Los ejes de la geopolítica en América Latina pasan por un factor externo: la hegemonía, injerencia e intervencionismo económico, político, militar y cultural de Estados Unidos, mismos que atraviesan las distintas formas de articulación de nuestros respectivos países con la actual mundialización capitalista neoliberal. Prácticamente no existe ámbito de la vida de las naciones latinoamericanas que no sea condicionado y, en ocasiones, determinado, por la política estadounidense hacía el considerado por muchos de sus ideólogos como el “patio trasero” del imperio, o su “área de influencia”.

Con el surgimiento y establecimiento como potencia mundial, a partir de su movimiento expansionista hacia el oeste y la conquista de la mitad del territorio de México, hasta su guerra con España en 1898 y la ocupación neocolonial de Puerto Rico, Guantánamo y la imposición de la Enmienda Platt a Cuba, Estados Unidos ha intervenido una y otra vez con la fuerza de sus armas en nuestros países, ha apoyado todas las dictaduras civiles y militares, ha participado activamente en todos los golpes de Estado, incluyendo los más recientes, como el llevado a cabo en Venezuela, en contra del presidente Chávez hace diez años y el de Honduras, en contra del presidente Celaya en el 2009.

El gran historiador, militante y periodista Gregorio Selser escribió una monumental Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina, que comienza con la independencia de Estados Unidos en 1776 y concluye con la invasión norte-americana a Panamá en 1989. Aquí encontramos toda la historia del continente, desde Alaska hasta la Patagonia, con la descripción de más de 200 años de luchas emancipadoras, guerras civiles, conflictos fronterizos, tratados de límites, convenios comerciales, acuerdos diplomáticos, golpes de Estado, asesinatos políticos, rebeliones armadas, movimientos insurgentes, negociaciones de paz, elecciones. En más de dos mil páginas Selser describe la actividad de presidentes, militares, embajadores, líderes populares, agentes secretos, guerrilleros, héroes, mártires y traidores, y, como era de esperarse, el gran protagonista interventor —que presagiaron Simón Bolívar y José Martí—, es Estados Unidos.

Actualmente, son varias las formas en que se deja sentir en América Latina la supremacía estadounidense, la cual fracciona la región, enfrenta a los gobiernos e impide un proyecto de unificación regional con mayor amplitud y alcances que el que se propone la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Uno de ellos, es el Tratado de Libre Comercio (TLC) y su correlato, el Proyecto Mesoamericano (o Plan Puebla Panamá), que Estados Unidos han impuesto a varios de nuestros países. Para el caso mexicano, este Tratado y Proyecto han formado parte de un proceso de ocupación integral contemporáneo —denunciado por el Grupo Paz con Democracia—, a partir del cual se ha desregulado el patrimonio nacional, provocado el desmantelamiento y la extranjerización total de la planta productiva, así como la mercantilización del campo, perdiéndose la soberanía alimentaria y profundizándose la integración territorial, “energética, biológica y maquiladora, con el fin de resolver el déficit energético de Estados Unidos, trasladar el problema de la migración y los trabajos precarios hacia el sur —creando así una nueva frontera de la conflictiva socioeconómica—, y para dejar en manos del Banco Mundial, Conservación Internacional y otros organismos similares la invaluable riqueza biológica del Corredor Mesoamericano, que es pieza central de comunicación y canal de alimentación y enriquecimiento entre las selvas húmedas del norte de Chiapas (muy particularmente la Lacandona) y del sur del Continente (la cuenca amazónica)” (“Llamamiento a la nación mexicana”, La Jornada, 16 de noviembre del 2007).

A partir del Plan Colombia (1999), la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005) y la iniciativa Mérida (2008), entre otros de los acuerdos en materia de seguridad, México y Colombia, en particular, pasan a formar parte, en condición subalterna, de las estrategias militares, policiales y de inteligencia de Estados Unidos. En los hechos, para el caso mexicano, esta subordinación y la necesidad de fortalecer la presidencia espuria de Felipe Calderón, han provocado la militarización de la seguridad pública y de extensas regiones del territorio nacional, así como la imposición de una guerra que lleva en menos de seis años, más de 50 mil muertos, miles de desapariciones forzadas y el desplazamiento de más de 250 mil personas dentro y fuera del país, así como la criminalización de los movimientos sociales. El carácter de esta guerra cubre un amplio espectro de objetivos que entran dentro de la contrainsurgencia y la guerra social, convirtiendo a los ejércitos nacionales en fuerzas internas de ocupación de sus propios pueblos, a partir de la idea de que Estados Unidos tiene el derecho de inmiscuirse en cualquier parte del mundo a través de intervenciones directas o indirectas, abiertas o encubiertas, y con base en el concepto de los estrategas estadounidenses en torno a “conflictos internos” en los que Washington proporciona armas, entrenamiento y ayuda militar, mientras las “naciones huéspedes” pagan el precio en muertos y daños colaterales; contando con la cobertura mediática de “lucha contra el narcotráfico”, el “terrorismo” y la derivación de ambos, el “narco-terrorismo”. Sin descartar una intervención militar directa con tropas estadounidenses.

Marcelo Colussi, en su libro El Narcotráfico: un arma del imperio, Argenpress, 2010, sostiene que el supuesto combate al negocio de las drogas ilícitas tiene como objetivo real permitir a Estados Unidos intervenir donde lo desee, tenga intereses, o los mismos se vean afectados. Terminar con el consumo está absolutamente fuera de sus propósitos. Donde hay recursos que necesita explotar -petróleo, gas, minerales estratégicos, agua dulce, etc. y/o focos de resistencia popular, ahí aparece el “demonio” del narcotráfico. Ello es una política consustancial a sus planes de control global. Gracias a ella, el gobierno de Estados Unidos cuenta con un arma de dominación político-militar. En realidad, el supuesto combate al narcotráfico es un combate frontal contra el campo popular organizado, en el que en Colombia, y ahora en México, las oligarquías y sus gobiernos, se han supeditado dócilmente a las estrategias de Estados Unidos.

América Latina es una de las regiones con mayor diversidad de resistencias y luchas anticapitalistas y contra hegemónicas: desde los procesos autonómicos de los pueblos indígenas, hasta los esfuerzos —no exentos de contradicciones— por construir poder popular y garantizar la participación plena de todos y todas en los gobiernos surgidos desde abajo, tratando de vencer fatalidades y determinismos, como los que encierra la frase atribuida al dictador Porfirio Díaz: “Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos.”