El lenguaje crea mundo, diseña nuestra manera de comprender la realidad y define la trama de nuestras relaciones sociales. Tratar de huir de las palabras que componen la experiencia humana es un gesto imposible. Un esfuerzo desmesurado que no conduce a ningún lugar. La ceguera, que no deja de ser una constante de nuestras sociedades contemporáneas convertidas en escenarios telemáticos, de un caminar a tientas por un territorio que requiere de los sonidos articulados de la gramática para encontrar un sentido y no acabar naufragando en un desierto de significaciones incomprensibles para aquellos que desean, con fervor, que otros hablen, que otros les pongan el nombre a las cosas y que definen sus y nuestras vidas. Dejarse nombrar por el poder es una manera de perder el uso libre del lenguaje. Recuperar la memoria que se guarda en él es el inicio de un camino de cambio y liberación de viejas y nuevas ataduras. Abrir las palabras para rescatar los sueños que se guardan en su interior constituye un extraordinario acto de reconstrucción de la vida individual y colectiva, el punto de inflexión para entrar en otra historia. Algo de esto viene sucediendo en la actualidad argentina cuando comenzamos a nombrar, con palabras y conceptos olvidados o rapiñados, vaciados o invisibilizados, lo nuevo de una época que reinstala el sentido de otro país que nunca dejó de habitar en el lenguaje de una memoria de la resistencia.

Ya el viejo Kant, inquirido sobre los alcances de la ilustración, en el lejano 1784 –pocos años antes del estallido de la Revolución Francesa que cambiaría la faz de la historia–, afirmó, entre otras cosas, que el individuo ilustrado era aquel que podía hacer un uso crítico de su propio entendimiento y volverse capaz de pensar y decidir por sí mismo sin tener que recurrir, como siempre, al padre, al cura o al médico para que le receten los remedios de la ley moral, del alma y del cuerpo, pero también agregó, con un dejo de triste escepticismo, que la mayoría de los seres humanos prefieren, por pereza y cobardía, que otros realicen el esfuerzo de pensar por ellos. Kant, el filósofo de la paz perpetua y de la racionalidad libre, soñó la autonomía del individuo como un caminar sin andadores y como una apropiación crítica del lenguaje de la razón. Para él, como para otros contemporáneos de ese tiempo cargado de esperanzas, estaba amaneciendo una nueva historia que habilitaría un decir renovado del mundo signado por la tolerancia, la igualdad y la libertad. Lo que no pudo ver el viejo filósofo es que incluso en el interior de palabras tan venerables se esconden los instrumentos del poder y la violencia. La historia por venir no dejaría, como en el pasado, de recordar la fragilidad de las palabras a la hora de ser apropiadas por la ideología de la dominación. Es por eso que el litigio por el sentido constituye una constante allí donde la desigualdad y la injusticia siguen persistiendo en los asuntos humanos.

Mucha agua ha pasado bajo el molino de una historia que no resultó amable con la mayor parte de las ilusiones humanas y, menos, con las que soñaban una sociedad más ilustrada, igualitaria y democrática, pero lo que siguió insistiendo fue la importancia del lenguaje a la hora de imprimirle a la propia realidad tal o cual perspectiva, tal o cual interpretación o, de un modo más brutal, para determinar el ejercicio del poder y la producción intensiva de sentido común capaz de garantizar la reproducción de una determinada hegemonía política-económica. No hay, no hubo, dominación sin esa producción de ideología, de un lenguaje articulador de una manera, que siempre se quiere absoluta, de concebir la realidad social, económica, política y cultural. Tampoco ha habido ningún cambio revolucionario que haya dejado intocado el lenguaje del antiguo régimen. La caída del viejo orden se acompaña, siempre, con la potencia de la invención lingüística, con la emergencia de nuevas palabras que dicen el mundo desde otra perspectiva. A veces, antiguos nombres son recuperados, revitalizados y lanzados nuevamente al escenario tumultuoso de la historia. Es por eso que la querella alrededor del modo de decir el mundo ha constituido y lo sigue haciendo el eje de una disputa que involucra el pasado, el presente y el futuro de la vida social. Por eso, también, carece de neutralidad la acción de ponerles nombre a las cosas y a las personas. Quien nombra ejerce, de uno u otro modo, el poder. Hay, en la aventura del lenguaje, arbitrariedad y libertad, intencionalidad y azar, violencia y paz.

 

Se ha señalado, y lo he hecho con especial insistencia en estas columnas de Veintitrés, que la época hegemonizada por la forma neoliberal del capitalismo no ha sido sólo el producto de una transformación estructural de la vida económica sino que involucró, en no menor medida, una profunda mutación de los imaginarios culturales y promovió nuevas formas de subjetividad que se correspondieron con el abandono de las antiguas referencias bienestaristas, al menos en ciertos países, del propio capitalismo (el papel del Estado, sobre todo a partir de la segunda posguerra, que se ocupó de impulsar políticas de industrialización, de inversiones en obra pública y de distribución de la renta como modo de incentivar el mercado interno y el consumo de los trabajadores que le dieron otro rostro a un sistema social-económico caracterizado, hasta la llegada del keynesianismo –herramienta para combatir, en la Europa de posguerra, el desafío que venía de la Rusia soviética en los años ’20 y ’30–, por la volatilidad de un mercado al que muy pocos tenían acceso y por una trama prácticamente deshilachada o inexistente de derechos sociales y laborales. Entre nosotros, ese momento histórico fue el del primer peronismo). Desde mediados de la década del ’70, y a partir de la crisis del petróleo, tanto Estados Unidos como Europa occidental iniciaron, a distinto ritmo pero de una manera inocultable e irreversible –al menos por los siguientes 30 años–, un proceso sistemático de desmontaje del Estado de Bienestar que se combinó con un cambio en la matriz de acumulación del capital que pasó a ser hegemonizado por su sector financiero (en la Argentina el tiempo del “revanchismo social” y del predominio del capital financiero nacional y extranjero –como lo caracteriza Eduardo Basualdo– encontró su punto más álgido con el terrorismo de Estado implementado a partir de marzo de 1976 y que se continuó y profundizó, en su dimensión económica, con la convertibilidad menemista).

Ese proceso, dilatado en el tiempo y con diferentes grados de agresividad, comenzó, en su aspecto político-ideológico, con la llegada del tándem Reagan-Thatcher que comprendieron, en el marco de lo que se llamó la revolución neoconservadora, que para alcanzar los objetivos económico-estructurales que se proponían se volvía imperioso modificar sentido común, lenguaje, sensibilidad, tradiciones políticas, formas culturales y prácticas sociales para habilitar un proceso de transformaciones de una violencia inédita en la segunda mitad del siglo veinte. Se trató, entonces, de entrelazar los cambios en el núcleo de la valorización financiera del capitalismo, la sistemática eliminación de derechos laborales, las mutaciones legislativas y jurídicas imprescindibles para “liberar” los flujos especulativo-financieros del capital con nuevos paradigmas culturales que se correspondiesen con una sociedad que exigía otras actitudes y que debía abandonar, a un ritmo acelerado, prácticas que ya no eran funcionales al nuevo orden económico mundial determinado por el desplazamiento tanto del modelo soviético, que se derrumbaría a finales de los años ’80, como del proyecto bienestarista y socialdemocrático que organizó la vida de los principales países de Europa occidental y que, en la actualidad y salvando la supervivencia nórdica, viene modificando su estructura para volverse funcional a las demandas del modelo neoliberal (la complicidad de los socialistas españoles y griegos, con figuras de liderazgo fuerte como Zapatero y Papandreu, en la implementación de brutales planes de ajuste que acabarían de ser implementados por la derecha del PP y por tecnócratas directamente puestos por el Banco Europeo y por la canciller alemana nos ahorra de todo comentario respecto de la “traición” del progresismo europeo y su vuelco, desde los años ’80, hacia políticas de clara orientación neoliberal).

La maquinaria del anarcocapitalismo financiero, como agudamente lo denominó Cristina en una reunión del G-20, extendió su funcionamiento hacia las formas de mentalidad y de sentido común generando, vía la industria cultural y los grandes medios de comunicación, las condiciones imprescindibles para dialectizar los cambios económicos con la circulación de las nuevas tramas de subjetividad que pudiesen acoplarse a los “valores” promovidos por la hegemonía neoliberal. Cambiaron, entonces, cuerpos y lenguajes, modos sociales de vinculación y prácticas laborales, vida cotidiana y representación de derechos. Nada permaneció intocado durante las casi tres décadas de predominio, entre nosotros, del modelo de valorización financiera. Su impacto sobre los imaginarios culturales fue inmenso. Al imponerse un nuevo lenguaje mutó la manera de ver la realidad y de comprender el pasado y el futuro. Lo que alguna vez fue valorado y reivindicado: el rol de un Estado fuerte, la política de ampliación de derechos sociales, lo público y sus empresas, la soberanía nacional sobre las riquezas naturales, el papel activo en la defensa de esos derechos por parte de los sindicatos, la movilidad social ascendente, la integración de las distintas clases sociales en la vida urbana, el papel igualador de la educación pública, el modelo sanitarista implementado por Ramón Carrillo, se convirtieron en rémoras de un “populismo demagógico” que había impedido que el país siguiera el camino del verdadero progreso que nos hubiera conducido, eso se decía, a ser como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Para erradicar cualquier vestigio de esa “época dispendiosa y decadente” se implementó el más colosal plan de inversión de valores económicos, sociales, jurídicos, culturales y políticos y se tuvo que echar mano de la violencia terrorista de la dictadura, de una doble hiperinflación y de la “solución mágica” propuesta por Cavallo a Menem que acabó conduciendo a la sociedad a su peor crisis social unida a la desindustrialización, el endeudamiento y la extranjerización de la economía. Todo eso fue acompañado por el papel principalísimo de la corporación mediática que movilizó todos sus recursos para facilitar el giro hacia la hegemonía del capital financiero.

Es como resultado de esa “inflexión cultural” que habilitó el dominio neoliberal y que colapsó en diciembre de 2001, pero que, en la trama más profunda y visceral, de los imaginarios sociales y de los núcleos del lenguaje, siguió insistiendo sobre una parte no desdeñable del sentido común de las clases medias, que ha sido fundamental, a partir del tiempo inaugurado por la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, ir hacia ese campo más complejo de disputa que es la dimensión cultural-simbólica que suele anidar en el lenguaje cotidiano. Una disputa que se enfrenta a una gruesa construcción de prejuicios y a una mentalidad forjada entre la dictadura y la convertibilidad que suele emerger cada tanto y expresarse como miasma de una conciencia que se representa la realidad desde el prisma de la matriz cultural ideológica del neoliberalismo. No casualmente la decisión de recuperar el manejo de YPF apunta tanto a una ineludible dimensión económica (garantizar la provisión de hidrocarburos impidiendo la sangría de una importación que tendía a crecer exponencialmente en consonancia con las necesidades emanadas del crecimiento industrial y agropecuario de los últimos años) como a otra que atraviesa antiguas memorias argentinas y adquiere una particular relevancia a la hora de solidificar el proceso de reconstrucción del tejido social e identitario de un país que estuvo al borde del abismo y que había extraviado sus referencias. YPF es más que una sigla, es más que un símbolo transmutado, a partir de su privatización, en un nombre vaciado de contenido; constituye lo que de significativo se guarda en la experiencia de una sociedad que supo ser más equitativa. Un viejo nombre para una nueva realidad que exige, nos exige, encontrar en el lenguaje lo que había sido saqueado por el predominio del discurso y la práctica del poder económico-mediático. Y ese giro se vuelve posible cuando la materialidad de la historia se reencuentra con la memoria emancipatoria que se guarda en las palabras. Cuando eso sucede somos testigos y participantes de un tiempo cargado de desafíos y de inauditas invenciones culturales.

El gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, afirmó en diálogo con Página/12 que en los próximos días comenzarán a investigar los potenciales “daños ambientales” dejados por Repsol-YPF. La compañía ya cuenta con una demanda penal por contaminación en la localidad de Luján de Cuyo, donde opera su refinería. El gobernador sostuvo además que va a discutir con los otros gobernadores qué hacer con las concesiones que se le habían quitado a la compañía. Tras una gira por Dubai y los Estados Unidos, el mandatario asegura que hay compañías petroleras que quieren invertir en el país.

–¿Qué cambiará a partir de la recuperación del control de YPF por parte del Estado nacional y las provincias?

–Esto fue una decisión estratégica soberana que tiene que ver con dos ejes principales. Por un lado, está la cuestión del federalismo, ya que en el nuevo armado de la compañía (e incluso en el Consejo Federal) tendrán lugar las provincias productoras de hidrocarburos. Y en segundo lugar, podremos sentarnos en el directorio de la empresa y tener una participación activa en la toma de decisiones. Es una intervención inteligente, que apunta al mejor diseño de las políticas hidrocarburíferas que necesita el país. El proyecto que presentó la Presidenta fue el resultado de un trabajo conjunto con las provincias, donde ella nos fue marcando la pauta de cómo debía ser la nueva compañía. Ahora podremos diseñar en conjunto la política de expansión en la producción y comercialización del crudo y sus derivados.

–Durante su presentación en el Senado, Julio De Vido y Axel Kicillof sostuvieron que YPF posee en su haber una serie de pasivos ambientales que incidirán (negativamente) en la valuación final de la compañía. Incluso mostraron ejemplos puntuales de Mendoza. ¿Cuál es la situación ambiental en su provincia?

–En la etapa previa al conflicto con Repsol-YPF habíamos realizado una denuncia penal contra la compañía, en la zona de Ugarteche, una localidad de Luján de Cuyo. Ahora investigaremos los daños ambientales que dejó la empresa. Tenemos que ver realmente cuál es el estado de la compañía, cuál es el grado de operatividad de los pozos, cuáles están fuera de funcionamiento o parados. Debemos hacer una radiografía de la compañía para saber dónde estamos parados.

–Otro de los temas que surgen de los fundamentos del proyecto de ley tiene que ver con la política de precios alrededor de las naftas y una derivación de la producción hacia los combustibles más caros en detrimento del gasoil. ¿Esta situación se daba en su provincia?

–La refinería tenía capacidad ociosa porque no les llegaba el crudo –que ellos mismos extraen– para proveer a las catorce provincias a las cuales llegaban desde Mendoza. YPF aplicaba una política de desabastecimiento en todas las jurisdicciones. Por eso debemos cambiar la política de comercialización. En Mendoza, 18 departamentos no cuentan con estaciones de bandera, en otras tantas no se mejoró el cupo de abastecimiento en años, cuando el precio creció fuertemente. Su política de comercialización monopólica provocó el cierre de muchas estaciones de servicios, sobre todo a partir de la diferenciación en los precios; las inversiones de la destilería apuntaban a las naftas premium en detrimento de los combustibles que necesitaban desde la industria o la producción agropecuaria. Todas estas cuestiones no podían objetarse en la mesa del directorio. Era más importante para el país invertir en nuevos pozos que en naftas premium, que no son las que mueven la economía del país.

–¿Qué va a pasar con las áreas que le quitaron a YPF? ¿Fue una estrategia para disminuir el valor de la empresa antes de la expropiación?

–Vamos a tener que discutir este tema en coordinación con las provincias. Algunas se adelantaron y licitaron nuevamente las áreas. Nosotros quitamos dos concesiones, y a partir del desarrollo de la nueva YPF analizaremos el futuro de esos pozos. En realidad, la quita de las concesiones fue una estrategia mancomunada para no provocar, de golpe, ningún cambio estructural. Primero realizamos varios llamados de alerta y como la empresa hizo caso omiso a los mismos, se tomó la decisión de enviar un proyecto de ley al Congreso. Hace casi dos semanas, (Antonio) Brufau me llamó porque quería mostrarme el plan de inversiones de la compañía. En esa conversación le dije que primero debía retrotraer los precios de las naftas que habían aumentado dos veces en 72 horas. Eran sus últimos manotazos de ahogado, ya que antes no se había mostrado tan propenso a invertir.

–Una posibilidad que se estuvo barajando antes del anuncio del proyecto es que cada provincia, a través de sus empresas públicas de hidrocarburos, pueda explotar esas concesiones. ¿Sigue en pie esa idea?

–Todas las provincias trataremos de trabajar en una misma línea, en lo conceptual, pero hay que ver la característica de cada región. No es lo mismo Mendoza, que tiene una destilería, que Salta o Jujuy. Tampoco es lo mismo el tipo de crudo que se extrae de Neuquén que el que se saca en esta provincia. La situación varía en cada jurisdicción. También es diferente la situación gremial. Por lo tanto, primero trabajaremos por YPF y luego cada provincia analizará cuál es el mejor escenario para las empresas provinciales del sector.

–La semana pasada estuvo en Dubai, Nueva York y Washington. Habló de la situación de YPF con empresarios. ¿Están preocupados por la situación o interesados en invertir en el país?

–Ambas cosas. Pero la preocupación deviene una posibilidad de inversión, cuando se entiende bien el porqué de la medida. Los empresarios están interesados en saber cómo sigue esta nueva etapa en la vida de YPF. La retirada de Repsol genera la posibilidad de que ingresen nuevos jugadores. Incluso, varias empresas ya lo venían manifestando. En Mendoza entró recientemente una compañía alemana. Pudimos transmitir estos ejemplos. Hay muchas empresas líderes de Europa que perciben que en el país no hay turbulencias, como nos quieren hacer creer. El proyecto de ley apunta contra Repsol (por ser quien controlaba a la compañía) pero no se mete con el resto de las inversiones que hay en el sector. El proyecto en cuestión deja bien en claro que están abiertas las puertas para que haya joint ventures con otras compañías.

–¿Y tras su paso por Washington escuchó cuestionamientos del gobierno norteamericano?

–No ha existido ninguna declaración en ese sentido. Fueron los exabruptos del canciller de España los que cayeron mal en el gobierno de Estados Unidos. El funcionario se reunió con Hillary Clinton y dijo que tenían el apoyo de ellos para llevar adelante acciones contra la Argentina, pero en realidad nunca existió una declaración oficial norteamericana. El gobierno estadounidense no habló demasiado del tema y eso molestó al canciller español. Hay un dato clave para entender esta situación. Las principales empresas norteamericanas ya invierten en el país y están interesadas en continuar en esa línea, como Exxon o Apache, que es líder en el desarrollo de los pozos no convencionales, como es el caso del yacimiento Vaca Muerta en la cuenca de Mendoza y Neuquén.

La primera señal de alarma se activó después de las elecciones presidenciales. Sebastián Eskenazi, el ahora ex CEO de YPF, tenía diálogo cotidiano con Cristina Fernández de Kirchner, pero luego del histórico triunfo de octubre se le empezó a dificultar el contacto con la Casa Rosada. La relación se tensó aún más luego de que en noviembre el directorio aprobara la distribución y el giro de dividendos, pese a la oposición del representante estatal en la firma. La propia Presidenta le confirmó a Eskenazi el malestar oficial al recibirlo en la Quinta de Olivos a fines de diciembre. En ese encuentro reservado, que se extendió por dos horas, la mandataria cuestionó el desempeño de la compañía en duros términos y le dijo que YPF iba a tener que hacerse cargo del costo creciente que suponía la importación de combustibles. El empresario salió de la reunión preocupado. Por entonces, ya sospechaba que el Gobierno estaba analizando tomar el control de YPF. Incluso había hecho consultas legales con jueces cercanos y hasta con un ministro de la Corte Suprema. Sin embargo, no se imaginó que en menos de cuatro meses el Grupo Petersen estaría afuera de la empresa, con un paquete accionario desvalorizado y un horizonte financiero incierto. Por eso, a los pocos días igual se fue de vacaciones a Uruguay.

El avance oficial sobre la compañía sorprendió a Eskenazi todavía en las playas de Punta del Este. El Gobierno hizo público su malestar el 16 de enero, cuando denunció a cinco petroleras por cobrar sobreprecios en la venta de gasoil a granel. Ese día, el ministro de Planificación, Julio De Vido, aprovechó también para pedirle a YPF un incremento de la inversión. “Necesitamos la puesta en valor del combustible para que los anuncios de nuevos descubrimientos no sirvan sólo para que la empresa obtenga una ganancia financiera”, afirmó. YPF respondió dos días después a través de un comunicado donde calificó como “injustificada” la denuncia por cartelización, pero no hizo mención al reclamo de De Vido.

El miércoles 25 de enero fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que se puso al frente del reclamo. “No olviden que las dueñas del subsuelo son las provincias, las empresas petroleras son apenas concesionarias (...). No se puede volver a la época del Virreinato, donde se llevaban todo y no dejaban nada. Creo que es bueno que sepan que han pasado esas épocas y que es necesario reinvertir en el país”, sostuvo en el primer discurso que dio luego de su licencia médica. Después de aquella intervención, a la conducción de YPF ya no le quedaron dudas de que el Gobierno analizaba una posible renacionalización de la empresa.

El fantasma de la estatización de YPF siempre preocupó a la conducción de la compañía. Ellos sabían que Néstor Kirchner había evaluado esa posibilidad cuando fue presidente, conocían las simpatías que generaba el tema en numerosos cuadros medios del gobierno e incluso periódicamente tenían acceso a encuestas donde una amplia mayoría de la población se manifestaba a favor de la nacionalización. En mayo del año pasado, el Grupo Petersen estuvo a punto de cancelar la compra de otro 10 por ciento de la empresa, operación que elevó su participación al 25,46 por ciento, porque la familia Eskenazi era consciente de que los dólares habían comenzado a escasear en el país y cualquier cortocircuito con el Gobierno los podía dejar muy expuestos. Lo único que hizo el discurso presidencial fue confirmar esos temores y obligar al presidente de Repsol, Antonio Brufau, a involucrarse personalmente en la negociación, dejando a los Eskenazi en un segundo plano.

Brufau se reunió con De Vido y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el lunes 6 de febrero para tratar de recomponer la relación, pero el resultado no fue bueno. El propio De Vido se los dijo a los gobernadores de las provincias petroleras el jueves 9 de febrero en el encuentro donde los mandatarios y el gobierno nacional empezaron a diseñar la quita de concesiones. El ejecutivo catalán volvió al país el 23 de febrero para una reunión de directorio donde también hubo problemas con el gobierno porque el representante estatal denunció que no lo dejaron entrar porque iba junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Energía, Daniel Cameron. El tercer viaje fue a fines de ese mismo mes, cuando recrudecieron los temores sobre una posible intervención de la compañía. Entonces llegó junto al ministro de Industria de España, José Manuel Soria, para reunirse con De Vido y Lorenzino, pero tampoco hubo avances. Pese a ello, tanto Brufau como Eskenazi todavía creían que la relación se podía recomponer.

El 21 de marzo la evaluación de la cúpula de la empresa cambió. El directorio de YPF propuso ese día no distribuir los dividendos correspondientes a 2011, como reclamaba el Gobierno, y capitalizar a la compañía. De ese modo, la petrolera se comprometía a no demandar dólares en el mercado cambiario ni, obviamente, a girarlos al exterior. El anuncio ponía en crisis el acuerdo societario que había sellado el ingreso de Eskenazi a la compañía, pues éste se había endeudado en más de 3500 millones de dólares para comprar las acciones y venía pagando esos papeles con el dinero proveniente de los dividendos, siendo la propia Repsol uno de sus principales acreedores. Era una apuesta fuerte, pero el director estatal se opuso. “La capitalización no asegura que la plata se invierta donde tiene que ser invertida”, sostuvo Roberto Baratta. Brufau y Eskenazi concluyeron entonces que si el Gobierno rechazó esa idea fue porque ya había decidido tomar el control de la empresa y el desembarco era sólo una cuestión de tiempo.

Finalmente, el lunes pasado el desembarco se concretó, dejando al Grupo Petersen en una situación financiera muy delicada. Los Eskenazi conservan sus acciones, pero todavía deben cerca de 2800 millones de dólares y el Gobierno ya adelantó que en los próximos años el reparto de dividendos será mínimo para priorizar la inversión. Sin un flujo de ingresos que garantice el pago de esos papeles, lo más probable es que terminen en manos del pool de bancos acreedores, de Repsol o de algún nuevo inversor que le compre su paquete. El próximo vencimiento de deuda es en mayo, aunque los Eskenazi apuestan a refinanciarlo hasta que se termine de definir cómo quedará la nueva YPF.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

"Si queremos dejar a nuestros hijos y nietos un mundo en el que se pueda vivir, tenemos que buscar solución ahora a los problemas de la pobreza generalizada y la destrucción del medio ambiente.

En el transcurso se recibió un saludo del Partido Socialista de Chile apoyando la nacionalización de YPF . (Se adjunta al final el texto del comunicado)

El encuentro contó con la exposición de destacados especialistas de la región, y del mismo participaron dirigentes políticos,  parlamentarios, especialistas técnicos y funcionarios de organismos de gestión ambiental y energética. Entre los expositores se destacaron: Ricardo Núñez, del Partido Socialista de Chile; Daniel Carlos Martínez Villamil, senador uruguayo y ex  Ministro de Industria y Energía del país vecino; Nicolas Bellizia de México, representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Alejandro Encinas del Partido Revolucionario Democrático (PRD); el brasilero Julio Barbosa Aquino,  Secretarío Nacional de Medio Ambiente del Partido de los Trabajadores (PT); Lety Mendez  del FMNL- El Salvador y de Colombia, Joaquín Camelo, del Partido Liberal, entre otros. La actividad contó con el auspicio de la Fundación Ebert Stiftung .-

Ante el anuncio de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner de la estatización del 51 por ciento de la petrolera YPF, actualmente en propiedad de la empresa española Repsol, el Partido Socialista de Chile señala lo siguiente:

- Argentina, como nación soberana, tiene derecho a decidir cómo se explotan sus recursos naturales en beneficio de la ciudadanía.

- Consideramos que, así como el cobre en Chile, los hidrocarburos en Argentina son un recurso estratégico y es legítimo que el Estado avance en la mejor forma de explotarlos.

- No parece razonable que el gobierno español califique “gesto de hostilidad” y afirme que “actuarán en consecuencia” por la estatización de YPF, amenazando una decisión soberana que no dice relación con el estado español, sino que con una empresa privada.

- Cabe recordar que la arquitectura jurídica internacional de protección de inversiones ha sido creada, precisamente, para extraer las controversias del ámbito político.

- Chile no sería el mismo si es que el Presidente Salvador Allende no hubiera nacionalizado el cobre hace ya más de 40 años. Para los socialistas, y para todo Chile, la nacionalización del cobre es motivo de orgullo y Argentina tiene derecho a decidir su futuro."