La mujer durante la dictadura de Franco

Durante la dictadura franquista, la mujer dejó de tener los derechos que la Constitución de 1931 le había otorgado, como la igualdad con respecto al hombre y el derecho a voto. Con el Régimen, la mujer pasó a asumir el papel de madre y esposa. Muchas de ellas murieron por ser republicanas, unas por ejercer la militancia o la práctica política y otras por ser parientes de hombres de izquierdas. Y muchas fueron condenadas al ser delatadas por conocidos o incluso parientes temerosos de las represalias por conocerlas. Las mujeres republicanas fueron llamadas las nuevas Eva, que parirían hijos enemigos de España, y por ello les rapaban la cabeza y les daban aceite de ricino, para pasearlas después por las calles con el fin de humillarlas.

Además de todo esto, las mujeres casadas no tenían el acceso al mercado laboral. Con el Fuero del Trabajo promulgado en 1938, el Estado reguló el trabajo a domicilio, sólo podían trabajar las mujeres solteras o viudas, además, si se casaban, debían firmar su despido voluntario un mes antes del enlace, según lo dictaba la Ley de Reglamentaciones Laborales de 1942, y para acceder a él, dos años después, la Ley de Contratos de Trabajo decía que debían contar con la autorización del marido. Además los sueldos eran más bajos. Por todo esto, era difícil sacar adelante el hogar y, aunque existía la cartilla de racionamiento, para los productos de consumo básico, el hambre seguía apretando, no era suficiente la cantidad que recibían para alimentar a toda la familia y muchas recurrieron al estraperlo, cambiando productos, manufacturados por ellas mismas, por alimentos. El estraperlo estaba considerado un delito y acarreaba penas de cárcel y multas.

La familia era una jerarquía en la que la mujer estaba supeditada al varón y los hijos a los padres. La mujer era la que se llevaba la peor parte, pues su labor era la de satisfacer a su marido, debía estar guapa para él, complacerle en todo. La revista de la Sección Femenina, liderada por Pilar Primo de Rivera, enseñaba a las mujeres a comportarse, siempre supeditadas al hombre, sin derechos, sin opiniones, solo sumisión. Por supuesto que el adulterio estaba castigado por el Código Penal.

En 1937 se creó el Servicio Social de la Mujer, liderado por Mercedes Sanz Bachiller y Javier Martínez de Bedoya, para conseguir mano de obra femenina gratuita, y era obligatoria para mujeres de edades comprendidas entre los 17 y los 35 años de edad, eso sí, que estuvieran solteras, y trabajarían en hospitales, comedores… En 1941 se creó el Patronato de Protección de la Mujer, en el que había muchos eclesiásticos para atraer a la mujer hacia la Iglesia y apartarla de los vicios. Las mujeres de clase media y alta trabajaban en la Acción Católica, asistiendo a los desfavorecidos de la clase obrera, y visitando a los vencidos en la guerra.

La situación laboral de la mujer mejoró en 1959 con el Plan de Estabilización, en 1961 con la Ley sobre Derechos Políticos, profesionales y Laborales de la Mujer, que acababa con la discriminación salarial y de acceso al trabajo, aunque continuaba en vigor la necesidad de la autorización del marido. Esta obligación se mantuvo hasta 1976, cuando entró en vigor la Ley de Relaciones Laborales. También fue importante en 1963 el Plan de Desarrollo, ya que se necesitaba más mano de obra y se recurrió a la mujer para ello.

En 1973, como preparación al Año Internacional de la Mujer 1975 llegó la excepción discriminatoria, el gobierno dio el cargo de jefas locales de movimiento (actual alcaldesas) a 7 mujeres, las primeras y únicas alcaldesas de la dictadura.

 

 

 

 

 

 

 

Condenas internacionales

El 17 de marzo de 2006 la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (entidad supraestatal que engloba a un total de 47 países europeos incluyendo a Turquía) recomendó^[8] al Consejo de Ministros del Consejo de Europa adoptar una declaración oficial de condena internacional del régimen franquista y declarar el 18 de julio de 2006 como día oficial de condena de dicho régimen. Asimismo, urgió al Gobierno de España a cumplir las siguientes recomendaciones: creación de un comité nacional que investigue las violaciones de los derechos humanos durante el régimen de Franco que envíe sus informes al Consejo de Europa, facilitar a todos los investigadores el acceso a todos los archivos civiles y militares que contengan documentos que puedan establecer la verdad sobre la represión, erigir una exhibición permanente en la basílica subterránea del Valle de los Caídos -donde Franco está enterrado- explicando cómo fue construida por prisioneros republicanos y eliminar símbolos de la dictadura, tales como, estatuas y nombres de calles.

La Asamblea Parlamentaria, en la citada Recomendación 1976, condenó unánimemente las "graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista, entre 1939 y 1975".

Entre las conclusiones del documento de trabajo sometido a discusión en la Comisión Permanente "hay suficientes evidencias para probar que los abusos contra los derechos humanos bajo el régimen de Franco fueron extensivos y sistemáticos" y propone a la comisión que cree un comité de expertos con el objetivo de recoger y evaluar toda la información posible.

El 3 de mayo de 2006 el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, en su 963 reunión respondió^[9] a la Asamblea Parlamentaria con tres puntos en los que remarcó su condena al régimen de Franco como a todos los regímenes totalitarios por sus violaciones a los derechos humanos y la necesidad de recordar dichos crímenes para evitar repetir los errores del pasado. También apuntó que la transición española es un ejemplo (ESTO YA ES CONTRADICTORIO, PERO SABEMOS QUE ESTAMOS EN LA EUROPA DE LOS INTERESES MÁS QUE DE LOS PUEBLOS) para todos los países que siguen el mismo proceso de cambio a un régimen democrático. Y en lo que respecta a la recomendación específica de un día internacional de condena al régimen de Franco señaló que todos los regímenes totalitarios merecen ese tratamiento, y que singularizar uno en concreto podría crear la impresión equivocada de que unos regímenes totalitarios merecen más la condena que otros.

 

"Entre las conclusiones del documento de trabajo sometido a discusión en la Comisión Permanente "hay suficientes evidencias para probar que los abusos contra los derechos humanos bajo el régimen de Franco fueron extensivos y sistemáticos" y propone a la comisión que cree un comité de expertos con el objetivo de recoger y evaluar toda la información posible".

 

Pero Garzón, pero el tribunal supremo que tenemos y la realidad de lo que hay en esta gran "democracia" postfranquista.

 

 

 

 

 

LA POSTGUERRA

 

." La represión

«Tanto los rojos como los nacionales estuvieron asesinando a la gente durante los tres años que duró la guerra, pero Franco continuó la matanza hasta unos días antes de morir que firmó las últimas sentencias de muerte de los presos políticos.» (Nuria Jiménez)

Cuando terminó la guerra «todos salían contentos a recibir a las tropas nacionales, sonaban las campanas y había un gran alboroto en todas las ciudades... Pero después... hubo otras muchas muertes por rencores. La gente que había estado en el bando derrotado eran insultados al pasar por la calle e incluso eran apaleados por la multitud, hasta que más adelante se calmaron los ánimos.»

Los matrimonios, divorcios y bautizos de la zona republicana quedaron invalidados, y los primeros y últimos tuvieron que celebrarse de nuevo. Fueron famosos los bautizos colectivos.

Los aspirantes a empleos públicos..."

 

 

 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100414095102AAchxEE

¿durante la posguerra española hubo mas de 150.000 muertos por la represión franquista?

 

http://hispanianova.rediris.es/4/articulos/04_001d.htm

La represión en la provincia de Segovia en los orígenes del régimen de Franco[1].

Santiago Vega Sombría
Universidad Complutense de Madrid

En los albores del siglo XXI, la investigación histórica sobre los orígenes y la implantación efectiva de lo que fue el régimen del general Franco sigue mostrando su completa vigencia, a través de una abundancia notable de trabajos y el interés que el asunto despierta. Gran parte de tales estudios insiste, como no podía ser de otra manera, en el componente represivo que esos orígenes, implantación y desarrollo del régimen mantuvieron siempre, represión ejercida no sólo sobre los adversarios políticos -los vencidos en la Guerra Civil- sino sobre la totalidad de la población. En la actualidad vivimos un florecimiento del interés general por la “recuperación de la memoria”, a través de distintas asociaciones y foros, encaminada principalmente a la reivindicación de los represaliados del franquismo por medio de homenajes, exposiciones o exhumaciones de las víctimas. Estas iniciativas han recibido un impulso con la resolución parlamentaria de 20 de noviembre de 2002 sobre el reconocimiento moral a las víctimas del franquismo, que, no olvidemos, eran los defensores de la libertad y la democracia representada por la II República, contra la que se sublevaron Franco y otros militares, instaurando tras su victoria en la guerra una dictadura de cuatro largas décadas.

 

La imposición del régimen de Franco se llevó a cabo a través del terror en todas las provincias españolas, tanto en las que hubo resistencia como en las que se adhirieron desde los primeros momentos de la propia sublevación militar. Por ello, el estudio del régimen de Franco es inseparable del estudio de la violencia, en palabras de Francisco Moreno: “la represión fue de tal envergadura que constituyó la base misma del régimen, y éste en tanto subsistió en cuanto mantuvo afiladas las armas represivas. Nos hallamos pues ante la gran página negra del franquismo, ante su elemento definitorio de primer orden y, si apuramos un poco, ante uno de los principios fundamentales del movimiento”[2].

 

La investigación de la represión franquista

 

 La represión franquista durante la Guerra Civil continúa siendo objeto de estudio importante por parte de los historiadores, fundamentalmente porque es un tema que no se ha escla­recido en su totalidad. Aunque existe ya una abundante bibliografía sobre algunos temas específicos como las ejecuciones, otros -como el control de los comportamientos, la depuración o la incautación de bienes- aún no han sido estudiados en su totalidad. Al mapa de la represión franquista todavía le restan varias provincias por investigar y realizar el censo de represaliados durante la guerra.

 

El panorama bibliográfico acerca de los distintos ámbitos de la represión arroja una gran diversidad de estudios y distinta profundidad en función del campo. Por ejemplo, en cuanto a represión física -el censo de represaliados-, como comprobamos en el trabajo coordinado por Santos Juliá, Víctimas de la Guerra Civil[3], se han realizado estudios en torno a la mitad de España, destacando las carencias de éstos en Castilla y León, donde únicamente están investigadas Soria, Valladolid, Salamanca[4], a los que recientemente añadimos una tesis doctoral sobre León y la que ahora presentamos de Segovia. Galicia también acusa esta carencia, pues únicamente ha sido publicado el relativo a la provincia de Lugo[5].

 

Con referencia a lo publicado, es de justicia reconocer la labor pionera de los estudios de Solé y Vilarroya sobre la represión en Cataluña y Francisco Moreno sobre Córdoba[6]. Tras ellos han llegado otros trabajos importantes entre los que destacamos el coordinado por Julián Casanova sobre Aragón, Miguel Ors (Alicante) y Manuel Ortiz (Albacete) [7].

 

En el terreno de la represión económica no existe todavía una extensa bibliografía. Fue pionero en la investigación de las responsabilidades políticas Glicerio Sánchez con su estudio sobre el partido judicial de Monóvar (Alicante), le siguió Conxita Mir con un trabajo sobre la provincia de Lleida y Álvaro Dueñas con su tesis doctoral sobre Madrid[8]. A estas obras hay que añadir algunos artículos de revista realizados sobre Granada, Soria y la Generalitat de Catalunya y una tesina sobre la comarca zamorana de Sanabria[9].

 

En cuanto a la depuración, los estudios más numerosos y exhaustivos se han realizado sobre los maestros, en concreto sobre las provincias de Burgos, Valladolid, León y País Vasco (un trabajo sobre Segovia está a punto de salir), además del estudio comparativo de 11 provincias elaborado por Morente Valero[10]. Otros trabajos se han hecho sobre grupos profesionales más concretos, como diplomáticos, catedráticos de Universidad o el Canal de Isabel II de Madrid[11].

 

Con  respecto a los distintos mecanismos de control social, son interesantes los estudios de Conxita Mir[12].  Por otra parte, las últimas tendencias historiográficas sobre la represión franquista se centran principalmente en el mundo penitenciario como se constató en el Congreso de Barcelona de octubre de 2002[13] y los abundantes trabajos aparecidos recientemente Irredentas, Esclavos de Franco, Una inmensa prisión[14]. A los que se añade una interesante obra más genérica coordinada por Julián Casanova, Morir, matar, sobrevivir [15] y un trabajo de Espinosa sobre la represión en Badajoz[16]. 

 

A este panorama científico de los estudios acerca de la represión franquista creemos contribuir con este artículo, porque en él se aporta una investigación exhaustiva centrada en una provincia completa, que engloba la utilización de todas las variantes de la violencia puestas en marcha para conseguir la implantación del franquismo en Segovia. En esta provincia se produjo de forma paralela la destrucción de la democracia republicana y la instauración del nuevo régimen. Ambos procesos se iniciaron con la sublevación de la guarnición de la capital, en la mañana del domingo 19 de julio de 1936 y se desarrollaron de una forma violenta.

 

Transcurridos más de veinticinco años desde la muerte de Franco y desaparecido su régimen político, todavía los investigadores chocamos con trabas en algunas instituciones. Aún quedan archivos cuya accesibilidad depende de las personas que los dirigen. Estos hechos dan idea de hasta qué punto se sigue considerando la Guerra Civil como un capítulo no cerrado de nuestra historia a pesar de haber transcurrido más de sesenta años desde que concluyó y de la citada resolución del 20 de noviembre.

 

Todavía no se pueden abordar abiertamente ciertos temas relacionados con la represión franquista durante nuestra contienda. Se utiliza siempre la manida excusa de no “abrir viejas heridas”, lo que quiere decir que “las viejas heridas” no han sido curadas, ni cerradas, simplemente se han cubierto por el silencio y el olvido, y siguen estando ahí. Como se demuestra con las negativas de algunos ayuntamientos a la colocación de placas de homenaje a los represaliados, o las trabas a las exhumaciones de cadáveres de las víctimas de la represión.

 

En lo que a esta investigación se refiere, las mayores dificultades fueron interpuestas por algunos funcionarios en puestos clave, como la secretaria de la Audiencia Provincial de Segovia, secundada por el director del Archivo Provincial, que impidieron sistemáticamente la consulta de la documentación relativa a los procesos de responsabilidad civil y responsabilidades políticas. Fue necesario el recurso ante el Consejo General del Poder Judicial para que amparase el derecho del investigador a la consulta de los fondos solicitados.

 

Para la confección de este trabajo se han utilizado fundamentalmente fuentes documentales: libros de defunciones de los registros civiles, libros de enterramien­tos de los cementerios, sentencias de consejos de guerra y un variado elenco de expedientes personales: de desaparición o de fallecimiento, de depuración de personal funcionario, de incauta­ción de bienes, de responsabilidades políticas y expedientes penitenciarios.

 

Pero, para completar debidamente un estudio de estas características, es fundamental el trabajo de campo con entrevistas a los afectados directos de la represión o a familiares, amigos, compañeros y vecinos de los represaliados que nos han ayudado a recomponer los hechos y las vivencias de aquella época.

 

La represión franquista en la provincia de Segovia

 

El régimen de Franco empleó distintas variantes de la violencia para imponerse a los adversarios y posteriormente consolidarse en el poder. En primer lugar la represión física, en sus dos ámbitos: las ejecuciones sin procesamiento ni procedimiento judicial previo y la violencia legal o legalizada, fruto de la aplicación de la legislación militar a través de los consejos de guerra, que condenaban a prisión o a muerte. Pero no son de menor importancia la represión económica, en sus dos fases de responsabilidad civil –Decreto 10 de enero de 1937- y responsabilidades políticas –Ley de 9 de febrero de 1939-; la depuración administrativa y la represión formal o violencia simbólica.

 

La eliminación de los adversarios

 

Bajo este epígrafe incluimos tanto los fusilamientos “ilegales” o “en caliente” (no utilizo el término “incontrolada” porque en todo momento la autoridad militar dominaba y controlaba toda la provincia), como las ejecuciones fruto de sentencia de consejo de guerra.

 

El procedimiento habitual de los primeros era la detención -por parte de escuadras falangistas en su mayoría y, sólo en algunos casos, por la Guardia Civil- de la víctima en su tra­bajo o en su domicilio y, tras un corto viaje en coche o camioneta, se producía la ejecu­ción en algún descampado, en el pinar, en una cuneta, etc., sin que la víctima llegara a estar detenida en ninguna prisión. Otras veces la víctima era llevada al cuartel de Fa­lange de la localidad, donde -con el pretexto del interrogatorio- el detenido sufría palizas, torturas físicas y psíquicas. Las sacas de presos de las cárceles también fueron frecuentes en la capital y en la provincia; estaban “justificadas legalmente” como traslados de detenidos de una prisión a otra y llevaban la firma del comandante España, gobernador civil designado por los sublevados, siendo los verdugos los falangistas que efectuaban la conducción. En ocasiones servían como venganza ante un bombardeo previo de la aviación republicana, como ocurrió el 14 y 30 de agosto de 1936, en la capital.

 

La práctica totalidad de las ejecuciones “ilegales” se produjeron en el verano de 1936, siendo especialmente trágico el mes de agosto, con la mayoría de las ejecuciones, 135 sobre un total de 211, es decir, el 64%; desciende ostensiblemente en el mes de septiembre (30), y aún más en octubre (5), para llegar prácticamente sin ejecuciones “ilegales” hasta el final de la guerra. Desde estas fechas, meses de septiembre y octubre de 1936, se comenzó a aplicar más exhaustivamente la justicia militar implantándose los fusilamientos originados por sentencias de consejos de guerra. Si bien, de forma paralela hubo ejecuciones judiciales desde el 24 de julio, alcanzando un total de 35 fusilados, hasta el 30 de septiembre de 1936.

 

La venganza de los sublevados hizo que el terror subiera de tono en los lugares que habían permanecido en poder de los republicanos durante algún tiempo. En varias localidades de la provincia de Segovia los comités del Frente Popular mantuvieron la legalidad democrática todavía algunos días después de la sublevación de los militares de la capital. A pesar de que en este periodo de dominio republicano no hubo incidentes ni detenciones de elementos derechistas, cuando los falangistas y guardias civiles dominaron estos lugares comenzó la dura represión de los que habían sido líderes de la defensa de la legalidad republicana, o incluso de los que se habían limitado a participar en los actos de oposición a la sublevación. Así ocurrió en Cuéllar, Bernardos, Nava de la Asunción, El Espinar, San Ildefonso, Coca, etc.

 

Si bien el objetivo prioritario de la represión fueron los dirigentes políticos: el delegado del Ministerio de Trabajo, Juan Marco Elorriaga; además de alcaldes y concejales, presidentes y líderes de las Casas del Pueblo, abundaron las víctimas anónimas, simplemente trabajadores comprometidos en la defensa de sus intereses de clase, que eran ejecutados con fines ejemplarizantes, para infundir terror.

 

La práctica totalidad de los fusilados eran adversarios políticos, republicanos e izquierdistas, pero además de la ideológica, algunos de ellos tenían alguna enemistad particular con los personajes que los delataron o ejecutaron (desquite por motivos económicos, personales, pasionales, etc.), o se trataba de una venganza por no haber podido eliminar al hijo o al padre que había pasado al bando republicano.

 

El predominio de trabajadores, principalmente jornaleros, entre las víctimas revela una marcada represión de clase, como castigo al pujante movimiento obrero que había puesto en peligro la dominación de la oligarquía tradicional. Entre los funcionarios, destaca la persecución específica a los maestros progresistas que educaban en libertad, poniendo en cuestión los cimientos de la sociedad tradicional. Su importante papel en la transformación de España les ocasionó la enemistad de los sectores conservadores segovianos, especialmente del clero. Fueron fusilados un total de 17 maestros en la provincia de Segovia, lo que representa casi un 10% del total de las víctimas.

 

Gráfico nº 1: Profesiones              

 

 

  La provincia de Segovia por su situación de límite, por el sur y el este, a lo largo de las sierras de Guadarrama y Somosierra, con las provincias de Madrid y Guadalajara, fue frente de guerra durante todo el conflicto, si bien la actividad bélica se limitó al  verano de 1936 y a la ofensiva republicana de mayo/junio de 1937 por el sector de La Granja. La labor de limpieza fue exhaustiva en toda la franja de la sierra que era línea de frente, y desde Villacastín hasta Ayllón, prácticamente todos los pueblos serranos fueron afectados.  En esta zona hubo un total de 91 fusilados, como vemos en el mapa que sigue.

 

Domicilio de las víctimas de la represión ilegal