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General: La otra cara .- Café y caña de azucar en Colombia .-
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De: Ruben1919 (Mensagem original) |
Enviado: 27/02/2013 11:47 |
CAFÉ Y CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA. O de qué se ríen Juan Valdez y Ardila Lülle.
 Recorrer las hermosas zonas interiores de Colombia te regala el espectáculo incuestionable de una geografía verde, fértil y abundante. Sin embargo, la pobreza y la desnutrición (especialmente en forma de deficiencias nutricionales en amplios segmentos de la población) siguen siendo una constante que parece no tener final. Entonces uno comienza a observar las grandes -y no tan grandes- plantaciones de café y caña de azúcar (y de banana en el norte) con cierto aire de desconfianza. Como casi todo, una vez se “rasca” la superficie, comienzan a brotar las incoherencias y absurdos de este modelo social y económico global.
El caso del café es ejemplar. Colombia es el sexto productor de este grano a nivel mundial (hasta hace 5 años era el segundo) con 3,5 millones de sacos, de los cuales, obviamente se venden directamente a Occidente sin tostar. Esto se traduce en la ausencia de una industria nacional cafetera pujante, precios irrisorios para lxs pequeñxs productorxs (ni que decir para lxs trabajadorxs) y unos ostentosos beneficios para las grandes compañías multinacionales que manejan margenes abusivos en sus operaciones. El resultado es que el mejor café del mundo se vende a precio de ganga en los mercados occidentales y al final, quien pierde somos todos porque el precio de un café en Madrid o París no para de aumentar mientras las gentes que lo cultivan reciben salarios de miseria. Pero la pérdida para el colombiano no queda ahí. Orgullosos de su producto estrella, los colombianos importan a Perú el 70% del café que consumen, mientras que de la producción local solo se queda los granos defectuosos. Ya sabemos de que se reía Juan Valdez, se reía, por no llorar de las consecuencias de la implantación del café, de la codicia suscitada alrededor de este y de la pobreza que regala a miles de pequeños agricultores atraídos con los cantos de sirena de un dinero fácil que nunca acaba de llegar. Pero mejor escuchar directamente al colombiano Germán Meneses, corredor y catador de la tostadora neoyorkina BRC Coffee, quien explica que en Vietnam “el café tomó mucha fuerza varios años después de la guerra, hacia la segunda mitad de la década de los años ochenta”. Además de la incidencia de la política local ‘Doi Moi’ (renovación), se logró ayuda del Banco Mundial. “A lo anterior se suman la eficiencia de los sistemas de riego y la buena cantidad de fertilizantes que aplican a los cultivos; por otro lado se cuenta con una mano de obra incansable y más barata que en Latinoamérica”.
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Carlos Ardila Lülle |
Con la caña del azúcar pasa algo parecido. Sin embargo, el destino de la mayor parte de la producción es, a diferencia del café, abastecer un mercado interno en alza. De las 2 millones de toneladas producidas (de 19 millones de caña), el 75% va directamente al consumo doméstico e industrial (dulces, gaseosas, etc.). Aquí, el monopolio es patente. El conglomerado Ardila Lülle es uno de los más grandes de Colombia. Se originó en la industria de bebidas gaseosas que llegó a monopolizar, de manera que en la actualidad solamente compite con Coca Cola, ya que la franquicia de Pepsi está en sus manos. Posee empresas textiles y la cadena de radio y televisión RCN, una de las dos que controlan los medios colombianos. Una joyita vamos. El tipo fue capaz de imponer una medida tan irrisoria como nefasta económicamente: en Colombia la Ley 693 (2001), ordenó que a partir de 2006 la gasolina en las ciudades de más de 500 mil habitantes debía contener etanol (producido a partir de caña). Con la excusa de valores ecológicos y medioambientales, la medida salió adelante a pesar de que el costo de producción del etanol es superior al de la gasolina, pero además la imposición permite a Ardila Lülle vender el galón de etanol a US$ 2,40 mientras el de gasolina es vendido por Ecopetrol a US$ 1,26.
De este manera, ambos cultivos representan a la perfección la sinrazón del sistema capitalista. Tierras fértiles en manos de grandes latifundios que apuestan por invertir en monocultivos intensivos para vender las materias primas en crudo a las empresas multinacionales, leyes agrarias que potencian esta fórmula, campesinxs que seducidos por el dinero fácil acaban sucumbiendo ante la imposibilidad de competir en el mercado internacional (o los tradicionales problemas de las cosechas- lluvias, plagas, enfermedad holandesa-) y una población que sufre déficits alimenticios que podrían ser cubiertos con otra política agraria y una explotación más racional dedicada a cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanxs.

Y en la otra cara de la moneda nosotrxs. Nuestros consumo irresponsable, nuestra falta de conciencia respecto de un problema que es el problema de todxs. Hasta cuándo mantendremos ese absurdo de reclamar justicia y no hacer más que maltartarla. Falta coherencia, falta que lo entendamos, que lo sintamos. Y falta construir alternativas para ayudarnos a rebelarnos. Entender a fondo que como decía Martin Luther King, “la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes”. O esta otra, de Ghandi; “vive sencillamente para que otras puedan, sencillamente, vivir”.
Más info en:
- http://repository.unm.edu/bitstream/handle/1928/10550/Am%C3%A9rica%20Latina%20imperialismo%20recolonizaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
- http://www.marxismo.org/files/LasVenasAbiertasdeAmericaLatina
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Multitudinaria protesta cafetera y cacaotera
Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, febrero 25 de 2013
Enfático rechazo a la represión ordenada por Santos. El gobierno debe atender justos reclamos de cafeteros y cacaoteros. Es un farsante quien afirme que agricultores no tienen razones para protestar.
El primer día del paro de cafeteros y cacaoteros demostró que la movilización de los agricultores es enorme. En 11 departamentos más de 70 mil campesinos, jornaleros, empresarios e indígenas se concentraron y marcharon por las principales carreteras del país para exigirle al gobierno soluciones de fondo a la grave crisis por la que atraviesan, lo que demuestra la fuerza del paro.
A pesar de la actitud civilista de los manifestantes, el presidente Santos dio orden de reprimir con ferocidad las protestas de los agricultores. Los ataques dejaron varios heridos, entre ellos, un campesino de Santander que perdió una de sus manos. El senador Robledo rechazó de manera enfática la feroz represión de Santos y le exigió garantías para el ejercicio del derecho a la protesta.
Robledo afirmó que Santos, el ministro Juan Camilo Restrepo y el gerente de la Federación, Luis Genaro Muñoz, actúan como farsantes no reconocer que el paro es de los cafeteros, organizado por los cafeteros y para defender a los cafeteros.
El congresista reiteró que el Polo, en cabeza de su presidente Clara López, respalda el paro y señaló que su partido no se dejará amedrentar por la estigmatización del gobierno.
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El Polo llama a rodear el Paro Cafetero
Cafeteros y cacaoteros en un gran ejemplo de unidad y de dignidad completan hoy viernes cinco días de Paro. Sus justos reclamos no han sido resueltos por el gobierno nacional y, por el contrario, la Policía Nacional los ha tratado con fuerza y brutalidad, mientras el presidente Santos y el ministro Restrepo ridiculizan, deforman y subestiman sus peticiones. En la madrugada de hoy, y luego de 12 horas de negociaciones de los representantes de Dignidad Cafetera y los Ministros, se interrumpió el diálogo sin alcanzar acuerdos, a pesar de que los manifestantes han flexibilizado las actividades de bloqueo de vías y sus representantes han fundamentado con suficiencia las peticiones en la mesa.
Es necesario redoblar nuestras expresiones de apoyo. Que todos los y las dirigentes, militantes y simpatizantes del Polo Democrático Alternativo vayan hasta los puntos de concentración del paro en las respectivas regiones, les lleven a los campesinos solidaridad material y les den una gran voz de aliento para su justa, digna y valiente protesta.
Participemos en sus marchas, mítines, plantones, ruedas de prensa y demás actividades que programen; trabajemos para que las organizaciones sociales y políticas de las que hacemos parte brinden también su respaldo; aprovechemos todas las posibilidades que tengamos para explicar cuáles son los problemas que tienen los productores y exijamos al gobierno nacional la solución positiva a las peticiones de estos compatriotas que ante la gravedad de su situación debieron ir al paro y, ahora, ante la intransigencia del gobierno deben mantenerse en él.
El Polo Democrático Alternativo, PDA, respalda la justa protesta de este sector emblemático del campesinado colombiano y base fundamental de la creación de la riqueza nacional.
Comité Ejecutivo Nacional Polo Democrático Alternativo
Bogotá, 1 de marzo de 2013.
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Delegación de paz FARC-EP_Declaración de prensa
DECLARACIÓN
Terminamos este ciclo de conversaciones con avances que hablan bien de nuestra voluntad de paz, a pesar de las infundadas afirmaciones del Presidente Juan Manuel Santos en un evento mediático, el pasado 20 de febrero en San Vicente del Caguán; Avanzamos a pesar del dolor que nos inflige a todos los colombianos el trato represivo y desproporcionado que el gobierno está dispensando a través del ESMAD a las justas protestas de los caficultores y los cacaoteros, causando muertes, decenas de heridos y capturados. Avanzamos a pesar de la sordera estatal frente a las reclamaciones de los trabajadores del Cerrejón y de los que se oponen a la privatización de la salud, y en general, a las consecuencias antipopulares y antipatrióticas de la política neoliberal. Para ese pueblo en pie de lucha, nuestra solidaridad; y al gobierno, un ¡Dialogue con el pueblo, escúchelo, deje la soberbia!
Con artificios como el de San Vicente, no podrá Santos ocultar la progresiva entrega del territorio nacional, de nuestras riquezas minero-energéticas, a la voracidad de las trasnacionales. No podrá tapar los nuevos planes de despojo y de extranjerización de la tierra, ni el propósito avieso de feriar las 15 millones de hectáreas de nuestra altillanura, entre los ríos Guaviare y Meta, rica en petróleo, uranio, coltán y litio; tierras miradas con ojos de agronegocios y ganancias, y con los hombros encogidos, frente al terrible impacto socio-ambiental.
Detrás de la humareda de las declaraciones de San Vicente, está el latifundio que ningún gobierno ha querido tocar. Ha regresado el fantasma de Chicoral a impedir que se toque el sacrosanto latifundio y a perseguir nuevamente a los campesinos que desterró a las fronteras para que no siguieran ocupando, machete en mano, las grandes propiedades. Desde la época de la violencia de los años 50, no han tenido paz los campesinos, se les ha arrebatado la tierra y expulsado con violencia de su entorno natural. El vergonzoso Pacto de Chicoral fue firmado por las élites de los partidos tradicionales, los terratenientes y el Estado, jamás por Manuel Marulanda Vélez. Pero hasta esas fronteras remotas donde fueron arrojados, les enviaron a los paramilitares para masacrarlos y desplazarlos nuevamente. No es justo, no es justo, que ahora se pretenda expulsar al resto con violencia y ley.
Las tierras del comandante Jorge Briceño no eran las mencionadas en las falaces cifras del Presidente, sino 114 millones de hectáreas que tiene país, las que quería produciendo, para dignificar la vida de todos los colombianos.
Pensábamos que Juan Manuel Santos se iba a referir en San Vicente a las 17 mil hectáreas de palma africana que el jefe paramilitar “Don Berna” transfirió al Estado para que fueran entregadas a los campesinos, sus verdaderos dueños, tierras que no han llegado aún a sus destinatarios; pero nada dijo el presidente.
Pensábamos que tal vez aludiría a las 14 mil hectáreas que el mismo paramilitar pusiera en manos del Estado en los Llanos Orientales, con 4 mil de ellas sembradas de palma aceitera, a fin de que fueran restituidas a sus propietarios originales, y a pesar que esto no se ha cumplido, nada dijo el presidente.
Pensábamos que le entraría duro en su discurso a su amigo Víctor Carranza, quien recientemente celebrara con bombos y platillos su primer millón de hectáreas de tierra. Pero nada dijo el presidente.
Es mucho lo que hay que decir y denunciar en torno a la actual política agraria del gobierno. La supuesta titulación y entrega de tierras en Urabá, es una farsa triste. Allí lo que hay es un carrusel de tierras, en el que a través de poseedores de mala fe, se entregan títulos con relumbre mediático, pero al final esos predios vuelven a manos de bananeros y palmicultores despojadores. A los “urabeños” les han asignado la tarea de revictimizar para facilitar el despojo con apariencia legal.
La entrega de tierras que proyectan en Urabá y Chocó los paramilitares El Alemán y Hasbún, es para echarle tierra al engaño de la entrega de tierras que está haciendo el gobierno en Urabá.
En las Tangas asignaron 192 parcelas, pero se las arrendaron a precios irrisorios a unas empresas ganaderas, que todo indica, son del mismo dueño.
Este gobierno, en apariencia, les tiene miedo a los terratenientes, y con ese presupuesto difunde que si se tocan esos intereses criminales se despertará el demonio del paramilitarismo, como si en algún momento lo hubiesen desmantelado. Su determinación es no afectar el latifundio improductivo, ocioso y evasor de impuestos. Por lo visto, ni siquiera se le dará un pellizco. Ahora los latifundistas están esperando a las trasnacionales para vender o arrendar. En lugar de castigo, recibirán un premio.
Esa tierra fue amasada con sangre campesina, masacres paramilitares, fosas comunes, más de 5 millones de desplazados, falsos positivos, y por lo tanto, ¿por qué no llamarlos delincuentes y aplicarles sin tantas vueltas la extinción de dominio reservada a los grupos delincuenciales?
Un tercio del territorio del país está manos de los ganaderos… ¿Quiénes son entonces los latifundistas despojadores?
¿Quiénes son los responsables del índice GINI del 0.87 referido a la desigualdad en el campo?
Que alguien del gobierno le explique al país cómo fue posible que el INCODER le entregara 315 mil hectáreas de tierra a testaferros de los señores del despojo.
¿Por qué el INCODER intentó eliminar los resguardos indígenas coloniales?
El escándalo de Agro Ingreso Seguro pretendió descargarse contra la modelo, Valery Domínguez, mientras que beneficiarios poderosos pasaban de agache: “El programa Agro Ingreso Seguro, creado por la ley 1113 de 2007, otorgó en los primeros dos meses de 2009, bajo una línea especial de crédito, 27.600 millones de pesos, de los cuales una sola compañía, Palmeros del Pacífico Sur, recibió más dinero que todos los beneficiarios en cualquier otro departamento del país, pues obtuvo 4.321 millones (más del 15% del total). De igual forma, tres empresas palmicultoras pertenecientes a la familia Sarmiento Angulo (Palmas Pororó, Palmas Sicarare, Palmas Tamacá) recibieron 3.950 millones (14,27% del total de los créditos). Si se suman dos palmicultores más –Asociación de Agricultores Palma de Caunapí y Palmar El Diamante–, los palmicultores recibieron casi el 40% de los dineros entregados”. No solamente entonces, es el despojo de la tierra, sino el de los recursos públicos, usurpados para entregárselos a los más ricos, a gente como Sarmiento Angulo, ranqueado por la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo.
Pareciera que el alzhéimer se ha apoderado de algunos altos funcionarios del Estado, y ya no saben de dónde proviene ni dónde está el latifundio. No hay catastro confiable, no hay estadísticas rigurosas. Engordan tierras, no tributan, todo está en el cajón del olvido, resguardado por la complicidad. No se puede atacar a los gamonales y caciques de la tierra, porque las elecciones están cerca.
Se necesita un catastro alternativo en el que participen organizaciones agrarias y sociales, las víctimas, los desplazados, con veeduría internacional, para no dejar que esta tarea, tan trascendental para la paz, sea asumida por la desprestigiada y parcializada oficina de “restitución” de los victimarios.
Que no nos vaya a tragar la geofagia de las trasnacionales. Colombia no es de Cargill, Pacific Rubiales, corficolombiana, Mavalle, Pajonales, Valorem, Refocosta, Riopaila, Bioenergy, Mónica, Firmenish, Amaggi, Merhav, Aliar, Anglo Gold Ashanti, Billiton, Anglo American, Xstrata, Efromovich, Eike Batista y demás usurpadores que pretenden despojarnos el territorio que nos pertenece a todos.
Llamamos a los colombianos, a sus organizaciones sociales, políticas y gremiales, a las Fuerzas Armadas con
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La tierra y la paz en Colombia |
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Escrito por Odalys Troya Flores * |
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01 de marzo de 2013, 01:04Por Odalys Troya Flores *
La Habana (PL) La tierra, uno de los bienes comunes, de producción y de vida más importantes, en Colombia es parte esencial del conflicto armado, político y social que sufre el país desde hace más de medio siglo, y que tiene sus raíces en el colonialismo.
Otros Exclusivos:
Solucionar los graves problemas en la nación suramericana a raíz de su uso y tenencia es una prioridad en el diálogo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Desde el 19 de noviembre último, ambas partes platican en La Habana, Cuba, acerca de los caminos para poner fin a la guerra que aqueja a la nación suramericana y que pasa inexorablemente por el tema de la tierra.
¿Cómo redistribuirla con justicia, cómo trabajarla, quiénes la administrarán, cómo poner fin al latifundio o a la explotación irracional de las transnacionales mineras? Son algunos de los cuestionamientos de los colombianos en este proceso de paz.
La solución sin dudas es muy compleja porque, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el uno por ciento de los propietarios es el dueño de casi el 60 por ciento de unos 45 millones de hectáreas.
Se estima que Colombia tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero sólo se usan 3,7 millones. En cambio, 38,7 millones se emplean para la ganadería.
Otro reto es la entrega de al menos dos millones de hectáreas a los desplazados, con lo cual el Gobierno se comprometió a pesar de que no habla de expropiar los latifundios, como plantean las FARC-EP.
La tierra de los desplazados "esté hoy en manos de quien esté, se le va a devolver a sus dueños originales", ofreció el jefe de Estado recientemente.
El número prometido parece insignificante pues diversas fuentes aseguran que a este segmento de la población le han quitado al menos 10 millones de hectáreas.
Las dudas vagan en el aire: ¿Cómo será esa devolución, cederán los actuales dueños quienes, parafraseando al periodista y escritor Antonio Caballero, son los "narcoparamilitaroterratenientes", un nombre que por sí solo "estremece"?
¿Se van a dejar quitar mansamente esas fincas que tanta sangre les costó ganar? ¿O empezará otra guerra, esta vez con otras alianzas y el gobierno ��?, se pregunta Caballero, al tiempo que ironiza.
Son numerosas las causas del desplazamiento en Colombia. Para unos es la violencia bipartidista desde inicios del siglo XX, para otros es el conflicto armado o la irrupción de las transnacionales, los carteles de la droga y los grupos paramilitares. En los últimos días, el Gobierno acusó a las FARC-EP de arrebatar abundantes terrenos a los campesinos e indígenas durante estos años de guerra.
Tales acusaciones -asegura el alto mando de la insurgencia- forman parte de una "mendaz campaña mediática del gobierno Santos" para "escamotear la necesaria reforma agraria, ocultando y protegiendo a los victimarios latifundistas".
Las FARC-EP reiteraron la propuesta del comandante Timoléon Jiménez de conformar una comisión de alto nivel, integrada por delegados de las dos partes, con participación de gremios y organizaciones sociales, para que, en condiciones de seguridad, se encargue de visitar y verificar la situación real de los predios que se dicen arrebatados por la guerrilla.
Lo cierto es que no existen datos exactos que indiquen la distribución real de la tierra en Colombia, un país que importa más del 50 por ciento de los alimentos requeridos.
Con el fin de contribuir a superar este déficit en materia estadística, la guerrilla presentó a la opinión pública 10 propuestas mínimas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria, los desposeídos del campo y las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo.
Para Andrés París, miembro de la delegación de paz de los insurgentes, la violencia en Colombia iniciada por grupos de poder económico hace más de 60 años tiene un carácter anticampesino muy fuerte y está dirigida a la expropiación de los terrenos y contra los pequeños propietarios, de ahí que la paz dependa en extraordinaria medida de la solución a los problemas con la tierra.
Luego de más de tres meses de diálogos, aunque ambas partes coinciden en asegurar que "avanzan", aún no se conocen detalles de asuntos pactados -si es que hubiere- en este primer tema, pues el Gobierno y las FARC-EP acordaron mantener la mayor discreción.
La tierra para los colombianos es quizás su principal problema, lo que nos hace releer el artículo de William Ospina "Instrucciones para robar un diamante", publicado hace tres años en el diario colombiano El Espectador:
"En un país donde la más antigua tradición es el despojo de tierras, resulta asombroso oír hablar de la intención de devolver la tierra a sus propietarios", dice.
"La generosa intención no puede olvidar que estamos en un país donde la voluntad de los terratenientes se confundió siempre con la ley", señala el escritor.
La mesa de diálogo en La Habana intentará dar solución a este nudo gordiano que vio sus primeros atisbos de esperanzas en la Ley de Tierras de Alfonso López Pumarejo, presidente durante los períodos 1934-1938 y 1942-1945, aunque ya se habían hecho intentos desde los años 20 de esa centuria.
La legislación incluyó normas sobre la explotación de la tierra, los derechos de los arrendatarios y colonos sobre las tierras de los patronos y las condiciones laborales óptimas para los jornaleros.
Su frenazo por las clases adineradas del país, en particular por los terratenientes, contribuyó al llamado período de violencia de los años 50.
Más tarde, en 1961 en el gobierno de Alberto Lleras Camargo se expidió la Ley de Reforma Social Agraria impulsada por Carlos Lleras Restrepo, en ese momento senador de la República.
Entre 1971 y 1972 el denominado Pacto de Chicoral acabó con la iniciativa de los campesinos para hacer viable la anhelada reforma agraria.
El polémico acuerdo entre terratenientes y políticos institucionalizó la ganadería extensiva como la forma más adecuada para explotar la tierra y, según analistas, propició la guerra de las drogas que pervive en esta nación suramericana.
Ahora, el pueblo colombiano cifra sus anhelos en estas conversaciones, en las que tanto el Gobierno como la guerrilla han insistido en la participación popular para llegar a acuerdos concretos.
*Jefa de la redacción Suramérica de Prensa Latina.
arb/otf |
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