BARCELONA // Yasira, una panameña de 29 años que desde los 13 ha sido encarcelada y maltratada física y sexualmente en su país por ser transexual, fue deportada ayer por España a Panamá. La mujer había aterrizado el pasado día 7 en el aeropuerto de Barajas huyendo de la persecución que sufría a causa de su identidad de género. El Ministerio del Interior, no obstante, le denegó la petición de asilo.

En el año 2000, Yasira sufrió su primera detención. Los agentes de su país la rociaron con gas pimienta, la tiraron al suelo, le dieron patadas, y la sometieron a descargas eléctricas. Su único delito era haber nacido hombre y pasear por la calle vestida de mujer, lo que está prohibido en el país centroamericano. Desde entonces, ha seguido viviendo este hostigamiento policial, más cuando en el año 2008 se hizo activista por los derechos LGTB.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitió un informe favorable a la admisión de su solicitud de asilo. Pese a ello, el Ministerio del Interior no aceptó acoger a Yasira. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) interpuso una solicitud ante la Audiencia Nacional para que paralizase de forma cautelar la deportación, una medida que fue denegada este martes.

Según ha lamentado CEAR, Interior ha denegado la solicitud de Yasira alegando que en Panamá la homosexualidad está despenalizada desde 2008, pero no ha tenido en cuenta que a las personas transexuales no se les permite permanecer en espacios públicos. “No tiene en cuenta la realidad social del país: los abusos perpetrados por policías u otros agentes y actores sociales, y la falta de protección real y efectiva por parte del Estado”, denuncia el CEAR.

Preguntado por La Marea, el Ministerio del Interior no ha dado explicaciones sobre el caso al sostener que se trata de información privada de la persona afectada. Los servicios jurídicos de CEAR explican que la resolución de Interior mantiene que los malos tratos se produjeron en un contexto muy concreto en el ámbito de la prostitución. “Es habitual que el ministerio vincule casos de abusos policiales con el ejercicio de la prostitución”, aseguran.

Asimismo, mantiene CEAR, Interior considera que aunque sean agentes policiales los autores de las agresiones, no es el Estado panameño quien promueve la discriminación, por lo que no se podría deducir que exista una persecución. La ONG añade que la denegación de este caso “no es un hecho aislado”, sino “una práctica seguida por el Ministerio del Interior, que está denegando la protección a muchas personas transexuales, gays, lesbianas y bisexuales que se ven obligadas a dejar sus países”.