"Esto es un despelote". Con esa expresión, palabras más palabras menos, responde cada uno de la nueva camada de directores de entidades del Estado cuando se les pregunta cómo encontraron las dependencias a su cargo. Aunque, en aras de la precisión, decir "despelote" es poco ante la catarata y el tamaño de los escándalos que han brotado en el último mes y las ollas podridas que se han destapado por doquier.

Al contrario de lo que se podría esperar de un gobierno como el de Álvaro Uribe, que salió con una aprobación de 80 por ciento en las encuestas, los hechos recientes indican que dejó la casa en un alto grado de desorden. Y la gran paradoja es que en un gobierno, en teoría, uribista es que han sacado todos los trapitos al sol.

Un día antes de asumir el poder, el entonces presidente electo, Juan Manuel Santos, le dijo a Uribe y a su gabinete en pleno que no iba a mirar para atrás: "En mi gobierno no va a haber espejo retrovisor". Y es posible que haya cumplido su palabra, pues la mayoría de los escándalos han estallado en medios de comunicación.

Pero poner el espejo retrovisor no es el problema, lo grave es que lo que se ha destapado no es un simple corte de cuentas por resultados sino que en algunos casos toca el terreno de lo penal. No es común que a un gobierno que llega, como el de Juan Manuel Santos, en menos de 100 días le toque buscar cómo liquidar el departamento de seguridad adscrito a la Presidencia (DAS), tenga que pedir a la Fiscalía que allane e intervenga al departamento dedicado a administrar bienes incautados a los narcotraficantes (Estupefacientes) y produzca un devastador informe sobre un fondo creado para apoyar la lucha contra el secuestro (Fondelibertad) que ya provocó la renuncia de dos altos funcionarios del Estado: la directora del CTI y el coordinador de Planeación de Acción Social. Y eso por mencionar tan solo tres de las nueve ollas podridas que se han destapado.

Es muy grave lo que venía ocurriendo en estas entidades que, si bien conforman la segunda línea del gobierno, desempeñan un papel crucial, pues fueron creadas para ejecutar las políticas de los ministerios.
  
Dirección Nacional de Estupefacientes
“El parque de diversiones de la mafia”

El nuevo director, Juan Carlos Restrepo, lo dijo de manera contundente: “Estupefacientes es el parque de diversiones de la mafia”. Y si esto lo dice el encargado de manejar 76.000 bienes incautados a los narcotraficantes, indica que la situación es grave.

Por eso, el gobierno tomó una de las decisiones más drásticas que se han conocido: denunció los desmanes ante la Fiscalía y decidió intervenir la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Qué pasó? Como por arte de magia, se desaparecieron de la base de datos de la DNE todo tipo de bienes y predios que habían sido decomisados por la Fiscalía. Ocurrió, sobre todo en el segundo semestre de 2009, que con un simple delete una propiedad salía automáticamente de la órbita del Estado y cualquiera podía hacer uso de ella. El diario El Tiempo denunció que dos empleados de Summa –el consorcio encargado de actualizar y blindar la base de datos de la DNE– aparecen borrando predios o alterando datos de una de las haciendas emblemáticas del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘el Mexicano’, y de más de 33.000 hectáreas incautadas a los narcos del norte del Valle.

También se descubrió que testaferros de la mafia terminan como depositarios de los bienes. Un ejemplo es Montecasino, una mansión en un exclusivo sector de Medellín que pertenecía al jefe paramilitar Carlos Castaño (foto). Según El Tiempo, a pesar de que en 2007 pasó a la DNE, hoy la ocupan testaferros de la familia Castaño, y el arriendo de 10 millones de pesos por ese terreno de 30.000 metros cuadrados no lo pagan desde comienzos de 2008.

Juan Carlos Restrepo, en entrevista con SEMANA, dibujó una situación de caos total. Un informe interno detectó no menos de 10 errores crasos en materia de seguridad informática y, según él, prácticamente cualquiera, incluso ex funcionarios y ex contratistas de la DNE, podía meter la mano en la base de datos de los 76.000 bienes. Y un contrato que se hizo por 4.000 millones de pesos para depurar el inventario lo que hizo fue desordenar el que había.

Incoder
El Estado les quitó tierra a campesinos para dársela a narcos

Cuando Juan Manuel Ospina llegó al Incoder no podía creer lo que vio: no solo no se les habían devuelto las tierras a los campesinos despojados, sino que, peor aún, el Estado había adjudicado las tierras de desplazados a testaferros de los narcotraficantes. En un primer barrido en todo el país encontró 184 de estos casos. El ministro Juan Camilo Restrepo, sin pelos en la lengua, explicó que personas “muy cercanas al paramilitarismo” infiltraron el Incoder y, tras el desplazamiento de los labriegos, “esas parcelas se las readjudicaron a otros que no son más que testaferros de grupos delincuenciales que atemorizaron y sacaron despavoridos a los campesinos”.

Y al parecer, esa aberración era vox pópuli. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, anotó: “Eso ocurrió en casi todo el país (…) los campesinos dejaban las tierras y perdían la tenencia. Entonces, funcionarios del Incoder las adjudicaban a veces a amigos de grupos armados ilegales o élites políticas regionales”.

Para remediar ese entuerto, el ministro Restrepo, en una decisión sin precedentes, anunció que apelará a la “excepción de inconstitucionalidad”, y antes de abril el gobierno entregará 300.000 hectáreas a 130.000 familias por restitución directa –es decir, anulará decisiones ilegítimas– o por adjudicación –entrega de baldíos–.

Fondelibertad
Por contratos a dedo ya cayeron dos altas cabezas

L­os colombianos ni siquiera sabían que existía una entidad llamada Fondelibertad. Pero la vienen a conocer ahora, 15 años después de creada, por un escándalo que se comenzó a destapar hace dos semanas y que ya le ha costado la cabeza al que fue director de ese fondo en el gobierno de Uribe, Harlan Henao, quien renunció esta semana a su cargo en Acción Social de la Presidencia de la República, así como a la directora del CTI de la Fiscalía, Marilú Méndez, salpicada por algunos contratos.

La historia es sencilla. Fondelibertad maneja al año 25.000 millones de pesos que debe utilizar para luchar contra el secuestro y apoyar a los Gaula. El problema es que, según una auditoría del Ministerio de Defensa revelada por Caracol Radio, se encontraron “despilfarro y desorden” en contratos de los tres últimos años.

Son tres las principales denuncias. La más grave es un paquete de 200 contratos celebrados presuntamente sin cumplir la ley, en el que aparecen periodistas y funcionarios del gobierno. Los más sonados son los firmados por el hermano del ex comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla y por familiares de la directora del CTI: uno de su hermana por 65 millones, otro de su hijo por 50 millones y un tercero con una firma Fares, donde la propia Marilú aparece como conferencista. El segundo caso es un contrato por 5.000 millones con Codispar, para el mantenimiento del parque automotor, en el cual se encontraron perlas como, por ejemplo, que repararon no solo los vehículos de Fondelibertad, sino también otros sin dueño conocido. Y la tercera denuncia es por la compra de equipos que “podrían poner en riesgo” al personal que ejecuta los rescates, según dijo el director de los Gaula Militares. El presidente Santos anunció que Fondelibertad será intervenida.

Banco Agrario
¿Préstamos a cambio de aportes a la campaña?

El Banco Agrario, bajo la batuta del entonces ministro Andrés Felipe Arias, se inventó una línea de crédito para los exportadores, para amortiguar el impacto de la caída del dólar. Hasta ahí, aunque la idea era polémica, todo iba bien.

Los problemas comenzaron hace unas semanas, cuando El Espectador denunció que el paquete de préstamos a los floricultores (230.000 millones de pesos) era una cartera de difícil cobro –ya hay 32.000 millones vencidos– y La W y el columnista de SEMANA Daniel Coronell revelaron que los dueños de algunas de las empresas beneficiadas con los créditos aportaron plata a la campaña a la Presidencia del ex ministro Andrés Felipe Arias. De los 117 donantes, 43 pertenecían al gremio y dieron aportes por 114 millones de pesos. Sin embargo, la hoy ministra de Medio Ambiente, Beatriz Uribe, quien fue gerente de la campaña de Arias, precisó la semana pasada en el Congreso que el aporte de personas vinculadas con dicho gremio solo ascendió al 4 por ciento del total.

Aún más escandaloso es que los préstamos quedaron en pocas manos. Según denunció El Espectador, en una misma oficina de la calle 93, en el norte de Bogotá, funcionan 14 empresas conocidas como del grupo Nanneti, y el Banco Agrario les giró cerca de 75.000 millones de pesos.

¿El Estado va a perder esa plata? En teoría, no, porque el ministro Restrepo emprendió 30 acciones judiciales para recuperarla y alertó a la Superintendencia de Sociedades para que no se puedan declarar insolventes las firmas deudoras, como lo han intentado algunas.

Como si eso fuera poco, el ministro Restrepo también dejó sin piso un decreto que les daba 50.000 millones de pesos más en subsidios a los floricultores y que había sido firmado siete días antes de terminar el gobierno anterior.

Inpec
Los parapolíticos son los que mandan

El ministro Germán Vargas Lleras ha dicho repetidamente que nadie quiere aceptar ser director del Inpec. Y no es para menos. El instituto, que no ha brillado por su buena fama, hace unas semanas fue protagonista de un nuevo escándalo: los otrora pesos pesados de la política, que ahora están presos, se pasean como Pedro por su casa por las calles de Bogotá. El nuevo portal kienyke.com publicó un video en el que aparece el ex senador Humberto Gómez Gallo paseando en el norte de Bogotá.

La estrategia es fácil: el preso pide permiso para salir a una cita médica u odontológica y de inmediato la obtiene. El propio Ministro fue quien denunció esta anomalía y luego El Tiempo publicó en detalle los campeones de esos permisos. William Pérez, el ex gobernador de Casanare, ha salido de la cárcel 55 veces, para unas supuestas citas de arreglo de sonrisa; el ex senador Vicente Blel consiguió 54 permisos; el ex gobernador de Sucre Salvador Arana, 40, y los ex senadores Juan Carlos Martínez y Luis Alberto Gil, no menos de 25. Pero en la práctica, más que al médico o al odontólogo, cumplen citas con amigos y socios políticos.

Pero eso no es todo. El ministro Vargas Lleras también denunció que hay irregularidades con las manillas electrónicas para quienes gozan de detención domiciliaria. “Se ha detectado que el recluso sale de su casa y no tenemos manera de capturarlo ni de revocarle la detención domiciliaria, porque regresa antes de 72 horas”. La semana pasada, por ejemplo, una mujer que tenía esta manilla fue detenida en Pereira vendiendo droga.

Dian
Feria de puestos y de contratos

En la Dian, según el reporte de su nuevo director, Juan Ricardo Ortega, hicieron fiesta con la contratación. Cuando asumió el cargo se dio cuenta de que el gobierno anterior vinculó en los últimos meses a 379 supernumerarios más de los presupuestados y a otros les aumentó el sueldo, con lo cual se le abrió un hueco en el presupuesto de 84.000 millones de pesos. El desbarajuste en materia de personal es tal que hay más de 100 demandas que reclaman el derecho a la igualdad salarial.

Por otra parte, también ha salido a relucir un contrato, por cerca de 55.000 millones de pesos, entre la Dian y un consorcio cuya mayoría pertenece al hoy alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El contrato se firmó en 2006 –por 11 meses y luego tuvo dos adiciones– para la construcción, mantenimiento y dotación de 52 sedes de la Dian en todo el país. En él, según un informe de lasillavacia.com, brillan las irregularidades. La firma interventora, por ejemplo, está relacionada con la familia Nule, que también hacía parte del consorcio contratista; plata que debía utilizarse en un laboratorio de químicos incautados se le entregó al consorcio para la construcción de unos ascensores que hoy están en una bodega; la sede central se entregó dos años después de lo prometido y en otras sedes del país el Estado tuvo que gastar en arriendos por los incumplimientos de los contratistas.

DAS
La verdadera mano negra

A­unque el escándalo del DAS se destapó hace más de dos años, cuando SEMANA reveló las ‘chuzadas’ ilegales, el gobierno de Álvaro Uribe no logró remediar el problema y le dejó esta terrible herencia a Santos. En sus 50 años de existencia, ese organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia nunca había atravesado una crisis tan profunda. Desde el inicio del gobierno anterior, el DAS entró en un proceso de descomposición que nunca se detuvo. Con Jorge Noguera, el primer director nombrado por Uribe, estallaron escándalos sobre la infiltración paramilitar, denuncias sobre la participación del DAS en el asesinato de sindicalistas y el descubrimiento de redes de esa entidad que trabajaban para narcotraficantes. El segundo director, Andrés Peñate, anunció una reestructuración que nunca se cumplió, así como tampoco logró neutralizar las mafias internas. Peñate y los dos directores que lo reemplazaron, María del Pilar Hurtado y Felipe Muñoz, terminaron investigados por los seguimientos ilegales a magistrados, políticos y periodistas. En total, 52 funcionarios del DAS son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, 18 de ellos están privados de la libertad y seis funcionarios de alto nivel ya confesaron.

Ingeominas
Se dieron títulos mineros a diestra y siniestra

Por la fiebre del oro que se ha tomado al mundo, en los últimos años en Colombia, de manera muy silenciosa, se empezaron a disparar las solicitudes de títulos mineros. Hasta hoy se han otorgado 8.828 de estos títulos, es decir, terrenos legalmente certificados para la explotación minera.

El ministro de Minas, Carlos Rodado, desde que llegó advirtió sobre el número tan alto de estos títulos, así como el pobre desempeño en la fiscalización de las minas del país, que ha permitido el desarrollo de toda una industria ilegal vinculada con los más sangrientos grupos armados. “La verdad, ni el Ingeominas ni los seis departamentos cumplen de manera eficiente esta función, por eso tiene que replantearse para lograr que haya una mejor eficiencia en la fiscalización”, dijo Rodado hace unos días.

La ministra de Ambiente, Beatriz Uribe, le puso colofón a la queja de Rodado y concluyó que “la minería ilegal nos está envenenando”. Por esa razón, desde agosto hasta ahora, el gobierno se puso en la tarea de ordenar el sector y ha cerrado 48 minas ilegales.

Pero ese no es el único problema. Según la ministra Uribe, 571 títulos mineros de los que se han dado de manera legal, que abarcan 203.000 hectáreas, están ubicados en áreas “donde no se pueden desarrollar proyectos mineros”.

Inco
Daban concesiones sin estudios previos

Los problemas con el Inco, el instituto encargado de adjudicar las concesiones para construir carreteras, se empezaron a destapar antes de terminar el gobierno de Álvaro Uribe. Semanas antes de entregar el poder, y cuando Juan Manuel Santos ya había designado como ministro de Transporte a Germán Cardona, este le sugirió a su antecesor Andrés Uriel Gallego que no adjudicara la Transversal de las Américas, una vía que conecta a Venezuela con Panamá. Sin embargo, el gobierno hizo oídos sordos, entregó la concesión y se sometió a que la Procuraduría dijera que no era posible que el contrato se llevara a cabo como estaba planteado. Pero ese es apenas uno de los casos críticos.

El ministro Cardona ha dicho que el Inco está en “cuidados intensivos”, que están analizando “juiciosamente concesión por concesión, para saber dónde estamos parados” y que le darán “un vuelco de 180 grados al Inco”, porque esa entidad no puede volver a “sacar concesiones” sin estudios previos.