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General: Jueces de padres falangistas contra Baltasar Garzón
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Respuesta  Mensaje 1 de 4 en el tema 
De: Ruben1919  (Mensaje original) Enviado: 12/02/2011 13:53

Investigación de Garzón destapó la Caja de Pandora de amnistías

06-may-2010 Verónica Egui Brito

Postal de Franco - Dreamstime
Postal de Franco - Dreamstime

 

La orden judicial emitida contra Augusto Pinochet en 1998 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió un entramado político y social que distintas sociedades -latinoamericanas principalmente- habían decidido ocultar con el objetivo de recomponer a sus países después de que acabaron fragmentados por dictaduras de derecha

Quién tuvo la intención de develar los crímenes de Franco es cuestionado por ex funcionarios judiciales que intentan resguardar el nombre de sus familias.

s.

España aplicó el principio de la jurisdicción universal, lo que colocó a la nación ibérica a la vanguardia de los derechos humanos y causas humanitarias.

En consideración de Luis Esteban Manrique, analista político y autor del libro América Latina: de la Conquista a la Globalización, los españoles estaban empleando un mecanismo psicológico tratando de juzgar a Pinochet por persona interpuesta a su propio dictador, pues Francisco Franco murió en gestiones, pero muchos de sus altos mandos y ministros estaban vivos cuando procesaban al dictador y violador de derechos humanos de Chile.

 

A nadie, en ninguna parte del mundo, se le ocurrió introducir causas penales contra los ex funcionarios del régimen de Franco para enjuiciarlos y castigarlos por sus crímenes.

Criminalizan la investigación

En cambio ahora, cuando Garzón intentó aplicar en su país lo propio, fue adversado por toda una tendencia derechista (afines a Franco) para acallarlo y mantener la impunidad en el propio país que abrió la oportunidad mundial para condenar a otros gobernantes. Una paradoja total.

El Partido popular (PP) y otros organismos y movimientos de derecha en España consideran que con la ley de Memoria Histórica -promulgada por el jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que avala la investigación realizada por Garzón sobre los crímenes del franquismo- se está violando los principios que hicieron posible la transición política de España.

Cabe recordar que en 1977 fue promulgada la ley de amnistía en España pero existen muchos movimientos y partidos políticos que consideran que esa legislación ya no tiene cabida en la sociedad actual.

El problema fundamental de España es que, precisamente este país a través de uno de sus jueces abrió la Caja de Pandora sobre el controvertido tema de las amnistías y derechos humanos, y era de esperar que, más temprano que tarde, su nación también se viera en la necesidad de actuar frente a sus propios crímenes e injusticias cometidos durante la dictadura de Franco.

Intereses debilitan al sistema judicial

Lo cierto es que, existen denuncias del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo sobre la existencia de jueces que conforman el Tribunal Supremo que habrían sido cómplices de torturas y graves violaciones de los derechos humanos en el régimen franquista, asegura Manrique.

Además de esto, el analista político explica que actualmente existe en España un franquismo sociológico, formado por hijos de ex funcionarios del régimen que ahora son opositores democráticos. A ellos, según Manrique, no les conviene que el buen nombre de sus familias sea manchado por estas acusaciones y por esto, tratan de interferir con la investigación de Garzón a través de la querella en su contra.

De hecho, los grupos radicales exigen que el juez de la Audiencia Nacional sea inhabilitado por 20 años, y con esto, archivar la investigación sobre los crímenes del franquismo.

Sanación moral de las víctimas

Tras 35 años de la muerte de Franco y posterior restablecimiento del carácter democrático de España aún queda un sentimiento de vergüenza e impunidad sobre lo sucedido en esa dictadura.

Permitir a los deudos conocer el sitio donde están enterrados sus familiares y darles una digna sepultura iniciaría una sanación moral que los españoles necesitan.

Hace par de semanas miles de españoles marcharon no sólo para apoyar la causa que realiza Garzón contra el franquismo sino para defender la justicia y detener la impunidad que ronda al sistema judicial español.

Si bien es cierto que toda amnistía se crea para restablecer democracias y unificar sociedades fragmentadas también lo es que, para ello, necesitan un reconocimiento moral de las culpas.

En España nadie ha pedido perdón por los atroces crímenes cometidos, la derecha sigue responsabilizando a los republicanos, que mucha culpa tienen, pero con ello justifican las represiones y el derramamiento de sangre durante la guerra civil. Al menos 150 mil personas desaparecieron.

Es momento de unificar criterios sin importar ideologías políticas.

Similitudes fascistas

Antes de haber comenzado con extranjeros, la justicia española ha debido castigar a quien oprimieron y vejaron a su pueblo por más de tres décadas. Hay que recordar que Franco fue gran aliado de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini, dos de los peores fascistas de la historia universal contemporánea. Pinochet se quedó corto en comparación con estos hombres.



Leer más en Suite101: Investigación de Garzón destapó la Caja de Pandora de amnistías http://www.suite101.net/content/garzon-destapo-la-caja-de-pndora-de-las-amnistias-mundiales-a16293#ixzz1DkfltdKF

 



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Respuesta  Mensaje 2 de 4 en el tema 
De: Ruben1919 Enviado: 13/02/2011 16:58
"Hace par de semanas miles de españoles marcharon no sólo para apoyar la causa que realiza Garzón contra el franquismo sino para defender la justicia y detener la impunidad que ronda al sistema judicial español."

Respuesta  Mensaje 3 de 4 en el tema 
De: Ruben1919 Enviado: 18/02/2011 14:36
 
 

El Secretario General del Partido Comunista de España, José Luis Centella, manifestó ayer su indignación por el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo denegando la autorización a la familia del poeta para interponer recurso extraordinario de Revisión, frente a la sentencia de condena de muerte dictada el 18 de enero de 1940, por el Consejo de Guerra Permanente número 5 de Madrid, contra Miguel Hernández, como autor de un delito de Adhesión a la Rebelión previsto en el artículo 238.2º del Código de Justicia Militar del año 1890.

Es significativo que la Sala acuerde denegar la interposición del recurso amparándose en lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, argumentando que la condena, como todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra, ha sido reconocida por esta ley como “radicalmente injusta”, y declarada su ilegitimidad, por lo que el Supremo admite que la condena es injusta e ilegitima pero no la anula.

Para José Luis Centella “en estas circunstancias han quedado al descubierto las limitaciones de la Ley de Memoria Histórica, tal y como se había visto en casos anteriores”, a la ve que considera insuficiente la declaración de Miguel Hernández como víctima del Franquismo mientras resulta imposible conseguir la anulación de su condena”,

Al conocer la decisión del Supremo, Centella anunció la intención del PCE de promover una iniciativa ciudadana para exigir los cambios legales que permitan la anulación del juicio y la desaparición de la condena de Miguel Hernández, y la del resto de los miles de republicanos, fieles a su gobierno democrático y sus ideales, que todavía no han visto reparada su memoria.

El PCE denuncia que con esta decisión se pone en evidencia cómo sigue imperando la memoria de los vencedores por encima de la necesaria justicia histórica con los vencidos, y la falta de voluntad del gobierno socialista por no haber desarrollado en todos sus años de gobierno una Ley de la Memoria Integral. Por todo esto, el Partido Comunista seguirá defendiendo la necesidad de la anulación de los tribunales franquistas al considerar que el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la guerra que desencadenó no puede ser fuente de derecho.

En consecuencia el PCE denuncia el trato hipócrita realizado con el poeta del pueblo a quien el año pasado se colmó de honores institucionales durante la celebración del centenario de su muerte, pero al que al mismo tiempo se le priva de reparación de la justicia negándole la anulación de aquel juicio que le condenó a muerte. El Partido Comunista considera que ésta es una segunda condena testimonial, que añadir a la dictada en su día por los tribunales franquistas. La diferencia es que esta vez se hace en democracia, y también la importancia de esta anulación ya que sentaría el precedente para anular la de tantos republicanos injustamente represaliados.

En estas circunstancias, el PCE hace un llamamiento a todas la comisiones, plataformas, instituciones y colectivos que han trabajado para difundir las actividades en torno al centenario del poeta para que se sumen a la petición de cambios legislativos que permitan la definitiva anulación de la sentencia de Miguel Hernández sin esperar a que una nueva celebración nos sitúe ante el espejo de nuestras vergüenzas.



Ante la decisión del Tribunal Supremo de no tramitar la anulación de la sentencia de Miguel Hernández
El PCE defenderá la modificación de la Ley de Memoria Histórica

 

Respuesta  Mensaje 4 de 4 en el tema 
De: Ruben1919 Enviado: 09/11/2011 21:53

España

El Supremo aparta del proceso por el franquismo a los cinco jueces recusados por Garzón

Habían sido designados para juzgarle por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo

Día 14/06/2011 - 18.32h
 
 

La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha admitido hoy la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados que habían sido designados para juzgarle por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

La mayoría de los dieciséis magistrados que componen esta Sala ha aceptado apartar de este procedimiento al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y a los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo para evitar cualquier sospecha de parcialidad, ya que han participado en la instrucción de esta causa.

El magistrado Ángel Calderón, que había sido nombrado ponente, ha anunciado un voto particular por lo que ha sido nombrado nuevo ponente, el magistrado Ángel Moliner, mientras que el magistrado Juan Saavedra se ha ausentado de la votación por ser uno de los recusados.



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