En el segundo aniversario de la muerte de Mariano Ferreyra, algunas reflexiones sobre una vida de militancia que fue interrumpida por la burocracia sindical.

Fue mediante un mensajito de texto. Decía: “Una patota de la Unión Ferroviaria mató a un compañero del partido. Hay heridos de bala”. Así me enteré, mientras llegaba a la revista Veintitrés –donde trabajaba–, del asesinato de Mariano Ferreyra. Me lo había enviado un amigo que había conocido durante mi tiempo de militancia el en Partido Obrero unos años atrás. Recuerdo cierta estupefacción: ¿Una patota, del sindicato, balas, muertos, heridos? Una rara confusión mientras caminaba por el pasillo. Ingresé a la redacción. Los títulos en la pantalla del televisor plasma que presidía una de sus paredes confirmaban la noticia: “Matan a militante del PO en Barracas”. De esta manera comenzaba –era una tarde de sol tibio aquel 20 de octubre de hace dos años– una jornada agobiante, tempestuosa.

La Argentina se sumió en un estado de conmoción social generalizada. Ferreyra, un militante de veintitrés años que participaba de una protesta laboral, había sido asesinado, caído su cuerpo sobre el asfalto de un barrio del sur porteño debido a las balas de plomo disparadas por la burocracia sindical. Cinco días habían pasado desde que los dirigentes gremiales liderados por Hugo Moyano sellaran su sociedad con la presidenta Cristina Fernández en un acto en el estadio de River Plate. Allí había estado la Unión Ferroviaria –luego se sabría que Cristian Favale, uno de los matadores, también había estado–. “Lo mataron porque defendían un negocio”, se dijo en la improvisada conferencia de prensa que diversas organizaciones de lucha realizaron en la intersección de Callao y Corrientes esa misma tarde. Tercerización, precarización, negocios, patota fueron vocablos que se conjugaban con Pedraza, Ugofe, ferrocarril para empezar a cristalizar los significados de esa muerte. Los hechos señalaban que el objetivo gremial de acallar a los manifestantes tercerizados se había cobrado una vida y dejado gravemente herida a Elsa Rodríguez, también militante del PO, que había recibido un balazo en la cabeza y se encontraba en coma. Había dos heridos de bala más. Esos eran los hechos.

A medida que pasaba la tarde, una pregunta se me aparecía, recurrente: “¿Cómo irá a tratar la prensa kirchnerista este crimen político? ¿Cómo lo hará la revista en la que trabajo?”. Había silencio. Esas primeras horas que siguieron al crimen estaban dominadas por el silencio. En las redes sociales los militantes kirchneristas, asiduos participantes, estaban callados. Esperaban un pronunciamiento oficial, algo. Recuerdo un tuit, pasadas varias horas, de uno de ellos que pedía: “Es necesario que alguien del gobierno diga algo sobre lo que pasó, esto nos hace mal a nosotros”. Había silencio. El miércoles era el día de cierre de la edición de Veintitrés. Se decidía la tapa. A pesar de la magnitud del hecho político, se mantuvo la decisión de que una entrevista a la abuela de Plaza de Mayo Chicha Mariani ocupara ese lugar. El crimen de Barracas obtuvo un friso en tapa que prometía explicar las razones de una “interna gremial” que se había cobrado una víctima. La operación se repetiría: basta recordar a 678 realizando proponiendo la culpabilidad de Duhalde, quien se habría reunido con Pedraza nueve días antes del homicidio. Todo era falso. Al día siguiente, como miembro de la comisión interna de Veintitrés, me reuní junto a otro delegado con Sergio Szpolski, quien nos planteó que su grupo mediático haría todo lo posible por que se alcance justicia (en ese mismo instante CN23 apostaba por la pista falsa del duhaldismo) pero que no le daría espacio ni permitiría que aparezca la voz de dirigentes del Partido Obrero, planteo que su grupo cumplió en toda la línea. La misma orden había sido bajada en Radio Nacional, donde no se permitía referirse a Ferreyra como militante, sino como “manifestante”. El día de su asesinato me habían encargado que realice una columna contando quién había sido Mariano Ferreyra. De ese modo tuve un primer acercamiento a su persona mediante el relato de sus compañeros, a través de su página de Facebook –que me pasó Pablo Rabey, el mismo amigo que me había enviado el mensajito de texto anunciando su muerte–. Recuerdo que al final de la columna escribía una referencia a su temprana militancia socialista que había sido cercenada por la burocracia sindical. Esas líneas desaparecieron del texto que se publicó.

A dos años del crimen la investigación sobre los acontecimientos no deja lugar a dudas: hoy, en el banquillo de los acusados de Comodoro Py, donde funciona el tribunal, se juzga a los culpables del asesinato de Ferreyra. Los miembros de la patota, los matadores, su jefe, la policía que liberó la zona y –en un hecho histórico– los autores intelectuales del ataque armado y escarmentador contra los tercerizados. Es cierto que faltan los empresarios y funcionarios como el ex subsecretario de Transporte Antonio Guillermo Luna, pero no está dicha la última palabra sobre esta cuestión. Cada día de sesión, los testimonios aportan datos que terminan de armar el rompecabezas que forma la imagen de la culpabilidad de los imputados. Los acusados –todos– permanecen en silencio. Un silencio que los hunde. Se juzga a los criminales, a los asesinos, pero también se juzga una forma de hacer sindicalismo. Pedraza no es una excepción en el arco sindical: es la norma. Dirigentes gremiales devenidos en empresarios que usan patotas para reprimir a los trabajadores de sus propios sindicatos abundan. Basta pensar en Gerardo Martínez quien, a pesar de haber sido servicio de inteligencia bajo la dictadura, se sienta a la derecha de la presidenta Cristina Fernández en cada reunión, o Andrés Rodríguez, criador de caballos de raza y sindicalista, para dar solo dos ejemplos de la CGT Balcarce, oficialista. Basta pensar en Hugo Moyano, quien vive en una mansión en Parque Leloir y rige empresas en las que extrae beneficios a los afiliados a su sindicato, Amadeo Genta, un derechista que está desde hace décadas en el gremio municipal, o el vergonzoso ruralista Gerónimo Venegas, por mencionar algunos de los ex socios del gobierno kirchnerista. Si la noción de que se juzga a toda la burocracia sindical en la figura de Pedraza se cristaliza en la clase trabajadora y el resto de la sociedad –y se concluye, entonces, con que hay que barrer con esa casta parasitaria–, se podrá pensar que el tiempo transcurrido desde el crimen no ha pasado en vano, que la justicia podría materializarse dentro y fuera del tribunal.

Una extraña emotividad me persigue desde que asesinaron, hace dos años, a Mariano Ferreyra. Quizás comenzó en ese momento, en el cementerio de Avellaneda, cuando vi a decenas de sus compañeros llorando, abrazándose, consolándose por haber perdido a uno de los suyos, porque se los habían quitado. Una rara sensibilidad que surge cuando una circunstancia se conjuga con su imagen en una pared de alguna calle porteña. O al ver los videos que su recuerdo inspiró; o al constatar la memoria, amor y convicción de su familia; o al percibir los sentidos que produce entre sus camaradas. Ferreyra podría haber sido cualquier otro chico que viva en este país –pero no se podría omitir que era un cuadro revolucionario, que esa era su tarea–. La última imagen de su militancia –y de su vida– lo muestra ahí, codo a codo con sus compañeros, atravesando todo el ancho de una calle en Barracas, formando un cordón de seguridad para permitir la retirada a salvo de las mujeres y los más chicos y los ancianos. Esperando allí la llegada de la patota, firme, diciéndole a un compañero que le había manifestado un poco de temor: “Tranquilo, no pasa nada”. Con su metro setenta y pico y menos de sesenta kilos de peso, flaquito como había sido siempre, dispuesto a no retroceder para evitar el ataque de la patota. Decidido.

Luego cayó.

Mariano Ferreyra fue asesinado por una burocracia sindical.

También es cierto que el olvido no se posará sobre la memoria de su vida.