La decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de sacar a la jueza Mariana Mota de su juzgado penal y trasladarla a la órbita civil generó un enfrentamiento entre el gobierno del Frente Amplio y el Poder Judicial.
Mota tenía a estudio cerca de 50 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985) que ahora serán investigados por otra magistrada (Beatriz Larrieux) comenzando de cero.
La izquierda en el gobierno esperaba, y estaba segura, de que Mota iba a enviar a prisión a más militares acusados de tortura, violaciones y delitos de lesa humanidad. Por eso entiende que sacar a Mota de su juzgado es una especie de maniobra para favorecer a los militares indagados.
Las criticas se hicieron sentir de inmediato y a los cerca de 300 manifestantes (todos de izquierda y ultra izquierda) que ocuparon la sede de la SCJ este viernes, se sumaron algunos legisladores del oficialismo (Enrique Rubio y José Bayardi) que decidieron convocar al Parlamento a los ministros de la Corte para que expliquen las razones del traslado de Mota.
Esto, advierte la oposición política al gobierno, es inconstitucional porque viola la separación de poderes, además de ser una forma de presionar a la Justicia para que transite el camino que propone el gobierno, que es llevar a la cárcel a la mayor cantidad posible de militares que tuvieron alguna responsabilidad en la dictadura. En estos términos se expresó el senador y ex presidente Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional), el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga y el líder colorado, Pedro Bordaberry (hijo del ex dictador Juan María Bordaberry).
TUPAMAROS y MILITARES. Las organizaciones sociales y de derechos humanos que este viernes ocuparon la sede de la Corte en un intento por evitar el traslado de Mota (había representantes del PIT-CNT, varios gremios y la Federación de Estudiantes Universitarios, entre otros grupos) aseguran que la movida judicial obedece a presiones -más o menos indirectas- del Poder Ejecutivo. Señalan en particular al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y por elevación al propio presidente José Mujica.
¿Por qué? Porque Mota se enfrentó a ellos el año pasado cuando en una entrevista concedida al diario argentino Página 12 dijo que Mujica y Huidobro tenían una visión crítica de las investigaciones judiciales sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, porque ambos habían sido parte de esa “guerra” con los militares.
Mujica y Huidobro, pero sobre todo el hoy presidente de la República, ha dicho que no quiere ver en la cárcel a los “veteranos” militares que participaron de la dictadura. La lógica “militarista” que predomina en la cabeza de los Tupamaros es que hubo un enfrentamiento con los militares en las décadas de 1960 y 1970 y que así como los ex guerrilleros están en libertad, los militares retirados o incluso algunos en actividad con presunta responsabilidad en la dictadura, tampoco deben ir a prisión.
MOTA. En esta puja jurídico-política, un episodio clave ocurrió cuando la jueza Mota y varios testigos citados en sus investigaciones quisieron inspeccionar el Batallón 14 de Infantería. El ministro de Defensa, Huidobro, les prohibió que sacaran fotografías y limitó la tarea de relevamiento que quería llevar adelante la magistrada en busca de posibles enterramientos clandestinos de desaparecidos en ese predio militar.
Otro episodio, más reciente, ocurrió cuando Mota investigaba el accidente del avión de la compañía Air Class en el río de la Plata donde murieron dos pilotos. Tras encontrar parte de los restos de la nave y las cajas negras, el Ministerio de Defensa suspendió la búsqueda. Mota ordenó que se retomara pero Huidobro hizo caso omiso. La magistrada advirtió públicamente que el ministro podía incurrir en desacato a una orden judicial y la relación terminó de tensarse.
Finalmente a fines de enero de este año Defensa accedió a retomar la búsqueda de los restos del avión pero poco después, mediados de febrero, la Corte decidió trasladar a Mota a un juzgado civil.
Por todo esto, dicen quienes rechazan el traslado de la jueza Mota (parte del Frente Amplio, el PIT-CNT, etc.) la Corte cedió a las presiones de Mujica y Huidobro.
El canciller Luis Almagro dijo en el periódico La Diaria que los únicos “contentos” con el traslado de Mota son los “dinosaurios”. El Centro Militar felicitó a la Corte por la remoción de Mota y dijo que fue un “acto de Justicia”.
HAY MÁS. Como recuerda este sábado El Observador, el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la Corte tiene, además del caso Mota, otros dos capítulos, uno vinculado al primero. Y es que al parecer, según informó El Observador este viernes, en la Corte hay mayoría (tres de los cinco ministros) para declarar inconstitucional la ley que anuló los efectos de la ley de Caducidad, la que protegía a los militares de la dictadura acusados de violar los derechos humanos.
Si la llamada ley interpretativa de la ley de Caducidad se declara inconstitucional, los delitos considerados “comunes” de la dictadura (incluido los homicidios) prescribirían y los militares investigados no podrían ser acusados por ningún juez. La Justicia ha entendido, contra lo que promueve el gobierno y el Frente Amplio, que los delitos cometidos en dictadura no son de lesa humanidad y por lo tanto ya prescribieron. Precisamente ante esta concepción es que el Frente Amplio votó la ley interpretativa de la ley de Caducidad, para que no prescribieran esos delitos y los militares pudieran ser juzgados y encarcelados.
Pero ahora la Corte traslada a la magistrada que tenía casi todas las causas en curso contra los militares y se apresta a declarar inconstitucional la ley que evitó la prescripción de los delitos de la dictadura.
LA FRUTILLA. En otro aspecto totalmente distinto pero que abona el choque entre el gobierno y la Suprema Corte, el máximo órgano judicial ya decidió declarar inconstitucional el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), una iniciativa personal del presidente Mujica y respaldada por el MPP principalmente, sector compuesto en su mayoría por Tupamaros.
Todo esto, lo de Mota, Huidobro, la Caducidad y la ocupación de la Corte se debatirá en el Parlamento y en la Justicia, ya que la Corte denunció penalmente a quienes se manifestaron dentro de sus instalaciones e intentaron (así lo ven los ministros de la SCJ) evitar el traslado de la magistrada, considerada una heroína para gran parte de la izquierda.
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