La Gran Depresión se inició en Estados Unidos en 1929. Se difundió al resto del mundo mediante la disminución del comercio y los flujos internacionales de capital y la inversión de las corrientes migratorias. España no fue una excepción y fue golpeada, aunque con menor intensidad que otras economías europeas más desarrolladas. La adversa coyuntura internacional intensificó la desaceleración de la actividad económica española, ya visible en 1928, y agravó los desequilibrios estructurales.

La crisis económica desencadenó cambios políticos e inestabilidad social. Los problemas económicos contribuyeron a la caída de la dictadura de Primo de Rivera, que arrastró consigo a la monarquía. Ello despejó el camino al establecimiento pacífico de la Segunda República. La inestabilidad política y social fue general en Europa. Ni siquiera la guerra civil española fue una excepción, pues el rearme de los fascismos en Alemania e Italia estaba ya incubando otra guerra europea. La Guerra Civil fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial.

Sin negar la importancia de los factores internos, el contagio internacional tuvo más relevancia en la gestación de la recesión económica en España, como sucedió en el resto de Europa. La economía de la Segunda República siguió las pautas internacionales, con las particularidades propias de los países atrasados y los problemas peculiares de una democracia recién establecida.

Esta interpretación actual contrasta con la tradicional, inspirada en los escritos de los economistas contemporáneos. Estos negaron el contagio de la crisis internacional para responsabilizar de la depresión a factores internos: los errores de los políticos republicanos. Para aquellos economistas, España fue "diferente" en la década de 1930. Los estudios actuales de historia económica muestran lo contrario.

- El atraso, escudo frente al contagio internacional. La crisis coyuntural fue breve y liviana, como señaló José María Zumalacárregui (1934). Esta moderación de la Gran Depresión en España tiene su explicación en que se trataba de un país atrasado, cuya agricultura ocupaba más del 40% de la población activa. Según Antonio Flores de Lemus (1929), la tendencia y los ciclos anuales del PIB venían marcados por la producción agraria. Ambas variables alcanzaron el máximo en 1929. La mala cosecha de 1930 arrastró al PIB. La crisis industrial y de la construcción empezó al año siguiente. El sector servicios no sufrió la recesión, pero su crecimiento se ralentizó. El PIB solamente disminuyó un 6,4% durante 1930 y 1931, según las estimaciones de Leandro Prados (2010). Sectorialmente, la agricultura y los servicios atemperaron las crisis sufridas por algunas industrias y la construcción. La recesión no afectó a las industrias de consumo (textil), cuya producción aumentó gracias al crecimiento de los salarios reales.

La salida de la crisis española fue rápida porque la excelente cosecha de 1932 elevó el PIB. Tras una recaída en 1933, su recuperación se consolidó en 1934 por otra gran producción agraria. Al año siguiente volvió a alcanzarse el nivel del PIB previo a la crisis gracias al buen comportamiento de la agricultura y a la mejoría de la industria y la construcción. Técnicamente, la crisis coyuntural había acabado en 1935.

En el sector financiero, las cotizaciones de la Bolsa de Madrid cayeron en 1929 y se desplomaron en 1931 y 1932, por influjo de la crisis industrial y de la proclamación de la República. No obstante, la Bolsa madrileña se había recuperado ya en 1935. En Europa y Estados Unidos, los pánicos bancarios de 1931 convirtieron una simple recesión en la Gran Depresión. Pues bien, el atraso bancario evitó este desastre en España, donde solo quebró un banco (el de Barcelona). La escasa internacionalización de sus operaciones y el reducido peso de sus inversiones industriales explican la resistencia de los bancos españoles al contagio de la crisis financiera internacional, según Pablo Martín Aceña (2004).

- La insuficiente protección del comercio exterior. Olegario Fernández Baños (1934) señaló que la crisis española se desarrolló al margen e independientemente de la mundial, debido a su aislamiento, creado por los altos aranceles y el aumento del tipo de cambio de la peseta. Las cifras históricas muestran lo contrario: la crisis internacional afectó seriamente a los sectores exportadores e importadores, redujo la inversión extranjera y provocó el retorno de los emigrantes. La explicación radica en que la protección exterior (aranceles y depreciación de la divisa) existente en 1929 fue insuficiente para evitar el contagio de la crisis internacional.

Es más, la protección relativa empeoró en los años 1930, pues España no practicó las políticas de empobrecer al vecino. Estas funcionaron para Reino Unido porque otros países no las adoptaron. España se protegió menos y tardíamente, como muestra la evolución de la protección aparente (recaudación en aduanas / importaciones). La República no aumentó la protección arancelaria hasta 1933. Ni siquiera entonces recurrió con convicción a los contingentes a la importación. En 1929, el grado de apertura (porcentaje del comercio exterior en el PIB) era inferior en España que la media europea, según Antonio Tena (2005). Pero la caída de la apertura exterior fue menor en España. A pesar de lo cual, esta disminuyó a la mitad entre 1930 y 1935. Esto revela que las repercusiones de la crisis internacional sobre el comercio exterior fueron apreciables.

La crisis internacional también empeoró el saldo de la balanza comercial: tras 1931, el déficit creció hasta el 23,8% en 1935. Las importaciones cayeron menos que las exportaciones, porque España sufrió las consecuencias de las políticas de empobrecer al vecino practicadas por otros países. Además, aquel déficit comercial no pudo compensarse con los ingresos en divisas por fletes, remesas de emigrantes e importaciones de capital, que prácticamente desaparecieron debido a la crisis internacional.

España tampoco se protegió con devaluaciones competitivas. Aunque nunca entró en el patrón oro, lo intentó en dos ocasiones y sus Gobiernos actuaron como si pertenecieran al club. Desde 1928, la peseta se depreció por la presión de los mercados de divisas. Por el contrario, los Gobiernos trataron de mantener la paridad de la peseta a través del control de cambios. Sin esta intervención en el mercado de divisas, la peseta se habría depreciado más, lo que hubiese resultado más protector para la economía española.

Hasta 1931, esta política de mantener la cotización de la divisa fue la ortodoxa internacionalmente y agravó la crisis internacional. Todo cambió aquel año, cuando Reino Unido y los países del bloque de la libra abandonaron el patrón oro, lo que facilitó su recuperación económica. Otros países, como Francia, permanecieron en el patrón oro, agravando su depresión. Pues bien, los Gobiernos españoles engancharon la peseta al franco francés, actuando como si pertenecieran al patrón oro. La República descartó las devaluaciones competitivas practicadas por los países que abandonaron el patrón oro. En suma, la fortaleza de la peseta entre 1931 y 1935 perjudicó a las exportaciones españolas y favoreció las importaciones, agravando las repercusiones de la crisis internacional.

- Los factores políticos coadyuvaron a la crisis. Para Luis Olariaga (1933), la recesión en España tuvo su origen en el descenso de la inversión privada, originado por el empeoramiento de las expectativas empresariales, tras el establecimiento de la República, por los conflictos sociales, las políticas socializantes, el acoso a la propiedad por los Gobiernos, la desconfianza en el régimen y la paralización de las obras públicas. El hundimiento de la inversión privada fue clave en la depresión coyuntural de la economía española, pero la explicación de Olariaga requiere algunas matizaciones.

Primera, el ciclo inversor se había desacelerado ya en 1928. La inestabilidad social, la incertidumbre política y el empeoramiento de las expectativas empresariales habían comenzado con la crisis de la dictadura de Primo de Rivera. Las huelgas generalizadas se iniciaron en 1930, en cuanto desapareció la represión de la dictadura. Luego, las expectativas empresariales se agravaron por la crisis internacional y la transición hacia el régimen republicano. Además, esta inestabilidad social acompañó a la depresión económica en toda Europa.

Segunda, las cifras macroeconómicas muestran que la Segunda República no causó la crisis económica, que ya venía de antes. Al contrario, la recesión económica y el colapso de la monarquía, que había apoyado la dictadura, trajeron la República.

Tercera, las políticas reformadoras del primer bienio republicano no fueron socializantes, sino socialdemócratas. Aplicaron en España reformas estructurales y sociales que ya se habían implantado en Europa desde 1883 para corregir la desigual distribución de la renta. La legislación laboral de Largo Caballero contribuyó al crecimiento de los salarios reales entre 1931 y 1933, tras haberse estancado durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero, como en Europa, el crecimiento de los salarios reales también se debió a la deflación. En el segundo bienio, los salarios reales permanecieron estables. Por otro lado, los costes salariales no aumentaron por la legislación sobre seguros sociales, porque los empresarios apenas la aplicaron. En cualquier caso, los Gobiernos republicanos fueron escrupulosos en la aplicación de la ley, como sucedió con la reforma agraria, según Ricardo Robledo (2008). Eso sí, estas reformas provocaron una reacción antirrepublicana en los empresarios más conservadores (los agrarios), cuyas acciones agudizaron los conflictos sociales y la inestabilidad política.

Cuarta, la Segunda República no paralizó las obras públicas, sino que las reactivó para compensar la caída de la inversión privada. En España, la inversión agregada alcanzó un máximo en 1929. Tras disminuir ligeramente en 1930, se desplomó en 1931 y 1932, para recuperarse desde 1933. Por el contrario, la inversión pública solo cayó en 1930, para aumentar desde 1931. Las obras públicas, paralizadas en 1930, fueron reemprendidas en 1931 y se intensificaron en 1932. La obra pública de Indalecio Prieto y los pedidos de material de transporte contribuyeron a paliar los efectos de la crisis.

- Una política fiscal moderadamente expansiva. La política fiscal republicana no causó la recesión, sino que alivió sus secuelas. A pesar de sus declaraciones de ortodoxia presupuestaria, los ministros de Hacienda de la República realizaron una política fiscal anticíclica. La política expansiva de la dictadura fue clausurada por su ministro de Hacienda José Calvo Sotelo en 1929, cerrando el presupuesto extraordinario de 1926. Esta política restrictiva fue asumida por el ministro de Hacienda de la dictablanda, Manuel Argüelles, en 1930. Pero fue revertida por la Segunda República, cuyos ministros aplicaron una política presupuestaria expansiva.

Entre 1931 y 1934, los ministros de Hacienda incrementaron el gasto público en un 25% para combatir el desempleo e invertir en infraestructuras y educación. La presión fiscal también aumentó gracias a la reforma tributaria de Jaume Carner de 1932. Esto revela que aquellos ministros no eran keynesianos, como tampoco lo eran en el resto de Europa. Como los gastos crecieron más, del equilibrio en 1930 se llegó a un déficit presupuestario del 1,6% del PIB en 1934. Era un porcentaje respetable para los cánones de la época, lo que permite hablar de un cierto estímulo fiscal. No obstante, una parte del déficit era coyuntural, porque la recesión lastró el crecimiento de los ingresos. Solo en 1935 hubo una intención clara de reducir el déficit presupuestario por parte del ministro Joaquín Chapaprieta.

En cualquier caso, la política fiscal apenas tuvo repercusiones sobre la producción y el empleo, porque el gasto público nunca superó el 13,5% del PIB. Como en otras democracias europeas, los moderados planes de obras públicas no pusieron en peligro las finanzas del Estado. Por ello, en España no hubo una crisis de la deuda pública, cuyas cargas financieras fueron sostenibles durante la República.

- La tardía política monetaria expansiva. Antes de 1931, la política monetaria ortodoxa fue restrictiva, para mantener la paridad con el oro. Esto difundió la crisis internacionalmente. Tras las crisis bancarias europeas de 1931, la política monetaria de los países que abandonaron el patrón oro fue expansiva, con devaluaciones y reducciones del tipo de interés, lo que favoreció su recuperación. Otros países, como Francia y España, mantuvieron más tiempo las políticas monetarias deflacionistas, agravando su depresión.

En 1931, la oferta monetaria cayó en España porque aumentó la demanda de efectivo por el público, reduciendo sus depósitos bancarios, ante la incertidumbre generada por la crisis económica y la proclamación de la Segunda República, según Pablo Martín Aceña. Desde 1932, por el contrario, la oferta monetaria creció porque los bancos recurrieron a la pignoración de deuda pública en el Banco de España y porque descendió el coeficiente de efectivo mantenido por el público. Es decir, porque aumentó el dinero intensivo en contratos (depósitos bancarios), que es un indicador de la confianza de la población en la estabilidad del sistema financiero y del régimen político.

El Banco de España solo controlaba el tipo de interés. La utilización de este instrumento fue tardía e insuficiente. Los tipos de descuento comercial se redujeron en medio punto porcentual en 1932, 1934 y 1935. Los tipos aplicados a la pignoración de la deuda se redujeron en medio punto en 1934 y 1935. Esta política monetaria expansiva del segundo bienio republicano contribuyó a la recuperación económica.

- En los años treinta, España no fue diferente; en los cuarenta, sí. La recesión económica de la Segunda República fue menos profunda, pero fue similar a la sufrida por las democracias europeas. Desde el punto de vista coyuntural, no puede hablarse de Gran Depresión en la España de la década de 1930. Los problemas más graves de la economía española eran estructurales y seguían vigentes en 1936, de ahí la insistencia en las políticas de reformas. Los Gobiernos republicanos recurrieron a los instrumentos de política económica coyuntural convencionales de su tiempo, aunque aplicaron con retraso y escasa convicción las políticas de empobrecer al vecino, lo que agravó las repercusiones de la crisis internacional. En España, como en el resto de Europa, no se aplicaron políticas keynesianas. La política económica republicana no causó la depresión económica ni esta desencadenó la Guerra Civil, que es el corolario que sacan algunos historiadores económicos. El origen de la Guerra Civil no fue económico, sino que estuvo, según Santos Juliá (2008), en un doble fracaso militar: el golpe de Estado de los generales rebeldes no triunfó, en julio de 1936, y el Gobierno no logró aplastar la insurrección. La inclinación del ejército español a los pronunciamientos no era una novedad. Lo que había cambiado era el contexto internacional. En efecto, la ayuda financiera y militar de las potencias fascistas al general Franco y el abandono de las democracias al Gobierno de la República permitieron el triunfo de los generales sublevados, pero después de una costosa y sangrienta Guerra Civil.La supervivencia de la dictadura de Franco tras 1945 convirtió a la España de la posguerra en un régimen, político y económico, diferente del vigente en las democracias europeas. La dictadura franquista siguió aplicando las políticas económicas de guerra que habían implementado las potencias fascistas derrotadas. En aquella política autárquica está el origen de la profunda crisis económica de la posguerra. Esta fue la auténtica Gran Depresión española del siglo XX.

 

Francisco Comín Comín es catedrático de la Universidad de Alcalá y premio Nacional de Historia en 1990.