La Corte especificó que “las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón (noroeste de Venezuela) allanaron sin orden judicial y con violencia la vivienda de la familia Uzcátegui, mientras se encontraba celebrando el año nuevo, en el transcurso del operativo policial, los agentes de la policía hicieron uso de armas de fuego en contra de Néstor José Uzcátegui, provocando su muerte”.
“Este caso es emblemático del patrón de ejecuciones extrajudiciales que se comenten en el país por los llamados grupos parapoliciales”, explicó a RFI Liliana Ortega fundadora de la organización no gubernamental COFAVIC , que ha seguido varios casos de este tipo.
“El propio ministerio público ha reconocido que del 2000 al 2008 han ocurrido en Venezuela 8.350 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, un promedio de 1.000 casos por año. Además, los niveles de impunidad son muy altos, menos de un 4% de estos asesinatos se resuelven, hay muchísimas falencias en las investigaciones y no ha habido una política clara y certera para contrarrestar este fenómeno”, agregó Ortega.
Este fallo de produjo apenas un mes después de que el presidente Hugo Chávez diera el primer paso para la salida de Venezuela de la CIDH con la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La salida del país debería hacerse efectiva el 11 de septiembre de 2013. Esto significa que las violaciones de los derechos humanos en ese país podrán ser objeto de investigaciones por parte de la Corte y que los ciudadanos venezolanos no podrán recurrir a ella.
De su lado, para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el caso de Néstor Uzcátegui “es un ejemplo de la práctica sistemática de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas policiales contra jóvenes de clases sociales bajas.
“Más del 90% de la víctimas pertenecen a los sectores más excluidos de la sociedad venezolana y los jóvenes que están muriendo no superan los 23 años de edad”, especificó Liliana Ortega.
La fundadora de COFAVIC también detalló que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales se ha ido multiplicando. Cuando la COFAVIC comenzó a denunciar estos casos, en el año 2000, el fenómeno estaba localizado en cuatro estados, principalmente en Portuguesa (oeste) donde el grupo parapolicial se denominaba “Exterminio”. Pero ahora se encuentran casos en otros estados del país donde las víctimas pertenecen a los sectores más vulnerables.
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