1993: En correspondencia con su posteriormente denominada “Doctrina de la Expansión de la Democracia y el Libre Mercado” (sucedánea de la “doctrinas” de “contención al comunismo” que, desde 1945, guiaron las estrategias de seguridad nacional de sus antecesores), la recién inaugurada administración del demócrata William Clinton (1993-2001), continuaron los esfuerzos por “reconciliar” al Presidente Jean-Bertrand Aristide (quien ya se encontraba residiendo en Washington) con las criminales fuerzas golpistas encabezadas por el general Raúl Cedrás. Ese empeño concluyó en el llamado Acuerdo de la Isla de Gobernador, ubicada en Nueva York, mediante el cual –a instancias de los “mediadores oficiales estadounidenses”— el mandatario haitiano, a cambio de su retorno al país, se comprometió, entre otras cosas, a disminuir su poder personal, a aplicar las “recetas neoliberales” del Consenso de Washington y a dejar impunes a los autores intelectuales y materiales de los miles de crímenes de lesa humanidad perpetrados por los golpistas. A pesar de esas concesiones, Aristide no pudo regresar a su patria hasta octubre del año siguiente.

Mientras tanto, se mantuvo el embargo económico decretado por la ONU y el bloqueo por parte de fuerzas navales estadounidenses y canadienses de las costas haitianas, así como la contención del flujo de emigrantes hacia Canadá y Estados Unidos, muchos de los cuales fueron brutalmente recluidos en la mal llamada Base Naval de Guantánamo.

Paralelamente, la administración Clinton se implicó en otra “intervención democrática” en Guatemala, cuando su entonces Presidente Jorge Serrano Elías, respaldado por sectores del Ejército, anuló la Constitución y disolvió el Congreso. La falta de apoyo interno y las gestiones internacionales propiciaron la derrota de esa intentona y el nombramiento de Ramiro León Carpio hasta los próximos comicios. A su vez, aplicando la Enmienda Torricelli, la Casa Blanca comenzó a fortalecer el carácter extraterritorial de su guerra económica contra Cuba y a elaborar las estrategias (el llamado “two track” de la antes referida enmienda) que debían conducir a la “subversión pacífica y democrática” del gobierno de ese país.

A la par, el Congreso norteamericano continuó amenazando con sus llamadas “desertificaciones” a todos aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños que no “cooperaran” con Estados Unidos en la “guerra contra las drogas”. Muchos de ellos –en primer lugar, los de Bolivia, Colombia, México y Perú— continuaron enviando a sus cuadros militares a recibir entrenamiento “antinarcóticos” en la tristemente célebre Escuela de las Américas y en otras instituciones militares y policiales de Estados Unidos.

1994: Luego de introducirle las denominadas “enmiendas laboral y medio ambiental” el Congreso estadounidense y la Casa Blanca ratificaron el NAFTA negociado por la administración precedente. En esa ocasión, el Presidente William Clinton convocó a todos los gobiernos “democráticos” del Hemisferio Occidental –con excepción del de Cuba— a la Primera Cumbre de las Américas, cónclave que se efectuó en Miami a fines del propio año.

Previamente, cumpliendo un acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU y luego de fortalecer su bloqueo naval contra Haití, las fuerzas armadas estadounidenses ocuparon ese país. Fiel a los acuerdos de la Isla de Gobernador, Aristide retornó a su patria y, en consulta con la Casa Blanca, nombró un Primer Ministro y facilitó la salida del país de los altos militares implicados en la brutal represión de los años precedentes.

Por otra parte, luego de la firma del NAFTA y acorde con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Pentágono amplió la preparación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas y policiales mexicanas en diversas técnicas “antinarcóticos” y contrainsurgentes, medidas dirigidas, en primer lugar, a extender hacia el Sur el área de seguridad estadounidense y a tratar de derrotar los destacamentos indígenas comandados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que habían realizado un resonante pronunciamiento político-militar a comienzos del año.

Paralelamente, y en contradicción con los acuerdos migratorios firmados entre ambos gobiernos desde 1984, la administración Clinton disminuyó el número de visas entregadas a ciudadanos y ciudadanas cubanas y comenzó a estimular su salida ilegal hacia Estados Unidos, lo que produjo algunos incidentes en la capital de la isla. En respuesta, el gobierno cubano suspendió sus medidas de control sobre las salidas ilegales de aquellos cubanos que quisieran emigrar hacia territorio estadounidense. En ese contexto, la administración Clinton suspendió la “política de puertas abiertas” a todos los emigrantes procedentes de Cuba y comenzó a interceptarlos en alta mar y a confinarlos en la mal llamada Base Naval de Guantánamo.

1995: Dándole continuidad a su “guerra contra las drogas” y reaccionando frente a las objeciones expresadas por el Presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) frente a la política interna y externa seguida por su antecesor, la Casa Blanca y la maquinaria de la propaganda política exterior de Estados Unidos amplificó las acusaciones de que el mandatario colombiano había recibido “dineros calientes” provenientes del “narcotráfico” para su campaña electoral, lo que deterioró sensiblemente las relaciones entre ambos países.

A su vez, sobre la base de los enunciados de la Enmienda Torricelli, la administración de William Clinton nombró un coordinador para su política contra Cuba, quien comenzó a dar diversos pasos dirigidos a implementar el two track contra la Revolución cubana. También –a pesar de los nuevos acuerdos migratorios firmados entre ambos países y de las continuas denuncias del gobierno cubano— la Casa Blanca mantuvo una actitud displicente contra los provocadores vuelos sobre las aguas jurisdiccionales cubanas organizados por la organización contrarrevolucionaria “Hermanos al Rescate”, radicada en Miami y con estrechos vínculos con las agencias de seguridad de Estados Unidos.

1996: A causa de sus propias debilidades e instigado por los sectores más reaccionarios del Congreso norteamericano, al igual que por la “mafia cubana de Miami” y tomando como pretexto el derribo por parte de la fuerzas aéreas cubanas de una avioneta de la organización contrarrevolucionaria “Hermanos al Rescate” que, previamente, había sobrevolado en forma provocadora la capital cubana, el presidente William Clinton promulgó la denominada “Ley Helms-Burton”. Mediante esta, el poder ejecutivo quedó obligado a impulsar nuevas acciones para el derrocamiento de la Revolución cubana, así como a continuar presionando con tal fin a los gobiernos y a las empresas privadas de diversos países del mundo —entre ellos, Canadá, América Latina y el Caribe— que mantuvieran relaciones con Cuba.

Paralelamente, la Casa Blanca emprendió otra “intervención democrática” en América Latina y el Caribe. En esta ocasión, contribuyó a conjurar, mediante diversas acciones diplomáticas, un intento de golpe de Estado contra el Presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) protagonizado por Comandante en Jefe del Ejército, general Lino César Oviedo, acusado de estar comprometido con muchos de los crímenes perpetrados por la satrapía de Alfredo Stroessner.

Por otra parte, el Congreso norteamericano “desertificó” y suspendió la ayuda económica y militar al gobierno colombiano acusando al Presidente colombiano de haber recibido dinero del “narcotráfico” y le negó la visa a dicho mandatario para viajar a la Asamblea General de la ONU en su condición de presidente pro tempore del Movimiento de Países No Alienados.

1997: A pesar de las constantes protestas del gobierno colombiano y de gobiernos latinoamericanos y caribeños el Congreso norteamericano volvió a “desertificar” a Colombia por no “cooperar en la lucha contra las drogas”. En consecuencia, mantuvo la suspensión de la ayuda económica y militar estadounidense al gobierno colombiano. Paralelamente, la administración de William Clinton, incrementó sus presiones con el Presidente de Haití, René Prèval (1996-2000) como consecuencia de la crisis política que atravesó dicho país a causa de lo que la oposición denominó “los fraudulentos resultados de las elecciones parlamentarias” de abril, al igual que de las elecciones suplementarias realizadas durante los meses de julio y agosto de este año. Ante esa situación, “la comunidad internacional”, encabezada por Estados Unidos, disminuyó o canceló la ayuda económica que le venía ofreciendo al gobierno de Haití, lo que profundizó la crisis económica y social de esa depauperada nación caribeña. Esto motivó la renuncia del Primer Ministro, Rosny Smarth, a partir de la cual Prèval no pudo encontrar el apoyo parlamentario requerido para nombrar a su sucesor. En ese contexto, se incrementaron los crímenes políticos atribuidos tanto al gobierno, como a la oposición derechista; Mucho más, después que –siguiendo el “ejemplo” de Estados Unidos— todas las fuerzas militares de la ONU abandonaron Haití.

Paralelamente, con vistas a contener las llamadas “emigraciones incontroladas” hacia su territorio, la Casa Blanca continuó construyendo un enorme muro a lo largo de su extensa frontera con México, zona en la cual se produjeron decenas de asesinatos de latinoamericanos que pretendían llegar al territorio estadounidense.

1998: Siguiendo los planes de reestructuración de las fuerzas armadas estadounidenses diseñados por la administración de William Clinton, preparándose para la salida de sus tropas de la Zona del Canal de Panamá y contra la voluntad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, el cada vez más fortalecido SOUTHCOM comenzó a dislocar en Puerto Rico sus principales efectivos (el llamado Ejército Sur) y a impulsar –acorde con los gobiernos de esos países— la instalación de nuevas bases o facilidades militares (llamadas FOL, por sus siglas en inglés) en Manta, Ecuador; Soto Cano, Honduras; al igual que en Aruba y Curazao: islas caribeñas aún sometidas al control colonial de Holanda. Igualmente, instaló en su propio territorio y en diversos países del continente un potente sistema de radares con capacidad para controlar ilegalmente el espacio aéreo y naval de casi todas las naciones de América Latina y el Caribe.

Por otra parte, la Casa Blanca presionó a los gobiernos de Antigua, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Las Granadinas y Trinidad y Tobago con vistas a que firmaran Tratados de Asistencia Legal Mutua que –junto a los Tratados de lucha contra las drogas (los llamados Sheapriders Agrements) signados entre 1995 y 1997— institucionalizaron las sistemáticas operaciones de guardacostas norteamericanos en las aguas jurisdiccionales de esas pequeñas islas caribeñas. Lo anterior –al igual que las crecientes acciones norteamericanas contra “el lavado de dinero” y contra “las migraciones incontroladas”— acentuó la despreocupación estadounidense frente a los serios problemas económicos, sociales y ambientales que están afectando a las naciones de la Cuenca del Caribe.

Paralelamente, en respuesta a la negativa del presidente Ernesto Pérez Valladares (1995-1999) a autorizar la permanencia en Panamá de 2 500 efectivos militares estadounidenses, la administración de William Clinton desconoció aquellos aspectos de los Tratados Torrijos-Carter de 1997 que comprometen a Estados Unidos a descontaminar las áreas adyacentes al Canal de Panamá que durante 60 años fueron utilizadas por el Pentágono como polígonos de tiro y experimentación, incluso de armas químicas y radiactivas.

Asimismo, según se denunció, en ese año recibieron instrucción militar en la Escuela de las Américas 778 militares de varios países de América Latina y el Caribe; la mayor parte de ellos en técnicas contrainsurgentes y de luchas contra las drogas. Así se confirmó en Bolivia, donde el gobierno constitucional del ex dictador Hugo Banzer (1997-2001), con asesoramiento estadounidense, emprendió una brutal arremetida contra los campesinos cocaleros de la zona del Chapare.

A la par, como un nuevo acto de agresión contra Cuba, el FBI detuvo a un grupo de cubanos radicados en Miami –entre ellos, a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González— bajo la falsa acusación de realizar actividades de espionaje contra Estados Unidos. Antes de ser condenados en el 2003 por un espurio Tribunal de Miami, las autoridades norteamericanas los mantuvieron durante 33 meses sometidos a diversas formas de trato degradante e inhumano. Según demostró posteriormente el gobierno cubano, esos “cinco héroes prisioneros del imperio” realmente formaban parte de una red de oficiales y agentes de la Seguridad del Estado cubana infiltrada dentro de los grupos terroristas de origen cubano que operan en y desde Miami.

Las autoridades cubanas también demostraron que la desactivación de esa red fue posible gracias a las informaciones y pruebas que oficialmente se les habían entregado a la administración de William Clinton –a través de una delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que visitó La Habana— acerca de la participación de personas residentes en Estados Unidos en la ola de atentados terroristas contra la industria turística cubana que se había producido en el año precedente, así como con relación a otras acciones terroristas que esas personas pretendía realizar en los próximos meses. Esa revelación reiteró la complicidad del establishment de seguridad de Estados Unidos en los crímenes que han cometido en Cuba y en otros países del mundo las organizaciones contrarrevolucionarias cubanas radicadas en territorio estadounidense o de otros países centroamericanos, como El Salvador y Guatemala.

1999: Luego de las intensas movilizaciones populares provocadas por el asesinato del vicepresidente Luis María Egaña y de otras siete personas, así como de un nuevo intento de golpe de Estado encabezado por el ex general Lino Oviedo en complicidad con el presidente Raúl Cubas Grau (1998-1999), la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay “negoció” la salida impune de este último y –mediante otra “intervención democrática”— presionó para que se le entregara el gobierno al presidente del Congreso, Luis González Macchi; quien, siguiendo los postulados de Consenso de Washington, emprendió un draconiano e impopular Plan de Ajuste Estructural de la economía paraguaya. Paralelamente y no obstante las conversaciones de paz que inició con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) y su homólogo William Clinton restablecieron sus convenios de ayuda militar y de lucha contra las drogas. En consecuencia, se desplegaron en Colombia decenas de asesores militares estadounidenses. Con su complicidad sólo en este año se produjeron en ese país suramericano 257 masacres (con 1605 víctimas); 2 069 asesinatos selectivos; 431 desapariciones forzadas; 334 personas torturadas y 33 147 víctimas de amenazas de muerte por razones políticas. También se calcularon en 1,5 millones las personas desplazadas de sus hogares a causa de violencia oficial o de la “guerra sucia” desatada por grupos militares toleradas por el Estado.En la base de esa participación estadounidense en el conflicto interno colombiano estaba el criterio del SOUTHCOM de que Colombia constituye “la mayor amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la “seguridad interamericana”.

Paralelamente, en México, con el decidido respaldo político-militar norteamericano, el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) desencadenó una violenta ofensiva militar dirigida a desarticular las bases de sustentación social y a ocupar militarmente la zona donde se suponía estaba ubicada la Comandancia del EZLN.

2000: A pesar de las demandas de las organizaciones internacionales preocupadas por las constantes violaciones de los derechos humanos y del rechazo del pueblo colombiano, así como sobre la base de una solicitud del presidente Andrés Pastrana, el presidente William Clinton aprobó el denominado “Plan Colombia” elaborado en Estados Unidos. Con el pretexto de la lucha contra el “narcotráfico” y de defender el “ordenamiento democrático” en ese país suramericano, con ese multimillonario plan, con la participación directa del Pentágono, de otras agencias oficiales y de “contratistas” (mercenarios) estadounidenses y de otros países, se pretenden destruir los principales efectivos del experimentado movimiento guerrillero colombiano –en particular de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional— y, sobre todo, aterrorizar a las bases de sustentación social de cualquier proyecto alternativo a las clases dominantes colombianas. Con el primero de dichos fines, la Casa Blanca presionó a los gobiernos de Ecuador, Perú y Brasil para que sus correspondientes fuerzas armadas sirvieran como “yunque” de las operaciones contra las “narcoguerrillas” que se desarrollen en Colombia.

A su vez —pese a las intensas movilizaciones del pueblo puertorriqueño—, la Casa Blanca autorizó la continuidad de los bombardeos y otros ejercicios militares en la isla Vieques.

Paralelamente, violando los Acuerdos de Paz de 1992 suscritos con el FMLN y también con el pretexto de la lucha contra el “narcotráfico”, los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador firmaron un tratado mediante el cual se instaló en el aeropuerto internacional de Comalapa (a 45 kilómetros de San Salvador) un centro de monitoreo de la Marina de Guerra que le permitirá al Pentágono el control del espacio aéreo y marítimo de todos los países centroamericanos.

Asimismo, en una nueva “intervención democrática” en Haití, el presidente William Clinton- le impuso al recién reelecto presidente Jean-Bertrand Aristide (2001-2003) el tutelaje de la OEA en los asuntos internos haitianos y fuertes compromisos en la “guerra contra el narcotráfico”, así como en el control de la emigración hacia Estados Unidos como condición para su reconocimiento por la “comunidad internacional” y para la entrega de la ayuda económica internacional que tanto necesita ese empobrecido país caribeño.

En contraste, la Casa Blanca y la OEA aceptaron la promesa del corrupto y criminal Presidente peruano Alberto Fujimori