Se han cumplido ya 35 años de uno de los más viejos conflictos internacionales todavía vigentes, que han conocido una trágica celebración, con el sangriento desmantelamiento del Campamento Dignidad –Agdam Izik– por parte de las fuerzas del orden marroquíes, en el que 20.000 saharauis reclamaban mejores condiciones de vida en su propia tierra. Ni España –que oficialmente continúa siendo la potencia administradora de un territorio no formalmente descolonizado–, ni la comunidad internacional, ni Naciones Unidas han sido capaces de dar solución a las demandas de un pueblo que se encuentra ocupado por el reino alauita desde 1975.

Tras el desmantelamiento y destrucción del Campamento Dignidad –ubicado en las afueras de El Aaiún–, con un coste en vidas humanas todavía desconocido, por la ausencia de prensa internacional en la zona impuesta por el Gobierno de Marruecos, los paralelismos entre el pueblo saharaui y el pueblo palestino surgen de manera casi inmediata.

Tras 35 años de conflicto, hemos contemplado una guerra a tres bandas –Mauritania firmaría la paz con el Frente Polisario en 1979, renunciando a ‘su’ tercio del Sáhara–, la construcción de un muro de 2.720 kilómetros –protegido por más de 100.000 soldados marroquíes– que divide al territorio de norte a sur y protege las áreas de mayor importancia económica, como los yacimientos de fosfatos de Bucraa, El Aaiún o Smara; una política oficial de ‘asentamientos’ masivos de marroquíes en territorio saharaui; y una población prácticamente extranjera en su propia tierra, que en el Campamento Dignidad no estaba ya reivindicando la independencia, sino unas condiciones de vida más dignas (trabajo, servicios sociales). Si a esto unimos la existencia de más de medio millón de ciudadanos saharauis refugiados en la vecina Argelia y otros países, las referencias al conflicto israelo-palestino surgen de modo automático, paralelamente a las prácticas casi idénticas que se han producido en uno y otro caso.

Para rematar las ‘coincidencias’ también encontramos el comportamiento prácticamente calcado que la comunidad internacional ha tenido ante estos atropellos sistemáticos de los más elementales derechos de pueblos y comunidades.

Las recomendaciones y resoluciones de Naciones Unidas, tanto al inicio del proceso de descolonización, como a lo largo del longevo conflicto, en cada una de sus fases, al igual que ha ocurrido en Oriente Medio, han sido sistemáticamente incumplidas. Primero por el Gobierno español de finales de la dictadura franquista que ‘orquestó’ una desbandada más que una retirada en orden, abandonado a los que hasta ese momento eran sus conciudadanos (los territorios del Sáhara Occidental fueron considerados administrativamente una provincia más del Estado español, desde 1958, y a todos los efectos, los ciudadanos saharauis poseían la nacionalidad española) a las ambiciones y las acciones bélicas de Marruecos y Mauritania.

Después, la actual potencia administradora, Marruecos, ha desoído todas las resoluciones de la ONU que exigían la celebración de un referéndum sobre la independencia en el Sáhara. El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su resolución 690, decidía establecer la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), que se despliega en el territorio ese mismo año, cuyo objetivo es, además de preparar la consulta, supervisar el alto el fuego. Aunque la consulta estaba prevista para 1992, no llegó a sustanciarse debido a las discrepancias sobre el censo. Durante los años 90, las continuas discrepancias entre ambas partes impedían incluso la elaboración de un censo. Tras la división del Sáhara en provincias, por parte del Gobierno de Rabat, en 1999 éste publica un primer censo electoral en el que aparecen más de 86.000 votantes, muchos de ellos marroquíes instalados en territorio saharaui –hoy, tras el éxodo de medio millón de habitantes originarios y la política de ‘colonias’, los marroquíes son mayoría en muchas zonas del Sáhara–.

En enero de 2000 se terminaba el nuevo censo, pero de nuevo los desacuerdos entre Marruecos y el Frente Polisario impiden la celebración del referéndum. Ese año, Marruecos expresa su intención de negociar con el Frente Polisario la concesión de cierta autonomía al Sáhara Occidental, pero cerrando la puerta a cualquier referéndum. En enero de 2003, el enviado especial de la ONU, el ex secretario de Estado estadounidense, James Baker, proponía a las partes el conocido como Plan Baker II,  que incluía una amplia autonomía del territorio saharaui dentro de Marruecos como fase previa a la celebración de un referéndum sobre el estatus final del territorio en un plazo de cuatro años. Ambos rechazaban la propuesta inicialmente, pero el Frente Polisario lo aceptaba finalmente. Para favorecer su aceptación por Marruecos, se aceptaba incluir la posibilidad de una amplia autonomía dentro de las opciones del referéndum.

Nada de esto se ha podido llevar a cabo. El mandato de la MINURSO se prolongó mediante la resolución 1570 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 28 de octubre de 2004. La pasada semana, ese mismo Consejo se reunía a instancias de México, pero sus integrantes no se ponían de acuerdo para la elaboración de un texto en el que se instara el fin de la represión y la violencia en la zona. Los diplomáticos ni siquiera recordaban la necesidad del cumplimiento de sus propias resoluciones emitidas desde hace años. Sencillamente se limitaban a ‘lamentar’ –al igual que el Gobierno español- la pérdida de vidas humanas.

Los activistas que regresaban a España el pasado 17 de noviembre hacían un relato espeluznante de la represión marroquí en la destrucción del Campamento Dignidad y en El Aaiún. El mexicano Antonio Velázquez utilizaba directamente el término “genocidio” para relatar los acontecimientos de los que había sido testigo.

El Frente Polisario, representante legítimo de la República Árabe Saharaui Democrática –admitida formalmente en la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1982, con estatus de pleno derecho desde 1984  (lo que causó el abandono de la organización por parte de Marruecos); en 1985 ya había sido reconocida oficialmente por 61 países, pero hasta hoy, no por España ni por la Unión Europea– decidía no reunirse con representantes del Gobierno español hasta que éste condene formalmente la represión violenta de las reivindicaciones saharauis.

Todo apunta que este distanciamiento puede ir para largo. La posibilidad del retorno a las armas del Polisario ya se apunta como una posibilidad seria. La realidad también parece que va a demostrar que, otra vez más, los gobiernos de la comunidad internacional van a dar la espalda a unos ciudadanos sin patria abandonados por todos.

El ‘papelón’ del Gobierno español

Nunca os pido disciplina, pero ante este asunto sí la reclamo”, exigía el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su calidad de secretario general del PSOE, durante la última reunión de la Ejecutiva Federal de este partido, el pasado 13 de noviembre.

El ‘asunto’ al que hacía referencia el inquilino de La Moncloa no es otro que las reacciones desde su formación política y desde su Gabinete a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad marroquíes contra la población saharaui que se encontraba en el campamento Gdeim Izik (Dignidad), en las inmediaciones de la ciudad de El Aaiún, y que se saldaba con un número indeterminado de víctimas, entre muertos y heridos –la versión saharaui considera que los fallecidos podrían ser centenares-, y que resulta imposible de determinar con certeza por el cerco informativo impuesto por las autoridades de Rabat.

La posición ‘equidistante’, cuando no más cercana a los postulados marroquíes, sostenida por el Gabinete de Zapatero, contrastaba con la masiva presencia de militantes socialistas en la concurrida manifestación (unos 40.000 participantes, según diversas fuentes) en apoyo del pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación, que discurría por las calles de Madrid, el pasado 14 de noviembre.

Las relaciones con nuestro vecino del sur constituyen un asunto de Estado de primera magnitud en la agenda de política exterior del Gobierno, tal y como se han encargado de recalcar en las últimas dos semanas, tanto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, como desde Moncloa. La apelación a ese ‘sentido de Estado’ se ha convertido en el argumento principal para tratar de frenar el impulso que nace desde las bases socialistas –y del resto de la izquierda española-, exigiendo una firme condena de la actitud marroquí, y un cambio de estrategia ostensible por parte del Ejecutivo español, en el sentido de plantear claras exigencias en el respeto de los Derechos Humanos y la aceptación de las resoluciones de Naciones Unidas en este larguísimo conflicto.

Algunas voces en la dirección del PSOE están dando la alarma sobre el coste electoral que la actual posición de Zapatero y sus ministros con respecto a este sensible asunto, y el descrédito que está suponiendo, en un momento en que las encuestas comenzaban a resultar menos abrumadoras para los intereses de los socialdemócratas nacionales.

Tras esa reunión de la Ejecutiva Federal, el nuevo secretario de Organización, Marcelino Iglesias, se veía obligado a reconocer ante la prensa su consciencia “de lo sensible que es este asunto para nuestra gente, para nuestro partido, y para la opinión pública en general”, aunque otros altos responsables de esta formación continúan excusando su tibia posición en que “no pueden hacer lo que les pide el corazón por responsabilidad y para no desestabilizar más a Marruecos”.

Aún así, pese a la exigencia de pétrea uniformidad de comportamiento entre Gobierno y partido en este asunto, realizada por Rodríguez Zapatero, El máximo responsable de Organización de los socialistas prácticamente se veía obligado a pedir al ejecutivo de Rabat que “respete los Derechos Humanos. Nosotros queremos llevarnos bien con Marruecos, y entre vecinos y amigos nos podemos decir las cosas que no nos gusten”.

Y es que, pese a esa ‘unidad en el mensaje’ que estaba tratando de construir, durante la reunión del Consejo Territorial del PSOE, que agrupa a los responsables autonómicos del partido, los representantes de los territorios con mayor relación geográfica y afectiva con el Sáhara, como los de Canarias y Melilla, trasladaban su preocupación a sus compañeros en este foro interno. Dionisio Muñoz, secretario general en Melilla compartía con sus compañeros la necesidad de “combinar prudencia y firmeza para exigir responsabilidades”. “No podemos consentir que vuelva a ocurrir”, añadía en un tono más duro, y también más alejado de las tesis que actualmente está defendiendo la dirección federal.

El problema para el Gobierno y el PSOE no es ‘sólo’ de índole interna –un ejemplo gráfico del malestar que puede existir está en la actual ministra de Sanidad y anterior Secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, cuya antigua pertenencia a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui es pública y notoria, pese a que en esta crisis no ha realizado ninguna manifestación contraria a la estrategia gubernamental de las últimas semanas-, sino que también le está costando un endurecimiento de las posiciones de los partidos de la oposición, tanto desde la derecha (con el habitual oportunismo que caracteriza la táctica del PP, que ha vuelto a encontrar más munición –algunos de sus dirigentes, como el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, incluso acudieron a la manifestación del día 14-), como desde el arco de la izquierda parlamentaria, que han criticado con mucha dureza la posición sostenida por Zapatero.

El pasado 17 de noviembre, y en sede parlamentaria, todos los grupos parlamentarios del Senado, excepto el PSOE,  condenaban la violación de los derechos humanos por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental. Desde todo el arco se ha reclamado al Ejecutivo “firmeza” frente a Marruecos y se censuraba su posición “tibia”. De todas las críticas, la más dura provenía de las filas del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Para el senador Pérez Bouza, la actitud gubernamental en esta crisis podría estar “escribiendo una de las páginas más negras de la historia” de España.

Pero no parece sencillo que desde el Gobierno se ‘olvide’ del importante papel que desempeña Marruecos en la estabilidad del Magreb, la férrea represión contra cualquier intento de desarrollo del islamismo más extremista, el control sobre la inmigración irregular desde su territorio y sus costas, sin olvidar la necesidad de ‘aplacar’ las periódicas reclamaciones sobre Ceuta y Melilla -como ocurrió apenas dos meses atrás-, y las grandes inversiones de empresas nacionales en territorio alauita.

Esa soledad del Ejecutivo en la Cámara Alta ya se había podido visualizar dos días antes, el 15 de noviembre, con la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez. Allí respondía a varias preguntas efectuadas por diversos grupos de la oposición, en cuyas respuestas dejaba claro que no consideraba que nuestro país estuviese más vinculado jurídicamente al conflicto que otros –no aceptaba que, al menos formalmente, para Naciones Unidas, España continúa siendo el garante de la descolonización del Sáhara-, aunque por la vinculación histórica, aquí existe “mayor sensibilidad”. Para Jiménez, la actitud de su Gobierno es la dictada por la responsabilidad del “sentido de Estado”, aunque admitía que, de forma discreta, desde el Gabinete  se mantiene un contacto permanente con las autoridades marroquíes, a las que se ha transmitido la “preocupación” del Gobierno español por los hechos. Llegaba incluso a admitir que el Gobierno siempre habría defendido la autodeterminación del Sáhara.

Otro que también trasladaba la “preocupación” por unos hechos que no han sido condenados por el Ejecutivo español era el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El pasado 16 de noviembre se reunía en Madrid con su homólogo marroquí, Taib Cherkaui, a quien hacía llegar la “preocupación de buena parte de la sociedad española, las fuerzas políticas y el mismo Gobierno” por lo acontecido en Campamento Dignidad, aunque, inmediatamente aseguraba ante la prensa que el ministro alauí había ofrecido una “explicación pormenorizada y minuciosa” sobre los hechos ocurridos durante el desalojo del campamento y posteriores.

Cabe recordar que la versión de Rabat acusa a los saharauis de estar armados y en contacto con células islamistas de Al Qaeda, de mantener secuestrados a mujeres y niños en el campamento, y afirma que las únicas víctimas mortales de los sucesos de los días 8 (en el campamento) y 9 y posteriores (en El Aaiún), son miembros de las fuerzas de orden público marroquí.

Las explicaciones ofrecidas por Cherkaui también sostenían que el español fallecido en los disturbios, Babi Hamdy Buyema, murió atropellado en un accidente, frente a los diversos testimonios que señalan su asesinato, al ser atropellado varias veces por un vehículo de las fuerzas del orden marroquíes.

Represión sin testigos

Marruecos es un país soberano y, en consecuencia, no será complaciente con los periodistas o cualquier otra persona que sostenga las tesis de los separatistas”, aseguraba el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno aluita, Jalid Naciri, ante una interpelación que le realizaban en la Cámara de Representantes en Rabat, el pasado 16 de noviembre. Naciri acusaba de “ensañamiento” a la práctica totalidad de los medios españoles, que pretenderían “levantar a la opinión pública” contra su país, empleando “todos los medios para poner trabas a su experiencia democrática y desviar las atención de sus reclamaciones de unidad territorial, protegiendo sus zonas ocupadas –Ceuta y Melilla–. Existe  un reparto de papeles entre cuatro partes: la diplomacia argelina, el Frente Polisario (al que denominó grupo independentista), los criminales y los terroristas, y una gran parte de la prensa española”.

Ese mismo día, y en territorio español, otro miembro del Gobierno de Marruecos, en este caso, el ministro del Interior, Taib Cherkaui, se ‘escandalizaba’ de la “ofensiva mediática y parcial” de la prensa española. Desde su posición, “se han usado imágenes fuera de contexto con el objetivo de denigrar a Marruecos”.

Lo que ninguno de los dos ministros marroquíes mencionaba es que el ‘teatro de operaciones’, el Campamento Dignidad y, posteriormente, la ciudad de El Aaiún, en el que las fuerzas de seguridad alauitas iban a proceder a un desmantelamiento de consecuencias aún hoy desconocidas para la inmensa mayoría de la comunidad internacional, ya estaba vedado para toda la prensa internacional, no sólo para la española, desde el día anterior, y que esa es la razón por la que no existen datos fiables y contrastables acerca de lo acontecido y sus consecuencias en cuanto a las víctimas generadas por esta acción.

En el ‘calentamiento’ previo, el 5 de noviembre dos periodistas españoles, Eduardo Marín, de la Cadena SER; y Antonio Parreño, corresponsal en Rabat de Televisión Española, eran agredidos en el interior del Tribunal de Primera Instancia de Casablanca, cuando se encontraban cubriendo el juicio en el que se encausaban a siete activistas saharauis. Esto acontecía un día antes de que el monarca alauita, Mohamed VI, realizase un discurso con motivo del 35 aniversario de la Marcha Verde, en el que enardecía a los suyos afirmando que no toleraría “ninguna violación, alteración o puesta en duda de la marroquinidad de la zona del Sáhara Occidental que aún controla el Frente Polisario –la que se encuentra más allá del muro construido por Marruecos–”.

Cuando el 8 de octubre dio comienzo la operación de desalojo del campamento, el veto a la prensa ya estaba decidido. Aquellos periodistas que trataban de aventurarse en El Aaiún eran detectados y expulsados, como le sucedía al equipo de Telecinco encabezado por Angels Barceló. Otro tanto sucedía el 17 de noviembre con otro equipo, en esta ocasión de Antena 3 Televisión, compuesto por tres periodistas y un guía. No eran los primeros, el 12 de octubre, el Gobierno de Rabat le retiraba su acreditación a Luis de la Vega, corresponsal en Marruecos del diario ABC, acusado de difundir “informaciones falsas”.

No sólo molestan los periodistas; cualquier testigo puede comprometer operaciones cuyo coste se pretende ocultar a la opinión pública. Los activistas extranjeros que llevaban tiempo en la zona también se convertían en sujetos a expulsar del territorio saharaui. El 15 de noviembre tenían que abandonar el Aaiún Javier Arias Sopeña y Silvia García, miembros de ‘Sáhara Thawra’, y dos días más tarde se veían obligados a seguir sus pasos la española Isabel Terraza y el mexicano Antonio Velázquez, de ‘Resistencia Saharaui’. Velázquez, poco antes de salir con dirección a España, aseguraba que “tanto el Gobierno español como el marroquí nos han presionado para que abandonemos El Aaiún”.

Sin testigos, pues, las únicas versiones dadas a conocer de un modo sistemático son las ofrecidas por la prensa de Marruecos y su Gobierno, ésas que sostienen que “Marruecos liberóa el campamento, que estaba en manos de milicias armadas, y que mantenía retenidos a la fuerza a mujeres y menores que querían salir por la vía pacífica” (Taib Cherkaui, ministro del Interior). O también que “entre los saharauis no hubo ni un fallecido: mientras ellos usaban armas blancas, bombonas de butano y coches 4x4, nuestros agentes sólo les dispersaban con mangueras de agua” (Taib Cherkaui 16-11-2010).

Sin contraste alguno, son las mismas versiones que hablan de “accidente” en el caso de la muerte del español Babi Hamdy Buyema, o de una inconcebible ‘conexión’ entre el Frente Polisario y Al Qaeda. Pero la prensa internacional no puede estar allí.

Cronología del conflicto

- Diciembre de 1965. La Asamblea General de la ONU aprueba la primera resolución relativa al Sáhara (2.072). Se insta a España a “adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para la descolonización del territorio”.

- Diciembre de 1967. Nace el Movimiento de Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro, impulsado, entre otros,  por el periodista Mohamed Basiri.

- 27 de septiembre de 1970. Cumbre argelino-mauritano-marroquí. El Sáhara es declarado ‘materia reservada’ en España. Sus interlocutores  piden  a España que resuelva urgentemente el destino del Sáhara “de acuerdo con las resoluciones de la ONU”.

- 10 de mayo de 1973. Tiene lugar el Congreso constitutivo del Frente Polisario. El día 20 de ese mismo mes se produce su primera acción armada, contra el puesto de guardia español de El Janga.

- Junio de 1974. España anuncia la convocatoria de un referéndum sobre la autodeterminación del territorio para el primer semestre de 1975. En septiembre, el rey de Marruecos decide presentar la cuestión ante el Tribunal de La Haya.

- 16 de octubre de 1975. Fallo del Tribunal de La Haya: el Sáhara no es ‘terra nullius’, (una expresión latina que significa "tierra de nadie", y que se utiliza para designar la tierra que no es propiedad de ninguna persona . El concepto para privar a los ocupantes indígenas de la tierra de sus derechos de propiedad sobre la misma como antiguos ocupantes, y permitiendo de esa forma el reparto de la propiedad entre los colonos ), pero tampoco tiene lazos de soberanía con Marruecos o Mauritania. El monarca alauita, Hassan II,  organiza marcha masiva de civiles y militares marroquíes sobre el Sáhara, la ‘Marcha Verde’. Se produce la huida de la población saharaui, que se establece en campamentos en Tinduf, Argelia.

- 2 de noviembre de 1975. El entonces príncipe Juan Carlos promete a la guarnición del Sáhara que “España mantendrá sus compromisos”. El día 6 se inicia la última etapa de la Marcha Verde desde Tarfaya. Miles de expedicionarios cruzan la frontera y acampan frente a las líneas de defensa españolas. El día 9 la marcha se suspende definitivamente y el rey de Marruecos anuncia que se había encontrado “otra solución”.

- 14 de noviembre de 1975. Firma de los Acuerdos de Madrid, por los que España se compromete a abandonar el Sáhara antes del 28 de febrero de 1976. Se traspasa el grueso de la colonia española a Marruecos y un tercio a Mauritania.

- 28 de noviembre de 1975. 67 miembros de los 102 que integraban la Yemáa o Asamblea General Saharaui se reúnen en Guelta y deciden crear el Consejo Nacional Saharaui, afecto al Polisario. Tres antiguos procuradores en Cortes y 60 chiujs apoyan la iniciativa.

- 26 de febrero de 1976. España abandona el territorio y niega representatividad a la Yemáa, convocada dos días después por Marruecos y Mauritania para confirmar su soberanía sobre el territorio.

- 27 de febrero de 1976. El Frente Polisario proclama en Bir Lah-Lu la República Arabe Sáharaui Democrática (RASD) ante un grupo de periodistas.

- 28 de febrero de 1976. La reunión de la Yemáa, con la ausencia de dos terceras partes de sus miembros, ratifica los acuerdos de Madrid. El último representante español se despide del territorio. 

- 1979. Mauritania firma la paz con el Polisario y se retira del Sáhara Occidental.

- 1980. El ejército marroquí comienza a levantar muros defensivos alrededor del territorio ocupado.

- 1981. En la cumbre de la OUA en Nairobi, Hassan II acepta celebrar un referéndum de autodeterminación del Sáhara.

- 20 de septiembre de 1988. La Asamblea de la ONU aprueba un plan de paz para el Sáhara, que es aceptado por Marruecos y el Polisario.

- 29 de abril de 1991. Naciones Unidas crea la Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso).

- Septiembre de 1992. Hassan II anuncia su deseo de convertir el Sáhara en un región de Marruecos.

- Marzo de 1997. Acuerdos de Houston. La ONU nombra a James Baker representante especial para el Sáhara Occidental con el objetivo de relanzar el proceso para el referéndum de autodeterminación. Se prevé la celebración de la consulta el 7 de diciembre de 1998.

- 18 de febrero de 2000. A la vista de los numerosos recursos presentados por Rabat, Naciones Unidas anula de nuevo el referéndum.

- 21 de junio de 2001. La ONU descarta la autodeterminación del Sáhara Occidental e impulsa la solución de la autonomía bajo administración marroquí.

- 1 de noviembre de 2001. Mohamed VI visita el Sáhara. Es la primera gira de un rey marroquí por el territorio desde que la ONU inició en 1991 los preparativos de un referéndum de autodeterminación.

- 2 de febrero de 2002. Kofi Annan propone por primera vez al Consejo de Seguridad la partición del territorio saharaui.

- 18 de enero de 2003. James Baker, enviado personal de Kofi Annan para el Sáhara, presenta un nuevo plan. Propone la celebración de un referéndum en la ex colonia española, "no antes de cuatro años y no después de cinco", etapa durante la que el territorio tendrá estatuto de autonomía dentro de Marruecos y estará administrado por un Ejecutivo y una Asamblea Legislativa provisionales.

- 10 de julio de 2003. El representante del Frente Polisario ante la ONU, Ahmed Bujari, anuncia que su movimiento independentista estaría dispuesto a explorar el Plan Baker.