El reto no es nuevo y viene trayendo de cabeza a los dirigentes chinos en los últimos años. La apertura económica bendecida por Deng Xiaoping en los años  ochenta y desarrollada con entusiasmo por su sucesor, Jiang Zemin, ha llevado a China a disputar con Japón el segundo puesto en la economía mundial. En plena crisis global, que ha sacudido con fuerza en todo el orbe, China sigue registrando crecimientos anuales superiores al 10%.

Pero esta vorágine industrializadora tiene sus costes y ha generado nuevos fenómenos de explotación y propiciado un incremento de la desigualdad y de las protestas sociales igualmente exponencial.

Años ha que los nuevos dirigentes chinos, conocidos como la Cuarta Generación (tras Mao, Deng y el propio Jiang) dirigen sus preocupadas miradas a la sima socio-económica que, en forma de una diagonal que cruza China de este a oeste, se acrecienta sin cesar y tiene ya sus réplicas en el interior de las megaciudades del gigante asiático.

Hu Jintao, quien presidirá el país más poblado del mundo hasta 2012, ha hecho de la «armonía social» su bandera. Un concepto que rescata el legado filosófico-moral de su emblema nacional, Confucio, adecuándolo a la realidad de la mayor economía emergente de la actualidad y poniéndolo al servicio del ideal igualitario del fundador de la República Popular, Mao Zedong. Un ideal al que, siquiera de forma oficial, se deben los actuales dirigentes chinos, cada vez más conscientes de que el futuro del Partido Comunista como fuerza hegemónica puede depender del desenlace de esa batalla. La fosa entre la China rural y la urbana está teniendo su correlato con la generación de un ejército laboral de reserva de cientos de millones de campesinos que dejan sus casas y acuden a las ciudades.

Las estadísticas calculan que unos 230 millones de personas han emigrado huyendo de la economía de subsistencia del campo y respondiendo a la constante demanda de mano de obra de la pujante economía china.

La gran mayoría de ellos ni siquiera puede soñar con contar con las condiciones de trabajo y las prestaciones sociales que sí disfruta, en mayor o en menor medida, la clase obrera tradicional. Al contrario, siguen siendo considerados población «nómada» o «flotante» y disponen de una menor protección social que les hace más vulnerables a la extorsión y a la arbitrariedad de empresarios y funcionarios corruptos.

Para entender esta situación hay que remontarse al triunfo de la revolución maoísta, que instauró un sistema de registro (hukou) para fijar la población a su lugar de origen e impedir los fenómenos migratorios internos. Esta prohibición general rigió hasta 1978, cuando el sistema fue flexibilizado para permitir que las fábricas que florecieron tras la implantación de las reformas económicas pudieran contar con mano de obra. El problema es que, pese a la flexibilización, todavía es necesaria una autorización administrativa para cambiar el hukou rural por uno urbano y ni siquiera los permisos temporales de residencia solucionan el problema pues no llevan aparejada una igualación en las prestaciones sociales (educación, sanidad) a percibir.

El drama se agrava para los inmigrantes internos que carecen de todo tipo de papeles y que sufren un proceso de exclusión social combinado con unas condiciones laborales rayanas incluso con la esclavitud.

El problema ha adquirido tal dimensión que el «documento número uno» del Gobierno chino para el año recién iniciado apela a una reforma del hukou. Más aún, en vísperas de que arranque hoy el plenario anual de la Asamblea Nacional Popular (Parlamento), trece diarios oficiales han publicado esta misma semana un editorial conjunto a favor de la abolición del hukou.

Población, alimento y movilidad

Esta cuestión, y en general la preocupación por las crecientes distorsiones y protestas sociales en China, estará en los debates de la Cámara, que se ha marcado como prioridad el reajuste del actual modelo de desarrollo.

El reto no es pequeño. Y es que no se puede obviar que la cuestión de la migración del campo a la ciudad en China tiene unas derivadas que sus dirigentes chinos no pueden zanjar de un plumazo, tal y como acostumbra hacer tanto crítico occidental.

Mao fijó la población campesina a la tierra y forzó, bien es cierto que por la fuerza y a costa de grandes sudores, a que fuera precisamente la China rural la que permitiera la primera acumulación de capital sin la que hubiera sido totalmente imposible, a partir de los ochenta, el nuevo «salto adelante».

Además, el control migratorio ha impedido que se repitiera en China el fenómeno del chabolismo que tan funestas consecuencias ha tenido en otros países emergentes (el caso de Brasil es paradigmático) e incluso industrializados y, lo que es tan o más importante, ha impedido que el campo se vacíe. No hay que olvidar que la subsistencia alimentaria, en un país de 1.200 millones de habitantes y con la escasez de tierra cultivable que sufre, es uno de los grandes milagros de la nueva China.

Quizás haya que reformar o incluso derogar el hukou. Pero todo indica que el verdadero reto de China es mejorar la situación en el campo, donde aún vive la mayoría de la población, y donde, además de brillar por su ausencia las prestaciones sociales, la gente gana tres veces menos que en la ciudad.

¿Volverá China la mirada al campo 35 años después de la muerte de Mao, quien lideró la revolución en nombre del campesinado?