Israel presentó el pasado lunes al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, una actualización de sus investigaciones sobre la invasión de Gaza en diciembre de 2009 en la que murieron 1.400 palestinos, la mayoría civiles.
El documento (PDF inglés) incluye la explicación israelí a un ataque del Ejército con fósforo blanco contra una sede de la ONU de Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el que resultaron heridas tres personas y se perdió una gran cantidad de ayuda humanitaria vital para la franja.
Las conclusión es clara: pese a que las normas militares israelíes prohíben el uso de este armamento a la distancia que lo hizo en zonas con una densidad demográfica importante, se desestima la denuncia porque la operación era clave para proteger a sus soldados de una supuesta batería de misiles anti tanque que Hamás instaló en los alrededores.
El caso es llamativo porque no es sólo la Ley israelí en Conflictos Armados la que lo prohíbe, sino que el uso de fósforo blanco en zonas densamente pobladas también está prohibido por las convenciones internacionales.
En el informe se asegura que fueron sancionados dos oficiales, un general de brigada y un coronel. También se dice que después del ataque, "el Ejército impuso restricciones de manera inmediata contra el uso de armamento que contuviera fósforo blanco en áreas sensibles". Los informes de varias ONG y hospitales demostraron después que el uso de fósforo blanco durante la invasión fue una práctica generalizada en los ataques israelíes sobre la franja tanto en áreas abiertas como en zonas pobladas.
Hay otro caso similar de ataque contra un colegio de la UNRWA utilizado como campo de refugiados en Yabalia en el que murieron varios civiles.
El documento dice que el Ejército disparó varias rondas de morteros para eliminar "a un comando de Hamás que había disparado en repetidas ocasiones contra ellos a unos 80 metros del colegio". La investigación concluye que los militares no violaron la Ley en Conflictos Armados ya que "los morteros de Hamás eran una clara amenaza para los soldados israelíes".
Ataque contra una mezquita
Otro ejemplo de cómo Israel está tratando de justificar todas sus acciones contra civiles en Gaza sería el ataque a la mezquita Al Maqadmah en Beit Lahiya, una localidad del norte de Gaza. El 3 de enero de 2009 un misil israelí impactó contra la entrada del centro religioso causando la muerte de varios civiles. Según el informe, el Ejército había localizado a dos "terroristas" y se preparó para interceptarlos.
"En el transcurso de los preparativos se monitorizó la zona del bombardeo varios minutos. Durante ese tiempo no había civiles en las calles adyacentes [...] Como la zona estaba despejada se inició el ataque. El misil fue dirigido a la zona en la que estaban situados los dos hombres e impactó a la entrada del edificio. La investigación reveló que los militares no sabían que el edificio era una mezquita. No tenía minarete y en los planos operacionales no estaba marcado como tal. Los militares tampoco se percataron de que una de las puertas estaba abierta. Como resultado, la metralla del misil penetró en el edificio y hubo muchas bajas civiles".
Una investigación posterior, según el informe, concluyó que justo antes del ataque, el comandante encargado de la operación supo que el edificio era una mezquita, pero aún así permitió el bombardeo.
Este oficial fue sancionado, así como los encargados de seleccionar el tipo de armamento utilizado en el ataque. El documento explica que no se usó el adecuado para una zona con civiles porque "no estaba disponible en el momento".
Sin embargo, el informe concluye que el ataque no iba dirigido contra civiles o infraestructuras civiles, ya que se llevó a cabo contra los dos objetivos terroristas. Además, el Ejército dice que "no violó el principio de proporcionalidad" porque los que mandos no "esperaban herir a civiles, basándose en las observaciones del terreno que se llevaron a cabo minutos antes del bombardeo y la información que poseían sobre el edificio". Escudos humanos
Vistos estos tres casos, de nada sirve que al principio del documento se explique que el Ejército israelí se compromete a "proteger la dignidad de los civiles durante conflictos armados y dar a los detenidos tratamientos humanos".
Además, las órdenes sobre la "operación en Gaza" prohibían "explícitamente el uso de civiles como escudos humanos". Prohibición que no se respetó en muchos casos y que queda en evidencia, incluso en los que el Ejército considera infundados en su investigación.
Según los cinco casos concretos que se presentan en esta actualización, dos soldados están en proceso de ser juzgados por obligar a un menor a abrir varios paquetes y bolsas sospechosas de contener explosivos en el barrio Tel Al-Hawa de Gaza.
Pero desestima el caso denunciado por Abd-Rabbo, un palestino que asegura que varios soldados le obligaron a entrar en una casa donde se escondían varios supuestos militantes para obligarles a entregarse.
El militar al mando fue sancionado por permitir que el civil mediara entre militares y milicianos. Pero el Ejército desestima juzgarle por la vía criminal, puesto que, según su testimonio, fue el propio hombre "el que solicitó a los soldados entrar en la casa para que su edificio no resultara dañado en el ataque" y porque "no resultó herido" en la operación.
Israel tampoco se hace responsable de los daños contra propiedades privadas. En esta actualización se habla de la destrucción de una cooperativa avícola "por necesidades militares"; el bombardeo de una fábrica de cemento (material que las ONG no pueden trasladar a Gaza por el bloqueo) en la que "los militares aseguraban que había escondidos militantes de Hamás"; la demolición de una fábrica de aperitivos "donde se descubrió una unidad de Hamás"; o el ataque contra un almacén de harina que "no fue bombardeado intencionadamente".
Revisión de la protección a civiles
Después de todos estos ejemplos, el documento incluye al final un apartado que se denomina "Cambios en las directivas de operaciones militares". Israel dice que "pese el esfuerzo de sus militares por minimizar el impacto de las operaciones contra civiles" hubo numerosos muertos y heridos.
Por eso se propone revisar las técnicas del Ejército para "aislar mejor a la población de las operaciones de combate y limitar el daño contra propiedades civiles e infraestructuras, así como tener en cuenta los intereses de los civiles" en dichas operaciones. El informe se refiere a una localización más precisa de "infraestructuras en relación con el almacenamiento de agua, comida o suministro de energía".
Asimismo, se compromete a garantizar "refugios seguros para civiles; zonas de evacuación de civiles que huyan de los combates; el tratamiento médico; y el acceso a provisiones y ayuda humanitaria durante toques de queda, cierres o limitaciones de movimiento".
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