LEYES ANTITERRORISTAS

UNA REFORMA PARA EFECTIVIZAR LA PERSECUCIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Fecha: Jueves 24 de noviembre de 2011

El gobierno no ceja esfuerzos en templar nuevas herramientas legislativas para criminalizar la protesta social. El pasado 14 de octubre, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que incrementaría las penas de aquellos que cometan supuestos actos de terrorismo o de aquellos señalados responsables de su financiación, ante las llamadas genéricamente “nuevas amenazas”: “cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y el máximo”.

De este modo apuestan a una nueva vuelta de tuerca sobre legislación represiva del Código Penal que habilitaría la prisión efectiva al duplicar las sanciones a los que efectúen delitos con el fin de “aterrorizar a la población” o de “obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Obviamente, la formulación es lo suficientemente ambigua e imprecisa como para condenar a cualquier grupo de trabajadores que corta la calle o ejerce el derecho de huelga, desencadenando de hecho la inversión de la carga de prueba, de modo tal que los afectados deberían demostrar que no son terroristas.

Según este proyecto, los inquilinos que resisten los desalojos podrían considerarse terroristas y hasta podrían ser sancionados con hasta seis años de prisión efectiva, poco más del doble de lo que hipotéticamente recibiría un policía por cometer torturas y apremios ilegales. Desde ya, la picota del Estado alcanzaría a cualquier organización solidaria que ayudara a financiar a los luchadores, incluso mediante una rifa o una colecta. Hasta los kirchneristas del CELS denunciaron que se trata de “una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta social”.

Mientras los kirchneristas hacen gárgaras progresistas contra el derechista Sebastián Piñera, refuerzan la misma legislación represiva que se viera obligado a modificar el presidente chileno a raíz de una huelga de hambre de 60 días que llevaron adelante 34 comuneros mapuches. Por si la memoria falla, el anterior gobierno “progresista” de la Concertación utilizó la Ley Antiterrorista, promulgada por la dictadura de Pinochet, para encarcelar a decenas de dirigentes mapuches que defendían sus tierras originarias contra las agresiones de los terratenientes y sus guardias blancas.

Amigos del imperialismo

Para no ser menos, la oposición presentó su propia iniciativa de Ley Antiterrorista en agosto de 2010. Suscripta por un amplio arco que comprendía desde derechistas como Federico Pinedo del PRO hasta “progresistas” como Margarita Stolbizer y Roy Cortina, la iniciativa era un calco de la Ley Antiterrorista Nº 26.268 de 2007, la ley a pedido del ex presidente Bush y el Consejo Judío Americano para demonizar a Irán en función de la manipulación de la causa AMIA. No casualmente los Kirchner enviaron esa iniciativa al Congreso junto a una orden de captura contra ocho funcionarios iraníes, acusados del atentado impune a partir del dictamen trucho elaborado por el fiscal Nisman, basado en declaraciones “imparciales” de la CIA, el FBI y el Mosad.

Esta legislación reaccionaria demuestra el carácter proimperialista del kirchnerismo y la oposición patronal. Análogamente, estas reformas legislativas constituyen una subordinación nacional al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo digitado directamente por EE.UU. y el FMI, que bajo el pretexto del terrorismo extorsiona a los países periféricos para adecuar su legislación en función de las necesidades del imperialismo, a cambio de un certificado de país “apto y seguro” para efectuar inversiones externas directas. En este sentido, ya en 2005 progresistas y derechistas introdujeron otras dos leyes antiterroristas que ponen en tela de juicio la institución del asilo político, las Leyes Nº 26.023 y 26.024, que proceden de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, respectivamente, así como las Leyes Nº 25.241 y 25.246, invocadas desde “los derechos humanos”, y la Ley 26.683 votada con velocidad meteórica.

En consecuencia, kirchneristas y opositores siguen blindando al Estado de herramientas punitivas contra el pueblo trabajador cuando se avecinan los vientos de la crisis económica internacional. La reiterada utilización del artículo 194 contra delegados y activistas, una normativa introducida por la dictadura del general Onganía y claramente criminalizadora de la protesta social, resulta todo un síntoma. La anulación de las leyes antiterroristas, la libertad de todos los presos políticos, el desprocesamiento de más de 4.000 compañeros con causas por luchar y el derecho a la autodefensa ante las patotas sindicales y paraestatales deben ser parte de la pelea que tenemos por delante. Es necesario redoblar los pasos para poner en pie una gran campaña democrática con decenas de miles en las calles.