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General: Condenado por parapolitica el primo ... su " llave " de Alvaro Uribe Vélez
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De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 22/02/2011 14:27 |
Los argumentos de la Corte contra Mario Uribe Escobar
Por César Paredes, periodista de Semana.com
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Mario Uribe fue condenado a más de siete años de cárcel. |
JUSTICIALa Corte no le dio tanta importancia a los resultados electorales del primo del expresidente Uribe, como sí a los testimonios de Mancuso, jefe paramilitar, y los excongresistas Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda.
Lunes 21 Febrero 2011
Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir a siete años y seis meses de cárcel y a pagar 3.481 millones de pesos. Según el Código Penal, “el delito de concierto para delinquir es cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos”. Este lunes, la Corte Suprema dio a conocer la sentencia, después de varios meses de proceso judicial que no estuvo exento de polémicas. Como cuando Uribe Escobar pidió asilo a la embajada de Costa Rica en abril de 2008, o un año después, en septiembre, cuando el Alto Tribunal decidió retomar todos los casos de congresistas que habían renunciado a su fuero para ser juzgados por la justicia ordinaria. El fallo de la Corte, que no tiene recurso de apelación, comienza explicando los hechos. Como en otras jurisprudencias, hace una síntesis sobre la actividad delincuencial del paramilitarismo, definido como “aparatos organizados de poder”, “bajo la siempre inconcebible pretensión de imponer el “orden” y confrontar militarmente expresiones políticas contrarias a su ideario”. Esas organizaciones, recuerda la Corte, además “decidieron influir en la conformación del poder político, no por supuesto a través de los conductos democráticos, sino mediante la afirmación ilegítima de los llamados “Estados liberados”. Aduce la Corte que no contentos con el control local que llegaron a detentar, “las autodefensas diseñaron un plan de expansión que les permitiera elegir voceros nacionales a través de aliados que o llegarían al Congreso, o estándolo, coadyuvarían a sus propósitos”.
En la primera parte de la sentencia, la Corte expone los argumentos de los intervinientes en el proceso. Tal y como lo anunció la Procuraduría, este organismo pidió la absolución de Uribe Escobar por considerar que la base de la acusación, el testimonio de Jairo Castillo Peralta, alias “Pitirri”, carecía de fundamento. Otro de los argumentos de la Procuraduría consignados en la sentencia fue que el aumento de la votación de Uribe Escobar en las elecciones al Congreso en 2002 puede tener muchas explicaciones, “y no exclusiva y únicamente la intervención paramilitar, como se pretende decir”. La sentencia recoge los argumentos con los que Uribe Escobar enfrentó la acusación. Dijo, por ejemplo, que el testimonio de Salvatore Mancuso, quien fue extraditado a los Estados Unidos, era de un “psicópata” y que la mentira era “rasgo distintivo de todas sus manifestaciones”. Mancuso, en una diligencia celebrada el año pasado, aseguró categóricamente que la orden a los paramilitares que tenían asegurados varios municipios de Córdoba fue votar por Uribe Escobar. No obstante, el excongresista alegó que Mancuso no recordaba datos como fechas y lugares. También insistió en que sus votos en 2002 (111.635) se debieron, entre otras cosas, al “viento de cola” (impulso) que tuvo la campaña de Álvaro Uribe a la Presidencia, con la bandera de la seguridad. La defensa de Uribe Escobar destacó “que la declaración de Salvatore Mancuso es un conjunto de contradicciones y de remisiones a terceros, del que lo único que se puede establecer con alguna coherencia es que una sola vez se reunió con el doctor Mario Uribe Escobar, muy posiblemente después de las elecciones de 2002”. La Corte, por su parte, ratificó su competencia para juzgar a congresistas o excongresistas cuando sus delitos son cometidos en el ejercicio de sus funciones. Reafirmó que “el fuero no depende de la comisión de un delito “propio”, sino de la necesaria perturbación de la función institucional”. La Corte Suprema recuerda cómo se diseñó la calificación de “agravado” para el concierto para delinquir en el Código Penal. Dice que esta categoría de delitos se definió para sancionar el acuerdo para “promover, financiar, armar u organizar grupos armados al margen de la ley”. En criterio de la Corte, el aporte del “político” a la causa paramilitar, cuando pone la función púbica a su servicio, no solamente es una “disfunción institucional”, sino que es un incremento del riesgo contra la seguridad pública. Por esta razón, argumenta, su valoración no versó sobre la posible afectación de los mecanismos de participación democrática, sino sobre la alianza entre política y los grupos ilegales.
“La demostración del concierto para delinquir como acuerdo para promover a un grupo ilegal, no se puede reducir al análisis aislado de cifras electorales o conformarse con datos de esos guarismos”, dice la sentencia.
La Corte aduce, por ejemplo, que en el municipio de Motelíbano, en donde aumentó considerablemente la votación por Uribe Escobar, en 2002, no era necesario que el paramilitarismo ejerciera pleno control para influir en las elecciones. ¿La razón? La influencia electoral la podía ejercer a través de actores en “apariencia legales”. En ese municipio Uribe Escobar obtuvo 8 votos, en 1998, y 4.087 en el 2002. En el 2006, bajó a 13. La Corte da cuenta de la mediación que hizo Eleonora Pineda, excongresista condenada por su relación con el paramilitarismo, entre Mancuso y Mario Uribe. Recuerda testimonios de 2007 en los que Mancuso cuenta que Pineda y Uribe Escobar hicieron un acuerdo político, y que el jefe paramilitar le pidió a ella, abiertamente declarada una política al servicio del grupo ilegal, que se lo presentara personalmente. La Corte indicó que ese acuerdo político no fue menor. Dice los “acuerdos no son una invención de última hora, sino la consecuencia de condiciones históricas que tuvieron a Eleonora Pineda, Salvatore Mancuso y Mario Uribe como protagonistas”.
La nuez de la sentencia de la Corte está en la siguiente declaración: “Bajo tales reflexiones, el análisis conjunto de la prueba permite concluir que las declaraciones de Salvatore Mancuso y de Eleonora Pineda, apreciadas históricamente, permiten asumir que Mario Uribe Escobar sí hizo pactos con la organización armada al margen de la ley”.
En otras palabras, la situación de Córdoba, el auge de los grupos paramilitares en la región y otros aspectos de contexto no pueden mirarse por separado.
Al final concluye: “la Sala tiene la certeza de que el doctor Mario Uribe Escobar se concertó con un grupo armado al margen de la ley y que no recibió apoyos sin contraprestación, como lo sostiene el señor Procurador”, dice la sentencia. El alto tribunal afirma que “el concierto como delito de mera conducta y de peligro que es, surge del acuerdo y no de acciones concretas”. “Basta ese mínimo desvalor de peligro contra la seguridad pública que nace de la potencialidad de promover al grupo ilegal”, agrega. De esta manera, la Corte cerró un capítulo que por momentos enfrentó al expresidente Uribe con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, en una entrevista con SEMANA, a mediados de octubre del año pasado, Mario Uribe aseguró que el exmandatario lo había dejado sólo. Hasta última hora de este lunes el expresidente no se había referido al tema de su primo.
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freeyon
02-22-2011, 12:17 AM
La condena contra su primo Mario Uribe y la imputación de cargos contra funcionarios y beneficiarios de Agro Ingreso Seguro representan un golpe grande contra el ex presidente Álvaro Uribe. Pero el golpe podría haber sido peor. [Solo los usuarios registrados y activos pueden ver los links] ([Solo los usuarios registrados y activos pueden ver los links])
El ex senador Mario Uribe Escobar fue condenado a siete años y medio de prisión por el delito de concierto para delinquir, a una multa por casi 3.500 millones de pesos y a una inhabilidad política por esos mismos años. No le concedió suspensión de la pena ni prisión domiciliaria.
Pero la Corte no utilizó para su condena los testimonios de ‘Pitirri’ ni del ‘Tuso Sierra’, que eran los más comprometedores para el exsenador y los que más perjudicaban indirectamente al expresidente Uribe.
Por otro lado y casi simultáneamente, la Fiscal Viviane Morales decidió imputar cargos y anunció que pedirán medida de aseguramiento contra 22 personas -siete de ellas exfuncionarios del Ministerio de Agricultura- por las irregularidades en la entrega de subsidios de Agro Ingreso Seguro.
Sin embargo, entre los acusados no se mencionaron los nombres de los exministros de Agricultura Andrés Felipe Arias ni de Andrés González a quienes el exfiscal (e) Guillermo Mendoza Diago les abrió investigación preliminar el 26 de enero de 2010 y cuyo caso está hoy directamente en manos de la fiscal Morales.
Imputación de AIS sin Arias ni Fernández La decisión contra los funcionarios y beneficiarios de Agro Ingreso Seguro fue tomada por el jefe de la Unidad Nacional Especializada de Delitos contra la administración pública, Martín Antonio Moreno, quien pedirá tres audiencias diferentes de imputación ante jueces penales municipales con función de control de garantías en Bogotá.
Cada una para un sector investigado: todos los funcionarios del Ministerio de Agricultura involucrados en la aprobación de subsidios de Agro Ingreso Seguro menos sus jefes, los dos ministros; los beneficiarios de la familia Dávila y de la familia Lacouture, que fraccionaron los predios para acceder a más subsidios.
La Fiscalía encontró que los funcionarios incurrieron en irregularidades en la celebración y ejecución de varios convenios para la entrega de recursos de Agro Ingreso Seguro y que significaron el desembolso de 288 mil millones de pesos. [Solo los usuarios registrados y activos pueden ver los links] ([Solo los usuarios registrados y activos pueden ver los links])
Estos contratos se firmaron entre 2007 y 2009, cuando Arias era Ministro y Fernández era el director del Instituto Colombiano Agropecuario y por ello estaba encargado de gran parte de la ejecución del programa. Sin embargo, contra ellos no se tomó ninguna decisión.
La Fiscal aclaró que hay 50 personas más investigadas por el caso del AIS, entre quienes hay servidores públicos, contratistas y particulares. Todos ya rindieron interrogatorio.
Dos de los Dávila reconocieron a la Fiscalía que dividieron su finca para recibir más de un subsidio, pero aclararon que lo hicieron por recomendación de funcionarios del Minagricultura y específicamente del exministro Andrés Felipe Arias. Incluso, aseguraron que el exministro los llamó una vez fueron citados por la Fiscalía para que unificaran sus versiones.
Esta versión podría ser la causa de la demora en la decisión contra Arias, pues de probarse que es cierta también se le podrían imputar los delitos de obstrucción a la justicia y concierto para delinquir.
Pero por ahora, el ex ministro más cercano a Álvaro Uribe, su pupilo y su extensión mediática, quedó a salvo. La condena de Mario Uribe La Corte Suprema sí condenó a Mario Uribe, el primo del expresidente, y por cuya defensa soterrada Álvaro Uribe se enfrentó de frente con la Corte Suprema durante su mandato.
La sentencia de la Corte indica que Mario Uribe fue condenado por el delito y con las pruebas esgrimidas por la Corte en su escrito de acusación del 24 de febrero de 2010, que se basan principalmente en los testimonios del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, de Eleonora Pineda y en los resultados electorales atípicos que obtuvo Uribe Escobar en las elecciones al Congreso de 2002.
Según la Corte, Mario Uribe hizo un pacto político con Mancuso para beneficiarse electoralmente en Antioquia y Córdoba. Estos beneficios se vieron reflejados en las votaciones atípicas que Escobar obtuvo en las elecciones al Congreso de 2002.
En municipios como Chinú, Montelíbano, Sahagún, Puerto Libertador y Planeta Rica, el primo del Presidente aumentó su votación hasta 500 veces en comparación con las elecciones de 1998. Y en contraste con el éxito electoral de 2002, las votaciones de Pineda y de Uribe se desplomaron en 2006, cuando los paramilitares tenían menor poder para movilizar a la gente durante elecciones.
En 2002, Mario Uribe hizo campaña con Eleonora Pineda, elegida representante a la Cámara por Córdoba con la votación más alta del país y posteriormente condenada por parapolítica.
En su más reciente testimonio del 20 de febrero de este año, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso reiteró su testimonio ofrecido en 2007 y dijo que él mismo ordenó el apoyo político a la candidatura de Mario Uribe al Senado en 2002.
"Yo llamé al comandante del Alto San Jorge y le dije que por favor apoyara políticamente en la región bajo su control al senador Mario Uribe", aseguró en su declaración ante Justicia y Paz desde su prisión en Estados Unidos. Esta zona corresponde a los lugares donde Uribe Escobar tuvo los resultados electorales más atípicos.
Eleonora Pineda había testificado a favor de Mario Uribe diciendo que si bien se habían reunido con Mancuso, Uribe Escobar no sabía de qué se trataba y que de lo que hablaron fue de un proceso de paz pues la reunión fue posterior a las elecciones.
Sin embargo, en la sentencia, la Corte consideró que Mario Uribe sabía que aliándose con Pineda estaba recibiendo el apoyo de los paramilitares y que esta reunión con el jefe paramilitar se llevó a cabo antes de elecciones pues su propósito era llegar a un acuerdo electoral.
“Si Eleonora no tenía mayor reconocimiento político, como no sea haber sido concejal de Tierralta, su importancia política tenía que radicar en el grupo armado que la apoyaba y por eso no resulta extraño, ni está por fuera de la lógica, que quien refrendara los acuerdos fuera el jefe del Bloque Norte de las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, por lo cual pactos, acuerdos y convenios se realizaron antes y no después de elecciones, tal como Eleonora Pineda lo hizo conocer en sus primeras declaraciones”, afirmó la Corte en la sentencia.
Contrario a lo que dijo eltiempo.com hoy, la Corte no tomó en cuenta el testimonio de Pitirri en contra de Mario Uribe. El paramilitar desmovilizado, que se ha convertido en el testigo estrella de la parapolítica, había dicho que Uribe había comprado tierras en Córdoba y Antioquia a bajo precio con la ayuda de la presión paramilitar. Pero la Corte no pudo probar esta acusación y la desestimó.
La Corte tampoco utilizó los últimos testimonios del ‘Tuso’ Sierra. Este narcotraficante y pariente político de Mario Uribe, aseguró que fue “amigo, protector y financiador de las campañas políticas de Uribe Escobar”. Que le compró una finca y que le daba regalos, y que obviamente Mario Uribe sabía de donde salía ese dinero.
En su útimo testimonio, Sierra además salpicó al hermano del ex presidente Santiago Uribe. El 3 de febrero dijo Santiago Uribe Vélez y su primo Mario Uribe fueron clave en el escándalo de ‘Tasmania’ y que Santiago Uribe Vélez "iba en las 'vueltas'" de droga que enviaban los hermanos Gallón Henao por la zona del Urabá, controlada por 'el Alemán'.
El que la Corte no haya vinculado a Mario Uribe con la compra ilegal de tierras y el desplazamiento reduce el tiempo de su condena y además, no golpea de coletazo una de las políticas de confianza inversionista del expresidente Uribe que estuvo orientada a incentivar la compra masiva de tierras en las zonas pacificadas por la Seguridad Democrática. En el caso concreto de Montes de María, por ejemplo, el aliado político y socio de Mario Uribe Otto Bula compró grandes extensiones de tierra (ver historia).
Y que la Corte no tuviera en cuenta el testimonio de Sierra para la condena, también beneficia indirectamente al ex presidente Uribe puesto que 'El Tuso' involucró directamente a su hermano Santiago Uribe. Si la Corte le daba veracidad al testimonio en lo que tenía que ver con Uribe Escobar, por extensión ponía en problemas a Santiago Uribe, quien rechazó de plano la acusación del Tuso.
Con esta condena, termina el caso de la parapolítica que más enfrentó al Gobierno de Uribe con la Corte, y que según ha ido surgiendo de los testimonios de los implicados, está en la raíz de los peores escándalos del gobierno uribista como el de Tasmania, las ChuzaDAS, y enfrentamientos con magistrados como César Julio Valencia Copete, quien fue demandado y contrademandó al entonces Presidente Uribe.
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Las revelaciones del narcotraficante Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra hechas desde una cárcel de Estados Unidos a una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, dejan en claro el poder económico y político que había adquirido la llamada ‘Oficina de Envigado’ una vez consolidó su poder criminal en el Valle del Aburrá.
De acuerdo con una versión difundida por el diario El Espectador, el ‘Tuso’ Sierra describió la manera en que actuaba esta estructura delincuencial en el área metropolitana de Medellín involucrando a diversos organismos de seguridad. Según el periódico bogotano, este narcotraficante convertido a paramilitar le explicó a la Fiscalía que “se trabajaba en llave con el CTI, la Fiscalía, el Ejército, el DAS y la Policía”. Lo que ha dejado claro este confeso narcotraficante es que la ‘Oficina de Envigado’, creada por el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, pero que evolucionó a una red más compleja de narcotraficantes, bandas armadas y paramilitares, operaba con total amplitud gracias a sus conexiones con sectores de los organismos judiciales y de seguridad.
En su descripción de cómo se articulaban con agentes judiciales y de seguridad, Sierra aclaró que fue a través de pagos constantes que hacía Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’, quien trabajó en el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía a comienzos de la década del noventa y una vez fuera de la institución quedó con los contactos necesarios para continuar influyendo en los agentes. Varios ex funcionarios recuerdan aún los regalos en dólares que le hacía a sus compañeros en la temporada decembrina.
El ‘Tuso’ Sierra recordó también a otro ex funcionario de la Fiscalía General de la Nación, llamado Uber Duque, quien se desempeñó como Jefe de la Unidad Investigativa CTI Regional Medellín hasta mediados de 1997, cuando fue destituido por sospechas sobre sus nexos con grupos paramilitares. De acuerdo con Sierra, a él se le pagaban 5 millones de pesos mensuales. Duque fue asesinado en Medellín el 2 de marzo de 2004 y su muerte la lamentó Carlos Castaño en una nota enviada al entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. En la misiva, describió a Duque como “asesor jurídico de la dirección política de las AUC”.
En cuanto a los supuestos nexos con agentes de la Policía Nacional, Sierra dijo que tenían “en su nómina” desde coroneles hasta policías rasos. Entre los altos oficiales estaban Luis Alberto Moore, para esa época coronel y adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Según la versión entregada a la Fiscalía, éste oficial, que alcanzó el grado de General y pasó a retiro hace varios meses, recibía 28 millones de pesos periódicamente a cambio de información sobre operaciones, allanamientos o traslados de agentes ligados a la ‘Oficina de Envigado’.
Sobre este particular, el ‘Tuso’ Sierra dijo que como parte de esos acuerdos lograron el traslado de un capitán de apellido Bonilla del municipio de Andes (Antioquia), de donde es oriundo este narcotraficante, “porque molestaba mucho”. Asimismo, a través del senador Mario Uribe, lograron que la Dirección de la Policía Nacional reconsiderara el traslado del mayor Francisco Rodríguez a Bogotá y fuera regresado a Medellín, pues éste era uno de los oficiales “de la nómina” de la ‘Oficina de Envigado’. Rodríguez murió en enfrentamientos de las AUC contra la banda 'La Terraza'.
El ex general Moore, quien acabó su carrera como Comandante de la Policía de Carreteras, le salió al paso a los señalamientos del narcotraficante y si bien admitió que conoció al ‘Tuso’ Sierra, fue en condiciones diferentes a las señaladas por él y negó que estuviera en la “nómina” de la ‘Oficina de Envigado’: “Me enteré que Sierra era narcotraficante cuando se desmovilizó en Santa Fe de Ralito. Nunca pensé que fueran a salir situaciones como las que están ocurriendo".
En declaraciones a la prensa, el ex oficial explicó que conoció a Sierra por circunstancias familiares, pues una madrina suya de bautizo era familiar de él. “Cuando llegué a Antioquia lo conocí como un ganadero prestante del municipio de Andes y en situaciones más de tipo familiar que en las relacionadas con la mafia”.
Sobre la ayuda brindada por el senador Uribe, el ‘Tuso’ Sierra aclaró que el congresista sabía que estaba ayudando a ilegales. “No a las autodefensas, sino a mí, y él sabía quién era yo, en qué mundo andaba y quiénes eran mis amigos”.
El narcotraficante, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, también señaló al general Mario Montoya, para la época comandante de la IV Brigada del Ejército, sobre quien dijo que hacía parte de la “nómina” de la ‘Oficina de Envigado’ a cambio de información sobre operativos que pudieran afectar la estructura criminal.
El ‘Tuso’ Sierra también hizo referencia a las influencias políticas y reseñó el apoyo dado inicialmente a la campaña de Diego Arango Vergara al Concejo de Medellín por el movimiento Colombia Viva. Se desempeñó como concejal en el periodo 2004-2007, gracias al apoyo recibido por los reinsertados.
En lo político, también destacó el apoyo dado a Rocío Arias (también del movimiento Colombia Viva), a la Cámara de Representantes para el periodo 2002–2006, quien resultó condenada por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con las AUC.
De acuerdo con el ‘Tuso’ Sierra, los electores en las zonas de influencia no fueron presionados ni amenazados sino seducidos con mercados, útiles escolares, fiestas barriales, juguetes y brigadas de salud. De acuerdo con su versión, el dinero para financiar estas actividades provenía de donaciones hechas por hombres de negocios y narcotraficantes. Entre ellos destacó a los hermanos Gallón Henao (reconocidos caballistas, uno de ellos, Santiago, fue condenado por vínculos con las autodefensas en febrero de este año), Luis Hernando Gómez, alias ‘Rasguño’, Dagoberto Giraldo, Nicolás Bergonzoli y Rodrigo Tamayo, ex presidente del Deportivo Independiente Medellín, quien ha sido procesado por lavado de dinero.
Entre sus confesiones, el ‘Tuso’ también aludió a la cercanía que tuvo con la Gobernación de Antioquia durante la administración de Alberto Builes Ortega, entre los años 1998 y 2001, en donde, según él, “se movía como 'Pedro por su casa'”. De lo dicho por Sierra se desprende su aparente cercanía con Francisco Zapata Ospina, quien se desempeñó como Secretario General de Builes Ortega y luego como director de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia).
De hecho, confesó que recomendó a Sergio González para el cargo de Revisor Fiscal en Corantioquia. El asunto podría ser una anécdota más si no fuera porque este abogado hizo parte del montaje que preparó el ‘Tuso’ Sierra utilizando a uno de sus clientes, el paramilitar José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, contra el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, para que dijera que lo había presionado para que confesara que el presidente Álvaro Uribe Vélez tenía nexos con grupos paramilitares, asunto que luego fue desvirtuado.
Otro involucrado en las confesiones difundidas por el diario El Espectador fue Ignacio Guzmán Ramírez, fundador del movimiento Primero Antioquia, que respaldó a Álvaro Uribe Vélez a la Gobernación de Antioquia. Durante su administración se desempeñó como Secretario Privado. De acuerdo con Sierra, Guzmán lo atendió en España cuando se desempeñaba como Ministro de Cooperación Internacional en la embajada de Colombia en ese país. El motivo de ese viaje, que hizo en compañía de Víctor Horacio Uribe, hermano del senador Mario Uribe, fue hacer negocios con narcotraficantes. “Íbamos asegurados. Para que no nos fueran a poner problema, ¿qué más que pasaporte diplomático?”, dijo ‘el Tuso’ a la Fiscalía.
En su defensa, Guzmán Ramírez admitió que había recibido a Sierra en Madrid porque iba recomendado por el senador Uribe, pero que no conocía de los antecedentes de Sierra: “Me tocó recibir a Sierra en el aeropuerto de Bajaras, en Madrid, porque el doctor Mario Uribe me llamó días antes y me pidió el favor que recibiera a su hermano Víctor que viajaba con un amigo. Cuando llegaron le pregunté a Víctor que quién era ese señor tan feíto y me dijo y me respondió que era amigo de la familia. Como venían recomendados los atendí. Cuando regresé a Colombia me cuentan que Sierra era un muchacho que tenia negocios dudosos en Andes. Luego manifesté que no me había gustado esa situación y eso resquebrajó la relación con Mario Uribe”.
Sierra también hizo referencia al apoyo que le brindó al congresista Oscar Arboleda Palacio, Representante a la Cámara y ex presidente de esa corporación, y, coincidencialmente, Secretario de Obras Públicas de Antioquia durante la administración de Alberto Builes Correa. Sobre él, el narcotraficante dijo que le había ayudado a financiar su campaña al Congreso comprándole “muchos talonarios” de las rifas que hacía para conseguir recursos. Al respecto Arboleda Palacio declaró que sí conoció al ‘Tuso’ Sierra a través de Francisco Zapata Ospina en 1998. “Para ese momento no tenía ninguna impresión de él, hablé una o dos veces con ese señor, pero en esa época. De ahí en adelante no tuve ningún tipo de contacto con él ni relaciones económicas y políticas, tampoco ningún apoyo”.
Otro político que resultó salpicado en la versión del ‘Tuso’ Sierra a la Fiscalía fue Sergio Fajardo Valderrama, ex candidato a la Vicepresidencia de la República y ex alcalde de Medellín. De acuerdo con el narcotraficante, él estuvo presente en una reunión en la que también estuvieron el senador Mario Uribe y el paramilitar Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’. Según Sierra, Fajardo asistió en calidad de Subdirector del diario El Colombiano porque se venía hablando de que al parecer él tenía algún vínculo con la banda 'La Terraza', en ese momento en fuerte confrontación con las AUC y por eso lo iban a matar.
Según la versión de Sierra, “Mario (Uribe) mandó llamar a Sergio para aclarar la situación con 'Rogelio'”, y en ella se aclaró la situación de Fajardo Valderrama, pues según se concluyó no era su voz la que aparecía en unas conversaciones grabadas días atrás.
Una vez conoció Fajardo lo dicho por Sierra desde Estados Unidos, expidió un comunicado en el que ofrece su versión de los hechos y admite que la reunión sí se hizo en Medellín, en el apartamento de Mario Uribe, donde conoció una versión sobre supuestos seguimientos e interceptaciones de sus correos electrónicos y de las intenciones de un grupo criminal de atentar contra su vida:”Me preguntó que ‘si quería aclarar con ellos esa situación’, le respondí que no tenía nada que aclarar ni mucho menos reunirme con nadie. Nunca le pregunté sobre quiénes querían atentar contra mí, ni él me dijo algo al respecto. Le agradecí y le dije que podía repetir lo que le había dicho. Me despedí. Nunca más volví a reunirme con él”.
Conocida la versión de Juan Carlos Sierra, el coordinador de la Unidad Nacional de la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz, Luis González León, anunció que se estaban compulsando copias de la declaración del ‘Tuso’ a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y a las direcciones seccionales de Fiscalía para que se corrobore lo dicho por el narcotraficante y se determine si se abren nuevas investigaciones contra los implicados o se unifican con los procesos que algunos de ellos afrontan.
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La Haya investigará el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia
Una ONG lleva a la Corte Internacional los 3.345 'falsos positivos' perpetrados entre 2002 y 2008
La Federación Internacional de Derechos Humanos ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia entre 2002 y 2008. En especial, se señala el fenómeno de los “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales, que durante dicho periodo, costaron la vida a 3.345 civiles, según cifras de Naciones Unidas. En su mayoría jóvenes y varones, fueron asesinados en el marco del conflicto armado colombiano que enfrenta a la guerrilla -las FARC- con el Ejército y grupos paramilitares. Las víctimas fueron falsamente identificadas como guerrilleros muertos en combate y presentadas como tales a la opinión pública. La Federación sostiene que el crimen derivó de la exigencia impuesta a las Fuerzas Armadas de mostrar logros concretos en la lucha contra la insurgencia. “Dado que los mayores responsables de las matanzas no son perseguidos a domicilio”, señala el informe de la organización, recién presentado en Holanda, “el caso sería plenamente admisible por la CPI”.
Los falsos positivos se convirtieron en un escándalo internacional en 2008. En agosto de ese año, un grupo de madres del municipio de Soacha (parte de la conurbación de Bogotá) se unieron para buscar a 16 de sus hijos. Los jóvenes habían desaparecido en circunstancias extrañas. Un año después, sus cuerpos aparecieron en una fosa común en Ocaña, al noreste del país, en la región andina. El Ejército los identificó como delincuentes, paramilitares y guerrilleros. El rechazo ciudadano ante el fraude fue inmediato, y partir de entonces, familias de todo el país denunciaron sucesos similares. Según la Federación, “la práctica adquirió carácter sistemático”. “Hay una relación directa entre las ejecuciones y las políticas del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez a partir de 2002. Había un sistema de incentivos y recompensas, y la presión por generar resultados positivos, en el combate contra los grupos insurgentes”.
El informe, presentado en el nuevo Instituto de Justicia Global, con sede en La Haya, añade que los falsos positivos se convirtieron en un negocio apoyado por los altos mandos del Ejército. Sus miembros, de otro lado, obtenían beneficios. Por ello, y porque investigaciones y juicios “se realizan en Colombia de manera aislada evitando tratar el fenómeno como crimen de lesa humanidad”, la Federación pide a la CPI que intervenga.
Para su fiscal saliente, el argentino Luis Moreno Ocampo, la situación no es nueva. En 2005 ya recabó información sobre la conducta de jefes paramilitares y guerrilleros colombianos, además de la Fuerza Pública. Su sucesora, la jurista gambiana Fatou Bensouda, confirmó en 2009 que el país figuraba en sus archivos “en fase preliminar de estudio”. Es decir, no se ha abierto una investigación oficial, pero la actuación de la justicia nacional es seguida de cerca para ver si persigue a los culpables de los crímenes. Si bien la fiscalía de la CPI reconoce que las instituciones colombianas son fuertes, el temor es que no se avance. Que siga habiendo un desfase entre el grado de violencia y la impunidad registradas en el país. El Gobierno colombiano, sin embargo, no solo asegura que los tribunales están capacitados para llevar estos casos. Bogotá recuerda que reconoce la competencia de la CPI en su lucha contra el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero no se trata de un Estado fallido necesitado de intervenciones externas.
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Un exjefe de seguridad de Uribe acusado de narcotráfico se entrega a EE UU
El exgeneral Santoyo es sospechoso de colaborar con el crimen mientras trabajaba en Presidencia
Supuestamente recibió de narcos y paramilitares cinco millones de dólares entre 2000 y 2008
El general retirado Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002- 2010), ha sido arrestado este martes, una semana después de que se conociera el pedido de extradición por narcotráfico que hizo en su contra una corte de Virigina, Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía de Virginia se supo que Santoyo, el primer general de la República pedido en extradición en la historia de Colombia, fue trasladado a EE UU este martes después de que él mismo se entregase a las autoridades de la DEA en Bogotá. De inmediato se dispuso un avión para llevarlo al aeropuerto de Dulles, Virginia.
Peter Carr, portavoz de la Fiscalía, aseguró que el expolicía, que acompañó al expresidente Uribe entre 2002 y 2005, se presentará de manera formal ante el juez este jueves 5 de julio para la legalización de su captura, ya que el miércoles 4 -Día de la Independencia- es festivo en Estados Unidos.
Entonces deberá enfrentar un proceso por haber recibido cinco millones de dólares (cuatro millones de euros) a cambio de ayudar a narcotraficantes y paramilitares entre el 2000 y 2008. Supuestamente, el general Santoyo les advertía de policías que los investigaban en Colombia, Inglaterra y Estados Unidos. Todo indica que se habría aliado con “policías corruptos” para ayudar a la mafia, según un informe filtrado a los medios.
El caso de este oficial no ha sido un asunto aislado en Colombia. Es otro de los varios funcionarios del expresidente Uribe que están en líos con la justicia. El de Santoyo es quizá el más grave, pues mientras velaba por la seguridad del jefe de Estado y gracias a su cargo tenía información privilegiada, al parecer recibía sobornos de la Oficina de Envigado (un grupo de sicarios creado en los 80 por Pablo Escobar y que hoy prácticamente está extinguido), y de los paramilitares (que depusieron las armas entre 2003 y 2006).
Todo indica que para la acusación fueron claves los testimonios del narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, extraditado en 2008 hacia EE UU, y de un policía colombiano capturado en el mismo país. El general Santoyo, tras conocer la solicitud de extradición en su contra, había dicho en un comunicado la semana pasada que “siempre he estado y estaré a disposición de las autoridades pertinentes para aclarar cualquier sindicación [acusación] que se me haga”.
Como es de prever, si el policía logra negociar con las autoridades estadounidenses y entregar información, éste sería el primer paso para armar un gran rompecabezas del que Colombia conoce poco: los nexos entre la oficialidad y el narcotráfico.
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