Colombia requiere un debate sobre agro y míneria: Senador Robledo

Domingo, Marzo 3, 2013

6:15 p.m.

El senador Jorge Enrique Robledo dice que la crisis cafetera es un campanazo de alerta frente a los partidarios del libre comercio que proponen que el país se especialice en minería. Advierte que en una consulta popular sobre La Colosa, AngloGold tiene la capacidad de corromper a todo el Tolima y no sería un certamen realmente democrático.

En medio del paro cafetero, que completa ya una semana, y la agitación generada tras el reciente foro organizado por Cortolima sobre La Colosa, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo dice que el gran debate nacional este año es si Colombia quiere que haya agro e industria, o el país se va especializar en minería.

En diálogo con EL NUEVO DÍA, explica las razones por las que los cafilcultores del país han salido a protestar a las carreteras, y asegura que el rechazo contra el proyecto La Colosa crece en el Tolima, pero advierte que la multinacional AngloGold Ashanti no tiene límites y está moviendo toda su chequera para arrodillar a los tolimenses.

EL NUEVO DÍA: ¿Cómo se llegó a esta crisis cafetera?
JORGE ENRIQUE ROBLEDO: En la zona cafetera hay hambre porque hay un problema económico extremedamente grave que tiene que ver con la conjunción de dos hechos: primero, en los últimos años ha habido una baja muy grande de la cosecha cafetera, además en el último año los precios cayeron 40 por ciento y los cafeteros no son capaces de pagar sus deudas, pero el Gobierno equivocadamente no fue capaz de entender que esa era la realidad cafetera y no la atendió como ha debido atenderla y la gente le tocó salirse a las carreteras a llamar la atención del Gobierno.

END: ¿Esta crisis la generó o le explotó al gobierno Santos?
JER: Aquí hay causas viejas y causas nuevas. La caída de la producción es un fenómeno que viene de atrás debido a graves errores que se cometieron por parte del Gobierno y la Federación de Cafeteros.
La primera parte de la caída de la producción no se sintió porque hubo precios internacionales más o menos buenos, pero los precios internacionales se cayeron y el precio interno también cayó. A Santos le cabe una responsabilidad muy grande con la revaluación del 40 por ciento, porque a la hora de cambiar los dólares por pesos el productor pierde 40 por ciento; la otra responsabilidad grande que le cabe a Santos es Juan Camilo Restrepo con su soberbia.
Un tercer aspecto es que el café es un sector débil por su estructura.

END: ¿Qué tienen que ver los tratados de libre comercio con esta crisis cafetera?
JER: La primera víctima del libre comercio en el campo fueron los cafeteros. En 1989 se rompió el pacto de cuotas a escala global y eso empezó a generar una crisis, acuérdese de que en los 90 hubo una crisis grave y este es como el segundo remezón de esa misma crisis.
En ese sentido, el libre comercio sí tiene que ver, pero no es un problema, sobre todo de exportaciones e importaciones, sino de índole macroeconómico; o sea, este fenómeno de la revaluación que tanto daño está haciendo, es parte del problema de libre comercio, porque el modelo económico no le permite al país atender con todos los instrumentos que pudiera la revaluación y en este ambiente que hay se va a acabar todo el agro, toda la industria.

END: ¿De qué se requiere para que los cafeteros vuelvan a sus parcelas y la situación se normalice?
JER: Esto requiere de soluciones inmediatas y mediatas, o sea unas ya y otras de diálogo. Se necesita una transferencia grande de recursos al café para subir el precio interno y resolver un problema de deuda muy complicado y eso es ya.
En el corto y el mediano plazos habrá que mirar si Colombia quiere el café, si quiere el agro, y si quiere que haya industria, entonces habrá que resolver el problema de la revaluación de la moneda.
Lo dijo el premio Nobel de Economía aquí en Bogotá: el agro colombiano y la industria en un ambiente de libre comercio con revaluación del 40 por ciento no tienen ni la menor posibilidad de sobrevivir; la otra solución sería que el Gobierno pague la revaluación de su bolsillo.

END: ¿De cuánto es el giro que implican los reclamos de los cafeteros?
JER: He oído al Ministro una cifra semejante a un billón de pesos como parte de la petición del movimiento por la Dignidad Cafetera, pero yo no tengo cifras al respecto. Lo que sí puedo decir es que ese dinero se puede obtener de las exenciones por dos billones de pesos de la última reforma tributaria.

END: El presidente Santos ordenó suspender los diálogos con los cafeteros hasta que no desbloqueen las vías. ¿Qué opina?
JER: Esa realidad no tiene sino dos maneras de resolverse, o porque el Gobierno tenga un acuerdo con estos compatriotas que están apostados en las carreteras de Colombia, o reprima con más velocidad la protesta y eso sería también sumamente grave; por supuesto, no la comparto.

END: ¿Hasta dónde podría llegar esta crisis si no se resuelven los reclamos de los cafeteros?
JER: El problema en el que estamos es que hoy importamos más de la mitad del café del consumo nacional; o sea, aquí hay una crisis de una gravedad pasmosa y por eso insisto que el país deberá decidir si quiere que haya agro e industria o no, porque con las condiciones de revaluación y el conjunto de las políticas Colombia se va a especializar en minería, va a quedar eso como única forma productiva de importancia, no va a haber agro ni industria, ese es el gran debate nacional este año.
Creo que este campanazo de crisis cafetera es una especie de alarma que debería servir para que todos nos sentemos a mirar las cosas con juicio y entender que a un país no se le puede tratar como un país prestado y nada va a pasar.

“ES UN DEBER DE LA GENTE QUE ESTÁ EN LA POLÍTICA OPINAR SOBRE ESTOS TEMAS”

END: Ha llamado la atención que en la misma orilla de los cafeteros en la que está usted, se ubiquen también el expresidente Uribe coincidiendo incluso con las FARC.
JER: Mi lucha en defensa de los cafeteros es de 20 años, en buena medida llegué al Congreso por mi lucha cafetera, así que yo me sentiría traicionándome a mí mismo y traicionando a los cafeteros si no estuviera respaldando sus justas exigencias.
El problema es de una gravedad tal que no es sorprendente que coincida mucha gente con que hay que hacer alguna cosa de urgencia. Cuando hicimos la gran movilización de Unidad Cafetera en Manizales el año pasado, estuvieron 10 congresistas de todas las vertientes, incluidos congresistas tolimenses.
Digamos, entonces, que la coincidencia me parece más o menos natural, si consideran la casualidad ante todo.

END: ¿Podría haber inflitrados en esta protesta cafetera?
JER: Realmente no sé, pero si los hubiera diría dos cosas: me parece lamentable que la Fuerza Pública no sea capaz de dar a quienes protestan las garantías constitucionales que deben brindarle, porque se supone que las protestas son un derecho ciudadano. Segundo, si esa infiltración sucediere, sería por completo insignificante al lado de la fuerza del movimiento; es que estamos hablando de 100 mil cafeteros en las carreteras de Colombia y cacaoteros que también están en paro, luego la infiltración que hubiera no determinaría nada.
El Gobierno se ha dedicado a satanizar la protesta y como no tiene algún argumento serio para maltratar a los cafeteros, entonces inventa que aquí no hay un problema social grave, sino que hay fuerzas oscuras que manipulan a unos cafeteros estúpidos y que tienen bronca al pobre don Juan Manuel Santos, pero eso son boberías, falta de seriedad del Gobierno y sus aúlicos.

END: Algunos sectores políticos han llamado la atención de que el Gobierno se sienta a dialogar con las FARC en La Habana y aquí a los cafeteros que protestan los han tratado a bolillo y gases. ¿Qué piensa al respecto?
JER: Creo que no deja de ser una cierta curiosidad, pero tampoco quisiera que se utilizara el conflicto que se está dando, el paro cafetero y el maltrato del Gobierno; no creo que sea conveniente uribizarlo, ni utilizarlo como un martilo contra las conversaciones en La Habana.
Sigo pensando que ojalá esas conversaciones terminen en un proceso de paz y he dicho que el único problema en Colombia si esa paz se logra, y ojala sea así, es a quién van a seguir echando la culpa de todas las protestas sociales que se ven en este país.

END: ¿La protesta cafetera ha sido utilizada o no políticamente por algunos sectores?
JER: No creo. Es parte de los argumentos poco serios que ha hecho el Gobierno para descalificarla. Pienso que es un deber de la gente que está en política opinar sobre estos temas; opino a favor, otros opinarán en contra, es un derecho ciudadano porque estos son los problemas del país.
Si quienes estamos en política no hablamos de problemas de esta gravedad, en cualquier sentido, entonces de qué hablamos. Cuando la política es a favor del Gobierno, los políticos son unos estadistas, pero cuando la política se contrapone o contradice con las políticas del Gobierno, entonces lo que pasa es que son pendejadas; eso no es serio.

“PREOCUPA DEBILIDAD DEL GOBERNADOR Y DE CORTOLIMA FRENTE A ANGLOGOLD"

END: ¿Cómo ve los últimos acontecimientos alrededor de La Colosa, tras el foro que organizó Cortolima?
JER: Infortunadamente no pude acompañarlos ese día, pero la idea que tengo es que la oposición en el Tolima crece contra ese proyecto, además con ese nuevo disparate de pretender llevarse la mina para Piedras.
En definitiva esas trasnacionales no tienen límites, hay que ver la conmoción y el traumatismo de esa ocurrencia de llevarse todo el mineral hasta Doima, siento que crece la irritación entre los tolimenses contra la AngloGold Ashanti.
Pasajes como el que me cuentan de unos extranjeros promoviendo la idea de que quienes se les oponen a eso son guerrilleros, me parece ya el colmo de los colmos; que respeten un poco a este país, así es imposible que pueda aceptarse este tipo de conductas, que esto se trabaje con seriedad.
Hay sitios donde no se puede hacer minería y sitios donde se puede: si en todas partes se puede hacer minería, mañana van a decir que van a tumbar la Catedral de Ibagué porque hay un pozo petrolero debajo, y eso tampoco.

END: ¿Qué opina de la propuesta del gobernador Luis Carlos Delgado de convocar una consulta popular para que los tolimenses se expresen sobre La Colosa?
JER: Estoy muy preocupado por distintos comentarios que he oído al Gobernador, en el sentido de que lo veo débil al confrontar con su liderazgo las peticiones de AngloGold. Lo de la consulta no me suena, esa es una empresa que tiene capacidad de corromper todo el Tolima y ganar esa consulta; comprar voto a voto y eso no sería un certamen democrático, eso sería un acto de corrupción descomunal.
Aquí lo que se necesita es tomar decisiones, que el Estado tome determinaciones; esa mina no se puede hacer porque las normas de Colombia no lo permiten.

END: ¿Ha percibido cambios en la posición de Cortolima luego de la salida de Carmen Sofía Bonilla y la llegada de Jorge Enrique Cardoso?
JER: Sí y no me gusta. Siento una actitud de debilidad, por ejemplo una declaración que en estos días se oyó diciendo que Cortolima es neutral en estas cosas; pues no, Cortolima no puede ser neutral por Constitución.
La Constitución Nacional concede a las autoridades ambientales un papel activo de defensa del medio ambiente, es ese el diseño constitucional y tiene una explicación; si la parte ambiental del Estado colombiano no cumple un papel activo, no hay quien cuide el medio ambiente porque el poder de los negociantes en el resto del Estado aplasta con el medio ambiente; ese es un desenfoque bárbaro del nuevo director de Cortolima y no me gusta realmente.

END: ¿Ve presiones en el tema de La Colosa?
JER: No me gustan muchas cosas que me preocupan con respecto a que se está moviendo el poder del Estado para cambiar las posiciones que había asumido Cortolima en la anterior administración, que había asumido la Procuraduría; no me gustó esa especie de sanción que impusieron al doctor Diego Alvarado. Es evidente que esa trasnacional está moviendo la chequera, toda su capacidad de coaccionar para arrodillar a los tolimenses.

DECLARACIÓN

Terminamos este ciclo de conversaciones con avances que hablan bien de nuestra voluntad de paz, a pesar de las infundadas afirmaciones del Presidente Juan Manuel Santos en un evento mediático, el pasado 20 de febrero en San Vicente del Caguán; Avanzamos a pesar del dolor que nos inflige a todos los colombianos el trato represivo y desproporcionado que el gobierno está dispensando a través del ESMAD a las justas protestas de los caficultores y los cacaoteros, causando muertes, decenas de heridos y capturados. Avanzamos a pesar de la sordera estatal frente a las reclamaciones de los trabajadores del Cerrejón y de los que se oponen a la privatización de la salud, y en general, a las consecuencias antipopulares y antipatrióticas de la política neoliberal. Para ese pueblo en pie de lucha, nuestra solidaridad; y al gobierno, un ¡Dialogue con el pueblo, escúchelo, deje la soberbia!

Con artificios como el de San Vicente, no podrá Santos ocultar la progresiva entrega del territorio nacional, de nuestras riquezas minero-energéticas, a la voracidad de las trasnacionales. No podrá tapar los nuevos planes de despojo y de extranjerización de la tierra, ni el propósito avieso de feriar las 15 millones de hectáreas de nuestra altillanura, entre los ríos Guaviare y Meta, rica en petróleo, uranio, coltán y litio; tierras miradas con ojos de agronegocios y ganancias, y con los hombros encogidos, frente al terrible impacto socio-ambiental.

Detrás de la humareda de las declaraciones de San Vicente, está el latifundio que ningún gobierno ha querido tocar. Ha regresado el fantasma de Chicoral a impedir que se toque el sacrosanto latifundio y a perseguir nuevamente a los campesinos que desterró a las fronteras para que no siguieran ocupando, machete en mano, las grandes propiedades. Desde la época de la violencia de los años 50, no han tenido paz los campesinos, se les ha arrebatado la tierra y expulsado con violencia de su entorno natural. El vergonzoso Pacto de Chicoral fue firmado por las élites de los partidos tradicionales, los terratenientes y el Estado, jamás por Manuel Marulanda Vélez. Pero hasta esas fronteras remotas donde fueron arrojados, les enviaron a los paramilitares para masacrarlos y desplazarlos nuevamente. No es justo, no es justo, que ahora se pretenda expulsar al resto con violencia y ley.

Las tierras del comandante Jorge Briceño no eran las mencionadas en las falaces cifras del Presidente, sino 114 millones de hectáreas que tiene país, las que quería produciendo, para dignificar la vida de todos los colombianos.

Pensábamos que Juan Manuel Santos se iba a referir en San Vicente a las 17 mil hectáreas de palma africana que el jefe paramilitar “Don Berna” transfirió al Estado para que fueran entregadas a los campesinos, sus verdaderos dueños, tierras que no han llegado aún a sus destinatarios; pero nada dijo el presidente.

Pensábamos que tal vez aludiría a las 14 mil hectáreas que el mismo paramilitar pusiera en manos del Estado en los Llanos Orientales, con 4 mil de ellas sembradas de palma aceitera, a fin de que fueran restituidas a sus propietarios originales, y a pesar que esto no se ha cumplido, nada dijo el presidente.

Pensábamos que le entraría duro en su discurso a su amigo Víctor Carranza, quien recientemente celebrara con bombos y platillos su primer millón de hectáreas de tierra. Pero nada dijo el presidente.

Es mucho lo que hay que decir y denunciar en torno a la actual política agraria del gobierno. La supuesta titulación y entrega de tierras en Urabá, es una farsa triste. Allí lo que hay es un carrusel de tierras, en el que a través de poseedores de mala fe, se entregan títulos con relumbre mediático, pero al final esos predios vuelven a manos de bananeros y palmicultores despojadores. A los “urabeños” les han asignado la tarea de revictimizar para facilitar el despojo con apariencia legal.

La entrega de tierras que proyectan en Urabá y Chocó los paramilitares El Alemán y Hasbún, es para echarle tierra al engaño de la entrega de tierras que está haciendo el gobierno en Urabá.

En las Tangas asignaron 192 parcelas, pero se las arrendaron a precios irrisorios a unas empresas ganaderas, que todo indica, son del mismo dueño.

Este gobierno, en apariencia, les tiene miedo a los terratenientes, y con ese presupuesto difunde que si se tocan esos intereses criminales se despertará el demonio del paramilitarismo, como si en algún momento lo hubiesen desmantelado. Su determinación es no afectar el latifundio improductivo, ocioso y evasor de impuestos. Por lo visto, ni siquiera se le dará un pellizco. Ahora los latifundistas están esperando a las trasnacionales para vender o arrendar. En lugar de castigo, recibirán un premio.

Esa tierra fue amasada con sangre campesina, masacres paramilitares, fosas comunes, más de 5 millones de desplazados, falsos positivos, y por lo tanto, ¿por qué no llamarlos delincuentes y aplicarles sin tantas vueltas la extinción de dominio reservada a los grupos delincuenciales?

Un tercio del territorio del país está manos de los ganaderos… ¿Quiénes son entonces los latifundistas despojadores?

¿Quiénes son los responsables del índice GINI del 0.87 referido a la desigualdad en el campo?

Que alguien del gobierno le explique al país cómo fue posible que el INCODER le entregara 315 mil hectáreas de tierra a testaferros de los señores del despojo.

¿Por qué el INCODER intentó eliminar los resguardos indígenas coloniales?

El escándalo de Agro Ingreso Seguro pretendió descargarse contra la modelo, Valery Domínguez, mientras que beneficiarios poderosos pasaban de agache: “El programa Agro Ingreso Seguro, creado por la ley 1113 de 2007, otorgó en los primeros dos meses de 2009, bajo una línea especial de crédito, 27.600 millones de pesos, de los cuales una sola compañía, Palmeros del Pacífico Sur, recibió más dinero que todos los beneficiarios en cualquier otro departamento del país, pues obtuvo 4.321 millones (más del 15% del total). De igual forma, tres empresas palmicultoras pertenecientes a la familia Sarmiento Angulo (Palmas Pororó, Palmas Sicarare, Palmas Tamacá) recibieron 3.950 millones (14,27% del total de los créditos). Si se suman dos palmicultores más –Asociación de Agricultores Palma de Caunapí y Palmar El Diamante–, los palmicultores recibieron casi el 40% de los dineros entregados”. No solamente entonces, es el despojo de la tierra, sino el de los recursos públicos, usurpados para entregárselos a los más ricos, a gente como Sarmiento Angulo, ranqueado por la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo.

Pareciera que el alzhéimer se ha apoderado de algunos altos funcionarios del Estado, y ya no saben de dónde proviene ni dónde está el latifundio. No hay catastro confiable, no hay estadísticas rigurosas. Engordan tierras, no tributan, todo está en el cajón del olvido, resguardado por la complicidad. No se puede atacar a los gamonales y caciques de la tierra, porque las elecciones están cerca.

Se necesita un catastro alternativo en el que participen organizaciones agrarias y sociales, las víctimas, los desplazados, con veeduría internacional, para no dejar que esta tarea, tan trascendental para la paz, sea asumida por la desprestigiada y parcializada oficina de “restitución” de los victimarios.

Que no nos vaya a tragar la geofagia de las trasnacionales. Colombia no es de Cargill, Pacific Rubiales, corficolombiana, Mavalle, Pajonales, Valorem, Refocosta, Riopaila, Bioenergy, Mónica, Firmenish, Amaggi, Merhav, Aliar, Anglo Gold Ashanti, Billiton, Anglo American, Xstrata, Efromovich, Eike Batista y demás usurpadores que pretenden despojarnos el territorio que nos pertenece a todos.

Llamamos a los colombianos, a sus organizaciones sociales, políticas y gremiales, a las Fuerzas Armadas con

Colombia requiere un debate sobre agro y míneria: Senador Robledo

Delegación de paz FARC-EP_Declaración de prensa