Una “cartografía criminal” de la que forman parte 359 municipios (el 46,5% de los 771 pueblos andaluces) en cuyos cementerios o proximidades, carreteras, cunetas y barrancos o bajo lo que hoy son parques, urbanizaciones y hasta clubes deportivos reposan los restos de más de 47.300 víctimas del golpe militar y la represión franquista, la mitad sin identificar.
Andalucía es, tras Cataluña, País Vasco y Asturias, la cuarta comunidad que completa este trabajo y la que mayor número de fosas ha identificado, 614, pero a a diferencia del resto, sólo incluye enterramientos comunes de personas asesinadas y no de combatientes muertos en el frente. Entre otras cosas, según explicó ayer el comisario de Memoria Histórica, Juan Gallo, porque en Andalucía “hubo muy poca guerra, sólo las batallas de Pozoblanco (Córdoba) y Lopera (Jaén). Lo que hubo fue represión franquista y Cataluña ha incluido en su mapa las fosas de víctimas de la batalla del Ebro”.
El 80% de los enterramientos identificados son de 1936 pero hay una veintena posteriores al fin de la Guerra Civil. La última data de 1947, en Sierro (Almería), en la que están sepultados dos maquis y en proceso de exhumación. Un simple vistazo al mapa -que la Consejería de Justicia colgará en breve en su web y ha editado en DVD- permite ver que las provincias occidentales fueron las que más sufrieron la represión.
Sevilla alberga 130, Huelva 120 y Cádiz 100 frente a las nueve de Almería -todas de 1939 en adelante- o las 24 de Jaén. Y es que en Andalucía, el frente de guerra se estabilizó en febrero de 1937 a lo largo de la línea Peñarroya-Motril. La fosa del cementerio malagueño de San Rafael, exhumada el año pasado, es la mayor. Estaban registradas 4.471 víctimas aunque al abrirla sólo se hallaron restos de 2.840. La segunda más grande es la de Los Alpargateros en Sevilla, una de las cinco ubicadas en el cementerio de San Fernando, donde se calcula que fueron enterradas también unas 4.000 personas.
Pero el viceconsejero de Justicia, José Antonio Gómez Periñán, reconoció que “estremece” ver cómo en pueblos como Nerva (Huelva), que hoy tiene 6.000 habitantes, hay 1.400 personas enterradas en tres fosas comunes, o en la única fosa de Lora del Río (Sevilla) -un pueblo cuya población actual es de 19.000 vecinos- hay un millar. En la mayoría de los municipios hay una o dos fosas pero en Íllora y Órgiva (Granada) se han identificado hasta 13 y 11 respectivamente, y en San Roque (Cádiz) una decena. Algo parecido ocurre con el número de víctimas enterradas. “Las hay de una y de miles”, subrayó Gallo.
También hay muchas hoy vacías porque los familiares de las víctimas allí enterradas las sacaron a escondidas días o años después para darles sepultura junto a los suyos. Una veintena fueron abiertas por el régimen franquista para “rellenar” el Valle de los Caídos.
El mapa incluye una ficha de cada una de las fosas con su localización exacta e imágenes, la datación histórica del momento y forma en que las personas allí enterradas fueron asesinadas y referencias de algunas identificadas, según en su mayoría los testimonios de familiares, vecinos o investigadores locales. Sólo en algunos casos existen documentos en los registros civiles o los archivos de los cementerios.
El hecho de que la mayoría de las fuentes sean orales hace que el 50% de las 47.399 víctimas -según la estimación del historiador Francisco Espinosa Maestre utilizada- permanezca sin identificar y según el viceconsejero “nunca se llegará al 100%”. Hay restos están muy deteriorados “hasta con cal viva” o no existen parientes vivos con quien cotejar el ADN ni que puedan indicar que creen que sus familiares están enterrados allí, cuando no hay registros.
Asociaciones memorialistas muestran "su indignación" por no ser invitadas a la presentación del Mapa de Fosas
Afirman que se tenía que haber planificado conjuntamente con aquellas organizaciones que han participado en su elaboración
SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia ha manifestado "su indignación y malestar" por la presentación del Mapa de Fosas Comunes en Andalucía, realizada este martes por el viceconsejero de Gobernación y Justicia, José Antonio Gómez Periñán y el comisario de la Memoria Histórica, Juan Gallo, ya que, apuntan, "los datos se han presentado a los medios de comunicación sin que las Asociaciones hayan sido informadas de ello, ni invitadas a tal presentación".
Por ello, a través de un comunicado, las Asociaciones memoralistas quieren hacer llegar a la opinión pública "su malestar e indignación por tal hecho" y solicitan "formalmente" a la Junta de Andalucía que "aclare a la sociedad y a ellas mismas el motivo de tanta precipitación en un presentación que se tenía que haber planificado conjuntamente con aquellas organizaciones que han participado en su elaboración".
En este sentido, han querido dejar claro que los resultados de este Mapa de Fosas "son el fruto del trabajo que subvencionado por la Junta y avalado por la Universidad, ha sido realizado por diferentes Asociaciones de Memoria Histórica de la comunidad andaluza", que, han añadido, "desde hace tiempo están esperando que de manera oficial se les comunicara los resultados de este trabajo, entregado a la Junta de Andalucía hace ya más de dos año".
Además, han apuntado que este trabajo no es propiedad de la Junta de Andalucía, ni de la Universidad, ni siquiera de las Asociaciones que "con gran esfuerzo lo hemos realizado", sino que pertenece a la sociedad civil y "forma parte de la deuda moral e histórica que este país les ha negado hasta ahora a las víctimas del golpe de estado fascista del año 1936 y a sus familiares".
"Las Asociaciones hemos realizado el trabajo de campo y nos hemos recorrido todos los municipios de Andalucía, para que entre familiares y víctimas, a través de la documentación oral, preferentemente, componer el puzzle del Mapa de Fosas de Andalucía, que ha estado olvidado más de 70 años. Es un trabajo de muchos que no deben capitalizar algunos", enfatizan.
Asimismo, y de cara a 2011, las asociaciones de Memoria Histórica esperan que el nuevo año "traiga la Verdad, la Justicia y la Reparación que las víctimas de la represión fascista se merecen y que la Administración Pública y los partidos políticos estén a la altura de ello", concluyen.
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