"Si el Gobierno ordenara el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel, empezando por el Presidente de la República"1

A medida que avanzan las investigaciones de los múltiples escándalos que envolvieron el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), lentamente el panorama tiende a despejarse. No fueron casos aislados. Fue un entramado andamiaje que creció como una espiral con el fin de impedir y desviar las indagaciones judiciales, cuando estas empezaron a tocar su base: la alianza criminal entre políticos y narco paramilitares para las elecciones de 2002. Allí empezó todo: interceptaciones ilegales, feria de Notarías, yidis política, referendo reeleccionista, ejecuciones extrajudiciales, falsas desmovilizaciones, agro ingreso seguro, etc. con el claro propósito de quedarse en el poder y evitar que se conociera la verdad.

Ya está demostrado que las bandas narco paramilitares apoyaron y ayudaron a elegir a políticos de la coalición uribista para que llegaran al Congreso. A su vez, los parapolíticos uribistas apoyados por las bandas narco paramilitares respaldaron y ayudaron a elegir a Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia en 2002.

Como prueba indiscutible de la anterior afirmación, citemos apenas algunos de esos “políticos” uribistas: Mario Uribe Escobar, condenado a 90 meses de prisión; Rocío Arias, condenada a 45 meses; Eleonora Pineda, condenada a 45 meses; Álvaro Araujo Castro, condenado a 9 años y 3 meses; Oscar de Jesús López Cadavid, condenado a 90 meses; Eleonora Pineda, condenada a 45 meses; Mauricio Pimiento Barrera, condenado a 7 años; José Domingo Dávila Armenta, condenado a 90 meses; Ciro Ramírez, condenado a 90 meses. Todos ellos condenados como responsables del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.

Merecen mención especial dos adalides del uribismo en el departamento de Sucre: Álvaro García Romero, condenado a 40 años como autor intelectual de la masacre de 15 campesinos que cometieron los paramilitares el 16 de octubre del 2000 en Macayepo, Sucre; y, Salvador Arana Sus, condenado a 40 años por sus nexos con grupos paramilitares y por el asesinato del alcalde del Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, ocurrido en abril de 2003.

¿Vamos a creer que Álvaro Uribe Vélez no conocía de esos apoyos? Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, narco paramilitar extraditado por Uribe Vélez a Estados Unidos aseveró en la W radio en enero de 2011: “Lo que quiero decir, es que el presidente Uribe le ha mentido al país, más paramilitar que el presidente Uribe no existe en este país, todos los caminos del paramilitarismo van al presidente Uribe, esa es la verdad de eso, no podemos negar esa cuestión”.

Cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia empezó las indagaciones contra los socios de las toldas uribistas (Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador, Alas Equipo Colombia, Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana) por sus nexos con los paramilitares, la estrategia fue atacar a los Magistrados, periodistas, activistas de derechos humanos y opositores que hicieron eco de las investigaciones. Para ello utilizaron el DAS, convertido por Uribe en su policía política de persecución, y la cadena de interceptaciones y seguimientos ilegales. Sobre esta investigación, la justicia ya ha emitido condenas contra ex funcionarios del DAS.

Fernando Tabares, ex director de inteligencia y Jorge Alberto Lagos, ex subdirector de contrainteligencia, confesaron su participación lo cual les significó rebaja de pena. El Juzgado 14 de conocimiento de Bogotá los condenó respectivamente a 98 meses y 96 meses de prisión, por concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de función pública e interceptación ilícita de comunicaciones. Además deberán declarar en la investigación que se sigue contra la prófuga ex directora María del Pilar Hurtado y el ex secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno.

Gustavo Sierra, ex subdirector de análisis, logró preacuerdo con la Fiscalía y será condenado a 100 meses de prisión. Sierra pidió perdón a las víctimas de los seguimientos e interceptaciones ilegales y manifestó que las ordenes fueron emitidas por la entonces directora del organismo, María del Pilar Hurtado y Jaime Andrés Polanco, actual subdirector del DAS.

Por este mismo asunto se encuentra detenido el ex director del DAS Jorge Noguera Cotes, quien además enfrenta investigación por haber puesto el DAS al servicio de los paramilitares, y su ex subdirector, José Miguel Narváez, quien según ex paramilitares (Mancuso, “Don Berna”, “El Iguano” y “Ernesto Báez”) estuvo comprometido en los asesinatos del humorista Jaime Garzón Forero y el senador Manuel Cepeda Vargas y el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. Sobre Narváez, alias “Don Berna” dijo que lo único que le faltaba era el brazalete de las AUC.

No hay duda de la relación de la dupla Noguera–Narváez con los paramilitares como tampoco de las “teorías” de “guerra política” y “guerra moral” que pregonara Narváez y puso en práctica desde la subdirección del DAS.

La “guerra moral” se tradujo en el fallido montaje de alias “Tasmania” en el que se menciona a Sergio Augusto González, abogado de alias “Don Berna” y alias “Job”, Mario Uribe Escobar y otros personajes, contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez. Y también en las reuniones entre el paramilitar alias “Job”, emisario de alias “Don Berna”, con Edmundo del Castillo y Cesar Mauricio Velásquez, secretario jurídico y de prensa de la presidencia, respectivamente. Uno y otro episodio, dirigidos a “desprestigiar” a la Corte.

Según cables de Wikileaks, el ex director del DAS, Andrés Peñate, señala al ex asesor presidencial, José Obdulio Gaviria como el promotor de las interceptaciones ilegales y hostigamientos; en otros se señala a Bernardo Moreno, ex secretario general de la presidencia. Falta que la Fiscalía escuche sus versiones y tome decisiones; por lo pronto, envió copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con el fin de que investigue a Uribe Vélez. Para nadie es un secreto la estrecha cercanía de Gaviria y Moreno con Uribe Vélez.

Es de destacar que la ex funcionaria Martha Inés Leal Llanos, ex subdirectora de operaciones, quien se encuentra detenida y ha manifestado que teme por su vida, en audiencia celebrada en noviembre de 2010, aseguró que Andrés Peñate fue quien le ordenó hacer seguimientos al periodista Daniel Coronell, que la información que recogía el DAS tenía como destino la Casa de Nariño: “Esas investigaciones o trabajos que se hacen en el DAS van con destino al señor Presidente de la República”.

¿Nos creeremos el cuento que José Obdulio Gaviria, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate y demás cercanos colaboradores de Uribe Vélez no actuaron o lo hicieron por su propia cuenta y riesgo, que todo fue a espaldas de Uribe Vélez?

La pobreza de resultados de la “guerra moral” hizo necesario pensar en la reelección como mecanismo de apuntalarse en el poder e impedir que se conociera la verdad. Aparece entonces el vergonzoso episodio de la llamada “Yidis política” en el que el gobierno “persuadió” el voto de los congresistas. La Corte Suprema de Justicia condenó a Yidis Medina a 48 meses y 15 días; Teodolindo Avendaño a 8 años e Iván Díaz Mateus a 6 años. Todos por cohecho. Se hallan pendientes las decisiones sobre los ex ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio.

¿También aquí, los ex ministros ofrecieron puestos, Notarías y prebendas para favorecer a Uribe Vélez sin que éste lo supiera?

Ocho años fueron insuficientes para desangrar el país y ocultar la podredumbre. Se inventaron el referendo reeleccionista, torcido desde su nacimiento, artimaña en que también se incurrió en la comisión de delitos. El Tribunal Superior de Bogotá invalidó el preacuerdo entre Luis Guillermo Giraldo, promotor del referendo reeleccionista, y la Fiscalía que contemplaba una pena de 54 meses en detención domiciliaria; en consecuencia deberá afrontar el juicio por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público junto con los demás promotores de tal iniciativa: Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel de Echeverri, Miriam Donato de Montoya, Gustavo Dajer Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro Velásquez Cock, Hediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa.

En el afán reeleccionista jugaron papel importante entidades como el Inconder, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Agricultura, el Inco, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras. Hubo piñata de contratos y feria de Notarías.

Por los subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, la Fiscalía imputará cargos a ex funcionarios del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y miembros de las familias Dávila y Vives Lacouture, quienes habrían recibido 2.212 millones 501 mil 213 pesos presuntamente sin cumplir los requisitos. La investigación continúa y por lo pronto los ex funcionarios del ministerio son: el viceministro, Juan Camilo Salazar Rueda; el secretario general, Juan David Ortega Arroyave; la directora de comercio y financiamiento, Camila Reyes de Toro; el director de desarrollo rural, Javier Enrique Romero Mercado; la jefe de la oficina jurídica, Tulia Eugenia Méndez; el jefe de la oficina jurídica, Óscar Augusto Sorder Muller, y el gerente general del Incoder, Rodolfo José Campo Soto.

Uribe Vélez, acostumbrado a controlarlo todo, tampoco en este asunto se percató de nada. Todo fue a sus espaldas.

Si el panorama de corrupción del gobierno de Uribe Vélez es catastrófico, también lo es la actitud asumida por su heredero. Santos considera a Uribe “un hombre limpio, un hombre probo, un hombre comprometido en la lucha contra la corrupción” y se siente “orgulloso de haber pertenecido al anterior Gobierno”.

El actual Gobierno, el de Santos Calderón, no se diferencia mucho del anterior, el de Uribe Vélez. Santos mantiene en sus cargos, como si nada pasara, a Felipe Muñoz, director del DAS, implicado en las interceptaciones ilegales; a Luis Camilo Osorio Isaza como embajador en México, quien fue Fiscal General (2001-2005) y ha sido señalado de vínculos y complacencia con los paramilitares, además archivó procesos como uno de los tantos que se siguen contra Rito Alejo del Rio; a Mario Montoya Uribe como embajador en República Dominicana, señalado por Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, ex miembro del “Bloque Centauros” de haber recibido 1.500 millones de pesos de Miguel Arroyave para que las fuerzas armadas apoyaran al Bloque Centauros en su guerra contra los paramilitares de Héctor Buitrago, alias “Martín Llanos”. Y para completar, a Jorge Enrique Vélez García, ex senador (2006-2010) a nombre de Cambio Radical y actual Superintendente de Notariado y Registro, de quien alias “El Tuso” indicó que recibió apoyo de los paramilitares.

Lo único que ha cambiado es el estilo. Del poncho al hombro pasamos al colorido chaleco, del costumbrismo paisa al costumbrismo cachaco, de los dados al póker. En el fondo, la esencia del régimen continúa. Y Santos ahí, guardándole la espalda a su antiguo patrón.

Edición N° 00247 - Semana del 18 al 24 de Marzo de 2011