Otro más en el Infierno - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

María Seoane.
mseoane@clarin.com

Guillermo Súarez Mason, alias "Pajarito", murió ayer en el Hospital Militar Central a los 81 años de un paro cardíaco, luego de ingresar el viernes por una hemorragia digestiva. Fue uno de los jerarcas más temibles de la dictadura de 1976. Su foja de servicios describe, como en tantos otros casos, la de un militar que ocupó lugares donde la línea de la vida y de la muerte se confundían. Y en todos los casos, la impiedad contra los ciudadanos fue la constante en los destinos de este hombre que supo estar en todas las rebeliones militares del siglo XX.

El crimen y la degradación por negocios fueron, también, su horizonte. Siendo teniente del Ejército de infantería, participó en el alzamiento contra Juan Perón en 1951, alineado con el general Benjamín Menéndez. Se asiló en Montevideo para evitar la prisión y desde allí conspiró contra el peronismo. En setiembre de 1955, tras el golpe que volteó a Perón fue recibido con honores por sus jefes militares, entre ellos el general Pedro E. Aramburu.

Su antiperonismo y anticomunismo visceral lo emparentó con golpistas como Juan Carlos Onganía (1966) y, luego, de la misma promoción de Jorge Videla y Roberto Viola ascendió a los escalones más altos del Ejército para la preparación del golpe militar más trágico de nuestra historia, en marzo de 1976. Su lugar en la preparación de ese golpe era central: hacia 1975 ocupaba la Jefatura II de Inteligencia, y a fin de ese año pasó a ocupar la jefatura del poderoso I Cuerpo de Ejército, cuando Videla, junto con el almirante Eduardo Massera y brigadier Ramón Agosti preparaban el asalto final al poder debilitado de Isabel Martínez de Perón. Y reinó allí hasta 1979.

Fue un reino de la muerte: bajo su jurisdicción estuvieron los centros clandestinos de detención Automotores Orletti, Pozo de Banfield, La Cacha, El Olimpo. Su más fiel subordinado fue el ex general Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense. No es posible rememorar sin estremecimiento lo ocurrido en las catacumbas del régimen, cuando se asesinaba a miles de ciudadanos, se torturaba, se los desaparecía y se hacía parir a las secuestradas para robarles, en por lo menos 500 casos, sus bebés.

Suárez Mason ocupó ese cargo hasta 1979, cuando la matanza de ciudadanos había concluido y cuando se iniciaba un etapa signada por la búsqueda, por parte de Videla y su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, de un proceso de blanqueo político que incluyera un plan de perpetuación del régimen.

Suárez Mason pasó a ser jefe del Estado Mayor General de Ejército y desde allí no sólo se opuso a cierto aperturismo, sino que fue partidario de ir a fondo en la guerra con Chile, asunto que lo enfrentó a Videla, que había empeñado su palabra ante el Papa Juan Pablo II de desmontar la guerra. Suárez Mason luego pasó a integrar los directorios de YPF y Bridas. Desde YPF endeudó a la empresa más de 142 veces para sostener no sólo la tablita financiera de Martínez de Hoz, sino para acumular vínculos económicos y negocios con el mundo de la P2, la logia masónica de Licio Gelli, amistad mafiosa que compartía con Massera.

Desde allí vendió nafta adulterada a través de la empresas Sol Petróleo SA, que sirvió para financiar las operaciones de los grupos de inteligencia militar en la contrarrevolución —o contras— centroamericana, con conocimiento del entonces dictador Leopoldo Galtieri.

A fines de 1983, ante el advenimiento de la democracia, Súarez Mason participó en el último servicio a la dictadura: se lo acusó de partir en un avión con documentos secretos para hacerlos desaparecer. Huyó hacia centroamérica y luego a EE.UU.. Capturado por Interpol en los EE.UU. hacia 1988, fue traído a la Argentina para ser juzgado por 43 asesinatos y 23 secuestros, entre ellos los imprescriptibles robos de bebés. Pero en 1990 fue indultado por Menem. En 2004, fue procesado en ausencia en Italia, y condenado a cadena perpetua por el asesinato de ítalo-argentinos. Su último desprecio por la ley ocurrió cuando durante un festejo de su cumpleaños fue visto rodeado de odaliscas en Argentinos Juniors del cual fue socio. La violación a las normas de la prisión domiciliaria lo llevaron a la cárcel de Devoto, a un celda en soledad, de donde partió hacia la muerte al Hospital Militar. Había nacido el 2 de enero de 1924. Que la muerte vaya con él.

Murió Antonio Domingo Bussi

El mismo día del inicio de un nuevo juicio oral en Tucumán, el amo, señor y fusilador número uno de esa provincia durante la última dictadura militar -declarado insano y apartado de la causa- murió, a los 85 años, por una insuficiencia cardíaca. En 1987, el Punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Comenzó entonces una extensa carrera política, siempre con epicentro en una provincia abrumada por la miseria.

El 24 de marzo del 76 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno.

Antonio Domingo Bussi había nacido en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, ootro general insano pero sobre todo impune que pasa sus días en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó “rematar a la subversión”, explicó alguna vez.

El 24 de marzo de 1976 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de “subversivo”, que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, quien al recordar la historia lo calificó de “tirano” y “feroz exterminador de disidentes”.

Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. “Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1”, apuntó la Comisión.

Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el exgendarme Omar Torres relató dos fusilamientos de los cuales fue testigo: “El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a la persona". Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”. Obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: “Los exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más”. Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.

En el 87 lo salvó el Punto final, pero también la justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal provincial, que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas en su contra. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El voto le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. “Imperfecciones propias de mi naturaleza humana”, había justificado.

En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso al Congreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

La Comisión Bicameral Investigadora formada en 1984 compiló una nómina de 507 secuestros durante la guerra sucia en Tucumán: 387 personas detenidas desaparecidas, otras 96 que luego recuperaron su libertad y 24 cuyos cadáveres fueron recuperados. El 68 por ciento de los 507 secuestros se produjeron en 1976 y 1977, mientras Bussi fue interventor federal y jefe militar de la provincia.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS

(Gran Papiyo)

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El ex general tenía 81 años y estaba en prisión por delitos de lesa humanidad. Figura clave tras el golpe de 1976, en 1988 fue juzgado por 43 asesinatos y 23 secuestros. En 1990 fue indultado por Menem.

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