Con voz clara, rotunda y esa seguridad que proporciona el creer en lo que se dice, Ada Colau (Barcelona 1974), se presentó el pasado martes frente a los diputados de la Comisión de Economía del Congreso y les espetó a la cara lo que muchos ciudadanos vienen rumiando en sus casas. “Ese señor –en referencia al representante de la Asociación Española de Banca- es un criminal”, afirmó la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Sus palabras corrieron como la pólvora primero por Internet y luego por los medios de comunicación, donde su presencia se ha hecho constante desde entonces.

Colau, que vive de alquiler y tiene un niño al que intenta ir a recoger a la escuela, se ha paseado estos días por varios platós de televisión y emisoras de radio repitiendo incansablemente, y con un discurso bien armado, la petición de mínimos que la PAH hace a los políticos en general y al Gobierno en particular. “La dación en pago con efecto retroactivo y que se paralicen los desahucios de vivienda habitual hasta que las viviendas vacías en manos de entidades financieras se conviertan en un parque de alquiler social”.

Aunque su portavoz se haya vuelto más mediática en los últimos siete días, la PAH lleva trabajando para parar los desahucios desde 2009, cuando se creó en Barcelona. Desde entonces, Colau asegura que la sociedad civil ha tomado la iniciativa a los políticos. Una sociedad civil que desde el 15M ha tomado mayor protagonismo en España y de la que ella se ha convertido en uno de sus exponentes. Quizá sin quererlo, porque cuando se le recuerdan sus palabras en el Congreso rápidamente matiza que no son suyas, sino del colectivo al que representa.

Su figura, que ha venido haciéndose un hueco en los movimientos sociales en los últimos meses, no ha pasado desapercibida para los partidos políticos, y según ha admitido tuvo varios ofrecimientos para ir en las listas de algunas formaciones en las pasadas elecciones catalanas. Pero, asegura, los rechazó porque no le interesa. Quizá tampoco le resultara fácil acostumbrarse a las formas de los políticos teniendo en cuenta el lenguaje y las formas que utilizó en el Congreso y que fue percibido como una amenaza por algunos de los diputados allí presentes.

De momento, la Plataforma ha conseguido que sus reivindicaciones sean tenidas en cuenta en el Congreso. Contra todo pronóstico y a pesar de la negativa inicial del PP, el Congreso tomará en consideración la iniciativa popular, que ha reunido casi un millón y medio de firmas.