“Aquí hay una revolución militar en marcha y debe ser permanente, no puede detenerse”. El sentido de la frase debía resultar inequívoco. La pronunció Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela y señalado sucesor por Hugo Chávez en caso de que este, convaleciente todavía en Cuba de su cuarta operación desde que en junio de 2011 se le detectó un cáncer, no esté en capacidad de asumir su tercer mandato presidencial el próximo 10 de enero.

Pero Maduro la leyó de un texto que atribuyó a Chávez y en el que exhorta en términos imperativos a mantener la doctrina militar bolivariana. Muchos analistas echaron de menos en el recado la redacción típica del presidente venezolano. También contribuyó al escepticismo sobre la autoría del mensaje el hecho de que se leyera durante una salutación a las guarniciones militares el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cuando por tradición en el país se gastan bromas para cazar a distraídos.

Esta vez la fecha fue ocasión de indicios explícitos sobre la importancia que las Fuerzas Armadas van adquiriendo como árbitro en la lucha por el poder que se gesta en el interior del chavismo. Con una sutileza que pocos le atribuirían, en el mismo acto militar se hizo presente Diosdado Cabello, exteniente del Ejército y actual presidente de la Asamblea Nacional, rival de Maduro en la línea sucesoria, vestido con una casaca verde oliva de tinte castrense. A la misma hora, el diario brasileño Folha de São Paulo, daba a conocer una entrevista con un antiguo ideólogo de la revolución bolivariana, el académico alemán Heinz Dieterich, quien desde México, donde reside, aseguró que “los cubanos no tienen influencia en la sucesión. Los militares leales a Chávez, este sí es el factor clave”.

En Venezuela se ha dado inicio a la transición. Ya no parece decisivo si el presidente Chávez logra recuperarse de su reciente operación. Aun en ese caso, se da por hecho que, tarde o temprano, quedará incapacitado por el cáncer para completar el periodo hasta 2019. Hoy, 31 de diciembre, Chávez acumulará 110 días de tratamiento en La Habana, uno de cada cinco días del último año y medio de su gestión. En previsión de un desenlace fatal, los periódicos tienen preparados sus obituarios. Es una hipótesis que el propio Chávez dejó entrever en su última aparición pública.

En cualquier escenario, el visto bueno militar parece imprescindible. No tanto por su poder de fuego, sino por el control logístico y administrativo que las Fuerzas Armadas mantienen sobre funciones vitales del Estado. En el Gabinete, los militares ocupan tres carteras. Once exoficiales o suboficiales, designados como candidatos del oficialismo por el propio Chávez, fueron elegidos hace dos semanas gobernadores de otras tantas provincias de las 23 que conforman Venezuela.

Pero, además, los militares se han integrado de manera orgánica en la conducción del aparato paraestatal de asistencia y control social. Se trata de un “cuerpo biopolítico”, tal como lo califica, echando mano a un término acuñado por Michel Foucault, la psicóloga política Colette Capriles, profesora de la Universidad Simón Bolívar. El chavismo, en su aprendizaje durante 14 años de Gobierno, fue capaz de dar forma a una institucionalidad que funciona: las misiones, las redes de distribución de alimentos. “Este régimen se plantea cambiar y ordenarle la vida a las personas”, señala Capriles, “y para ello ha construido un eficaz sistema de localización y movilización de los individuos a través de organizaciones a las que deben adscribirse, a veces sin su voluntad, que los van llevando desde la cuna a la tumba”.

Si el sector castrense quiere influir en la deriva política de Venezuela, no tendrá que hacerlo a cara descubierta, mediante un clásico pronunciamiento. Le basta con poner ese aparato a disposición de alguno de los candidatos a la sucesión, mientras se lo escamotea a otro. Es el trofeo que, junto a la mitología del comandante Chávez, se disputan Maduro y Cabello. Si a estas alturas Maduro lleva la ventaja por la voluntad expresa de Chávez, a la larga el resultado puede favorecer a Cabello. La mayoría de los oficiales del Ejército que hoy tienen mando de tropa forman parte de la promoción de 1987, la misma de Cabello.

En lo que con toda probabilidad podrían coincidir Cabello, Maduro y la oficialidad superior es en la conveniencia de llevar la transición por cauces constitucionales. Los dos primeros, para preservar el patrimonio político de Chávez. Los últimos, escarmentados por las sangrientas ocasiones en las que, desde 1989, las Fuerzas Armadas salieron a regañadientes a las calles para preservar el orden público.

La primera prueba de fuego para la determinación militar tiene fecha. El próximo 10 de enero debería juramentarse el nuevo presidente. A pesar del secretismo oficial sobre la salud del presidente electo, se espera que Chávez no se haga presente. En corrillos políticos se augura un acuerdo para declarar la falta temporal del presidente, lo que abriría un plazo de 90 días, prorrogable una sola vez, para que Chávez se incorpore al cargo o, ante su ausencia definitiva, se convoquen nuevas elecciones.

Perduran algunas dudas sobre el procedimiento —de hecho, ya se han presentado dos solicitudes de interpretación constitucional ante el Tribunal Supremo, purgado esta misma semana de sus últimos siete magistrados impredecibles o indóciles para el Gobierno—. Pero todo debe transcurrir en paz: si la incertidumbre da paso a desórdenes callejeros, los militares pueden verse obligados a intervenir.

Esa eventualidad, temida por todos, daría lugar a fracturas dentro de las filas castrenses, como ocurrió en abril de 2002, durante el breve golpe que sacó a Chávez del poder durante 47 horas. “Entre los militares actúan distintos grupos que no necesariamente están en contacto entre sí o tienen intereses convergentes”, advierte la experta Rocío San Miguel.

La otra gran incógnita tiene que ver con la Milicia Bolivariana. Con 120.000 miembros, armamento ligero y pobre organización, no es rival para ningún otro cuerpo profesional. Pero se constituyó por mandato del presidente Chávez y se ve a sí misma como una guardia pretoriana del proceso. Aliada a los extremismos chavistas, tendría condiciones que imponer en un conflicto. Pero son interrogantes en cuya respuesta nadie quiere enrolarse: el orden constitucional conviene a civiles y militares.