El Gobierno de Ecuador aplaudió este jueves la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que permite que los jueces españoles suspendan los desahucios hipotecarios, decisión que beneficiaría a miles de deudores ecuatorianos que residen en la nación ibérica.
"Es una excelente noticia para nuestros migrantes, permitiendo consolidar su capacidad de respuesta" frente a los procesos de desalojo, expresó el canciller, Ricardo Patiño en una rueda de prensa.
El diplomático explicó que el tribunal de la UE indicó que algunos aspectos de la ley española contravenía a una directiva europea de protección al consumidor establecida en 1993.
"Ahora los jueces podrán impedir los desahucios y analizar el carácter abusivo de esos contratos", comentó Patiño, y señaló que antes del fallo los magistrados "estaban con las manos atadas", pues no tenían facultad para estudiar el contenido de los acuerdos.
En su dictamen, el tribunal también permite que los jueces españoles evalúen si una clausula resulta abusiva para los ciudadanos.
'Tenemos 80 casos listos para emprender acciones judiciales", dijo el canciller y detalló que promoverá estos procesos y una iniciativa que tiene el objetivo de evitar extinguir las deudas con la devolución del inmueble.
Patiño anunció que dentro de poco viajará a España para reunirse con un grupo de abogados contratados por el Gobierno ecuatoriano para analizar la posibilidad de asesorar a emigrantes ecuatorianos en un juicio contra bancos españoles. "Es una demanda que harían los afectados con el respaldo jurídico del gobierno de Ecuador", indicó.
El pasado sábado, el presidente, Rafael Correa había indicado que demandaría a la banca española ante el Tribunal de Estrasburgo por violación de derechos humanos de los deudores, para dar respaldo a los ciudadanos ecuatorianos que han migrado a la nación ibérica y que han sido víctimas de estas instituciones.
En esa oportunidad Correa explicó que los casos de los ecuatorianos que han sido víctimas de la banca ibérica tienen claúsulas abusivas y violan derechos técnicos sobre el manejo de deudas como, por ejemplo, que una deuda debiera ser saldada máximo con el 35 por ciento de los ingresos de la familia.
Alrededor de mil casos de deudas hipotecarias de ecuatorianos recogidos por la Cancillería del Ecuador en España indican que se paga hasta por el 97 por ciento de los ingresos familiares, con cifras que se repiten en el 90, 85, 82 y 75 por ciento, por las deudas hipotecarias.