Cerrejón, la mina más grande que opera en Colombia, es una empresa conformada en partes iguales por las transnacionales europeas BHP Billiton, Anglo American y Xstrata (Glencore), con ventas anuales por 4.5 billones de pesos y una utilidad operacional por 2.65 billones, mientras a la nación le queda 1 billón de ganancia. Su operación está concentrada en el departamento de La Guajira, de la cual extraen anualmente 33 millones de toneladas de “carbón para el mundo”, que va a parar inicialmente a manos de especuladores financieros en Holanda e Islas Malvinas, para evadir impuestos, antes de llegar a los consumidores finales en Estados Unidos, Alemania y otros países de Europa.

Para su operación Cerrejón utiliza 61.800 toneladas de explosivos al año, equivalente a la energía de tres bombas atómicas sobre Hiroshima, con lo cual remueve 230 millones de metros cúbicos de tierra; una destrucción descomunal y de carácter irreparable. Las consecuencias ambientales son aterradoras y no paran allí. En la actualidad se discute el proyecto que desviará 26 kilómetros del río Ranchería, el principal afluente del departamento, porque debajo de su lecho hay 500 millones de toneladas de carbón que Cerrejón está decidido en sacar sin importar las consecuencias. También avanza el proyecto de concesión sobre 66.225 hectáreas que el gobierno colombiano le entregó a la multinacional brasilera MPX, que implicará la destrucción del manantial Cañaverales, verdadero tesoro de flora y fauna.

La “Locomotora Minero-Energética” avanza por La Guajira hace décadas. En 1975 la minería representaba el 1.9% de la producción total de la zona y para el año 2010 ya era el 53%. Sin duda, esta región es un caso lamentable que ejemplifica la nefasta política minera actual y nos advierte sobre su peligroso avance a lo largo y ancho del territorio nacional. La Guajira posee la mitad de las reservas de carbón de Colombia, riqueza incalculable, al mismo tiempo que 65 de cada 100 de sus pobladores viven en la pobreza. Según el DNP, La Guajira es el departamento más pobre del país.

Lejos de disminuir, la pobreza en La Guajira aumenta todos los años en la medida en que lo hace la actividad minera. En comparación, para el año 2005 la pobreza era 57.1%. El municipio de Uribia, a pesar de ser el tercero en Colombia que más recibía regalías (antes de la reforma), tiene el deshonroso premio de ser el municipio con el peor índice de calidad de vida, donde el 96% de su población presenta Necesidades Básicas Insatisfechas.

La “minería responsable” de Cerrejón ha significado para la población guajira miseria, atraso y el desplazamiento y desaparición de las comunidades de Tabaco, Albania, Los Remedios, Roche, Chancleta, Patilla, Papayal, Oreganal, San Pedro, Carretalito, Quebrachal, Puntoclaro, Potrerito, Conejo, Las Casitas y Cañaverales. A este ritmo, en pocos años el departamento de La Guajira tendrá un gran aviso en su entrada indicando: PROPIEDAD PRIVADA CERREJÓN, como ya se ve en buena parte de las comunidades que hoy son rehenes de la transnacional y obligadas a “reasentarse”.

Por fortuna, la población ha reaccionado y creó el Comité Cívico por la Defensa del río Ranchería, el manantial Cañaverales y las regalías, articulado con la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Reclame, y del cual hacen parte diversos sectores políticos, estudiantiles, la Universidad de La Guajira, Sintracarbón, los indígenas Wayuu, gremios y un gran número de pobladores.

El 1 de agosto, en el marco de la I Jornada Nacional de Movilización: Defendamos la Vida, Frenemos la Locomotora Minero-Energética, los guajiros y miles de colombianos que hoy más que nunca ¡somos guajiros!, marcharemos por las calles de Riohacha para expresarle al gobierno nacional y a Cerrejón que defenderemos hasta el último rincón de nuestro territorio.