Pese al progreso que vive América Latina, el crimen y la violencia en la región siguen constituyendo el principal obstáculo para su desarrollo social y económico. Es en los países de la zona donde se concentran los mayores índices de violencia a nivel mundial, según datos del la Oficina de Droga y Crimen de Naciones Unidas y del Banco Mundial. La inseguridad ciudadana no sólo es el principal motivo de inquietud de sus habitantes, por delante de otros asuntos como el desempleo o la salud, según datos del Latinobarómetro, sino que absorbe una parte importante de los recursos y esfuerzos de los gobiernos de la región: América Latina invierte en combatir la violencia el 2% de su PIB. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dedica estos días un seminario para cuantificar el impacto económico de este fenómeno en la zona y facilitar el uso de nuevas herramientas que garanticen la eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana.
La inseguridad ciudadana no sólo es el principal motivo de inquietud de sus habitantes, por delante de otros asuntos como el desempleo o la salud, según datos del Latinobarómetro, sino que absorbe una parte importante de los recursos y esfuerzos de los gobiernos de la región
“Estudiar la causas que originan la violencia en América Latina es importante, pero también es muy necesario lograr una mejor estimación de los costes económicos de este fenómeno”, explica a EL PAÍS Gustavo Beliz, coordinador de la Plataforma de Seguridad Ciudadana del BID, una iniciativa que impulsó hace un año su director, Luis Alberto Moreno. “Los efectos de la criminalidad tienen unos costes tangibles que se hacen evidentes en los gastos de mantenimiento de infraestructuras públicas para combatirla y prevenirla, pero también se derivan otros más difíciles de mensurar, como el temor de los ciudadanos a convertirse en víctimas, la desconfianza en las instituciones públicas… que también tienen un impacto económico que debe evaluarse y que puede incidir en la forma en la que se desarrollen las políticas públicas”, indica Beliz.
Cada año, el 12% de los ciudadanos de América Latina es víctima de un acto de violencia (en África, el continente con el índice más elevado el porcentaje solo es del 13%) y el 32% de sus empresas sufre pérdidas económicas derivadas de vandalismo o de robo (la cifra más alta), según los datos que facilitó Santiago Levy, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID. “La violencia en América Latina ha ralentizado en muchos países su potencial crecimiento económico”, explica Beliz. Durante el sexenio (2006-2012) en el que Felipe Calderón ocupó la presidencia de México- uno de los períodos más violentos del país, en el que se registraron más de 50.000 muertes relacionadas con la llamada guerra de la droga- la economía mexicana creció a un 1,84%, “el promedio más bajo de las últimas cuatro Administraciones”, según uno de los estudios presentados en el seminario.
Pero más allá de las grandes cifras macroeconómicas, son en los datos relacionados con el día a día donde también se puede comprobar el efecto que la violencia y el temor que se deriva de la posibilidad de ser víctima de un crimen los que, de acuerdo con los asistentes al seminario del BID, pueden ofrecer un mejor contexto para garantizar unas políticas de seguridad más eficaces en las que se pueda controlar de manera efectiva cómo se aplican y a qué se destinan los recursos económicos empleados en combatir la violencia. Según algunos estudios presentados en el BID, en México, en los municipios más afectados por la violencia de los cárteles, el consumo eléctrico anual disminuyó en un 5,7%; en Brasil –el país, tras El Salvador, con mayor índice de homicidios en América Latina (21 muertes por cada 100.000 habitantes), el incremento de la sensación de seguridad en una zona urbana provoca un aumento el valor de las vivienda en 1.153 dólares; en Colombia, los menores que acaban internados como consecuencia de delitos, tienen un 15% menos de posibilidades de ingresar en el sistema educativo.
“Es importante contar con estadísticas unificadas de todos los países de la región y disponer de herramientas para medir el impacto de las medidas de prevención y lucha contra la violencia en todo América Latina. Sólo así podemos recopilar una información de calidad para poderla aplicar a las políticas públicas de seguridad y fomentar la confianza de los ciudadanos en las autoridades”, indica Beliz.
América Latina ha visto cómo se incrementa la renta per cápita de sus habitantes, pero, contrariamente a la tendencia de que los países con mayor renta per cápita, reducen su índice de violencia, la región supera en seis puntos la tasa de criminalidad de Asia, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Banco Mundial. “Más que el crecimiento económico”, insiste Beliz, “lo importante es garantizar la calidad de ese crecimiento”.