Medios internacionales y especialistas en asuntos cubanos han reaccionado al anuncio en la prensa oficial cubana, el martes, sobre la puesta en marcha de un plan piloto para experimentar con formas de gestión cooperativa, en sectores de la economía interna donde la gestión estatal ha fracasado.

Inicialmente, el experimento autorizado por los decretos-ley 305 y 306 del Consejo de Estado, y el 309 del Consejo de Ministros, permitirá la creación de unas 200 cooperativas no agropecuarias en algunas provincias, y en los sectores gastronómico, de transporte, de servicios personales y domésticos, recuperación de materias primas, construcción y producción de materiales de construcción.

Cronistas y expertos coinciden en que las cooperativas son la forma de gestión más aceptable que ha encontrado el gobierno entre la fallida propiedad estatal y la independiente propiedad privada: los cooperativistas no serán dueños de los locales y los medios de producción, sino que podrán rentarlos de su propietario, el Estado.

En el diario español El País su corresponsal en La Habana, Yoani Sánchez, considera que la medida abre un resquicio de autonomía, incluyendo el hecho de que estas nuevas entidades contarán con personalidad jurídica y no se subordinarán administrativamente “a ninguna entidad estatal” aunque se deja claro que deberán “ajustarse a las normas generales establecidas por los organismos rectores” de cada actividad.

El diario The New York Times apunta en un reportaje sobre el tema que, aun así, el gobierno jugará un papel importante en la determinación de quién tendrá la oportunidad de abrir o gestionar estos negocios, pues los trabajadores que deseen iniciar cooperativas deberán presentar sus solicitudes a las oficinas de gobierno locales, los que que las remitirán para su aprobación al Consejo de Ministros, que incluye al presidente Raúl Castro.

Sánchez en El País precisa que, una vez constituida la cooperativa, la dirigirá una Asamblea donde cada socio tendrá un voto, y agrega: “En un primer momento se autorizarán las asociaciones ‘de primer grado’ que incluirán al menos a tres empleados. Se prevé también permitir las de ‘segundo grado” formadas por dos o más cooperativas, aunque todavía no comenzarán a ponerse en marcha”.

Richard E. Feinberg, profesor de economía política internacional en la Universidad de California, filial de San Diego, declaró al New York Times que el potencial es grande. "Están buscando algo entre la antigua empresa estatal y el libre mercado puro. Las cooperativas son una respuesta, así que mirando hacia adelante, podrían jugar un papel importante".

​​El Times observa que si bien algunos cubanos piensan que sólo se está legalizando lo que ya estaba sucediendo en el mercado negro –los trabajadores gestionaban los comercios estatales como una empresa propia-- el interés del gobierno en fomentar las cooperativas se refleja en el hecho de que las nuevas leyes prevén tasas impositivas más bajas para los cooperativistas que para los trabajadores por cuenta propia.

Según el diario neoyorquino, eso significa que los barberos, pescadores o carpinteros que ahora trabajan individualmente tendrán un incentivo para sumarse a las cooperativas, sociedades en las que cada trabajador tiene un voto.

En un discurso ante la Asamblea Nacional hace unos meses, Raúl Castro dijo que las cooperativas no agropecuarias permitirían al Estado “desentenderse de la administración de un conjunto de producciones y servicios de carácter secundario para concentrarse en el perfeccionamiento de la gestión de los medios fundamentales de producción, que se mantendrán bajo la condición de empresa estatal socialista (…) forma principal en la economía nacional”.

Phil Peters, experto en asuntos cubanos del Instituto Lexington, con sede en Arlington, Virginia, consideró que otra ventaja para el gobierno será la disminución del robo de los recursos estatales. "La gente le roba al Estado, pero no a un negocio en el que tiene parte", dijo.

Al ser preguntado por el Times sobre la posibilidad de que profesionales como los arquitectos o médicos puedan formar cooperativas, Peters estimó que por ahora sóo llenarán un vacío en servicios básicos como el transporte de productos agrícolas.

Por su parte el economista independiente Oscar Espinosa Chepe ha alertado en Cubaencuentro que la medida podría fracasar si se trata de repetir en otros sectores la experiencia de las falsas cooperativas agropecuarias (Unidades Básicas de Producción Cooperativa y Cooperativas de Crédito y Servicio) que son en la práctica empresas estatales, en su mayoría irrentables.

Chepe apunta que esas cooperativas han sido diseñadas de manera que prevalezca el férreo control estatal sobre los productores, preservando un fuerte papel ‘regulador’ del Estado y el gobierno.

Recuerda además que dichas entidades agropecuarias “tienen que adquirir los escasos insumos que se ofertan a precios muy altos, así como obtener créditos de fuentes también estatales a través de engorrosas gestiones con el equipo de dirección de las cooperativas, estrictamente controlados por el Gobierno, en particular por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)”,

“En ese caso”—pronostica el economista—“estaríamos frente a otras falsas cooperativas, verdaderas camisas de fuerza donde el principio de voluntariedad y libertad de gestión estarían absolutamente ausentes. Si ese esquema fuera impuesto, no se alentaría la eficiencia y el incremento productivo; seguramente florecerá el descontrol y la corrupción, como ha sucedido en las falsas cooperativas agrícolas”.

Para Chepe, “debería procederse a la masiva privatización” de las pequeñas empresas estatales, “dejando a los nuevos propietarios escoger cómo deben organizarse, ya sea individualmente o mediante una propiedad colectiva verdaderamente independiente del Estado. Esto podría originar la creación de pequeñas y medianas empresas (...) las cuales, como ha ocurrido en otros países, darían flexibilidad a la economía y, mediante el pago de impuestos razonables, serían fuentes de empleo y riqueza para toda la sociedad",