LA “DOCTRINA NIXON”

1969: Con el apoyo del entonces recién electo presidente republicano Richard M. Nixon (1969-1976) y de la Marina de guerra estadounidense, la Royal Dutch Army de Holanda desembarcó más de mil paracaidistas con vistas a sofocar una poderosa sublevación popular, encabezada por el recién constituido Frente Obrero y de Liberación de Curazao. Simultáneamente, la Casa Blanca comenzó a desarrollar diversas estrategias –incluidas la aplicación de sanciones económicas— contra los gobiernos militares nacionalistas de Perú y Panamá, liderados desde el año precedente, por el general Juan Velasco Alvarado y por el teniente coronel Omar Torrijos, respectivamente.

A la par, Nixon y su entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Henry Kissinger, organizaron un viaje por Suramérica del multimillonario y otrora Coordinador de la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Nelson Rockefeller; quien elaboró un informe donde propuso el “reforzamiento del sistema de “seguridad colectiva” del Hemisferio Occidental y de la OEA. También recomendó estrechar los vínculos de Estados Unidos con los círculos militares de América Latina y fortalecer “los esfuerzos propios” que estaban desarrollando algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños para “conjurar la revolución social”. Se sentaron así algunos de los pilares de la “Doctrina Nixon”. En oposición a las intervenciones militares, más o menos directas, ejecutadas por sus predecesores, esta pretendía “latinoamericanizar” la represión en el Hemisferio Occidental.

1970: Con vistas a tratar de frustrar la victoria electoral del candidato de la Unidad Popular chilena, Salvador Allende, la CIA emprendió diversas acciones (incluido el alevoso asesinato del entonces jefe del ejército, general René Schneider) dirigidas a provocar una crisis institucional que propiciara un golpe de Estado. Ante la decisión del Congreso chileno de ratificar la victoria electoral de Allende, la administración Nixon –junto a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad chilena— emprendió un sistemático plan de desestabilización económica, política y militar de ese gobierno popular.

Paralelamente, la Casa Blanca y el gobierno del Reino Unido respaldaron las draconianas medidas represivas emprendidas por el premier Eric Williams (1962-1981) con vistas a sofocar, a sangre y fuego, el violento estallido popular encabezado por el National Joint Action Committee en Trinidad y Tobago. Tal represión se produjo bajo la mirada cómplice de las fuerzas militares estadounidenses acantonadas en la base militar de Chaguaramas, instalada en esa nación caribeña desde la Segunda Guerra Mundial.

1971: Con el respaldo de la Casa Blanca, de la Embajada estadounidense en La Paz, así como de las dictaduras militares de Brasil y de Argentina, los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas y de las clases dominantes bolivianas desencadenaron un sangriento golpe de Estado contra el gobierno del general Juan José Torres (1970-1971), quien –con el respaldo y la presión del movimiento popular— encabezó un nuevo intento cívico-militar por actualizar y llevar a vías de hecho los principales postulados democráticos y nacionalistas de la traicionada Revolución boliviana de 1952. Como consecuencia de ello se instauró la sanguinaria dictadura terrorista del general Hugo Banzer Suárez (1971-1979).

Posteriormente, se develó un nuevo (y frustrado) plan de la CIA con vistas a asesinar al presidente cubano Fidel Castro durante las visitas oficiales realizadas a Chile, Perú y Ecuador. Igualmente, se conocieron nuevos detalles de los planes desarrollados por el gobierno y por algunas empresas transnacionales norteamericanas –como la International Telephone and Telegraph (ITT)— dirigidas a crear las condiciones político-militares que, dos años más tarde, le permitieron derrocar violentamente al gobierno popular de Salvador Allende.

Luego de la muerte por causas naturales de François Duvalier, y con el apoyo de la Casa Blanca, asumió el gobierno de Haití su hijo Jean-Claude Duvalier (Baby Doc); quien en ese momento sólo tenia 19 años de edad. Continuó así, hasta 1986, el régimen terrorista instaurado en ese país desde 1957.

1972: El establishment de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, la Junta Interamericana de Defensa (radicada en Washington) y las sanguinarias dictaduras de Guatemala y Nicaragua se implicaron de manera directa en la cruenta derrota de la sublevación popular –respaldada por el Movimiento de Jóvenes Militares— que estalló en El Salvador como reacción ante el descarado fraude electoral contra el candidato de la Unión Nacional Opositora, Napoleón Duarte, protagonizado por el testaferro de la oligarquía salvadoreña, coronel Armando Molina. Luego de esos sangrientos acontecimientos, en las siguientes dos décadas, una nueva ola de “terror blanco” estremeció a El Salvador.

Paralelamente la Casa Blanca mantuvo su respaldo al régimen de terror instalado en Guatemala tanto por el gobierno del Dr. Julio César Méndez Montenegro (1996-1970), como por el general Carlos Arana Osorio (1970-1974). Este último aplicó una estrategia genocida en las zonas indígenas donde operaban las principales organizaciones guerrilleras guatemaltecas. Igual –con el respaldo de la CIA— emprendió una brutal represión en las principales ciudades del país.

1973: Con la participación de la Casa Blanca, del Pentágono, de la CIA, al igual que de la ITT, la Braden Cupper Corporation y de otros monopolios norteamericanos, así como antecedido por el férreo bloqueo de los organismos financieros internacionales (FMI, BM) e interamericanos (BID), fue derrocado y asesinado el presidente constitucional chileno Salvador Allende. Se inició así el prolongado régimen de terror instaurado por la dictadura militar fascista (1973-1990) del general Augusto Pinochet.

Previamente, con el respaldo de los Estados Unidos y de las “dictaduras de seguridad nacional” instauradas en Brasil y Paraguay, se institucionalizó en Uruguay la dictadura terrorista del general Juan María Bordaberry (1971-1976).

Al mismo tiempo, con el contubernio de la Embajada norteamericana en Buenos Aires y de los regímenes de seguridad nacional antes referidos, comenzaron a formarse los primeros grupos terroristas –como la Alianza Anticomunista Argentina—, que mediante la eliminación física, individual o colectiva de importantes cuadros y activistas de las organizaciones de izquierda –peronistas y no peronistas— comenzaron a desestabilizar al recién instaurado “gobierno Cámpora-Perón”.

A su vez, la Casa Blanca y su poderosa misión militar en República Dominicana respaldaron la decisión del segundo gobierno “constitucional” de Joaquín Balaguer (1970-1974) de asesinar, a sangre fría, al líder constitucionalista Francisco Caamaño Deñó y a sus principales seguidores. Estos habían desembarcado en ese país con vistas a iniciar la lucha armada guerrillera.

Paralelamente, con el respaldo de los imperialismos anglosajones el gobierno colonial de Granada, encabezado por el dictador Eric Gairy, emprendió una draconiana represión contra los luchas por la verdadera independencia de esa pequeña isla caribeña; entre ellas, el ametrallamiento de una pacífica manifestación popular que pasó a la historia de ese país como “el domingo sangriento”.

1974: Como parte de su política de agresiones económicas hacia el continente, la Casa Blanca promulgó una nueva Ley del Comercio, de cuyos beneficios quedaron excluidos Venezuela y Ecuador por ser integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Asimismo, amenazó con represalias parecidas a los demás países del continente (Perú, Panamá, Ecuador, Jamaica, Guyana,...) que, por aquellos años, se integraron a diversas organizaciones internacionales dirigidas a defender los precios de sus principales productos de exportación, por ejemplo, el banano, el cobre, el estaño, la bauxita y el petróleo.

A su vez, luego de la muerte de Juan Domingo Perón (1ro de julio de 1974), el agente de la CIA José López Rega, entonces Ministro de Bienestar Social del débil gobierno de Isabel Martínez (1974-1976), emprendió una oleada de acciones terroristas contra el movimiento popular. A la vez, comenzó a conspirar con el sanguinario y corrupto Jefe de la Marina de guerra, almirante Emilio Massera, con vistas a producir un “golpe blanco” o un nuevo “pronunciamiento militar”.

Paralelamente, como respuesta a la ola de huelgas que sacudieron al país en los dos años precedentes, el gobernador colonial de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón (1973-1977), emprendió –con el apoyo de la administración de Gerald Ford (1974-1977), del FBI y de la Guardia Nacional—una brutal política represiva contra el moviendo popular y contra las principales organizaciones independentistas.

1975: Según se ha documentado, desde este año el ya Secretario de Estado Henry Kissinger (1973-1977) fue informado por el Embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, de que en Argentina se estaba preparando un nuevo golpe militar que –por su crueldad— implicaría graves violaciones a los derechos humanos. Paralelamente, el almirante Emilio Massera comenzó a entrenar en Estados Unidos a efectivas de la Marina en técnicas de contrainsurgencia y el entonces Jefe del Ejército, general Jorge Videla, viajó a West Point, Estados Unidos. También participó en la reunión de Jefes de Ejércitos Latinoamericanos –organizada por la JID y efectuada en Montevideo— con el propósito de construir las alianzas internacionales que facilitan la coordinación de la actividad represiva con el SOUTHCOM y con las dictaduras terroristas ya entronizadas en Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

Paralelamente, en Perú se produjo un “golpe blanco” contra el ya enfermo general y presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Este fue sustituido por el también general Francisco Morales Bermúdez, quien de inmediato y favorecido por las recomendaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, firmó diversos acuerdos “neoliberales” con el FMI que rápidamente erosionaron el ímpetu popular y nacionalista del movimiento militar que se había iniciado en 1968. En consecuencia, durante su mandato (1975-1980) tuvo que emprender violentas medidas represivas contra el movimiento popular.

1976: Con el conocimiento del presidente estadounidense Gerald Ford y del Secretario de Estado, Henry Kissinger, se instauró en Argentina una sanguinaria Junta Militar encabezada por el Jefe del Ejército, general Jorge Videla. En ese contexto, con el consentimiento de los servicios especiales estadounidenses, se estructuraron las llamadas “Operación Murciélago” y “Operación Cóndor” mediante las cuales las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay se coligaron para desarrollar una de las más sádicas “cacerías” de que han sido víctimas prominentes dirigentes populares y revolucionarios del continente.

A esa “multinacional de la represión y el terror” —encabezada por los dictadores de Chile y Paraguay, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner, respectivamente— también se vincularon la dictadura de Eric Gairy en Granada, las principales dictaduras militares centroamericanas y algunas organizaciones contrarrevolucionarias de origen cubano, amamantadas por el establishment de seguridad de Estados Unidos. Éstas, guiadas por la consigna de llevar “la guerra contra Cuba a todos los rincones del mundo”, realizaron más de 279 acciones terroristas contra diversos objetivos civiles en Europa occidental, América Latina y el Caribe; entre ellas, la sádica voladura en pleno vuelo de un avión civil de la compañía Cubana de Aviación que cumplía su ruta comercial entre diferentes islas del Caribe el 6 de octubre de 1976.

LAS VACILACIONES DE JAMES CARTER

1977: Rodeado de promisorios augurios para las relaciones interamericanas, ocupó la Casa Blanca el presidente demócrata James Carter (1977-1981); quien de inmediato anunció su compromiso de impulsar los derechos humanos y las libertades fundamentales en el continente, así como “un multifacético plan de desarrollo para el Caribe”. Sin embargo, denotando los límites de esa política, realizó pronunciamientos favorables a la eventual anexión de Puerto Rico y la Casa Blanca admitió otro sangriento golpe de Estado en El Salvador dirigido a desconocer la victoria electoral al entonces candidato presidencial de la Unión Nacional de Oposición, el coronel retirado Ernesto Claramount. Como resultado se apoderó de la presidencia el sanguinario general Carlos Humberto Romero (1977-1979). Asimismo, la Casa Blanca mantuvo sus vínculos con el general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), a pesar de la brutal política represiva desplegada a lo largo de su mandato.

Paralelamente, la administración Carter adoptó una actitud contemporizadora frente a los restantes regímenes terroristas de Estado instaurados en el continente, sobre todo, después que la mayor parte de estos decidieron romper sus tratados militares con Estados Unidos. Así se expresó en Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos convocada por la OEA en Granada. En esta el Secretario de Estado norteamericano, Cyros Vance, aceptó las presiones de los representantes tales gobiernos militares. Estos se opusieron a que la conferencia condenara las brutales violaciones a todos los derechos humanos que estaban produciendo en América Latina y el Caribe.

1978: Con vistas a impedir el fraude electoral, así como un eventual golpe de Estado organizado por los partidarios del “dictador civil” dominicano Joaquín Balaguer, la administración Carter emprendió una nueva “intervención democrática” en ese país. Esta favoreció al terrateniente “socialdemócrata” Silvestre Guzmán Fernández (1978-1982) quien, para pagarle el favor, abrió aún más las puertas de su país a la penetración económica, política y militar de Estados Unidos.

Paralelamente - y contrariando los deseos de la Casa Blanca-, la dictadura de Anastasio Tachito Somoza (1957-1979) asesinó al director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro. A pesar de ello y de los continuos avances del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la administración Carter emprendió diversas maniobras para preservar su sistema de dominación sobre ese país e instaurar lo que se definió como “un régimen somocista sin Somoza”. Previamente, dándole continuidad a la política de “aliados privilegiados”, Carter procuró restablecer la armonía de sus relaciones con las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Uruguay y Paraguay. Conforme a esa política, las transnacionales norteamericanas acrecentaron sus jugosas inversiones en la región y la banca transnacional —apoyada por el FMI y el BM— continuó transfiriéndoles abultados créditos a esas dictaduras militares; esto a pesar de que era evidente que una parte de esos créditos se dirigían a la adquisición de armamentos en diversos países aliados de los Estados Unidos, tales como Alemania, Israel y Corea del Sur.

1979: Con el propósito de impedir la victoria del FSLN, en la XVIII Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, la Casa Blanca —con el respaldo de las dictaduras militares de Guatemala, Honduras y El Salvador— propuso la formación de una Fuerza Interamericana de Paz para intervenir en Nicaragua. Tal propuesta fue rechazada. Sin embargo, desde el SOUTHCOM (radicado en Panamá) las fuerzas armadas estadounidenses continuaron suministrándole a la dictadura de Somoza todos los recursos militares necesarios para reprimir la insurrección pueblo nicaragüense. A pesar de ello, el 19 de julio, se produjo la victoria de la Revolución Sandinista. No obstante sus amplios enunciados programáticos, los círculos de poder estadounidenses comenzaron a conspirar contra la misma, al igual que contra la naciente revolución que bajo la dirección de Maurice Bishop se había producido en la pequeña isla de Granada.

Igualmente, la administración Carter provocó una “minicrisis” en sus relaciones con Cuba. En ese contexto, el Pentágono organizó diversas maniobras militares agresivas en la región; incluidas las que se efectuaron la Base Naval ubicada en la Bahía de Guantánamo.

Previamente, y para disgusto del general Omar Torrijos, el Senado estadounidense había aprobado las llamadas “Enmienda Conchini” y la “Ley Murphy” como condición imprescindible para aprobar los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Ambos instrumentos jurídicos –aceptados por la Casa Blanca— vindicaron, una vez más, el supuesto derecho norteamericano a “proteger” ad infinitum el Canal de Panamá.

Paralelamente, con la complicidad del establishment de seguridad de Estados Unidos, se consolidó en Honduras la “narcodictadura” del general Policarpo Paz Díaz (1978-1981) y –con la intervención de la Embajada de Estados Unidos— fue “neutralizada” una sublevación de la Organización de Jóvenes Militares de El Salvador. Como resultado, se formó una Junta Cívica Militar, en las que conservaron su poder los sectores represivos de las Guardia Nacional y del Servicio de Inteligencia Militar.

Por otra parte, con el decidido apoyo de la dictadura militar argentina se instauró en Bolivia la “narcodictadura” presidida por el general Luis García Meza. Esta, al igual que su predecesora, implantó un régimen de terror en todo el país.

1980: Pese al alevoso asesinato de tres monjas estadounidenses y del Obispo de San Salvador, monseñor Arnulfo Romero, así como del ambiente de terror que existía en ese país centroamericano entonces gobernado por una represiva Junta Cívico-Militar impulsada por el establishment de seguridad de Estados Unidos, la Casa Blanca incrementó su ayuda económica y militar a El Salvador; incluido el envío de nuevos asesores militares que tenían la misión de formar batallones antiguerrilleros capaces de derrotar a las fuerzas político-militares del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Paralelamente, la administración Carter desplegó un exitoso plan dirigido a derrotar mediante un virtual “golpe de Estado” al premier jamaicano Michael Manley (quien fue “electoralmente” sustituido como Primer Ministro por el líder derechista del JLP, Edward Seaga) y conspiró con la monarquía constitucional de Holanda con vistas a derrocar al gobierno progresista del sargento Desy Bouterse (1980-1987) en Surinam.

Asimismo, la Casa Blanca mantuvo su respaldo al reaccionario gobierno del liberal colombiano Julio César Turbay Ayala (1978-1982) a pesar de que este –y su reaccionario Ministro de Defensa, general Luis Carlos Camacho Leyva— habían emprendido draconianas medidas represivas con vistas a derrotar el creciente descontento popular contra su administración. Tan grave era la situación que la conocida institución Amnistía Internacional publicó un informe condenando duramente al gobierno colombiano.

Paralelamente, se produjo un acentuado proceso de militarización en el Mar Caribe. Como parte de este, se efectuaron potentes maniobras militares estadounidenses en la mal llamada “Base Naval de Guantánamo; en las cercanías del Canal de Panamá; en Puerto Rico y a lo largo y ancho del Mar Caribe y del Golfo de México. A decir de Carter, esas y otras acciones militares iban dirigidas a “defender los intereses de Estados Unidos en la región”, así como a “satisfacer las solicitudes de ayuda por parte de sus aliados y amigos”; entre ellos, el régimen terrorista implantado desde 1971 por Jean-Claude Duvalier (Baby Doc) en Haití y al represivo gobierno del terrateniente “socialdemócrata” dominicano Silvestre Guzmán Fernández; quien recibió a varios delegaciones de altos Oficiales de las fuerzas armadas estadounidenses. Estos venían propugnando la conformación de un “sistema de seguridad colectiva” en el Mar Caribe dirigido a “enfrentar la agresión cubana y soviética en esa parte del hemisferio occidental”; idea que encontró algunos oídos receptivos entre los gobiernos derechistas que entonces preponderaban en el Caribe Oriental; en particular en el derechista Primer Ministro de Barbados, Tom Adams, quien propugnó –con el apoyo del SOUTHCOM— la conformación de un Sistema de Servicios Conjuntos de las Guardias costeras, las magistraturas y los cuerdos policiales de los países integrantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO).

En contraste, la administración Carter le suspendió la ayuda económica a la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua.