El pasado 8 de Noviembre (8N), Argentina fue testigo de una nueva protesta en contra del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Las cacerolas fueron una vez más el arma arrojadiza de las clases sociales acomodadas contra las políticas gubernamentales. El 8N fue preparado de manera escrupulosa por un sólido pacto entre el oligopolio mediático conservador y el abanico de partidos políticos de centro-derecha que fueron golpeados después de la contundente victoria de la presidenta por el 54% de los votos en la última elección del 23 de octubre de 2011. El pasado 8N va sin duda más allá de cualquier protesta con cacerolas de los sectores tradicionalmente privilegiados: se trata de una protesta enmarcada en un repertorio regional de movilización destituyente conjunta de los poderes oligárquicos en el Estado y la sociedad civil conservadora contra los gobiernos de cambio latinoamericanos.

Las razones de la serie de protestas con cacerolas se pueden sintetizar en todo un leitmotiv de las derechas latinoamericanas: la falta de libertad. Las élites tradicionales se ubican en la tensión entre democracia y liberalismo, atrincherándose en las instituciones y normas contramayoritarias para evitar la oleada de transformaciones sociales en curso. La libertad negativa como contrapeso a la soberanía popular busca mantener a buen recaudo de las decisiones políticas democráticas las fuentes privadas del poder de las minorías: en primer lugar, el control de los medios de comunicación en muy pocas manos –y por tanto el secuestro oligopólico del derecho a la información y la comunicación- y el poder económico y el derecho de propiedad. La voz común de las protestas denuncia una supuesta agresión perpetrada por un gobierno elegido mayoritaria y libremente que decide poner reglas del juego en aras de favorecer a las mayorías pero que ponen en peligro las prebendas y privilegios acumulados históricamente. La libertad es confinada así a dos aspectos principales: por un lado, a la compra de dólares, y por otro, a la política respecto a los medios de comunicación. Respecto al mito libertario en la búsqueda del papel verde, no hay duda que Argentina tiene una larga historia de relación estrecha con la moneda estadounidense. Las muchas corridas, las continuas oleadas de hiperinflación, o una economía exportadora son algunos motivos para aceptar que en el imaginario argentino, más allá de la clase social, hay un papel relevante para el dólar. Sin embargo, hay un abismo entre la relevancia del dólar en el imaginario y la importancia de esta moneda en la vida cotidiana de la gran mayoría de los argentinos. Pocos son los que actúan con dólares a pesar que esté impregnado en muchos pensamientos. Pero los dólares, además, se han usado y mucho para desestabilizar economías en pocos segundos. Por ello, el Gobierno argentino, quizás de manera poco acertada en tanto en cuanto ha exagerado los controles, ha apostado por una política de limitar la circulación del dólar en la economía queriendo así aumentar soberanía monetaria. Esta es la libertad-excusa demandada en muchas protestas sin considerar en ningún momento que esta libertad aparente es absolutamente contraproducente para garantizar las condiciones sociales de vida de la mayoría del pueblo argentino que no tiene como fin vital comprar dólares.

La otra variable focal de la libertad es un clásico: los medios de comunicación. El 7 de Diciembre (7D) era la cita simbólica en clave política. La cuestión -más allá de sus concreciones jurídicas- es relativamente sencilla: la libertad es presentada en estas movilizaciones como la libertad de la empresa del medio de comunicación más grande del país para no acatar la ley que lo obliga a deshacerse de su emporio mediático –de enorme poder político de origen no democrático-, incumpliendo incluso hasta con los propios principios de libertad de competencia en términos estrictos de economía de mercado. Después de haber buscado amparo en los infinitos vericuetos judiciales que aún le proporciona la constitución neoliberal de Menem, el grupo Clarín ha de cumplir la ley de medios (aprobada mayoritariamente en las dos cámaras) cuando entre en vigencia. Esta ley de medios, en este tema en particular, obliga al gran grupo empresarial a desinvertir en una parte sustancial de sus negocios, al establecer la ley que sólo un 33% del espectro audiovisual puede estar en manos de empresas privadas, por otro tercio de titularidad pública y otro tercio de propiedad comunitaria y autónoma de las organizaciones sociales. Un modelo que aborda con audacia el problema de la democratización del espectro mediático, una fuente de asimetrías de poder en las democracias liberales, de importantes efectos políticos.

El grupo empresarial Clarín ha usado su predominancia comunicacional para construir un relato sobre la supuesta pérdida de libertad, por la decisión pública de democratizar el espectro mediático. Este grupo es el mismo que pactaba con la dictadura la conformación de la empresa Papel Prensa que logró hacer desaparecer a todos los pequeños medios de comunicación del panorama en los últimos años. Por este motivo, una de las consignas más escuchadas en los cacerolazos ha sido sin lugar a dudas la libertad de prensa, claramente identificada con la particular manera que tienen los grupos económicos dominantes de entender la libertad de empresa. En todo caso, el 7D en lo jurídico no será tan definitivo como cabría desear: la alianza entre el grupo empresarial Clarín y el poder judicial históricamente sedimentado es fuerte como para funcionar como límite a la soberanía popular. Este grupo económico buscó su enésima vía para otro fallo judicial, el de la Cámara Civil y Comercial Federal para seguir ganando tiempos cautelares aunque la Corte Suprema haya instado a no dilatar más la aplicación de la sentencia. Ya en los minutos de descuento, la sala 1 de dicha cámara extendió la suspensión del artículo 161 de la ley de medios concediendo una nueva prórroga. La firma de la sentencia lleva la de dos jueces, uno de ellos, Francisco de las Carreras es investigado por la justicia penal por supuestas dádivas y cohecho. De todas las maneras, poner en agenda la democratización en los medios es ya sin duda una victoria con independencia de las pugnas legales.

Ambas razones, unidas al nerviosismo conservador por una posible reelección de la presidenta (que requeriría una reforma constitucional), constituyen el eje central del relato motivador para el nacimiento del nuevo instrumento político opositor tras la última derrota electoral. Como en muchos otros casos regionales, el papel principal de oposición no recae en los partidos tradicionales, generalmente desarticulados y sufriendo aún la crisis de los viejos sistemas políticos, sino en los medios de comunicación empresariales y las dinámicas sociales que pueden movilizar.

Esta iniciativa político-mediática conservadora, además, goza de buena salud internacional gracias al poderoso entramado de redes que tienen las empresas de comunicación a nivel mundial. Su estrategia diplomática está garantizada cuando una fuente informativa extranjera bebe no del hecho sino del medio aliado local con el que a menudo está unido por relaciones de propiedad. Los poderes económicos, a través de los medios que poseen, no buscan en lo inmediato conformar un nuevo liderazgo opositor, sino caminar una estrategia de largo aliento de erosión del Gobierno para crear las condiciones para una candidatura “de consenso” que solucione el problema del “país fracturado”. Como en una profecía autocumplida, los poderes oligárquicos conflictualizan el espacio político y llaman después a superar “las divisiones” con una restauración del orden liberal, asociado a la estabilidad. Este es siempre un relato conservador, para el cual las desigualdades sociales no son causa de fractura, pero sí el hecho de que estas sean nombradas y enfrentadas. En Estados Unidos, Chile o España, con mayores diferencias electorales entre las primeras y segundas fuerzas políticas, no se leen titulares hablando de un país dividido.

El otro movimiento fundamental de esta estrategia es poner en tela de juicio el apoyo popular a los gobiernos de cambio cuestionando por un lado, en una argumentación indisimuladamente racista y clasista, la capacidad de juicio de los más pobres, cuyo voto sería menos consciente. El corolario de esta lógica, en último extremo, conduce de regreso al sufragio censitario. Y postulando en segundo lugar que el “nuevo” clima de enfrentamiento ha despertado una “mayoría silenciosa”, un mito central del pensamiento conservador. Es posible analizar estas dinámicas como parte de una progresiva reconstitución de las derechas latinoamericanas, tras haber sido desarboladas en la crisis del neoliberalismo. En esta nueva estrategia destituyente regional, que puede desembocar en los “golpes blandos” de nuevo tipo o en una dinámica de tensionamiento político y presión internacional buscando el colapso gubernamental, la fuerza de los medios de comunicación privados es crucial.

Su ventaja principal está en la posibilidad de presentarse al margen de la esfera de lo político, como actores neutrales, configurando así un estatus privilegiado para intervenir en la competición política, a menudo libres de ningún control democrático. Desde esa ventajosa posición pueden jugar así un papel de vanguardia en las resistencias oligárquicas contra los gobiernos progresistas latinoamericanos.