La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la absolución del juez Baltasar Garzón en su escrito de conclusiones remitido a la Sala de lo Penal, que debe juzgarle por ordenar las escuchas en prisión de conversaciones entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. El ministerio público sostiene que Garzón quiso dejar a salvo el derecho de defensa de los presos, que los letrados conocían la circunstancia de que estaban siendo grabados y que el contenido de las grabaciones no fue utilizado por el juez para dirigir o variar la investigación.

La fiscal Pilar Fernández-Valcarce, autora del escrito, recuerda que en febrero de 2009 ya había indicios de que determinados miembros de despachos jurídicos habían intervenido en operaciones dirigidas a blanquear dinero, y que existían reuniones concertadas y operaciones pendientes de concluir antes de dictarse el auto de prisión de los cabecillas. El 9 de febrero fueron imputados los letrados Manuel Delgado Solís, Luis de Miguel Pérez y José Ramón Blanco Balín, y tres días después Garzón decretaba la prisión de los jefes de la trama corrupta, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

El primer examen de la documentación intervenida a la red ya revelaba la existencia de una extensísima red de sociedades que alcanzaba territorios "no precisamente caracterizados por su cooperación judicial", como Nevis, Curaçao o Panamá. Las intervenciones telefónicas acordadas aportaron datos de que los imputados estaban preparando operaciones con la finalidad de reorganizar fondos ubicados en el extranjero que en la fecha de la detención no se habían producido. En dos conversaciones que habían sido intervenidas el 18 de diciembre de 2008, Crespo y Correa trataron del blanqueo de una cuenta depositada en Suiza con unos 20 millones de euros.

Esos indicios "llevaron a la lógica conclusión de que los imputados, presos preventivos, tratarían de culminar las operaciones a través de terceras personas, letrados o no, que pudieran contactar con ellos en el centro penitenciario", dice la fiscalía.

El escrito precisa que esas operaciones no suponían agotamientos de delitos ya consumados, sino un nuevo blanqueo de capitales, para lo que existen numerosos instrumentos jurídicos internacionales, entre los que cita el Convenio contra el Blanqueo de Estrasburgo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o la Convención de la ONU contra la Corrupción, todas suscritas por España y que imponen "la obligación de adoptar determinadas cautelas en evitación de esa participación".

La fiscal reproduce los autos en los que Garzón dispuso la intervención de comunicaciones entre los presos y sus abogados. En ellos, subraya, "se hace especial hincapié en dejar a salvo el derecho de defensa". El 27 de marzo de 2009, Garzón dicta otro auto en el que ordena expresamente "excluir las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados con sus letrados y que se refieran en exclusiva a estrategias de defensa".

Los letrados cuyas conversaciones con los presos de la red Gürtel fueron grabadas "conocieron tal circunstancia", afirma la fiscal, que se remite al auto de transformación en procedimiento abreviado del instructor, Alberto Jorge Barreiro. Añade que el contenido de las grabaciones no fue utilizado por Garzón "para dirigir o variar la investigación" y que las intervenciones "no han tenido ningún efecto en el curso del procedimiento ni han determinado la práctica de diligencia alguna".

La fiscal precisa por último que el pen drive intervenido al contable de la trama, José Luis Izquierdo, del que hablan los cabecillas y sus abogados en alguna conversación, fue intervenido antes de ordenarse las grabaciones. El escrito propone como prueba las conversaciones íntegras, incluidas las que hayan sido expurgadas, y concluye solicitando la libre absolución para Garzón.