Votar o proponer hoy el 82 por ciento móvil para las jubilaciones es promover el regreso de las AFJP. Muchos pueden sentirse ofendidos con esa hipótesis, porque históricamente batallaron en espacios públicos áridos por mejorar las condiciones materiales de los jubilados. A otros directamente les resultará indiferente porque saben que esa iniciativa sólo es una oportuna estrategia política electoral jugando con las expectativas del sector pasivo. Unos y otros, con obvias intenciones diferentes, saben que aprobar un proyecto de ley que dispone el 82 por ciento móvil sin financiamiento de mediano plazo, además de no considerar las condiciones presentes y futuras del sistema previsional, terminará provocando el desquicio del régimen público. Este recién se está recuperando del negocio del siglo de bancos y compañías de seguros con las AFJP. El paso siguiente no es muy difícil de adivinar: si se implementara ese 82 por ciento, pasados unos pocos años, con un Estado que no puede cumplir con esa obligación, se impondría el discurso sobre la necesidad de privatizar el régimen previsional. Además del regreso de las AFJP, no hay que ser muy perspicaz para prever que la corriente conservadora, con el respaldo del FMI, impulsará imitar la actual reforma europea: subir la edad jubilatoria de los trabajadores para cerrar la brecha de financiamiento provocada. Así actúan los representantes del neoliberalismo doméstico siempre inquietos para ofrecer negocios fáciles a grandes grupos privados locales y multinacionales. No caer en esa trampa es una exigencia imprescindible en estos tiempos para defender a sectores vulnerables de la población.
Un antecedente cercano de un proceso similar se encuentra en la década del ochenta. En esos años una gran parte de la población se quejaba del servicio telefónico porque no conseguía líneas o de la deficiente prestación eléctrica o de gas. Ese pedido no demandaba la privatización de las empresas públicas. Buscaba recibir un servicio público adecuado. Para ello se necesitaba un plan de inversiones y generar un consenso social para fortalecer la participación del Estado en la economía. Sin embargo, sobre la legítima exigencia de la población prevaleció el discurso conservador de entregar esas empresas a negocios privados, con la inestimable colaboración de previas políticas deliberadas de vaciamiento patrimonial de las compañías estatales. Así se terminó generando una corriente favorable para la liquidación de activos públicos. Las consecuencias de esa política las padecieron finalmente los mismos usuarios que reclamaban un mejor servicio y que, inicialmente, no pedían la privatización, aunque luego la consintieron. En un primer momento sintieron alivio con esas ventas para después padecerlas al tener que pagar tarifas muy elevadas y verificar en la práctica las inversiones mezquinas que realizaron los grupos privados para mejorar y expandir el servicio.
El 82 por ciento móvil fue una bandera de resistencia, con escasa y nula recepción de esa demanda por los partidos tradicionales, en períodos donde los jubilados eran la variable de ajuste. Fue convocante de movilizaciones de organización sociales ante la emergencia previsional de mediados de la década del ochenta, el congelamiento de los haberes, el negocio de las AFJP y la elevación de la edad para jubilarse durante los noventa y el recorte del 13 por ciento de los haberes a comienzos de este siglo. Todas medidas que arrollaron con derechos de jubilados. Desde hace unos años, la situación es diferente, en un proceso de reparación y recuperación del sistema previsional público, que aún requiere su ampliación con el debate para una reforma profunda que brinde respuesta a la actual y futura perspectiva laboral y estructura poblacional. El 82 por ciento no interpela en ese sentido, sino que por el contrario puede terminar abriendo las puertas para el regreso de las AFJP.
Según el estudio de un investigador del conicet
Los sectores de mayores ingresos serán los principales beneficiados
El 82% móvil implica 18 mil millones de pesos para subir las jubilaciones mínimas. Unos 40 mil millones irían a los haberes más altos.
El debate en torno al 82% móvil que trató anoche el Senado se centró en las últimas semanas en una falsa premisa. Así lo consideró el doctor en Economía de la Escuela de Altos Estudios de París e investigador del CONICET, Demian Panigo. “El artículo 1º apunta a aumentar la (jubilación) mínima, lo que es un caballo de Troya para este proyecto, porque por la difusión mediática pareciera que lo único que hace esta ley es aumentar la mínima y hay que remarcar que eso es una mentira”, explicó el investigador en declaraciones a Radio Nacional.
Panigo señaló: “Vemos con cierto estupor que el debate se centre en si hay o no hay plata para pagar la ley mal llamada de 82% móvil porque en verdad su objetivo principal es aumentar las jubilaciones más elevadas.” El economista explicó que el proyecto “no sólo no prevé ningún recurso que pueda solventar esos costos”, sino que además aumenta la desigualdad, “porque suben mucho más las jubilaciones elevadas que las mínimas”.
“Se ha construido un discurso falso, mediático, diciendo que esta ley es para aumentar la mínima, cuando sólo el primer artículo habla de ello e involucra solamente 18 mil millones de pesos para eso, que es una cifra importante, pero es la parte minoritaria de lo que se prevé gastar en el proyecto.” Panigo advirtió que los artículos 5, 6, 7 y 12 estiman erogaciones por 40 mil millones de pesos que “van a ir a los sectores de mayores ingresos”.
“Estos artículos –indicó el especialista– generalizan fallos de la Corte que ya dieron incrementos de jubilaciones que pasaron de 4 mil a 30 mil pesos con retroactivos que en algunos casos superaron los 2 millones de pesos. Estas son cifras inconcebibles en un sistema de reparto solidario”. En ese sentido, advirtió que “es inaceptable que se permita que haya una ley que legitime que un jubilado de una clase social más acomodada valga en términos de lo que tiene que pagarl el Estado, 30 veces más que un jubilado de las clases populares”.
El análisis de Panigo demuestra además que no sólo aumenta la desigualdad (crecería 15%) sino que tiene sobre la pobreza un impacto prácticamente nulo y bajaría apenas poco más de un punto porcentual. Asimismo, advirtió que “cerca del 60% de estos recursos van a estar destinados a la Capital Federal, el primer cordón del Conurbano bonaerense, Córdoba y Santa Fe, los distritos más ricos por lo que este proyecto no tiene un espíritu federal”.
Finalmente, Panigo puso el acento sobre el doble discurso de la oposición al señalar que el artículo 12 del proyecto “obliga al Estado a malvender sus activos, porque dice que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se formó con los activos renacionalizados del sistema de AFJP, no podrá exceder el equivalente al pago de un año de haberes previsionales, que son unos 90 mil millones de pesos”. “Hoy el Fondo de Garantía vale 150 mil millones, o sea que obligan al Estado a vender 60 mil millones de pesos en acciones de un día para el otro y en estas condiciones de venta sólo obtendría entre 20 mil y 30 mil millones. Los beneficiados serían los bancos y grandes inversores que por poca plata van a comprar activos que en verdad valen mucho más”, juzgó. Y advirtió: “Hay en esto una gran asimetría con lo que se pide al Estado en el artículo 12 y lo que se deja que pase con el artículo 161 de la Ley de Medios, que la justicia frenó en su aplicación (para el Grupo Clarín), porque dicen que un año es muy poco tiempo para que aquellos que tienen más licencias que las permitidas se desprendan de ellas porque estarían malvendiendo esos activos.”
Tema anterior
Por Alfredo Zaiat
Primer 
