Además de la obsesión por la reelección, la mandataria comparte con sus aliados bolivarianos el desprecio por la prensa crítica.

Cristina Fernández de Kirchner. (PARABUENOSAIRES.COM)

En la agenda política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 7 de diciembre tenía que haber sido un día feliz, después de una larga racha de disgustos. En esa fecha entraría en vigor una nueva Ley de Medios pensada desde el Gobierno para debilitar a la prensa de oposición, sobre todo el Grupo Clarín. A la mandataria peronista el gozo se le fue al pozo cuando un tribunal decidió suspender la aplicación de la ley hasta que la justicia se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por Clarín.

La sentencia de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que prorroga la medida cautelar decretada en mayo pasado por la Corte Suprema, echa por tierra los planes del Gobierno de desmembrar el Grupo Clarín, su bestia negra. Varios altos funcionarios habían adelantado que no esperarían un día más para obligar a la mayor empresa de comunicación del país a deshacerse de algunos de sus canales de televisión y de decenas de emisoras de radio. De lo contrario, perdería sus licencias de funcionamiento. Las mismas reglas se aplicarían a los otros grupos mediáticos, pero nadie duda de que la ley tiene dedicatoria para Clarín, cuyos canales de televisión han dado una amplia cobertura a los cacerolazos contra el kirchnerismo y a la huelga general del 20 de noviembre.

Además de la obsesión por la reelección, la viuda de Néstor Kirchner comparte con sus aliados bolivarianos, sobre todo el ecuatoriano Rafael Correa, el mismo desprecio por la prensa crítica. Y ambos usan los mismos métodos autoritarios para reorganizar el panorama mediático en función de sus intereses políticos, quitando licencias y frecuencias a los adversarios para dárselas a los amigos. Correa ha tenido cierto éxito en esos menesteres, pero su amiga Cristina está encontrando mucha más resistencia en su país, donde coexisten numerosos grupos multimedia poderosos y de calidad.

La frustración del Gobierno argentino ante la decisión favorable a Clarín lo ha llevado a hacer declaraciones preocupantes sobre la supuesta falta de independencia de los jueces. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, no ha dudado en hablar de sentencia "vergonzosa" que "lesiona la democracia". De paso, el funcionario ha dejado caer que la justicia argentina estaba "colonizada" por las grandes corporaciones y no estaba "preparada para pelear" con ellas. Ya no se trata sólo de una guerra mediática, sino que el poder ejecutivo pretende que los jueces estén a sus órdenes. ¿Dónde queda la división de poderes, garantizada por la Constitución?

Los magistrados han reaccionado con un comunicado muy duro ante las injerencias del Ejecutivo y, especialmente, de algunos de los colaboradores más cercanos de la mandataria. Incluso, uno de los dos jueces responsables de la sentencia favorable a Clarín, Francisco de las Carreras, sintió la necesidad de agregar un comentario personal para recordar algunas reglas elementales: "Me permito manifestar que estoy convencido de que la sana convivencia social entre los argentinos se sustenta en el respeto de dos de los pilares básicos y fundamentales del sistema republicano: la división de poderes y la independencia judicial".

La oposición ha apoyado en bloque la decisión judicial, pero no lo ha hecho porque le tenga simpatía al Grupo Clarín, que fue un aliado de los Kirchner durante varios años antes de pelearse con ellos en 2008. En realidad, los partidos de derecha y de izquierda se han volcado con los jueces que han tenido las agallas de resistir a las presiones del Gobierno en un momento muy delicado para la paz social. Los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) han pedido un juicio político contra el ministro de Justicia, Julio Alak, que podría también ser objeto de una denuncia penal por haber intentado intimidar a los jueces.

Al kirchnerismo le queda su prensa afín, que no se corta a la hora de denigrar a los jueces, y entre la que destaca el diario Página/12. Ese periódico dedica varias páginas a explicar que estamos ante un contubernio entre la oposición, las grandes empresas y algunos jueces "para complicar desde los tribunales las decisiones de Gobierno". Sin embargo, parece convencido de que el Ejecutivo terminará ganándole la partida al Grupo Clarín. Sin querer defender a una empresa mediática que tiene sus sombras, semejante desenlace sería un retroceso para la democracia argentina, que no está en sus mejores momentos.