La pareja de representantes de la Florida Ileana Ros-Lethinen y Mario Díaz-Balart acaba de solicitar por tres bandas (Estado, Justicia y Seguridad Nacional) «la expulsión inmediata» del coronel Crescencio Marino Rivero (Foto © Canal 51), junto con la explicación de por qué el espía convicto René González fue autorizado a viajar a Washington DC y el apremio a la Sección de Intereses de EE. UU. y al FBI para evitar que personas como Marino Rivero —calificado de «agente del régimen cubano, un Estado patrocinador del terrorismo»— entren a EE. UU. Desde luego que este cuento es más largo. Marino Rivero tendrá su día en corte y la petición de los congresistas presenta a Marino Rivero como jefe de prisión, como se reportó en medio del revuelo mediático, pero quedaría mal parada si llegara a ser cierto que, como repuso el coronel inmigrante, fue tan sólo director jurídico, esto es: un oficial burócrata sin mando directo sobre ningún carcelero. Hasta ahora ninguna de las acusaciones formuladas por disidentes encaja ni por asomo en la tortura a que se refiere la Ley (2004) de Prevención del Terrorismo y Reforma de Inteligencia invocada por los congresistas. El meollo de la discusión prosigue siendo hasta qué punto la omisión de informar a las autoridades americanas su cargo antecedente en el Ministerio del Interior y su militancia en el Partido Comunista invalidan el visado con que entró Marino Rivero y la residencia que consiguió. Y aun tornándose deportable, es sabido que si Cuba no admite su regreso, aun cuando el propio coronel Marino Rivero lo solicite como emigrado, este residente continuará en Miami, como otros muchos, con orden firme de deportación inviable.