Nos estamos equivocando en Honduras (y mucho más)

Pocos medios en España han hecho en este tiempo el más mínimo intento por sacar a la luz la realidad de lo acontecido en Honduras, con la excepción del diario La Vanguardia, y del excelente artículo de Juan Luís Calbarro publicado el 23 de agosto de 2009 en Periodista Digital, bajo el título de “Honduras en la encrucijada”. Dicho artículo recogía en sí la mayoría de las claves para entender que la Comunidad Internacional (y especialmente el gobierno español) se estaban equivocando dramáticamente en su defensa del legalmente depuesto Presidente Manuel Zelaya.

La justificación de las autoridades hondureñas para deponer al Jefe del Estado fue la violación por parte del Presidente Zelaya de la explícita prohibición legal de organizar un referéndum para la re-elección presidencial; algo que en base a la ley hondureña supone la automática y fulminante inhabilitación para seguir desempeñando su cargo del funcionario que la proponga (en este caso el Presidente de la República). Desde esta perspectiva legal (que era y es la vigente en Honduras), Zelaya se suicidó institucionalmente. Él mismo se depuso al violar una legislación tan clara y exigente. La respuesta del ordenamiento legal hondureño fue inmediata: el Presidente fue depuesto de su cargo y potestades, y arrestado; todo ello LEGALMENTE, tal y como respaldaron el pleno del Parlamento hondureño (incluyendo los votos de los partidarios de Zelaya), y el Tribunal Supremo (fue este el que dio la orden a los militares para arrestar a Zelaya). En base a la ley hondureña, y habiendo cesado el Presidente en su cargo, el funcionario inmediatamente próximo para ocupar la Jefatura del Estado (al igual que en otros muchos ordenamientos jurídicos internacionales) no era otro que el Presidente del Parlamento, en este caso Roberto Micheletti. Su nombramiento como Presidente interino (hasta la convocatoria de nuevas elecciones) fue votado por mayoría absoluta por los parlamentarios hondureños, a mano alzada. El propio Micheletti dejó muy claro desde el primer momento que ostentaría el poder de modo transitorio hasta que fuese elegido el nuevo Presidente de la República.

Así las cosas, el escenario no parece responder al clásico “golpe de Estado” militar en el que los uniformados se saltan la legislación vigente, derrocan a un gobierno legítimo e instauran un régimen nacido de un acto puramente ilegal. Los hechos, tal y como se desarrollaron en Honduras nos muestran una situación bien distinta. Entonces, haríamos bien en plantearnos varias preguntas: ¿Por qué llevó a cabo Zelaya una acción que sabía equivalía al suicidio político? ¿Quién es en realidad Manuel Zelaya? ¿A qué intereses políticos regionales beneficia? ¿Por qué se apresuró la comunidad internacional a calificar el caso hondureño como “golpe de Estado”? ¿Por qué una condena internacional tan unánime? ¿Cuáles son los intereses detrás del contundente posicionamiento del gobierno español en el campo pro-Zelayista? ¿Cuál debe ser la posición política de España de cara a buscar una salida a la coyuntura actual?

A estas alturas, queda claro que Manuel Zelaya (al que le quedaba poco menos de un año en el cargo) decidió seguir adelante con su ilegal referéndum para extender su mandato por la simple razón de que el propio Zelaya (contando con el respaldo absoluto de Hugo Chávez) estaba seguro de que el Estado hondureño no se atrevería a enfrentársele directamente. Pero Zelaya se equivocó: el ordenamiento político y legal hondureño funcionó tal y como establece la ley, precisamente para preservarse a sí mismo y no ser desmantelado por una dictadura al estilo de la de Hugo Chávez en Venezuela. Zelaya continuó desafiante en su empeño hasta que el Tribunal Supremo ordenó al Ejército su detención. Obviamente, el Supremo de Honduras habría hecho mejor con encargar la detención del ex-Jefe del Estado a la Policía Nacional en lugar de al Ejército. Y obviamente, lo correcto habría sido juzgarlo y condenarlo en Honduras, y no expulsarlo del país, de prisa y corriendo, dando lugar a interpretaciones de todo tipo y a críticas del todo lógicas dada la confusión del primer momento. La maquinaria chavista hizo un uso magistral y meticuloso de la desinformación mediática a escala mundial, asegurándose de que la versión transmitida al mundo fuese la de la “ilegal deposición de Zelaya”.

Quizás es también interesante clarificar que el propio Manuel Zelaya no es un líder progresista preocupado por los pobres y los hambrientos de su país, como él mismo pretendió fingir tras un giro de travestismo político que denota un populismo chavista incompatible con la democracia liberal. Zelaya es además representante de la oligarquía terrateniente hondureña más reaccionaria; baste recordar que su propio padre fue condenado en 1975 por organizar la matanza de Los Horcones, el rancho en el que quince campesinos, religiosos y estudiantes fueron asesinados, en un caso claro de confrontación entre activistas sociales y terratenientes oligárquicos. El padre de Manuel Zelaya fue amnistiado en 1980 y dejó de cumplir su condena de 20 años en prisión. Además, el propio Presidente Zelaya llegó a la presidencia de Honduras al frente de una plataforma política conservadora, para derivar en la segunda mitad de su mandato hacia un populismo de izquierdas totalmente al servicio de los intereses expansivos de un Hugo Chávez empeñado en controlar las dinámicas políticas en Sudamérica. El pacto entre Zelaya y Chávez suponía la perpetuación del primero como Presidente de Honduras, a cambio de hacer de este país otro de los satélites bolivarianos al servicio de Caracas. Los intereses de Zelaya, y a los que Zelaya servía estaban pues claros, y eran incompatibles con los parámetros políticos y legales de la democracia en Honduras.

La Comunidad Internacional mostró un rechazo claro inicial a lo que se presentó como “golpe de Estado” en Tegucigalpa porque esa fue la única hipótesis que se ofreció al mundo, como parte de la estrategia chavista (vergonzosamente apoyada por el gobierno español) para impedir las muestras de apoyo al sistema constitucional hondureño. La administración Obama se vio obligada a mostrar su rechazo inicial al “golpe de Estado” porque el no haberlo hecho habría dado una nueva baza a Caracas en su pulso populista por desacreditar a Washington en Sudamérica y en la escena internacional. La estrategia de Hugo Chávez estuvo muy bien orquestada y ejecutada en las organizaciones internacionales pertinentes (ONU y OEA), y fue apoyada decisivamente por gobiernos pro-chavistas como el de Zapatero en lugares clave del globo. Washington, sin embargo, supo muy bien reconducir posteriormente su condena inicial para reconocer más tarde la elección democrática de Porfirio Lobo en noviembre de 2009, hiriendo así de muerte la estrategia de Hugo Chávez que aun apoyan Zapatero y Moratinos.

El propio Zapatero ha sido hasta hoy el principal servidor de Hugo Chávez en Europa, promoviendo dentro de la UE el aislamiento diplomático del régimen constitucional hondureño, y aportando a la estrategia chavista un apoyo esencial en Bruselas y Madrid. La perspectiva de Zapatero presidiendo la UE en la primera mitad de 2010 aportó en 2009 a Hugo Chávez el mejor regalo posible a este lado del Atlántico. Pero ¿por qué esa afinidad del gobierno español al proyecto político de Chávez en Sudamérica? La respuesta solo puede encontrarse en un cocktail de elementos difíciles de medir, en el que se compaginan la fascinación de Zapatero por los regímenes populistas de izquierda, la falta de política exterior coherente en España, la ausencia en nuestro país de intereses nacionales definidos a largo plazo, y el interés desmedido en proteger los intereses económicos de las petroleras españolas en Venezuela. A todo ello podría añadírsele la total falta de escrúpulos de un gobierno que se las da de progresista pero que no duda en aliarse con regímenes dictatoriales, y la ausencia total de una opinión pública en España que haga pagar al gobierno en Madrid sus desmanes en política exterior, incluso a pesar del obvio apoyo de Chávez a grupos terroristas como ETA y las FARC.

Obviamente, para Zapatero fue muy fácil empujar a la gente a enarbolar el “Guerra No” en 2004, pero la película es muy distinta cuando es la ciudadanía la que tiene que movilizarse para responder a un (des)gobierno que se alía con regímenes dictatoriales como los de Obiang, Gadafi, Castro, Chávez, o Mohamed VI (incluso aunque Rabat muestre públicamente su más absoluto desprecio por la integridad territorial española, reclamando Ceuta y Melilla una y otra vez ante la falta total de respuesta contundente por parte del gobierno Zapatero, que se niega a aceptar que Rabat va a lo suyo y que no es un vecino en el que se pueda confiar).

Para enderezar ahora esta situación con respecto a la Política Exterior española y el tema de Honduras, el Congreso de los Diputados debería reconducir la condena inicial de lo que se presentó como “golpe de Estado” (comprensible en la argumentación dada al público internacional en junio de 2009 pero inaguantable a día de hoy), para exigir al gobierno español que asuma el papel que debe demandarse de nuestro país en una región tan importante como Sudamérica y que asuma la realidad democrática sobre el terreno, dejando de servir a los intereses chavistas, para apoyar la democracia constitucional en Honduras. Tanto más cuando Porfirio Lobo ganó las elecciones presidenciales del 29 de noviembre de 2009 en Honduras con más del 56% de los votos y con el aval democrático de la Comunidad Internacional. Su llegada a la Presidencia de Honduras se llevó a cabo en base a los parámetros legales vigentes en el país y a los estándares democráticos internacionales, tras un traspaso de poderes impecable por parte del Presidente interino Roberto Micheletti. El gobierno español debería pues refrenarse de manifestaciones de apoyo al legalmente depuesto Presidente Zelaya, para restablecer los contactos directos con la legítima jerarquía hondureña en el poder, encabezada por el Presidente democráticamente elegido, Porfirio Lobo. El hecho de que no se haya invitado al Presidente Lobo a la cumbre UE-América Latina del 18 de mayo en España es simplemente inaceptable, como ya han denunciado otros líderes regionales, y muestra que nuestra política en América Latina está escandalosamente supeditada a la agenda expansionista de Hugo Chávez.

Si Zapatero aun alberga dudas sobre la legalidad democrática en Tegucigalpa, por difícil de explicar que esto sea, el gobierno español debería propiciar la creación de una comisión parlamentaria de análisis de la situación en Honduras, con el objetivo de visitar el país, hablar con las autoridades constitucionalmente legítimas, estudiar la situación sobre el terreno, y aportar al gobierno el asesoramiento necesario para desarrollar una politica española coherente con la defensa de la democracia, los Derechos Humanos y los intereses españoles; esos que en la actualidad están siendo sometidos a los de las multinacionales petroleras y a los acuerdos oscuros con el régimen violador de los Derechos Humanos encabezado por Hugo Chávez: él sí un líder de verdadero pasado golpista al que la elite socialista española no tiene reparos en abrazar y agasajar.

Demasiadas incoherencias en la politica española hacia América Latina, demasiadas contradicciones en la política de comunicación del gobierno con el pueblo español, y demasiadas discordancias en la débil defensa de la democracia y los Derechos Humanos por parte de nuestro (des)gobierno en América Latina. Todo ello, un bagaje del todo vergonzoso para la administración Zapatero (ya cadáver en términos políticos) que ha llevado a cabo hasta ahora la acción exterior más penosa de la historia democrática de España, especialmente de cara a América Latina: una región tan importante para nuestro país en multitud de ámbitos.

Como prueba del incuestionable derrumbe de nuestra acción exterior, Lluís Bassets escribía hace unos días en su artículo “Naufragio en vez de sueño” (publicado en EL PAÍS) que “la presidencia española de la Unión Europea ha pasado finalmente a mejor vida. No hace falta esperar a que termine el semestre. Se acabó”. Y el segundo Presidente de los EE.UU., John Adams (1735—1826), dejó escrito que “la Democracia nunca dura mucho tiempo, ya que tiende pronto a gastarse, agotarse y asesinarse a sí misma. No ha existido nunca una Democracia que no se haya suicidado”. Innegablemente una de las maneras de contribuir al sometimiento de la Democracia en España es el de afiliarse internacionalmente con dictaduras y regímenes violadores de los Derechos Humanos como los antes mencionados. Nos toca ahora a los ciudadanos (precisamente en un momento como el actual en que la Historia nos llama a rescatar nuestra Democracia de los malos gobernantes, los ideólogos y los demagogos que nos han llevado al punto de crisis en el que nos hayamos) exigir que se corrija nuestra acción exterior para poder al mismo tiempo aspirar a una reparación completa de nuestra Democracia y nuestra vida política. Sin duda vale la pena aunar esfuerzos en esa dirección. España se lo merece.