Manifestación a favor del derecho al aborto frente a la Asamblea Legislativa del D.F., 29 de abril.
(Foto: Dario López-Mills/AP)

Estas cifras reflejan, nuevamente, la opresión propia de una sociedad dividida en clases. ¿Quiénes son las mujeres que mueren en las planchas de los abortos clandestinos insalubres? ¿Las acomodadas, que tienen el dinero suficiente para costearse un buen hospital en el extranjero? Obviamente no. Las que sufren las consecuencias de la criminalización del aborto son las mujeres pobres, cualquiera lo sabe.

La lucha por despenalizar el aborto en el Distrito Federal tiene una larga historia. Ya en 1983 se presentó una iniciativa para legalizar el aborto dentro de los primeros tres meses, pero fue derrotada. En 1979, la efímera fracción parlamentaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores (que falsamente se ostentaba como trotskista), junto con varias feministas del Partido Comunista, presentó una iniciativa a favor de la “maternidad voluntaria” que pedía la completa legalización del aborto. Al igual que ahora, las fuerzas reaccionarias organizaron manifestaciones en las calles, e incluso organizaron ataques físicos contra los que defendían la reforma.

En el caso actual, las limitaciones de esta enmienda de ley no se restringen a que se sigue considerando al aborto como un delito. Aun cuando fuera legal su práctica, nada garantizaría que una mujer pudiera realizarlo de manera libre y efectiva. Ya es legal en todo el país, por ejemplo, que una mujer aborte si su embarazo ha resultado de una violación. (Es significativo que hasta a esto se oponen los reaccionarios clericales.) Sin embargo, incluso cuando una mujer violada y embarazada ha conseguido una orden legal autorizando un aborto, las autoridades hospitalarias y del DIF, agencia gubernamental para el “desarrollo integral de la familia”, con frecuencia se niegan a llevarlo a cabo.

Considérese el muy conocido caso de Paulina para probarlo. Paulina Ramírez Jacinto fue violada a los 13 años y sin embargo se le negó la realización de un aborto en Mexicali. El obispo y hasta el gobernador de Baja California Norte intervinieron personalmente para disuadirla, y cuando esto no dio resultado, para impedir que ella pudiera terminar el embarazo. Un informe de Humans Rights Watch (marzo de 2006) titulado “Víctimas por partida doble: Obstrucciones al aborto legal por violación en México” presenta los casos de mujeres que atravesaron periplos semejantes en Guanajuato, Yucatán y el Distrito Federal a lo largo de 2005. Una trabajadora social que en Mérida ayudó a una niña de doce años embarazada como producto de una violación cuenta lo siguiente:

“Las autoridades dicen: ‘no es posible’. Les llevé el artículo [del Código Penal estatal] donde dice que [el aborto después de una violación] está dentro de los causales. … En el DIF [donde yo trabajaba] querían que la niña tuviera al hijo a como dé lugar. … [Las autoridades] decían que ya muchos meses [así que el aborto era imposible] y les dije: ‘Porque iban pasando los meses mientras [ustedes] me dicen que no’.”

Incluso en Estados Unidos, donde el aborto es legal, el acceso real al aborto se encuentra fuertemente restringido. Apenas la semana pasada, la Suprema Corte ilegalizó un procedimiento de aborto en el tercer trimestre, que podría abrir la puerta para una ofensiva reaccionaria para desmantelar el derecho al aborto trecho a trecho. Un caso reciente que demuestra los obstáculos que enfrentan las mujeres que quieren terminar un embarazo es el de la adolescente inmigrante Amber Abreu, quien ahora enfrenta cargos penales en el estado de Massachusetts (¡bajo una arcaica ley de la década de los 1840!) por un intento de abortar. Como escribieron nuestros camaradas del Internationalist Group en un artículo en su defensa:

“El caso de Amber Abreu subraya el hecho de que lo que está en juego no es simplemente el derecho legal a ‘elegir’, sino la posibilidad real de acceder a los servicios necesarios para abortar. En muchos estados han sido aprobadas leyes que impiden que adolescentes embarazadas terminen con su embarazo sin haber avisado a sus padres. Las clínicas han estado bajo sitio de ‘escuadrones de dios’ derechistas que no sólo se proponen hostigar a las mujeres que desean abortar, sino también acabar con ese tipo de centros. En varios estados del centro de Estados Unidos, esto ha llegado hasta el punto en que sólo siguen abiertas una o dos clínicas en las que se puede abortar. Encima de todo, los fanáticos antiabortistas recurren al asesinato descarado, publicando en Internet los nombres y direcciones de doctores que practican abortos, asesinándolos en sus casas y poniendo bombas en las clínicas. El terrorista derechista John Salvi asesinó a dos trabajadores en la clínica Planned Parenthood (paternidad planeada) en Brookline [Massachussets], e hirió a otras cinco personas en 1994. El Internationalist Group lanza un llamado a favor de una combativa defensa proletaria de las clínicas donde se practican abortos.”

Ahora en México los reaccionarios van a recurrir a semejantes métodos terroristas, como ya ha señalado Jorge Serrano Limón de Provida. En realidad, la lucha apenas comienza: más allá de lo que diga la ley, habrá que oponerse a toda traba jurídica o extralegal que se intente imponer, así como defender al personal médico y a las mujeres en las clínicas y hospitales donde se realicen abortos. Seguramente los médicos reaccionarios dirán que son “objetores de conciencia” para rehusarse a realizar el aborto, tal como hicieron los médicos con Paulina en Mexicali. ¡De ningún modo! Será necesario movilizar a los trabajadores con conciencia de clase, a las mujeres y a todos los defensores de los derechos democráticos para imponer este derecho y garantizar el recurso irrestricto al aborto. En efecto, la lucha por el aborto libre y gratuito en el marco de un sistema de atención médica de la más alta calidad atañe fundamentalmente a la clase obrera en su