¨, que denuncia parte de las ilegalidades que suceden en la institución carcelaria. A los pocos días se presentó en la prisión una comisión del departamento nacional de la Seguridad del Estado, investigaron los hechos y pudieron confirmar la veracidad de los argumentos expuestos. Al final, no castigaron a ninguno de los militares implicados en los flagrantes delitos. Siguen los maltratos a los presos, la caótica situación con la comida, la corrupción y las constantes violaciones del Reglamento. Quizás, como resumen, la investigación concluyó aconsejando a sus compañeros ser un poquito más cuidadosos en sus deleznables acciones.

Esta panorámica descrita demuestra las verdaderas razones por las que el gobierno cubano se niega reiteradamente a ser supervisado por las instituciones internacionales especializadas en la materia. La prisión de la base naval de Guantánamo es la única que, en todo el territorio nacional, está abierta al escrutinio público y se somete a inspecciones periódicas, además de permitir la entrada a los profesionales de la prensa que emiten testimonio de lo que allí sucede. Igual a los fundamentalistas islámicos acusados de terrorismo, la población penal de Cuba también está constituida por personas con dignidad y derechos, que deberían preocuparles a la opinión pública. Es hora de acabar la indiferencia ante la humillante situación de los presos cubanos.            

Dr. Darsi Ferrer Ramírez, preso de conciencia.