Una semana después de que el caso más famoso sobre trata de mujeres en Argentina acabara con los 13 acusados absueltos, la Cámara de Diputados desempolvó un adormecido proyecto de ley contra este delito y lo aprobó la noche del miércoles.

Desde hace 16 meses la cámara baja del Congreso argentino debía debatir la iniciativa, que había sido aprobada por el Senado y que endurecía las penas contra la esclavitud sexual. Pero solo la discutió después del escándalo que se montó después de la madre coraje que busca a su hija secuestrada por las redes de trata desde hace diez años, Susana Trimarco, se enfrentara a la decisión de un tribunal de su provincia, Tucumán, que libró de culpas a los 13 que ella había investigado por sus propios medios, ante la inoperancia policial.

Miembros de las fuerzas de seguridad, así como de la política y la justicia, se encuentran bajo sospecha de connivencia con el negocio de la explotación sexual en Argentina. Y no solo en este país. Por eso, Trimarco debió buscar sola a su hija, María de los Ángeles Verón, alias Marita, e incluso se disfrazó de prostituta para rastrearla en los burdeles.

En 2007 creó la Fundación María de los Ángeles, desde la que ayudó a rescatar a casi 200 víctimas como Marita, pero no ha hallado a su hija. Tampoco logró que se condenara a ninguno de los imputados en el juicio que se extendió durante casi todo 2012 y que dejó afuera del banquillo a quienes Trimarco consideraba los cabecillas de este negocio ilegal, como el jefe de la brava brava y expresidente del San Martín, club de fútbol tucumano.

La absolución de todos los acusados, y sobre todo la ausencia de culpables después de diez años de la desaparición de Verón, derivó en una indignación generalizada en Argentina. En eso coincidieron todos los grupos políticos, algo poco habitual. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reaccionó y dispuso que el Congreso discutiera el proyecto contra la trata en sesiones extraordinarias convocadas durante el receso estival. La iniciativa iba a perder estado parlamentaria a finales de año porque llevaba demasiado tiempo sin evaluarse después de la aprobación del Senado.

El nuevo proyecto había surgido en 2010 para corregir algunas imperfecciones que tenía la primera ley específica contra la trata, que había sido sancionada en 2008, también por el impulso de Trimarco. Hace cuatro años, el caso Verón había tomado estado público en Argentina porque una serie de televisión lo había abordado. Pero la segunda iniciativa no despertó tanto interés de los diputados, pese a las reclamaciones de las organizaciones que se dedican a combatir la esclavitud sexual y el proxenetismo, como la cooperativa La Alameda.

En una sesión en la que estuvieron presentes Trimarco y el gobernador de Tucumán, José Alperovich, 224 diputados sancionaron la norma y solo uno se abstuvo. La oposición criticó al kirchnerismo por los 16 meses de demora en aprobarla. La nueva ley amplía las condenas contra la explotación sexual simple a entre dos y cuatro años de cárcel y establece penas de cinco a 15 años si las víctimas quedan embarazadas o son menores de 18 años. Uno de los puntos clave radica en que el consentimiento de las mujeres adultas no podrá eximir de responsabilidad penal a los tratantes. Los imputados no podrán ser excarcelados mientras se le siga el proceso de instrucción judicial.

En el debate del proyecto, diputados kirchneristas destacaron que a partir de la ley de 2008 las fuerzas de seguridad habían logrado rescatar a 3.975 víctimas de trata y proxenetismo y habían detenido a 1.396 acusados. El abogado de la cooperativa La Alameda, Mario Ganora, ha presentado denuncias por presunto proxenetismo y narcotráfico contra los dueños de uno de los clubes nocturnos más famosos del aristocrático barrio de La Recoleta, pero nunca ha podido acusarlos de trata porque, según él, la ley que en 2008 la introdujo en el código penal resulta difícil de aplicar. La Alameda no se ha cansado de presentar otras denuncias con nombre y apellido de los presuntos jefes del negocio de la explotación sexual en Argentina. Habrá que ver si la nueva ley mejora las posibilidades de los jueces de combatirla.