Entre anuncios de juicio político y blindaje policial, los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia inician la semana con la perspectiva de una larga jornada que terminará con movilizaciones y manifestaciones de diferentes colectivos sociales en contra de las decisiones de la Corte: la inconstitucionalidad de la ley interpertativa de la ley de caducidad y el traslado de la jueza Mariana Mota.

El Frente Amplio junto a Familiares de Detenidos-Desaparecidos, dirigentes del PIT -CNT, Crysol, FEUU, FUCVAM, SERPAJ y ONAJPU se concentraron para protestar por la decisión de la Justicia de declarar inconstitucionales a dos artículos de la ley 18.831, que evita la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura.

Es una movilización en silencio, con banderas uruguayas, en la que finalmente se entonó el himno nacional.

Pero hay otras organizaciones que también protestan en torno a la Suprema Corte y que no quieren “mezclarse” con la movida del Frente Amplio. Tal es el caso de Plenaria Memoria y Justicia que se concentra en la intersección de 18 de Julio y Cuareim.

“Queremos denunciar a (los ex presidentes) Sanguinetti, Batlle, Vázquez (y al actual) Mujica porque no quisieron anular la impunidad. Ellos son los que nombraron a los ministros de la Corte y los que habilitaron esta posición”, dijo a Subrayado la dirigente Irma Leites.

También hay otros grupos menores que llaman a “no estar mezclados con el oficialismo mentiroso y traidor” y piden concentrarse al otro lado de la avenida 18 de Julio.

OPERATIVO SEGURIDAD. Mientras tanto, la Policía de Montevideo que ya dispuso un operativo especial de vigilancia para los ministros de la Suprema Corte, con una custodia “muy discreta” pero las 24 horas, desplegó un operativo de seguridad “para evitar posibles destrozos”, aseguró a Subrayado el vocero de Policía José Luis Rondán.

Si bien la Jefatura no quiere divulgar el número de efectivos que desplegó, se trata de “un servicio de multifuerza del que participan efectivos de la seccional y también del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo”.

Además se colocó un vallado en el Pasaje de los Derechos Humanos, rodeando al edificio de la Corte, para evitar destrozos.

Mientras tanto, las líneas de ómnibus modificaron su recorrido desde las 17 horas con motivo de la marcha. Para ver la lista de desvíos haga click aquí.

HECHOS Y REPERCUSIONES. La magistrada Mariana Mota -que ha entendido en más de 50 causas de lesa humanidad- será sustituida por Beatriz Larrieu, la jueza penal que administró justicia en un caso sospechoso de muerte inducida en el Hospital de Colonia.

En tanto la restitución de la Ley de Caducidad -aprobada en 1986- significaría el final de decenas de investigaciones que estaban abiertas y la eventual revisión de procesamientos en casos tales como Aldo Perrini, Vladimir Roslik, Horacio Ramos o Julio Castro.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia obtuvo una rápida respuesta de uno de los agentes de la dictadura más conocidos: “Pajarito” Silveira.

Jorge Silveira, uno de los hombres-símbolos de la dictadura militar, fue el primero en reaccionar en forma pública ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de rechazar la Ley Interpretativa de la Caducidad.

“Se acabo la venganza”, dijo Silveira, desde su lugar de reclusión, la Unidad Nº 8 de Domingo Arena, que comparte junto a una veintena de expolicías y militares.“Pajarito” fue integrante del grupo Operación Comando Antisubversivo (OCOA) y está procesado por la desaparición y muerte de María Claudia Irureta Goyena de Gelman y por el “segundo vuelo de la muerte”.

“Primó la lógica”, dijo Silveira en declaraciones al diario La República y criticó la movilización que este lunes se realizará frente a la Suprema Corte de Justicia: “Van a hacer una manifestación porque el pueblo está en contra de lo que hizo la Corte. Y el pueblo, la mayoría del pueblo, es el que ratificó dos veces con los votos”, señaló.

El hecho también produjo inesperadas repercusiones internacionales.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó este domingo “su grave preocupación” luego de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declarase inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011, que dejó sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848).

“Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país”, expresó la Alta Comisionada en un comunicado oficial de Nacionales Unidas.

“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, concluyó Pillay.

Por su parte, Javier Miranda, una de las figuras más representativas de la lucha por la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura, llamó a la calma y a respetar la decisión de la Corte aunque no se comparta.