La nueva ley de inmigración de Estados Unidos podría cambiar los plazos en los que los inmigrantes pueden convertirse en ciudadanos estadounidenses, según han revelado fuentes relacionadas con las negociaciones al diario The New York Times. Los senadores demócratas y republicanos que desde el pasado mes de enero lideran las conversaciones para reformar el sistema migratorio podrían haber llegado a un acuerdo para entregar permisos de residencia, conocidos como ‘green cards’, en un plazo de diez años.
Se trata de uno de los principales aspectos de la nueva legislación, cuyo progreso aún depende de un mayor consenso en torno a la creación de visados de trabajo para inmigrantes altamente cualificados, las medidas de seguridad en la frontera o si la reunificación familiar sigue teniendo prioridad a la hora de entregar visados a nuevos inmigrantes, por encima de las necesidades económicas del país.
“Todavía estamos lidiando con cómo conseguir que 11 millones de indocumentados paguen sus impuestos, tengan acceso a la regularización de su estatus y, finalmente, a la ciudadanía”, reconoció este domingo el senador demócrata Richard Durbin, uno de los miembros del “grupo de los ocho” que negocia la reforma. “Todos son asuntos complicados, pero estamos acercando posturas y creo que podremos lograr un acuerdo”.
Según los nuevos avances, los indocumentados se convertirían en ciudadanos estadounidenses tras un proceso de 13 años: diez para obtener el permiso de residencia o ‘green card’ y otros tres para alcanzar la ciudadanía. En total, el período coincide con el propuesto por el presidente, Barack Obama, quien trabaja a su vez en un borrador propio, aunque la Casa Blanca reduce la primera parte a ocho años y extiende el de la ciudadanía a cinco.
Los inmigrantes deberían esperar 13 años: una década para obtener el permiso de residencia o ‘green card’ y otros tres para alcanzar la ciudadanía
Los nuevos plazos supondrían un cambio con respecto al sistema actual, que exige cinco años para obtener la ciudadanía desde que se posee un permiso de residencia. La ampliación de la primera parte del proceso -de ocho a diez años- responde a una de las principales exigencias de los republicanos, que defienden que los inmigrantes que han entrado ilegalmente en el país o que han permanecido en él después de que caducaran sus visados no logren la ciudadanía antes que otros que han iniciado este proceso por vías legales.
Sin embargo, los períodos de espera creados por la nueva ley también tendrán una consecuencia importante para el futuro del país: el momento en el que los nuevos ciudadanos se conviertan en votantes. Las elecciones de 2012 estuvieron marcadas por el crecimiento de la participación hispana y su respaldo al presidente Obama. El hecho de que 7 de cada 10 votantes hispanos apoyaran su reelección ha sido interpretado además como uno de los primeros errores a enmendar por los republicanos.
Este mismo lunes, el Comité Nacional del Partido Republicano, en un gesto sin precedentes, publicó un informe sobre el resultado electoral en el incluye la colaboración en la reforma de inmigración como uno de los principales cambios que debe abordar en un futuro inmediato. Las opciones del candidato conservador, Mitt Romney, quedaron mermadas por su defensa de las ‘autodeportaciones’ como método contra la inmigración ilegal o su apoyo a la controvertida ley de Arizona.
El Partido Republicano aprobó además decenas de leyes de supresión de voto -como la que se estudia este lunes en el Tribunal Supremo- y que aumentan los requisitos para votar, perjudicando a inmigrantes legales que han obtenido la nacionalidad y ciudadanos de minorías. Meses después, la presencia en las negociaciones de cuatro senadores republicanos -entre ellos John McCain, uno de los grandes defensores del último intento de reforma, en 2007, y Marco Rubio, estrella hispana del Partido- ha sido interpretada como un cambio en esta dirección.
La legislación que prepara el Senado podría encontrar nuevos obstáculos, sin embargo, al llegar a la Cámara de Representantes, donde se encuentran algunos de los legisladores republicanos más conservadores. Para evitarlo, tanto McCain como Rubio han defendido hasta ahora que uno de los asuntos más polémicos, como otorgar la ciudadanía a los indocumentados, debe estar condicionado a las garantías de seguridad en la frontera, un aspecto que todavía no está resuelto. Ambas partes sí han acordado que los aspirantes a la ciudadanía deberán pagar una multa, impuestos federales atrasados y superar el examen de conocimientos e historia.
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