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Nunca antes en la historia del régimen la incidencia de la economía en la política, y viceversa, había sido tan evidente.
El balance del régimen en 2012 debe prestar atención a dos ejes fundamentales. La represión política y el fracaso en la gestión de la economía.
Del primero, se pueden citar datos que han sido divulgados recientemente. La nueva política de "tolerancia cero" con la disidencia ha supuesto más de 6.200 detenciones de corta duración, según Informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) que preside Elizardo Sánchez Santa Cruz.
La crónica de detenciones arbitrarias ha sido continuada a lo largo del año. En el mes de marzo, el opositor pacífico Jorge Vázquez Chaviano era arrestado cuando se dirigía hacia La Habana para impedir su asistencia a la misa del papa Benedicto XVI en la Plaza de la Revolución. Vázquez permaneció detenido seis meses, con una protesta de solidaridad y ayuno. Finalmente fue excarcelado.
En las últimas semanas, con motivos de la celebración del Día Internacional de los derechos humanos, la policía detuvo a más de cien disidentes, al tiempo que se produjeron entre cien y 150 arrestos domiciliarios en toda la Isla. En el grupo se identificaron al menos 80 miembros y partidarios de las Damas de Blanco, madres y esposas de ex presos políticos. Las Damas de Blanco, en particular, han sido víctimas de especial atención por parte de la seguridad del Estado, ejerciendo una presión continuada sobre sus marchas pacíficas.
Estos casos ejemplifican la ola de detenciones arbitrarias contras las filas disidentes, bajo la nueva fórmula de los llamados "encarcelamientos de baja intensidad", totalmente arbitrarios y que pueden durar horas o varios días. La policía política utiliza este mecanismo para atemorizar a los disidentes y frenar las cada vez más generalizadas demostraciones de la oposición pacífica.
Este aumento de la represión responde, en opinión de algunos analistas, a las consecuencias de la grave crisis económica generada por la gestión ineficiente de las políticas contenidas en los llamados "Lineamientos" de Raúl Castro.
El auge de la represión contra sectores cada vez más amplios de la sociedad, molestos con el estado de la economía, coincide con una actitud por parte del régimen, que no muestra voluntad política alguna para que la situación cambie.
La policía secreta ha multiplicada sus actividades de seguimiento, vigilancia y hostigamiento contra disidentes y periodistas, ex presos políticos y activistas pacíficos, lo que propició la presentación de una queja por escrito a la Fiscalía hace seis meses, cuyo objetivo sería denunciar los arrestos injustificados y la ola de actos violentos.
En la lista de arrestos ordenados por la policía política se han referido en este escrito al menos 15 casos detallados y documentados, tales como la situación del abogado Veizant Boloy González, o el periodista independiente Calixto Martínez, colaborador de la agencia de información Hablemos Press, en La Habana.
Las detenciones arbitrarias tampoco hacen excepciones. En octubre la policía política arremetió contra la popular bloguera Yoani Sánchez y su marido, el periodista Reinaldo Escobar. Ambos fueron detenidos temporalmente cuando pretendían llegar a la ciudad oriental de Bayamo para presenciar el juicio contra el español Angel Carromero, de 27 años. Carromero fue acusado por causar la muerte de los disidentes Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), y Harold Cepero, en el choque de un auto el 22 de julio.
De lo que no cabe duda es que, frente a la perspectiva de la Unión Europea de observar "cambios" en la situación interna de Cuba, de cara a una eventual revisión de la Posición Común, la actuación del régimen castrista ejemplifica continuas violaciones del artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por el Estado cubano en 1948. De ese modo, lo que la Unión Europea observará en la Isla serán detenciones arbitrarias, arrestos violentos, amenazas, golpizas, todo ello para impedir a la sociedad civil el ejercicio del legítimo derecho de asociación y reunión, de manifestación y expresión libre.
La inconformidad generalizada en la Isla tiene mucho que ver con los continuos fracasos de las medidas adoptadas bajo el epígrafe general de los "Lineamientos", que están propiciando un deterioro continuo de la situación y la aparición de graves desigualdades económicas y sociales.
El fracaso económico
Los indicadores son muy desalentadores para las autoridades. La economía ha vuelto a crecer por debajo de las previsiones. Pero lo relevante es que el número de trabajadores por cuenta propia a finales de 2012 ha quedado en unos 400.000, según el diario oficial Juventud Rebelde, cifra que, como señalan analistas independientes, se halla muy por debajo de las previsiones iniciales del régimen. Además, las actividades por cuenta propia se están concentrando en determinadas provincias de la Isla, dejando a otras prácticamente sin atención. Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba, así como La Habana y Matanzas, suponen el 64% de los nuevos trabajadores por cuenta propia.
La lentitud del proceso de cambios en la economía obedece a la falta de criterio de las autoridades, que a pesar de haber lanzado en octubre del 2010 el programa de "creación de pequeñas empresas privadas y servicios" en más de 178 categorías, no ha contribuido a sentar las bases necesarias para el desarrollo de las nuevas actividades. Ni siquiera la autorización de contratación de asalariados en 83 categorías, ha permitido la expansión del sector.
Frente a los 1.3 millones de empleados estatales que se pretendían eliminar para reducir el gasto improductivo que lastra la dinámica económica, el resultado de 400 mil trabajadores por cuenta propia a finales de 2012 han obligado al régimen a replantear la estrategia de cambios.
Eso sí, los mecanismos de control sobre los nuevos trabajadores por cuenta propia se han venido instrumentalizando de forma sistemática. Al menos un 87% de dichos trabajadores del sector se ha "incorporado" en el último año al único sindicato autorizado, la Central de Trabajadores (CTC).
Raúl Castro se ha implicado en el proceso, y en el último Consejo de ministros del año llamó a eliminar las "trabas y ataduras" a las fuerzas productivas y a aumentar el ahorro, para poder avanzar en las reformas.
Se trata de trabas y ataduras cuya única responsabilidad es suya, como máximo dirigente del país, y que se resumen, en esencia, en la falta de un marco jurídico adecuado para la protección de los derechos de propiedad para todos los cubanos, sin distinción, y la existencia de un mercado fuerte como instrumento de asignación de recursos por medio de los precios, con la supresión de la planificación central de la economía.
En cuanto al ahorro, la cuestión es cómo facilitar su generación con salarios de 12 euros mensuales y una creciente presión fiscal indirecta que ha hecho que los precios en el área de la moneda convertible CUC, donde prácticamente todo se puede conseguir, sean inalcanzables para la gran mayoría de ciudadanos.
En la misma reunión ministerial, Marino Murillo, el zar de las reformas económicas, anunció que en 2013 se comenzará a aplicar una política "diseñada para flexibilizar los objetos sociales (misiones) de las empresas estatales cubanas", encaminada a favorecer al máximo el desarrollo de sus “"potencialidades", añadiendo después que la "flexibilización no elimina las regulaciones existentes para la comercialización de ciertos productos y la prestación de algunos servicios". Más de lo mismo.
En este debate sobre qué hacer, dentro de las trabas y ataduras del sistema, el régimen trata de superar su agonía financiera en los mercados internacionales, reajustando a la baja sus gastos, y orientando cada vez, en mayor medida, a la deteriorada economía hacia la fuente de ingresos procedentes de las remesas de las familias de exiliados y emigrantes, o el turismo, cuyos datos tampoco dan motivos de satisfacción. En esa línea cabe interpretar la reforma migratoria que entrará en vigor en el mes de enero, enfocada especialmente en propiciar más remesas del exterior y liberar población subempleada.
Nunca antes en la historia del régimen la incidencia de la economía en la política, y viceversa, había sido tan evidente. Es cierto que Raúl Castro heredó de su hermano un sistema improductivo, ineficiente y devastado por decisiones antieconómicas que han hipotecado el futuro de la economía, pero al mismo tiempo, el aparato represor de la seguridad del Estado ha continuado al servicio de la política, para atacar cualquier demanda de protesta social, en un entorno cada vez más complejo. Represión y fracaso económico forman un binomio explosivo. No es posible mantenerlo mucho tiempo. Ese es el nuevo escenario que se abre en 2013.
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